Una vez más Cuba vuelve a ser importante noticia internacional, esta vez de la mano de la liberación de manera escalonada de 52 opositores detenidos en el año 2003 y condenados a diversas penas de prisión bajo la acusación de estar al servicio de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos. El detonante de […]
Una vez más Cuba vuelve a ser importante noticia internacional, esta vez de la mano de la liberación de manera escalonada de 52 opositores detenidos en el año 2003 y condenados a diversas penas de prisión bajo la acusación de estar al servicio de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos. El detonante de esta situación hay que buscarlo en la inesperada muerte durante una huelga del hambre de Orlando Zapata, sumado a este grupo de presos durante su estancia en la cárcel. Ahora son la Iglesia católica y el Gobierno español los «agentes mediadores» en una operación diplomática que ha levantado numerosas suspicacias en el interior de una Revolución que sigue sumida en una fuerte crisis económica y social.
La muerte de Orlando Zapata colocó al Gobierno revolucionario cubano en una tesitura sumamente incómoda a nivel internacional. En primer lugar, el hecho demostraba en sí mismo la nueva determinación de algunos miembros de la oposición interna de llevar sus reclamaciones al límite. Al mismo tiempo los gobiernos europeos y el estadounidense, funcionando al unísono con los grandes medios de prensa internacionales, tenían la excusa perfecta para acusar al ejecutivo cubano de «crueldad», como responsable directo de una muerte «innecesaria y evitable».
Los pequeños grupos opositores del interior de la Isla no dejaron pasar la oportunidad para ejercer presión, esencialmente mediática, con el claro objetivo de obtener la liberación de los 52 presos que quedaban de los 75 condenados iniciales tras el operativo desarrollado por el Gobierno cubano en la primavera de 2003, intentando demostrar así una capacidad de presión y apoyo social de los que realmente carecen. La estrategia opositora se ha basado en dos ejes diferentes y en ocasiones contrapuestos en sus matices y agendas: el primero, más político, las movilizaciones de las denominadas «Damas de Blanco», organización integrada esencialmente por familiares de los propios presos. El segundo, la huelga de hambre «a muerte» iniciada inmediatamente por el disidente Guillermo Fariñas en su propio hogar, exigiendo la urgente e incondicional liberación de todos los encarcelados y hoy ya suspendida.
La inicial posición gubernamental, lógica y coherente con toda la trayectoria revolucionaria, negó la posibilidad de cualquier negociación y solución bajo presión, ya que esta actitud sería interpretada como una muestra de debilidad, activando paralelamente sus mecanismos de control policial y social respecto a las movilizaciones de las Damas de Blanco. Al mismo tiempo, el Gobierno advertía que la salud de Fariñas era únicamente una cuestión bajo la responsabilidad de este ciudadano, al no estar sujeto a ninguna causa y, por lo tanto, gozando de plena libertad.
En medio de este juego de posiciones cerradas y con una intensa marea mediática internacional, los caminos parecían aparentemente bloqueados cuando, de manera ciertamente inesperada, el propio Presidente cubano Raúl Castro daba inicio a un movimiento imprevisible a ojos de especialistas y observadores: tras una reunión personal mantenida con el Cardenal primado de la Iglesia Católica cubana, Monseñor Jaime Ortega, el Gobierno daba a conocer públicamente el encargo de mediación ante este conflicto a la institución religiosa.
El mismo Cardenal aclaraba, en sus medidas palabras posteriores, que esta gestión era «nacional y entre cubanos», añadiendo que durante el encuentro habían tratado también otros temas relacionados con el futuro de Cuba, sentando así un precedente inédito respecto a los mecanismos de negociación interna en la larga y accidentada historia de la Revolución, protagonizada además por dos entidades, el Estado y la Iglesia católica, que han vivido numerosos puntos de fricción y distanciamiento desde 1959.
A manera de otra brillante jugada de ajedrez diplomático el resultado mismo del movimiento auguraba una solución muy cercana al conflicto. Resultaba evidente que el Gobierno estaba en disposición de acceder a la rápida liberación y concesión del pasaporte para la salida del país de los 52 presos y sus familiares directos. Sin embargo, el inédito suceso ha disparado también numerosas conjeturas al romper la tradicional política revolucionaria de «cerrar filas y posiciones» ante amenazas y presiones.
¿Cuál sería la razón que podría explicar entonces este cambio de posición por parte del Gobierno cubano? Realmente, las causas y objetivos que han motivado la decisión resultan a estas alturas una incógnita no explicada ni tan siquiera a sus propias bases, siendo difícil de entender desde una lógica estrictamente política. Quizás se pueda considerar que la actitud pueda responder al marcado interés en conseguir, de una manera urgente, la supresión de la llamada Posición Común europea, tocada ya de muerte por inoperante. Una Posición Común, por lo demás, que quedaría privada con este gesto de fondo de cualquier otro argumento, lo que subsidiariamente dejaría aislada también la política de inmovilismo estadounidense hacia la Isla, obligando así a gestos directos por parte de la administración Obama que, hasta el momento, ha mostrado ser esencialmente partidaria de esperar con paciencia a que afloren a la superficie las cada vez más marcadas contradicciones que conviven en el interior de la sociedad cubana.
También hay que considerar, a la hora de analizar estos hechos, los recientes y reiterados anuncios del Comandante Fidel Castro a través de sus periódicas reflexiones sobre un inminente e inevitable conflicto bélico de carácter internacional, con uso de armas nucleares, que se iniciaría en Irán y se extendería hacia otros lugares conflictivos del planeta. Bajo esta lógica preservar a Cuba como escenario neutral podría resultar sin duda un fin en sí mismo. En realidad, más allá de especulaciones y conjeturas, los objetivos y razones de la decisión tomada por el Gobierno revolucionario se irán desvelando a muy corto plazo y al calor de futuros y seguramente próximos acontecimientos.
El precio de una decisión.
Si los «beneficios» de estas medidas adoptadas resultan aún un enigma, los costos parecen más evidentes: en primer lugar, cuestión nada desdeñable, la imagen de cesión ante las presiones mediáticas y diplomáticas pero, muy especialmente, ante la propia movilización y determinación de los exiguos y muy reducidos grupos de la oposición interna. En segundo lugar, el nuevo papel otorgado a una institución como la Iglesia Católica, que ha manifestado en momentos claves de estos cincuenta años fuertes enfrentamientos con la Revolución, además de ambigüedades de todo tipo respecto al bloqueo y ante determinadas políticas estadounidenses que no ha condenado. Una Iglesia, por lo demás, que no oculta desde la carta pastoral de 1992 sus ambiciones de cara a jugar un activo papel político, a pesar de su más que limitado peso social (la mayoría de la población cubana se declara no creyente). Y, en tercer lugar, habría que hablar de la importante función otorgada a la diplomacia española, que vuelve a manejar el tema Cuba como un asunto de «agenda interna» siempre ajustado a su obsesiva óptica de impulsar una «transición» hacia el libre mercado, con todas sus consecuencias. En este sentido, no hay que olvidar que actualmente más de 300.000 cubanos tienen también nacionalidad española, bien por matrimonio o por ser hijos o nietos de ciudadanos españoles (a pesar de que la Constitución cubana vigente excluye de manera explícita la doble nacionalidad).
Urge la toma de decisiones
La cuidada puesta en escena de este acuerdo entre el Cardenal Jaime Ortega y el Presidente cubano, Raúl Castro, bajo la atenta y complaciente mirada de Miguel Ángel Moratinos como testigo privilegiado e invitado de honor para la ocasión (comprometiendo, de hecho, la afirmación inicial del Cardenal Jaime Ortega de que era un asunto exclusivamente «entre cubanos»), no deja de ser finalmente, en claves de cotidianidad, una operación estratégica sin mayor trascendencia acogida por la mayoría de la población cubana con notoria indiferencia e incluso, en algunos casos, con un marcado desagrado al carecer de cualquier explicación oficial sobre el hecho, así como por el desmesurado protagonismo otorgado a la jerarquía católica y al Gobierno español. A pesar de noticias y cables internacionales que continúan tergiversando la realidad, sigue siendo ese «detrás de la fachada», es decir, el interior de la sociedad cubana donde las realidades vitales, cambiantes y contradictorias continúan jugando sus cartas ante una Revolución que se mueve en un complejo laberinto.
La aspiración a una agenda de cambios internos, expresada abierta y mayoritariamente por casi tres millones de cubanos y cubanas en asambleas abiertas hace casi tres años, sigue siendo la gran asignatura pendiente, la promesa reiterada del Gobierno revolucionario que no acaba de cristalizar ni hacerse visible como programa o voluntad política. Al día de hoy apenas se pueden enumerar la puesta en marcha de muy escasas medidas de cierta trascendencia por su carácter estructural como la efectiva repartición en usufructo gratuito de las numerosas tierras agrícolas abandonadas, que poco a poco van mostrando resultados productivos. O, también, la eliminación de los comedores en los centros de trabajo, sustituidos por el pago de las subvenciones que se destinaban a ese fin en efectivo a los trabajadores, una medida aplicada de manera general desde el comienzo de este mes de julio en todos los centros laborales (con excepción de los vinculados a los Ministerios de Salud y Educación).
Mientras el tiempo pasa y las medidas de transformación interna se siguen «estudiando con detenimiento», la crisis financiera (pago de exportaciones y capacidad inversora) es pública y de imposible solución bajo las pautas de la actual estructura económica y la escasa productividad que no acaba de ser estimulada por los muy bajos salarios laborales. El mercado negro sigue disfrutando de una salud excelente, mientras la especulación y la corrupción continúan su irrefrenable expansión. En medio de esta delicada situación social y económica, donde siguen sin propiciarse soluciones, crece el descontento, los distanciamientos, el escepticismo y los desánimos.
La dirigencia de la Revolución, más allá de sus movimientos diplomáticos, continúa presionada por el tiempo, los retos y las necesidades de una sociedad cansada y desmotivada, mientras urge la puesta en marcha de inmediatas salidas internas que ayuden a superar el complicado laberinto actual.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR