Ponencia presentada el 31 de mayo de 2018 en el seminario «El vecino compartido: las relaciones de Cuba y México con Estados Unidos», organizado por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García» (ISRI) de Cuba y el Colegio de México.
Desde inicios de la década de los años sesenta del siglo pasado, el núcleo central de la política de los Estados Unidos hacia Cuba ha sido un bloqueo económico, comercial y financiero que, por su alcance y duración, no parece tener precedentes en la política estadounidense hacia ninguna otra nación del mundo. En esencia, se ha tratado de una guerra económica permanente. El objetivo confeso de esta política es hacer la vida de los cubanos lo más miserable posible y, por esa vía, destruir el sistema económico, social y político erigido en Cuba a partir de 1959 para asegurar la plena independencia, la soberanía y el mayor grado posible de justicia social.
Sin embargo, en su determinación de poner fin al proceso revolucionario cubano, el gobierno estadounidense no se ha limitado al bloqueo. Se ha valido además de una panoplia de instrumentos y acciones agresivas y hostiles muy amplia, que ha incluido la organización de una invasión mercenaria, el terrorismo de Estado (lo que el propio gobierno estadounidense concibe como State Sponsors of Terrorism, para designar a otros países), los atentados contra dirigentes políticos cubanos y la amenaza -con altas y bajas según la coyuntura internacional, pero siempre latente- de una acción militar directa y masiva como posible respuesta a las más disímiles causas que eventualmente pudieran utilizarse como pretextos.
El 17 de diciembre de 2014, el presidente Barack Obama anunció un cambio de política como resultado de negociaciones desarrolladas con el gobierno cubano, consistente en el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el inicio de un proceso de normalización de relaciones. Este giro incluyó la revocación de la siempre injustificada designación de Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo (una decisión de la mayor relevancia para la seguridad nacional cubana) y propició un significativo incremento de los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, así como de los intercambios y de las interacciones cooperativas entre los gobiernos y las sociedades de ambos países en los más diversos sectores. Durante el corto período de un poco más de dos años que restaban al gobierno demócrata, en cinco ocasiones los departamentos del Tesoro y de Comercio adoptaron medidas flexibilizadoras del bloqueo en cuestiones relativas a los viajes, las remesas, el comercio, las telecomunicaciones y los servicios financieros (Sullivan, 2018).
En un balance histórico, el cambio positivo que significó la política desarrollada por el gobierno de Obama desde diciembre de 2014 no debería ser subestimado, al margen de cualquier discusión sobre sus motivaciones y objetivos políticos finales. La mejor demostración de eso son las acciones y la postura actual del gobierno de Trump hacia Cuba. El hecho de que, como lo hizo Obama, un presidente estadounidense haya abogado por la eliminación incondicional del bloqueo (que requiere la aprobación congresional), así como que haya proclamado solemnemente en una directiva presidencial que la política hacia Cuba no buscaría imponer un cambio de régimen y que corresponde al pueblo cubano tomar sus propias decisiones sobre su futuro, no tiene precedentes históricos, al menos en el período posterior a 1959. Aunque se tratara de hechos declarativos, sin duda constituyeron posicionamientos de gran trascendencia simbólica que, en términos prácticos, creaban una restricción político-moral sobre el comportamiento de los órganos y agentes ejecutores de la política hacia Cuba. Estos importantes avances se han perdido con el gobierno de Trump, que ha modificado de una manera muy negativa su relación con el gobierno cubano. En pocas palabras, con el gobierno de Trump se ha restaurado la política de mantenimiento del bloqueo y de cambio de régimen en Cuba, la cual no puede tener otra respuesta que la exigencia del más irrestricto respeto a la soberanía cubana que, vale recordar, es un imperativo constitucional [1].
En el mes de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció una nueva política para congelar y revertir parcialmente el proceso de normalización de relaciones. Pero, más allá del contenido y el alcance de las medidas concretas adoptadas, quizás lo más importante fue la manera en la que se orquestó este anuncio, en un teatro miamense convertido en una especie de circo romano para reoxigenar a los sectores más cavernarios, batistianos y revanchistas de la emigración cubana y de la derecha estadounidense anticubana, los cuales habían visto cerrarse su acceso a la Casa Blanca y que parecían haber perdido gran parte de su capital político durante el gobierno de Obama. Se trató de un espectáculo insultante para la gran mayoría de los cubanos, que consagró la postura y el estilo adoptados por Trump contra Cuba desde su etapa final como candidato, en septiembre de 2016, mediante una metamorfosis camaleónica, reafirmada poco después de su elección mediante un repudiable tweet en ocasión del fallecimiento de Fidel Castro.
Desde el punto de vista práctico, la nueva política anunciada por Trump incluye, entre sus aspectos más significativos, un conjunto de regulaciones destinadas a perjudicar la economía cubana, como la prohibición de transacciones con compañías vinculadas a instituciones militares cubanas, según un listado emitido por el Departamento de Estado, y el incremento de las restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
Pero lo más importante se produjo después, en el terreno político-diplomático. En lo que fue presentado como una respuesta a supuestos «ataques acústicos» que habrían afectado la salud de algunos miembros de su personal en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, el Departamento de Estado ordenó la retirada de una buena parte de dicho personal y expulsó a 15 funcionarios de la Embajada cubana en Washington, a pesar de que oficialmente al gobierno estadounidense no le ha quedado más alternativa que reconocer que no posee ninguna evidencia sobre algún tipo de responsabilidad del gobierno cubano por los supuestos hechos. Estas injustificadas medidas de represalia son coherentes con el objetivo principal de congelar y revertir en toda la medida posible el proceso de normalización de las relaciones bilaterales, barriendo así con cualquier impronta o legado del gobierno de Obama, lo que es un rasgo compulsivo del gobierno de Trump, de manera general, tanto en el plano de la política doméstica como de la política exterior. Por otra parte, estas acciones hacen más cercana una eventual decisión de romper las relaciones diplomáticas y propiciar así un proceso de escalamiento en el nivel de agresividad contra Cuba.
De otro lado, esta situación ha autilimitado severamente la labor político-diplomática y la capacidad de influencia de la Embajada estadounidense en Cuba, en una especie de tiro en el pie para sus servicios de inteligencia. Tal vez eso haya motivado que el flamante secretario de Estado, Mike Pompeo, con su experiencia inmediata precedente como jefe de la CIA, señalara en su audiencia de confirmación congresional la intención de restablecer el personal diplomático en La Habana, lo cual quedaría por verificarse.
Por otra parte, al adoptar estas medidas, el gobierno de los estadounidense carga con toda la responsabilidad por el severo daño causado a los servicios consulares requeridos por las personas que desean viajar a los Estados Unidos desde Cuba, aunque es preciso reconocer que la creación de obstáculos de todo tipo para que ciudadanos latinoamericanos y con tez más o menos oscura viajen hacia ese país es algo que se ajusta perfectamente a las preferencias y las concepciones marcadamente xenófobas y racistas del presidente Trump.
La actual configuración del gobierno estadounidense, en cuanto a las figuras que ocupan puestos claves de alto nivel y que podrían tener una particular incidencia en la formulación y la ejecución de la política hacia Cuba, es bastante desoladora. En el caso del propio Donald Trump, su camaleonismo político carente de cualquier ideología estructurada y principista, así como su vocación para los negocios, no parecerían ser per se obstáculos para un eventual reencauzamiento de la relación bilateral en un sentido pragmático favorable a los intereses nacionales de ambos países. Los problemas mayores están detrás o por debajo de Trump, personificados sobre todo en el vicepresidente Mike Pence; el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton; el Secretario de Estado, Mike Pompeo; y la Embajadora en la ONU, Nikki Haley; por no mencionar a otro conjunto de funcionarios de menor nivel de la Casa Blanca y otros departamentos y agencias con muy negativos antecedentes en la política de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, en general, y hacia Cuba, en particular.
Aunque formalmente fuera del poder ejecutivo, opera otro actor clave y quizás hasta ahora el más influyente en la política hacia Cuba, el senador Marco Rubio, secundado por otros congresistas anticubanos. Aprovechando la visión transaccional del mundo que tiene el actual presidente estadounidense, el senador floridano ha tenido un éxito indudable en «secuestrar» la política hacia Cuba a cambio de un comportamiento favorable o condescendiente hacia Trump desde su posición como miembro del Comité de Inteligencia del Senado, en las investigaciones que acosan al presidente desde el mismo inicio de su mandato. Rubio tuvo un protagonismo indiscutido, reconocido explícitamente por la Casa Blanca, en la reformulación de la política anunciada en junio del pasado año. En fecha más reciente, se dio el lujo de vetar un seminario organizado por la unidad de investigación y análisis de inteligencia del Departamento de Estado, porque habían sido convocados expertos que cuestionan la actual política, situación que ha causado consternación en la comunidad académica estadounidense. Sin embargo, parecería claro que Rubio no ha logrado obtener una buena parte de lo que pudiera ser su lista de deseos contra Cuba, cuya meta final sería retrotraer la relación bilateral a la situación anterior al 17 de diciembre de 2014, agudizar el conflicto y catalizar un escenario catastrófico para la relación entre los dos países. Por ejemplo, seguramente Rubio ha insistido en colocar a Cuba nuevamente en el listado de naciones patrocinadoras del terrorismo y romper las relaciones diplomáticas.
De las consideraciones anteriores se desprenden dos conclusiones principales.
Por el lado negativo, el hecho de que hoy no estemos en el peor escenario concebible implica que existe un espacio para el ulterior incremento de la agresividad de la política estadounidense hacia Cuba y, consecuentemente, para un empeoramiento de las relaciones bilaterales. El nivel de probabilidad de ocurrencia de este escenario ha aumentado con la designación de John Bolton como Asesor de Seguridad Nacional, un halcón neoconservador que en un pasado no lejano acusó calumniosamente a Cuba de estar fabricando armas de destrucción masiva. La esperanza aquí, a partir de la tradición ya establecida en el funcionamiento del gabinete de Trump, es que Bolton dure poco en el cargo.
Por el lado más alentador, el hecho de que no se haya producido hasta ahora el peor escenario, indica que existen poderosos factores y fuerzas económicas, sociales y políticas operando para obstaculizar e impedir un mayor deterioro de las relaciones bilaterales. Se trata de factores y fuerzas que actúan tanto desde la sociedad como desde las propias estructuras y órganos gubernamentales estadounidenses, conformando una situación más favorable que la existente con anterioridad a la breve «primavera» de Obama con Cuba. Por ejemplo, seguramente en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos no están muy contentos con la actual situación. Los intereses económicos de los sectores agrícolas y de viajes han sido particularmente afectados. La emigración cubana interesada en una relación normal con su país de origen, que es una porción mayoritaria y cada vez más amplia, en determinado momento podría llegar a tener una mayor y mejor expresión en el plano político. Ya desde el gobierno, en los órganos especializados en temas de seguridad, inteligencia y aplicación de la ley, que seguramente constituyeron un estamento clave para dar luz verde a la entonces nueva política anunciada en diciembre de 2014, no deben considerar que sea conveniente el actual curso de la política hacia Cuba, en un momento de renovación generacional de la dirigencia política cubana y en una coyuntura regional y mundial signada por el incremento de la actividad criminal transnacional y el aumento de la rivalidad geopolítica entre las grandes potencias.
Por último, cabe apuntar que la relación entre los Estados Unidos y Cuba es ciertamente asimétrica, pero no es unidireccional. Cuba tiene su poder «blando» e «inteligente» hacia la sociedad estadounidense en los más diversos sectores, como la ciencia y la tecnología, la salud, el deporte y la cultura, como se ha demostrado fehacientemente en las espléndidas jornadas culturales realizadas en días recientes en el Kennedy Center de la ciudad de Washington.
En la actual coyuntura, frente a las inaceptables exigencias injerencistas del gobierno estadounidense, posiblemente el factor que de manera más efectiva podría inducir un cambio positivo en la política hacia Cuba se encuentra del lado cubano. Se trata del grado de éxito que puedan tener sus autoridades en la solución de los problemas económicos del país, lo cual pasa necesariamente por la diversificación, la intensificación y la aceleración de sus relaciones económicas internacionales -en especial la captación de inversión extranjera-, recreando así un proyecto de nación con desarrollo y justicia social que siga siendo atractivo para la gran mayoría de la población cubana, sobre todo su componente más joven. Por supuesto, todo esto se dificulta enormemente por los efectos del bloqueo estadounidense.
Los Estados Unidos son muy poderosos, pero no son omnipotentes. Además, constituyen una sociedad altamente compleja y diversa en la que interactúan fuerzas e intereses contrapuestos que requieren ser identificados y aprovechados en función de incidir a favor de la mejor relación bilateral posible, como vecinos geográficos inmediatos. Por eso, los que desde una posición u otra participamos o tratamos de influir de alguna manera en la conformación de esa relación bilateral, deberíamos evitar ser prisioneros de visiones deterministas y fatalistas, y desconfiar por definición de los anuncios sobre la «irreversibilidad» de cualquier proceso sociopolítico. De esta manera, suscribimos lo dicho recientemente por el nuevo presidente cubano al recibir e intercambiar con la delegación cultural que fue a la ciudad de Washington:
«Cuando por un lado hay un empeño en hacer retroceder el proceso de restablecimiento de relaciones con el cual queríamos avanzar hacia una normalización de relaciones, quedan puntos de contacto y hay una voluntad de que si hay respeto y si hay igualdad podemos seguir avanzando en esa construcción. Yo no creo que sea eterna la posición que hay en estos momentos y cosas como las que ustedes asentaron en Washington (…) pueden abrir caminos. Y yo creo que todos ustedes demostraron, además del talento, el compromiso, y demostraron que a Cuba hay que respetarla» [2].
Referencias:
Constitución de la República de Cuba
Sullivan, M. P. (2018). Cuba: U.S. Policy in the 115th Congress.Congressional Research Service.
Notas:
[1] «(…) Las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera.» (Artículo 11 de la Constitución de la República de Cuba)
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