Un fondo de 1.776 millones de dólares creado con una demanda contra sí mismo. Un préstamo de 620 millones del Pentágono a una empresa donde su hijo es socio, gestionado en semanas por orden directa de la Casa Blanca. Y 259 visitas a sus propias propiedades en 512 días de gobierno, pagadas con dinero público. Tres frentes distintos, documentados por la misma organización de vigilancia ética, que muestran el mismo patrón: el Estado pagándole, de todas las formas posibles, al hombre que lo dirige.
$1.776M Fondo negro del acuerdo con el IRS, según CREW
$620M Préstamo del Pentágono a firma vinculada a Trump Jr. 191 Días en sus propiedades, de 512 días de mandato
$35M En tarifas de licencia de marca en 12 países
En 2016, antes de asumir su primer mandato, Donald Trump prometió que no jugaría al golf ni se tomaría vacaciones como presidente, porque «habría demasiado que hacer.» Diez años después, en su segundo mandato, esa promesa entró en la misma categoría que su compromiso de no buscar nuevos acuerdos comerciales en el extranjero mientras gobernaba: una promesa incumplida, documentada con números exactos por la organización de vigilancia ética Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).Quién es CREW — y por qué conviene saberlo antes de leer lo que sigue
Citizens for Responsibility and Ethics in Washington es una organización progresista sin fines de lucro dedicada a la ética y la rendición de cuentas del gobierno estadounidense. Fue fundada en 2003 como contrapeso a grupos conservadores de vigilancia gubernamental como Judicial Watch, y trabaja para exponer violaciones éticas y corrupción por parte de funcionarios e instituciones del Estado, además de buscar reducir el papel del dinero en la política.
Sus actividades incluyen investigar, informar y litigar sobre conductas gubernamentales que considera cuestionables, forzar la divulgación de información pública mediante solicitudes de libertad de información, y presentar denuncias éticas ante el Congreso contra funcionarios, instituciones y agencias. Tiene, declaradamente, un origen y una orientación progresista — lo cual no invalida los datos que documenta, pero sí conviene tenerlo presente: cada cifra de este artículo proviene de una fuente con una postura política definida, aunque los números en sí —visitas registradas, montos de préstamos, fechas de declaraciones oficiales— sean verificables de forma independiente.
I — El conteo
Más visitas a sus propiedades que fines de semana en su mandato
Según el seguimiento detallado de CREW, en los primeros 512 días del segundo mandato de Trump —que comenzó en enero de 2025— hubo 73 fines de semana, es decir 146 días de fin de semana. En ese mismo período, Trump visitó complejos turísticos y campos de golf de su propiedad, de los que sigue obteniendo beneficios económicos directos, durante 191 días — más de un tercio de toda su presidencia hasta ese momento, y más días que la totalidad de los fines de semana disponibles en el calendario.El detalle — 259 visitas en total102
Visitas a Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach, Florida — la propiedad más visitada de todas, donde recibe a líderes extranjeros, se reúne con su gabinete, e incluso supervisó la operación que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.148
Visitas a campos de golf de su propiedad — la categoría más frecuente, encabezada por su club de West Palm Beach y el de Washington D.C.259
Visitas totales — un número mayor a la simple suma de días, porque Trump suele visitar más de una propiedad en la misma jornada: pasa la noche en Mar-a-Lago mientras asiste a un torneo en su club de Doral, o juega al golf en West Palm Beach durante el día y regresa a dormir a Mar-a-Lago por la noche.
A diferencia de otros presidentes recientes, que en general hicieron pausas en el golf durante sus mandatos o jugaron en campos ajenos, Trump rara vez visita un campo que no le pertenezca — salvo en los países donde eso, simplemente, no es una opción disponible.
II — Quién paga la cuenta
El Estado financiando, sin saberlo del todo, los negocios de su propio presidente
Cada uno de esos viajes tiene un costo público real, y una parte de ese costo termina, de manera directa o indirecta, en las arcas de las empresas que Trump posee. Durante su primer mandato, el Servicio Secreto gastó casi 2 millones de dólares en propiedades de Trump según investigaciones de CREW —en algunos casos, pagando por encima de los límites de tarifa que el propio gobierno establece para sus funcionarios. En los primeros meses de su segundo mandato, registros obtenidos por la misma organización mostraron que el Servicio Secreto ya había gastado casi 100.000 dólares adicionales en esas mismas propiedades. Y esos totales ni siquiera incluyen los cientos de miles de dólares que otras agencias —como el Departamento de Defensa— gastaron por separado en empresas de su propiedad.
El traslado en sí mismo también tiene un costo elevado. Trump viaja en el Air Force One, cuya operación cuesta aproximadamente 200.000 dólares por hora según un análisis del Palm Beach Post. Cada vuelo a Florida, sumado al hospedaje, la seguridad y la logística desplegada alrededor de su llegada, representa un gasto público sustancial — para terminar, muchas veces, generando ingresos privados para el mismo hombre que ordena el viaje.CREW — Citizens for Responsibility and Ethics in Washington
«Trump es único en su elección de frecuentar sus propios negocios, pagándose esencialmente a sí mismo y a sus resorts con dinero de los contribuyentes.»
III — El fondo negro de 1.776 millones
Una demanda contra sí mismo para cobrarle al Estado
El 18 de mayo de 2026, Trump y el Departamento de Justicia firmaron un acuerdo para resolver una demanda que el propio presidente había presentado contra el IRS — un litigio diseñado, según la denuncia legal presentada por CREW, para crear un fondo de casi 2.000 millones de dólares en dinero público que la administración pudiera repartir entre aliados del presidente. CREW calificó la maniobra como «un acto impactante de corrupción presidencial» y presentó una demanda federal para bloquearlo, dirigida contra el Departamento de Justicia, el fiscal general en funciones Todd Blanche, el Departamento del Tesoro, el IRS y el propio fondo.Donald K. Sherman — presidente de CREW
«Mientras innumerables estadounidenses luchan contra una crisis de asequibilidad agravada por su guerra con Irán, el presidente Trump intenta desviar ilegalmente casi 2.000 millones de dólares de dinero público a manos de sus amigos y simpatizantes, incluidos potencialmente los violentos insurrectos a los que ya ha perdonado.»
A diferencia de los fondos de compensación a víctimas que existen en el derecho estadounidense, este no fue autorizado por el Congreso ni surgió de un acuerdo legal aprobado judicialmente a distancia. Según la demanda, está estructurado deliberadamente para evadir las leyes de transparencia —incluida la Ley de Libertad de Información y la Ley de Registros Federales— y usurpa la autoridad exclusiva del Congreso para decidir cómo se gasta el dinero de los contribuyentes. CREW advirtió, además, sobre uno de los destinos posibles de ese dinero: parte de los fondos podrían llegar a personas indultadas por Trump que participaron del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y que ahora reclaman haber sido víctimas de «armamentización» gubernamental.
La respuesta de la administración, en las semanas siguientes, fue una sucesión de versiones contradictorias que terminó moviendo a 17 organizaciones —entre ellas Common Cause, Project On Government Oversight, National Women’s Law Center Action Fund y Greenpeace USA— a pedirle al Congreso que legisle de inmediato para prohibir el acuerdo por completo.Una semana de declaraciones contradictorias
1 de junio: la administración declara que el Departamento de Justicia acatará la resolución judicial que le prohíbe temporalmente avanzar con el fondo.
2 de junio: el fiscal general en funciones Todd Blanche testifica ante el Congreso que la administración «no avanza con el fondo» — pero se niega a ponerlo por escrito.
3 de junio, por la mañana: Trump niega haber «retirado» el fondo, y declara: «Un tribunal falló en contra… Y creo que la gente debería ser reembolsada por un gobierno corrupto.»
3 de junio, más tarde: el fiscal general asociado Stanley Woodward afirma públicamente que el Departamento de Justicia trabajará para recrear el fondo a través de la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil — antes de retractarse de su propia declaración horas después.
Blanche también confirmó ante el Congreso que «nada ha cambiado» respecto a los términos del acuerdo que van más allá del fondo en sí — entre ellos, una orden del 19 de mayo que prohíbe tanto auditorías como investigaciones fiscales pendientes contra Trump, su familia y sus afiliados. CREW pide al Congreso no solo bloquear este acuerdo puntual, sino legislar para impedir que un presidente en ejercicio pueda demandar a su propia administración y cobrar daños mientras gobierna — y que se investigue si esta concesión de autoinmunidad ya violó alguna ley vigente.
IV — El préstamo a la empresa de Trump Jr.
620 millones de dólares del Pentágono, en semanas, por orden de la Casa Blanca
CREW presentó otra denuncia separada, esta vez ante la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca y la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, por un préstamo de 620 millones de dólares concedido a Vulcan Elements, una empresa de tierras raras parcialmente financiada por una firma de capital riesgo donde Donald Trump Jr. es socio.
Según la reconstrucción de los hechos: en agosto de 2025, Vulcan obtuvo financiación de 1789 Capital, una firma fundada en 2023 por donantes pro-Trump, a la que Trump Jr. se unió como socio en 2024. Tres meses después, la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa anunció un compromiso de préstamo condicional de 620 millones de dólares a Vulcan, además de otro compromiso menor de 80 millones a una segunda empresa del mismo rubro.Funcionario gubernamental citado por ProPublica
«Este acuerdo se completó en cuestión de semanas porque les dijeron que era una prioridad de la Casa Blanca.»
Según entrevistas y registros del Departamento de Defensa revisados por ProPublica, la solicitud del préstamo para la firma vinculada a Trump Jr. fue gestionada directamente por Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca y amigo personal del hijo del presidente — convirtiendo a Vulcan en el único acuerdo de este tipo iniciado por un alto asesor presidencial. No hay, hasta el momento, evidencia pública de que Trump Jr. o 1789 Capital hayan discutido el préstamo directamente con ningún funcionario del gobierno — pero la evidencia disponible sí sugiere que la propia administración impulsó activamente que Vulcan obtuviera el financiamiento.
CREW pidió que se investigue de inmediato si se violó alguna regulación federal o ética, y advirtió sobre el contexto en el que ocurre esto: con la guerra contra Irán en curso, financiada con fondos del Departamento de Defensa, resulta todavía más urgente que los contribuyentes tengan garantías de que esos recursos se usan según el mérito y no según el favoritismo político — porque lo contrario no solo perjudica a las empresas que compiten cumpliendo las reglas, también compromete la seguridad nacional misma.
V — El valor que se dispara
Mar-a-Lago, de club privado a la propiedad más valiosa gracias a la propia presidencia
Las visitas presidenciales no solo generan gasto público directo — también funcionan como publicidad constante e irreplicable para los negocios de Trump. Un análisis de Forbes sostiene que la presidencia convirtió a Mar-a-Lago en la propiedad más valiosa de todo su patrimonio inmobiliario, muy por encima del resto. Las cuotas de membresía del club, según reportó The Guardian, ya exigen pagos de siete cifras — un salto justificado, en gran parte, porque ningún otro club del mundo puede ofrecer la presencia regular y garantizada del presidente de Estados Unidos a sus socios.
Entre esos socios que pagan cuotas exorbitantes para acceder a Mar-a-Lago hay, según reportó The New York Times, personas que podrían ser ciudadanos extranjeros — es decir, individuos sin ningún derecho a voto en Estados Unidos que de todas formas consiguen acceso directo y regular al jefe de Estado norteamericano a cambio de una membresía privada.
VI — La otra mitad del negocio
35 millones de dólares en tarifas de licencia — en países donde él decide política exterior
El patrón doméstico de Mar-a-Lago tiene un espejo exacto en el plano internacional. Según su propia declaración de bienes como funcionario público, presentada en junio de 2025, Trump obtuvo más de 35 millones de dólares en el último ejercicio fiscal por contratos de licenciamiento de marca, ligados a proyectos inmobiliarios desarrollados sobre todo en Asia y Medio Oriente —países donde, simultáneamente, toma decisiones de política exterior que pueden beneficiar o perjudicar directamente esos mismos mercados.Dónde cobra la marca Trump mientras él gobiernaVietnam
5 millones de dólares en tarifas de licencia, bajo la firma DT Marks Vietnam LLC.Omán
Más de 1 millón de dólares vía DT Marks Oman LLC.India
438.880 dólares por un desarrollo en Bombay, y 204.745 dólares adicionales por una torre en Calcuta.Turquía
288.061 dólares por Trump Marks Istanbul II, en sociedad con una desarrolladora local.Filipinas
15.329 dólares vía Trump Marks Philippines LLC.Y además
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Maldivas, Rumania y Georgia figuran en la lista de CREW con desarrollos nuevos o recientes de la marca Trump — 22 proyectos en construcción a nivel global durante su segundo mandato, sobre un total histórico de 35.
El propio análisis de La Jornada, retomando los datos de CREW, lo plantea sin rodeos: en cada país donde Trump tiene intereses comerciales activos, sabe que sus decisiones como presidente pueden afectar directamente esas ganancias — y los funcionarios extranjeros de esos mismos países tienen, a su vez, la posibilidad concreta de premiarlo o castigarlo según el trato que reciban sus negocios. Uno de esos desarrollos, el Trump International Golf Club en sociedad con la firma DAMAC de Dubái, fue noticia por la retención ilegal de pasaportes a trabajadores migrantes de Pakistán, Nepal e India, y por retrasos sistemáticos en sus pagos, según investigaciones del Centro de Negocios y Derechos Humanos.
VII — El contraste
Golf en Florida mientras sube el precio de la nafta
El momento en que se intensifican estos viajes no es un detalle menor. Según la organización independiente de verificación FactCheck.org, en los primeros catorce meses del segundo mandato de Trump el índice de precios al consumidor subió 3,6%, impulsado en buena medida por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán — el precio promedio de la gasolina pasó de 2,78 a 4,04 dólares por galón en cuestión de semanas. La confianza del consumidor estadounidense alcanzó, en ese mismo período, un mínimo histórico.
Mientras los estadounidenses ajustan su presupuesto familiar frente a esos números, Trump se traslada a Florida prácticamente cada vez que la agenda se lo permite, para jugar golf en su propio club o socializar en Mar-a-Lago con donantes y miembros que pagan, literalmente, por acceder a él.
VIII — Lo que queda
Una presidencia que no separó nunca el negocio del cargo
El cuadro completo
No es un escándalo puntual ni un episodio aislado — es un patrón sostenido, documentado en al menos tres frentes distintos por la misma organización de vigilancia ética. Un fondo de 1.776 millones de dólares creado a partir de una demanda del propio presidente contra su propio gobierno, con declaraciones oficiales contradictorias sobre si sigue vivo o no. Un préstamo de 620 millones del Pentágono, tramitado en semanas por orden directa de la Casa Blanca, a una empresa donde el hijo del presidente es socio. Y 259 visitas a propiedades propias en 512 días de gobierno, financiadas con Servicio Secreto y Air Force One, mientras la marca privada sigue cobrando 35 millones de dólares en contratos de licencia en países donde su titular define política exterior.
Todos los presidentes tienen derecho a descansar, y sus familias merecen la protección que el cargo exige. Lo que CREW documenta no es eso — es la elección sistemática y repetida de que el poder presidencial, en sus distintas formas, termine beneficiando económicamente al propio presidente, a su familia, y a su círculo cercano. Ningún otro mandatario reciente, de ningún signo político, organizó su relación con el dinero público exactamente así.
El resultado es una pregunta que ningún vocero oficial respondió todavía con claridad: cuando el Servicio Secreto paga una habitación en Mar-a-Lago, cuando el Pentágono presta 620 millones a la empresa del hijo del presidente, cuando un fondo de casi 2.000 millones se mueve entre versiones contradictorias del propio Departamento de Justicia — ¿quién es exactamente el que cobra al final de cada una de esas cadenas? El Estado que debería servir a todos los ciudadanos, o el empresario que nunca dejó de serlo mientras ocupaba la presidencia.
Fuentes: Informes Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW)
Bastión · Periodismo de investigación · Uruguay
Fuente: https://bastion.uy/trump-la-presidencia-que-paga-sus-propios-negocios/