El vocablo terrorismo figura otra vez en los principales titulares de prensa tras algunos acontecimientos registrados en Estados Unidos y Canadá, que aprovechan la coyuntura para alimentar la histeria popular y buscar culpables en el extranjero. Los ciudadanos norteamericanos confirman lo que sabían hace mucho tiempo: sus vidas están bajo constante vigilancia, desde su correspondencia […]
El vocablo terrorismo figura otra vez en los principales titulares de prensa tras algunos acontecimientos registrados en Estados Unidos y Canadá, que aprovechan la coyuntura para alimentar la histeria popular y buscar culpables en el extranjero. Los ciudadanos norteamericanos confirman lo que sabían hace mucho tiempo: sus vidas están bajo constante vigilancia, desde su correspondencia electrónica, llamadas telefónicas, transacciones bancarias y los sitios que visitan en Internet. Las explosiones con bombas del pasado 15 de abril en Boston, las cartas con veneno remitidas al presidente Barack Obama y a otros dos funcionarios públicos, más un plan desmantelado para supuestamente atacar un servicio ferroviario entre ambas naciones, fueron suficientes a fin de reavivar una paranoia similar a la desatada luego de los ataques de septiembre de 2001.
El colmo fue una información falsa publicada en la cuenta de Twitter de la agencia Associated Press (AP). Hackers enviaron a 1,9 millones de personas el mensaje «Urgente: dos explosiones en la Casa Blanca y Barack Obama está herido». La AP y el portavoz presidencial Jay Carney desmintieron de inmediato la noticia, pero el twit bastó para que las bolsas de valores se desplomaran durante algunos minutos y los grandes medios de comunicación informaran sobre el «nerviosismo» generado en los ciudadanos.
De todos esos incidentes, el caso de Boston es aún el de mayor cobertura informativa en Estados Unidos. Los hermanos Tamerlan y Dzhokhar Tsarnaev son señalados como los culpables de las detonaciones con bombas durante el maratón deportivo, con saldo de tres fallecidos y al menos 280 heridos. Tamerlan (de 26 años) murió y Dzhokhar (19) fue detenido cuatro días después de los sucesos, en medio de una espectacular operación de caza y captura que puso a Boston y sus alrededores en un virtual estado de sitio. Las autoridades federales se empeñan en vincularlos con agrupaciones islámicas o gobiernos extranjeros, pero el menor de los jóvenes niega esas afirmaciones.
Dzhokhar, de origen checheno, permaneció hospitalizado desde su arresto hasta el 26 e abril, por las heridas de bala que recibió durante la persecución policial. Sin embargo, compareció ante un juez y fue interrogado por investigadores federales en esas mismas condiciones. Según la prensa estadounidense, el joven dijo que él y su hermano buscaron información en Internet para preparar las dos bombas y que las guerras desatadas por Washington contra Irak y Afganistán fueron sus motivaciones.
Ambos explosivos fueron fabricados con ollas a presión, contenían clavos y trozos de metal, lo cual provocó a las víctimas heridas de mucha gravedad en miembros inferiores y varios lesionados perdieron una o sus dos piernas de manera inmediata. La Fiscalía acusó a Dzhokhar de acompañar a su fallecido hermano Tamerlan a colocar las bombas improvisadas en la competencia deportiva, así como de usar un arma de destrucción masiva contra la vida de personas y bienes materiales, por lo cual podría enfrentar la pena capital.
La Casa Blanca anunció que no sería enjuiciado como combatiente enemigo en un tribunal militar sino en el sistema judicial federal, por ser ciudadano naturalizado estadounidense y -a tenor con la ley del país- los civiles no pueden ser procesados en instancias castrenses. Pero los padres de los dos jóvenes consideran que todo lo ocurrido con sus hijos fue un montaje, mientras investigaciones independientes de organizaciones canadienses y grupos de Internet dicen que en los ataques participaron empresas privadas de seguridad.
A raíz de todos esos hechos, el Gobierno federal instauró medidas preventivas de seguridad más fuertes en todo el país, aunque no existe ningún indicio concreto sobre una amenaza de carácter nacional. Durante más de una semana, los turistas en Washington sólo podían ver la Casa Blanca desde lejos, mientras la parte peatonal de la avenida Pensilvania -frente a la sede presidencial- estaba desierta y cercada con cinta amarilla para restringir cualquier acceso. Otras grandes ciudades como Nueva York y San Francisco tienen una mayor presencia policial y casi a diario hay reportes periodísticos sobre amenazas de bomba en el territorio estadounidense.
Mientras tanto, Canadá se amparó en los acontecimientos registrados en el país vecino para sacar a debate y aprobar un polémico proyecto de ley contra el terrorismo que llevaba más de un año engavetado en la Cámara de los Comunes. La normativa, conocida como S-7, recibió una votación 183-93 en el pleno parlamentario, dominado por los conservadores del primer ministro Stephen Harper.
Los liberales se sumaron a los tories para dar luz verde a la herramienta, pero los diputados del Nuevo Partido Democrático -principal fuerza de oposición- la rechazaron porque consideran que la agrupación gobernante se aprovecha de la situación actual para ganar puntos delante de la ciudadanía. Entre las principales disposiciones de la nueva legislación está convertir en un hecho criminal el salir de Canadá para participar en actos terroristas.
La S-7 concede, además, más poderes a la policía para realizar arrestos preventivos de hasta tres días sin presentar cargos y sancionar hasta con 12 meses en prisión a cualquier sospechoso que se niegue a testificar frente a un jurado. Precisamente esos últimos acápites fueron abolidos durante el primer mandato de Harper en 2007 y en ese momento los liberales, que encabezaban la oposición, bloquearon todos los intentos de los conservadores por revivirla.
Organizaciones civiles denuncian que esas provisiones son innecesarias y también violatorias de los derechos humanos. Según el ministro de Seguridad Pública, Vic Toews, el apresurado debate fue oportuno por la escalada violenta en Estados Unidos y la confirmación de que cuatro canadienses estuvieron involucrados en la toma de rehenes en una planta de gas en Argelia en enero pasado, un episodio en el que 66 personas murieron. Investigaciones confirmaron que esos jóvenes residían en la provincia de Ontario y todos salieron del país para presuntamente vincularse con organizaciones terroristas. Dos de ellos fallecieron durante el atentado de Argelia, uno está preso en Mauritania y el cuarto se desconoce su paradero.
Por otro lado, los conservadores decidieron retomar la legislación el mismo día en que la policía canadiense arrestó a dos hombres e informó de un supuesto plan contra el servicio de trenes entre la ciudad de Toronto y la estadounidense de Nueva York. Los detenidos -identificados como Chiheb Esseghaier y Raed Jaser- fueron imputados con varios cargos relacionados con terrorismo y por sus presuntos nexos con la red islámica Al Qaeda.
Ambos jóvenes comparecieron ante la justicia, negaron esas acusaciones y calificaron de injusto el proceso iniciado contra ellos. Para Canadá, el plan fue apoyado por una rama de Al Qaeda desplegada en Irán, pero la república islámica rechazó esas declaraciones y denunció que forman parte de la política hostil de las potencias occidentales.
Analistas y medios de prensa llaman la atención sobre la «coincidencia» oportuna entre la captura de Esseghaier y Jaser con la discusión de la S-7. El diario The Globel and Mail -el de mayor circulación nacional- sugirió en un editorial que con ambos sucesos los tories buscan limpiar su imagen tras varios meses de controversia con las comunidades indígenas, los trabajadores de otros países y el sector medioambiental. Los inmigrantes serán sin dudas los mayores afectados en este nuevo capítulo de paranoia terrorista, pues Estados Unidos y Canadá ya se aprestan a revisar sus políticas para deportar a las personas consideradas un peligro para la seguridad nacional y solo conceder la naturalización a quienes se ajusten a sus exigencias migratorias.
Espionaje y violaciones de los derechos civiles en Estados Unidos
Los ciudadanos de Estados Unidos confirman lo que sabían hace mucho tiempo: sus vidas están bajo constante vigilancia de las agencias de espionaje, desde su correspondencia electrónica, llamadas telefónicas, transacciones bancarias y los sitios que visitan en Internet. El ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden, de 29 años, reconoció haber entregado a la prensa documentos que revelan las acciones de vigilancia doméstica de esa entidad, porque se sentía abrumado por las ilegalidades del Gobierno en violación de los derechos de los norteamericanos.
Snowden, calificado por algunos como héroe y por otros como traidor, entregó detalles al diario británico The Guardian y al estadounidense The Washington Post sobre misiones hasta ahora secretas de la NSA, que incluyen el control de usuarios de la red de redes en más de 35 países.
Ante el temor de perder clientes, compañías informáticas norteamericanas, tras un acuerdo con el Gobierno, publicaron datos de su cooperación con las entidades de espionaje. En ese sentido, la empresa Apple Inc. reconoció que entregó información sobre unos cinco mil clientes en los últimos seis meses, mientras la red social Facebook dio a conocer que aportó datos de unos 19 mil usuarios y Microsoft afirmó que hizo lo mismo con otros 32 mil en un período similar.
El escándalo puso al presidente Barack Obama ante un nuevo desafío, y amenaza con convertirse en un punto adicional de fricción con el Congreso. A tal nivel llega el nuevo escándalo que un grupo de senadores demócratas y republicanos presentaron un proyecto bipartidista contra los programas de espionaje interno en Estados Unidos, lo cual marcó el inicio de una lucha sobre el tema entre la administración Obama y el Capitolio.
La legislación requeriría que el Fiscal General Eric Holder desclasifique los documentos de las cortes que operan bajo la llamada Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA), la cual autoriza el espionaje contra ciudadanos norteamericanos. Ante estas presiones, altos funcionarios del Departamento de Justicia y de las agencias de espionaje se desplegaron en el Capitolio y explicaron sus puntos de vista sobre el tema ante miembros de los Comités de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes.
El jefe de la NSA, general Keith Alexander, defendió el 18 de junio en la Cámara baja, en una audiencia pública, las actividades de espionaje doméstico de esa agencia pues «mediante ellas se evitaron 50 ataques terroristas». Alexander reconoció que la revelación de detalles sobre el asunto ocasionó un daño irreparable a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La Casa Blanca asegura que el Congreso recibe explicaciones regulares sobre dichas operaciones, pero muchos legisladores se quejan de que las desconocen y exigen información más precisa al respecto. Además, una encuesta del diario The Washington Post y la cadena ABC, publicada el 19 de junio pasado, mostró que 65 por ciento de los consultados solicitan que el Capitolio realice sesiones legislativas abiertas sobre los actividades de la NSA contra ciudadanos norteamericanos y de más de una treintena de países. De acuerdo con el sondeo, solo 10 por ciento se mostraron en contra de la realización de dichas reuniones.
Obama y los líderes de los Comités de Inteligencia de ambas cámaras legislativas consideran que los programas de espionaje son vitales para la seguridad nacional y a la vez respetan los derechos ciudadanos. Sin embargo, la Unión Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU) presentó una demanda legal que cuestiona la constitucionalidad de dichas actividades de vigilancia contra los estadounidenses y exigió al Ejecutivo detenerlas de inmediato.
En medio de estas denuncias, el Director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Robert Mueller, reconoció el 19 de junio en el Senado que esa agencia federal utiliza aviones teledirigidos (drones) en misiones de vigilancia dentro de Estados Unidos. Durante una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara alta, Mueller añadió que esos artefactos se emplean solo para investigaciones específicas, y dijo que tenía dudas sobre la existencia de acuerdos con el Pentágono y otras agencias federales para recibir ayuda en el uso de esas aeronaves, informó el sitio digital The Huffington Post.
La senadora demócrata Dianne Feinstein le dijo a Mueller que el uso de estos aparatos representa una amenaza directa a la privacidad de los estadounidenses, sobre lo cual existen muy pocas regulaciones, en medio de un auge sin precedentes de la producción y comercialización de los drones. Con todas estas revelaciones, el mundo confirmó que en un país que se autovalora como el mejor defensor de los derechos civiles, las actividades de sus ciudadanos están bajo un control estricto y permanente, siempre con el pretexto de la protección de los intereses de seguridad nacional.
Activistas contraatacan espionaje interno
La Operación Troll the NSA (Boicotea la NSA) comenzó en Internet como una respuesta lógica de la ciudadanía estadounidense al espionaje interno desplegado durante años por Washington con objetivos marcados en el propio pueblo norteamericano. El plan de activistas cibernéticos reunidos bajo el seudónimo de Anonymous y otros grupos es inundar la web con mensajes donde aparezcan las palabras «bomba», «detonación», «ántrax», «infieles» y demás vocablos supuestamente usados con regularidad por grupos extremistas.
Uno de los impulsores de la idea es el sitio digital BuzzFeed, donde los directores del proyecto Chris Baker y Mike Lacher dijeron que esperan a millones de personas unidas a la iniciativa para llamar la atención acerca del modelo poco ético de vigilancia desarrollado por Washington. La operación principalmente dirigida contra la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) pretende saturar los mecanismos electrónicos de búsqueda e identificación de terroristas implementados por la institución federal en conjunción con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Dirección Nacional de Inteligencia.
A inicios de junio trascendieron detalles sobre un llamado Programa PRISM, a tenor del cual el gobierno del presidente Barack Obama ha estado recolectando datos personales de millones de usuarios en la red de redes con la anuencia de empresas digitales como Facebook, Google, Yahoo o Apple. Los organizadores de Troll the NSA opinan que «si millones de nuestras comunicaciones son ilegalmente interceptadas por la Casa Blanca, nosotros le podemos colocar una cuña de sobrecalentamiento a este maquiavélico sistema de fisgoneo».
Un gobierno no representativo como el estadounidense utilizará siempre la tecnología disponible para controlar a su principal enemigo: ese segmento de la propia población ubicada fuera de los escaques de la clase adinerada dominante, opinó el renombrado politólogo y lingüista Noam Chomsky. Edward Snowden, el técnico una vez contratado por la CIA y ahora acusado de traidor en Estados Unidos, publicó cientos de mensajes en Internet para criticar el espionaje interno implementado por Washington contra la ciudadanía.
Snowden, quien presuntamente se halla refugiado en Asia, cobró notoriedad internacional desde principios de junio cuando entregó a reporteros británicos datos secretos sobre el sistema intrusivo de vigilancia de la NSA. Además se confirmó que, detrás de un nombre ficticio, el analista de inteligencia estuvo difundiendo los mensajes en la web durante los ocho años que trabajó para la NSA y la CIA.
Aseguró Snowden por la vía de las redes sociales que la NSA había igualmente hackeado (acceso ilegal) computadoras de instituciones oficiales en Hong Kong y en territorio de la República Popular China desde 2009. Según el ex militar norteamericano, la agencia adscrita al gobierno de Washington efectuó más de 61 mil operaciones de hackeado a nivel global en una treintena de países.
Edward Joseph Snowden nació en 1983 en Carolina del Norte, fue miembro del Ejército y trabajó como experto en la nómina de la CIA, la NSA y la compañía Booz Allen Hamilton, a su vez contratada por el Departamento de Seguridad Interior. Robert Mueller, director del FBI, confirmó que un expediente criminal había sido oficialmente abierto contra el joven de 29 años por exposición irresponsable de secretos federales.
No obstante, más de 35 mil personas del grupo de protesta cívica We the People pidieron a Obama otorgar el perdón a Snowden. Por medio de una carta pública, unos tres mil activistas de la organización solicitaron a la Casa Blanca iniciar un debate abierto acerca del develado plan de espionaje contra civiles.
Obama fue electo en 2008 sobre todo por su promesa de que iba a restaurar la transparencia en la administración del Estado e invalidar muchas leyes polémicas dictadas durante el mandato de George W. Bush, indica la misiva de We the People. El mandatario demócrata aclaró que no pensaba suprimir el programa de vigilancia con presuntos fines antiterroristas y por el contrario la Oficina Oval avaló el archivo de acusaciones contra Snowden.
Según el director nacional de Inteligencia, James Clapper, las filtraciones provocaron una exposición de informaciones comprometidas, afectan los métodos de seguimiento aplicados por el gobierno y sirven de guía profiláctica para los enemigos de Washington. «No tengo intención de esconderme, no he hecho nada malo. Gran parte de lo que fui testigo en Ginebra (desde una oficina de la CIA) me desilusionó acerca de mis funciones para el gobierno y sobre cuál era su impacto en el mundo», subrayó Snowden.
Igualmente trascendió que alrededor de 1,7 millones de personas tienen permiso de acceso a datos gubernamentales secretos en Estados Unidos, incluyendo unos 776 mil sujetos que no están registrados como empleados federales. Acorde con un reporte de la Dirección Nacional de Inteligencia, esas estadísticas fueron confirmadas en octubre de 2012 y cobran relevancia hoy tras el escándalo por la filtración de información en la Agencia de Seguridad Nacional. El proceso para obtener estas licencias especiales solo demora dos años y paradójicamente los empleados jóvenes tienen más oportunidades de lograrlas que los de mayor edad, comentaron analistas en la prensa norteamericana. Casi 12 mil trabajadores de Booz Allen, el 49 por ciento de la plantilla de la empresa subcontratada por el Pentágono, tienen libertad de acceso a datos oficiales secretos, según una comisión federal de investigación.
En junio la Cámara de Representantes convocó a la primera audiencia parlamentaria para analizar el caso de las filtraciones gubernamentales, mientras Obama insiste en argumentar que su administración no espía a civiles, solo busca información sobre conspiraciones terroristas.
En entrevista con el diario The Guardian, Snowden se reveló como la fuente de la filtración. Afirmó que la Agencia de Seguridad monitorea el correo electrónico o el tráfico de Internet de virtualmente todos los estadounidenses, y otros ciudadanos en una treintena de países. Explicó que pretendía que el mundo conociera las acciones del gobierno en Washington. Aun si no estás haciendo nada malo, estás siendo visto y grabado, subrayó.
Entretanto, la NSA informó que está considerando nuevas políticas para evitar que en el futuro el sistema sea perjudicado por nuevas filtraciones como la protagonizada por Snowden. El director del organismo, Keith Alexander, dijo al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que la Agencia planea reducir el número de administradores de redes con cartas de acceso total para reducir el riesgo de fugas de datos confidenciales.
Al parecer para cada plan conspirativo de Estados Unidos hay un hombre con una dosis de honestidad: Daniel Ellsberg (Los Papeles del Pentágono), Bradley Manning (colaborador de WikiLeaks) y Edward Joseph Snowden, quien pasará a la historia por desenmascarar a la NSA.
Martínez y García son periodistas de la redacción Norteamérica y Jorge V. Jaime es jefe de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.