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El Fórum de Debats de la Universitat de València organiza un debate sobre crímenes de Estado y de la ultraderecha en los años 70

La otra Transición: balas, porras y pelotas de goma

Fuentes: Rebelión

«La última semana de enero de 1977 ha sido considerada por los historiadores como la más trágica, violenta y tensa de la Transición española», escribió el periodista Mariano Sánchez Soler en el libro Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español (Temas de Hoy, 1993). El 23 de enero fue asesinado en Madrid el […]

«La última semana de enero de 1977 ha sido considerada por los historiadores como la más trágica, violenta y tensa de la Transición española», escribió el periodista Mariano Sánchez Soler en el libro Los hijos del 20-N. Historia violenta del fascismo español (Temas de Hoy, 1993). El 23 de enero fue asesinado en Madrid el estudiante Arturo Ruiz, de 19 años, durante una manifestación a favor de la amnistía; reivindicó el crimen la organización ultraderechista Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista). Al día siguiente otra estudiante, María Luz Nájera, murió en Madrid como consecuencia de un bote de humo lanzado por la policía durante una carga.

Tal vez la masacre más recordada fuera, el 24 de enero, la perpetrada en el despacho de los abogados laboralistas de la calle Atocha nº55, de Madrid, vinculados a Comisiones Obreras y el PCE: cinco personas asesinadas y cuatro heridos graves (el gobierno de Brasil ha notificado la extradición a España de uno de los terroristas condenados, Carlos García Juliá, antiguo militante de Fuerza Nueva). El cineasta Juan Antonio Bardem se hizo eco en 7 días de enero (1979) de la matanza de Atocha.

El 8 de julio de 1978 -durante las Fiestas de San Fermín-, medio centenar de personas descendieron a la arena de la plaza de toros de Pamplona, en la que se congregaban cerca de 20.000 espectadores. Los activistas desplegaron la siguiente pancarta: «Amnistia Total. Presoak Kalera. San Fermín Sin Presos». Tras algunos incidentes en la grada, parecía que volvía la tranquilidad; sin embargo, con la presencia de mozos de las peñas en el ruedo, efectivos de la policía armada irrumpieron y cargaron con porras, botes de humo y pelotas de goma, explicaba el informe de la Comisión de Peñas de Pamplona (agosto de 1978).

Desde el graderío se respondió arrojando objetos, y miembros de la policía «hicieron uso de sus armas disparando fuego real indiscriminadamente». La tensión se extendió por la ciudad y se levantaron barricadas: los agentes antidisturbios lanzaban gases, pelotas y disparaban con fuego real (batieron «todos los récord», valoró el informe). El balance de la jornada represiva fue de 11 heridos de bala, atendidos en hospitales, y un muerto, Germán Rodríguez Sáez, militante de la Liga Comunista Revolucionaria (LKI). «Ningún responsable fue sancionado, procesado ni condenado», subraya en el Fòrum de Debats de la Universitat de València Sabino Cuadra, integrante de la iniciativa popular San Fermines 78 gogoan; el abogado abertzale, y autor de libro ¡No os importe matar! Sanfermines 1978: crimen de estado,  recuerda las palabras en la época del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa (UCD): «Lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes».

Miquel Grau, de 22 años, integrante del Moviment Comunista del País Valencià (MCPV), fue asesinado en Alicante el 6 de octubre de 1977, cuando pegaba carteles -con la bandera cuatribarrada de fondo- que convocaban a la celebración del Dia Nacional del País Valencià. Murió por las fracturas que le causaron en el cráneo el impacto de un ladrillo, arrojado por Miguel Panadero Sandoval, militante de Fuerza Nueva. En el acto organizado por la Universitat, Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme y la plataforma de Suport a la Querella Argentina ha participado Llum Quiñonero. La escritora y periodista es autora del libro Miquel Grau 53/1977 (Pruna, 2019).

53/1977 es el número del expediente judicial iniciado por el crimen en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Alicante (en junio de 1978 la Audiencia Provincial condenó a 12 años de prisión a Panadero Sandoval por un delito de homicidio; el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de la defensa y solicitó un indulto (parcial), de reducción de pena; en mayo de 1979 el Gobierno de UCD conmutó la pena de 12 a 6 años de prisión y, ya en marzo de 1981, el condenado obtuvo la libertad condicional). Llum Quiñonero compartía militancia en el MCPV con Miquel Grau: «Fuimos a la comisaría de Alicante para denunciar el atentado a los mismos que cada día nos detenían (…); desde el Gobierno Civil se estableció la estrategia que seguirán en la comisaría: se trataba de esclarecer un delito común», explica en el libro.

La periodista señala, además, el paralelismo con otro asesinato: el del joven emigrante gallego Teófilo del Valle, en Elda. Ocurrió el 24 de febrero de 1976 -durante una de las huelgas en la industria del calzado-, después que la policía impidiera la celebración de una asamblea y la secuencia de cargas y persecuciones por el municipio alicantino. En julio de 1976 fue absuelto, en un consejo de guerra, el policía armada procesado por los hechos.

El 11 abril de 1993 murió asesinado en Montanejos (Castellón) Guillem Agulló, de 18 años. Su familia intervino en el debate sobre Impunidad y víctimas de crímenes de Estado y la extrema derecha en la Transición. El proyecto de investigación Crímenes de odio detalla que el joven de Burjassot (Valencia) militaba en la organización independentista Maulets y el colectivo antirracista SHARP. «Los agresores abandonaron el lugar de los hechos haciendo el saludo nazi; fueron imputadas cinco personas, pero sólo se condenó al acusado de asestar la puñalada», informa la página Web; además el autor, el ultraderechista Pedro Cuevas, pasó sólo cuatro años en prisión de los 14 a los que fue condenado -en 1996- por la Audiencia de Castellón.

En febrero verá la luz la novela documental Guillem, de Núria Cadenes; uno de los argumentos es que la muerte de Guillem Agulló marcó en los años 90 a una generación de jóvenes; fue, asimismo, un ejemplo «de la impunidad del fascismo bajo la protección de las fuerzas policiacas y el sistema judicial»; y de la complicidad en la época, añade la autora, de medios como Las Provincias, que criminalizó al muchacho antifascista. El libro forma parte de la campaña La Lluita continua, que reivindica la memoria del activista; otro eje de la campaña es La mort de Guillem, película dirigida por Carlos Marques-Marcet y en cuyo rodaje el plató principal y una vivienda vecina fueron objeto de pintadas nazis.

La Lluita continua ha difundido un vídeo que incluye testimonios como el de Betlem Agulló (hermana de Guillem): «La cuestión política se desestimó en todo momento, ellos sólo querían encarrilar el juicio hacia una pelea entre ‘bandas juveniles'»; o del periodista y activista David Fernández: «Las amenazas contra la familia Agulló continúan hoy».

El 25 de junio de 1979 se produjo otro de los crímenes de la Transición, el de Valentín González Ramírez, de 21 años. Militante de la CNT, trabajaba con su padre en los grupos de carga y descarga en el Mercado de Abastos de Valencia. «Las collas convocaron una huelga, ya que los asentadores del mercado les debían parte del salario por trabajos ya realizados; era una huelga legalizada y pacífica», explica Paco González -primo de Valentín- en el centre La Nau. Durante la jornada de paro en el mercado, la policía comenzó a cargar, golpear con las porras y lanzar botes de humo. Cuando el chico salió en defensa de su padre, una pelota de goma -disparada a quemarropa por uno de los grises– le reventó el corazón.

Ese verano la periodista Rosa Solbes escribió una crónica («La ciudad se vistió de luto») en la revista Valencia Semanal; la reportera abordaba el asesinato y la respuesta popular: «El martes, los diarios ya decían algo. Pero muy poco y siempre según la versión oficial (…). Los dirigentes sindicales llegaban a un acuerdo: llamaban a la huelga general (…); la huelga había empezado y las calles estaban vacías de autobuses. Algunos comercios cerrados. Y la mayoría de las grandes empresas del metal, construcción, madera, químicas…».

En cuanto a la comitiva fúnebre, que recorrió las calles de Valencia, detalló Rosa Solbes: «El padre y la hermana andarán tras el féretro los 10 kilómetros que conducen hasta el cementerio (…); nunca se había podido imaginar que el silencio de 100.000 personas pudiera ser tan total, tan denso, tan absoluto». Paqui González, hermana de Valentín, ha abanderado durante décadas la lucha por la memoria. Uno de los hitos se produjo en junio de 2009, con motivo del 30 aniversario: la CGT colocó una placa de homenaje en el lugar donde el joven resultó herido de muerte; y una década después, se levantó un monumento en su memoria en el Mercado de Abastos, acto en el que participaron la Plataforma per la Memòria del País Valencià y la CNT, entre otras entidades.

Otro de los ponentes en el debate fue el historiador Vicent Galiana, coordinador -junto a Carme Bernat- del libro Tombar l’estaca. Identitats, sexualitats y violències durant la Transició (Tigre de Paper, 2019); señala que, durante la primavera de 1975, policías y militares detuvieron a más de 3.200 personas en Euskadi, mataron a seis, además 380 fueron encerradas en la prisión y cerca de 350 forzadas a exiliarse. «Y estas cifras no representan una anomalía dentro de la perspectiva transicional», apunta Galiana en el texto colectivo; entre principios de 1975 y finales de 1982 murieron 214 personas en el estado español como consecuencia de la violencia estatal y, además, 76 por atentados de la ultraderecha.

En la mesa redonda ha intervenido también Aràdia Ruiz, abogada de la cooperativa El Rogle y representante legal en Valencia de querellantes contra torturas y crímenes del franquismo (el 23 de enero Acció Ciutadana contra la Impunitat del Franquisme al País Valencià/Plataforma de Suport a la Querella Argentina anunció un recurso contra el auto -de los juzgados de Valencia- que archivó la causa por diferentes torturas y delitos cometidos durante la dictadura. Frente a los argumentos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia y de la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento, la plataforma sostiene que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles; y que la Ley de Amnistía, de 1977, no impide la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.