Las cárceles españolas tienen una falta importante de médicos. No es una situación nueva, pero se ha ido agravando con los años hasta un escenario inédito: de las 488 plazas previstas para el sistema de atención primaria en las prisiones apenas hay 251 cubiertas, poco más de la mitad. Algunos centros, como los de Cuenca, Cáceres o Alicante II han recurrido recientemente a contratos privados con mutuas o médicos autónomos para suplir esta falta de personal.
El centro penitenciario de Cuenca adjudicó a la mutua privada Quirón a principios de 2021 un contrato de seis meses de duración para un servicio médico externo por valor de 14.560 euros y al comienzo de este año volvió a hacer lo mismo, pero esta vez con el Grupo CMD Salud y un acuerdo por doce meses de duración y un valor de 27.116 euros.
Otras cárceles, como la de Cáceres y la de Villena (Alicante II) también han recurrido en los dos últimos años a contratos privados puntuales, aunque en este caso con médicos autónomos. La prisión extremeña adjudicó uno de estos contratos en diciembre de 2021 y por un plazo de seis meses a un médico para cubrir los turnos de mañana y tarde de lunes a viernes y las guardias por urgencias en fines de semana. En la justificación aportada en la licitación, el director de ese centro argumentaba que disponían en ese momento de tres médicos –una de ellas de baja médica por embarazo y los otros dos a punto de jubilarse–, por lo que, consideraba, “no se puede cubrir con un mínimo de garantías la atención necesaria”.
Estos contratos figuran en el portal de contratación, aunque desde Instituciones Penitenciarias reconocen que podrían ser más, dado que los contratos los firma cada prisión y no hay un recuento centralizado. El diario El País, informó hace unas semanas de que también han recurrido a contratos de este tipo las cárceles de A Lama, en Pontevedra; de Teixeiro, en A Coruña; y de Mallorca.
Los sindicatos denuncian “parches”
“Se están haciendo diferentes fórmulas, pero son parches. Más de la mitad de las plazas de médicos están vacantes. Tenemos un personal envejecido y sale más gente de la que entra”, resume Silvia Fernández, secretaria general de Prisiones de Comisiones Obreras (CCOO), que alerta de que la situación es muy preocupante.
Según los datos oficiales actualizados hasta agosto, en las prisiones que dependen del Ministerio del Interior (Euskadi, Catalunya gestionan sus cárceles de manera autónoma), el personal médico activo es de 251 trabajadores, entre médicos, interinos, subdirectores médicos y jefes de servicio. El número de plazas previstas para el total de los centros que maneja el Estado central es de 488. Por tanto, hay cubiertos tan solo un 51,4% de los puestos disponibles para médicos. Todo ello para un total de 46.787 reclusos, lo que deja un ratio de un médico para 186 internos.
Este dato, no obstante, es una media. En la fotografía por centros hay casos llamativos. Según CCOO, en Fontcalent, en Alicante, no hay ningún médico; en León, el personal no da para cubrir las 24 horas y en Burgos tan solo hay un facultativo para todo el centro. El problema, insisten, no es nuevo: en 2019, el sindicato alertaba en un comunicado de que el derecho a la salud “no se puede garantizar en las prisiones españolas”, aunque entonces los datos que manejaban no eran tan alarmantes, había vacantes casi un 30% de las plazas destinadas para facultativos y un 23% en general de los puestos para personal sanitario.
En su memoria de 2021 sobre la situación de las prisiones, el Defensor del Pueblo también hacía referencia al problema de “insuficiencia de médicos y demás personal sanitario”, un problema “recurrente y bien conocido”. En el documento, el defensor advertía de la especial vulnerabilidad de los presos en términos de salud por sus dolencias particulares, especialmente psiquiátricas e incluía las quejas puntuales de algunas cárceles: “En el Centro Penitenciario de Badajoz debería haber ocho plazas ocupadas por personal de medicina y había cinco, y ocho de enfermería y había seis (…). La asistencia especializada se presta generalmente en el exterior, frente a la previsión legal de hacerlo en el interior de las prisiones. Ello determina una mayor dificultad para el acceso a los especialistas, tanto por lo complicado de organizar las salidas como por la pérdida de citas médicas constantes ante la falta de conducciones policiales”.
Retribuciones que “no son competitivas”
El problema, según los sindicatos y el Defensor del Pueblo, no es la falta de plazas. “Los procesos selectivos resultan prácticamente desiertos, debido, sin duda, a que las retribuciones que se ofrecen no son competitivas”, explica la memoria. De acuerdo con los datos de Instituciones Penitenciarias, en 2018 se abrieron 35 plazas, de las que inicialmente se adjudicaron 11; en 2019, 40, pero solo se otorgaron seis, una situación que se repitió al año siguiente. Para 2021 y 2022 hay convocadas en total otras 80, pero la previsión, dice Fernández, de CCOO, es que buena parte de ellas se queden de nuevo sin cubrir. “Los sueldos para los médicos no son atractivos. Hay hasta 1.500 euros de diferencia [en comparación con los del Sistema Nacional de Salud]. Aunque se oferten plazas no viene nadie”, lamenta.
Desde Prisiones admiten que la situación está lejos de ser ideal. La prioridad de la Secretaría General es que se implemente la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que establecía que todas las competencias sanitarias se debían transferir a las comunidades autónomas en el 2004, incluidas las de prisiones. A pesar de que la ley tiene casi veinte años, solo gestionan esas competencias Euskadi, Catalunya y recientemente Navarra –que acordó la transferencia el año pasado–. Al comienzo de su gestión, el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, envió una carta a los consejeros del ramo para iniciar una ronda de negociaciones sobre el tema. Fuentes del departamento afirman que hay conversaciones con algunas autonomías, pero no especifican cuáles.
Mientras tanto, destacan las medidas coyunturales que han puesto en marcha para tratar de aliviar la situación. Además de los contratos con mutuas privadas o médicos autónomos a los que las prisiones pueden recurrir, el departamento consiguió que se abrieran en 2020, durante la pandemia, vacantes para interinos que, con o sin el MIR, pudieran ejercer en los centros. Aunque algunas de las plazas ofertadas cada año desde entonces han quedado desiertas, desde Prisiones afirman que el porcentaje es menor que con las plazas fijas. Otra de las iniciativas que han puesto en marcha es un sistema piloto de telemedicina, para que médicos voluntarios, fuera de sus horas de trabajo convencionales, asistan a distancia, a través de una pantalla de vídeo al personal de enfermería que está en el centro penitenciario con el paciente. El programa está en una fase inicial, solo en diez prisiones por el momento y con once médicos, aunque esta cifra puede ir variando.
Esta última iniciativa sin embargo no convence a los sindicatos. Fernández lo califica de “ocurrencia” y cree que con este método se acaba cargando sobre el personal de enfermería una serie de decisiones que exceden sus funciones. “Si lo hace a través de la teleasistencia, tiene que hacer la enfermera la exploración física para decirle al médico lo que ella entiende o interpreta cómo tiene la zona. Una cosa es una revisión, pero aquí se generan responsabilidades si alguien fallece por los daños que se puedan llegar a producir”, comenta.
Advertencias del Defensor del Pueblo
En lo que sí coinciden los sindicatos es en la solución global. “Defendemos la transferencia de competencias, esta es la prioridad. Pero mientras eso no se resuelve hay que mejorar las retribuciones de los médicos. Se pueden establecer convenios de colaboración con los centros médicos, que las prisiones sean lugares donde se pueda hacer el MIR, por ejemplo”, propone la sindicalista.
El Defensor del Pueblo concluía en su memoria sobre el estado de las prisiones que, en definitiva, “lo fundamental en defensa de los derechos humanos no es quién tenga la competencia sino cómo la ejerza”. “Las políticas pueden incidir o bien en mejorar los presupuestos (…) o bien en que las comunidades autónomas asuman definitivamente las competencias de sanidad penitenciaria, hace tantos años previstas”.