Traducido para Rebelión por Felisa Sastre
Las Naciones Unidas renunciaron el viernes pasado ( N.T.: 11 de noviembre) a llevar a cabo una inspección del campo-prisión estadounidense de la bahía de Guantánamo en Cuba, por no haber conseguido la autorización de Washington para hablar libremente con los detenidos. La ONU quería entrevistarles allí sobre las «graves acusaciones de tortura, trato cruel, inhumano y degradante», de detención arbitraria y de violación de los derechos de los prisioneros. Unos 500 detenidos están encarcelados desde el 10 de enero de 2002 en ese campo, al margen de cualquier marco legal. Parte de ellos han estado en huelga de hambre para protestar contra las condiciones en las que se encuentran. Pero nadie está seguro de lo que ocurre allí debido a la opacidad impuesta por la Administración estadounidense sobre lo que pasa en esa cárcel.
La decisión de la ONU puede poner en aprietos al Gobierno de Estados Unidos ya que incluso las dictaduras han aceptado abrir sus cárceles a Naciones Unidas para evitar que la comunidad internacional las estigmatice. El inspector especial de la ONU para la tortura tiene que ir también a China y al Tibet a finales del mes de noviembre. Pekín ha aceptado las condiciones mínimas de la visita impuestas por él, entre otras, la de poder hablar en directo, sin testigos, con los presos que elija. Condición que, paradójicamente, China ha aceptado mientras que Washington no lo ha hecho.
Las negociaciones entre la ONU y Estados Unidos, relativas a la petición de visita a Guantánamo del observador especial, comenzaron en abril de 2004, así que han durado un año y medio para acabar en un completo fracaso. La estrategia dilatoria de Washington había suscitado la crítica de la ONU hace ya seis meses. «El hecho de que se haya negado a los inspectores de la ONU el acceso a los detenidos durante tanto tiempo», había declarado Manfred Nowak, observador especial para la tortura, es «una señal de que quieren ocultar ciertas cosas a la opinión pública (…) Por el momento, hay que considerar que las acusaciones tienen fundamento como hechos comprobados ante la falta de una explicación clara por parte del Gobierno afectado». Paul Hunt, observador especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud física y mental, había citado casos de «deterioro inquietante de la salud mental de muchos detenidos», de decenas de intentos de suicidio y de métodos de interrogatorio represivos, entre ellos no dejarles dormir.
El observador especial y su equipo deben, en cualquier caso, acabar para finales de diciembre un informe sobre las circunstancias en las que se encuentran los detenidos en Guantánamo que se presentará al comisario de Naciones Unidas responsable de los derechos humanos en marzo de 2006.
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