Un auto del juzgado de vigilancia del CIE de Valencia insta a la dirección del centro a cumplir con su obligación de facilitar atención social a los presos, dignificar la atención médica, garantizar la atención jurídica y eliminar las limitaciones de las visitas de familiares, así como el libre acceso al mismo de las organizaciones […]
Un auto del juzgado de vigilancia del CIE de Valencia insta a la dirección del centro a cumplir con su obligación de facilitar atención social a los presos, dignificar la atención médica, garantizar la atención jurídica y eliminar las limitaciones de las visitas de familiares, así como el libre acceso al mismo de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes.
La pesadilla puede haber encontrado una vía hacia su fin. «Este auto es histórico. Puede parecer rimbombante, pero en la lucha por el reconocimiento de los Derechos Humanos a las personas migrantes tiene esa trascendencia». Así lo aseguraba ayer Salva Lacruz, portavoz de las oenegés que han llevado adelante la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, que ahora ha dado un enorme paso en su lucha por la eliminación de este remedo de Guantánamo ubicado en nuestras propias tierras.
Y es que la situación de impunidad con que funcionaba el CIE de la calle Zapadores, en pleno corazón de València, se vio ayer cercenada cuando, después de reunirse con miembros del equipo jurídico de la Campaña, letrados del turno de extranjería del Colegio de Abogados de Valencia, y realizar varias visitas de inspección, el juez Francisco de Asís Silla, titular del juzgado de vigilancia del CIE de Zapadores (número 3 de Valencia), comunicaba en la mañana de ayer a la dirección del centro y a las organizaciones de la Campaña un auto que recogía y señalaba las graves anomalías en el trato a las víctimas de reclusión en el centro (tantas veces denunciadas por estas oenegés), exigiendo al tiempo su rectificación inmediata.
El auto subraya la preocupación del juez en cuanto a las condiciones de vida de las víctimas de reclusión en aspectos gravísimos y señala que el estado tiene obligación de salvaguardar los derechos y libertades reconocidos para los internos según el ordenamiento jurídico, que son todos salvo su libertad ambulatoria. Por ese motivo, el auto ordenaba que, con carácter inmediato, la dirección del CIE dote al centro de asistencia social, dignifique la atención médica (homologándola al sistema sanitario público) y garantice la atención jurídica sin limitaciones y en condiciones de privacidad. A su vez señala que los internos tienen derecho a la asistencia de organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes y ordena que se permita por fin la entrada a las ONG que llevan más de un año reclamándolo. Igualmente, tras lamentar las condiciones en la zona de visitas, el juez ordenaba que se eliminen las barreras físicas para que internos y familiares puedan tener disponer de todo el tiempo necesario y con intimidad.
«Entendemos que hay cosas que no se pueden hacer de inmediato, como las modificaciones en las instalaciones que requieran de obra, o incluso las asistencias que requieran de contratación, que requerirán de algún mínimo proceso administrativo, pero no nos cabe duda de que la administración va a empezar a cumplir la sentencia en breve», aseguraba Lacruz ayer a l’Informatiu. Por lo pronto, lo que no requiere de mayor espera es el derecho de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes a acceder al recinto, que estas ejercerán a partir de la próxima semana: «y lo haremos de modo ordinario, sin esperar ya a hablar con Delegación del Gobierno, sino que vamos a ejercer nuestro derecho de entrada tal y como establece la Ley de Extranjería y reconoce ahora también el auto».
Aunque cabe recurso al auto, las organizaciones descartan que desde Delegación del Gobierno se vaya a recurrir. «En el CIE de Aluche no han recurrido -una sentencia similar- y no creemos que vaya a hacerlo ahora», añadía Lacruz del recurso de una decisión judicial , que viene precedida por una de la misma naturaleza para el CIE de Madrid y por advertencias del Defensor del Pueblo. No obstante, desde la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros celebra la decisión del juez recuerdan que la vulneración de los derechos fundamentales de las personas migrantes a través de su reclusión en CIEs sigue siendo inaceptable (siguen abiertas investigaciones por malos tratos y torturas policiales en el CIE de Zapadores) y exigen al Estado Español su desmantelamiento, además del cese de la represión policial, el control de fronteras y las deportaciones masivas.