Traducido del francés para Rebelión por Caty R.
El cierre de las fronteras europeas viene acompañado de la intensificación de la cooperación con «países terceros» para convertirlos en «guardafronteras« de la Unión Europea.
En un principio bilateral, la «cooperación» entre la Unión Europea y los países terceros (1) se ha profundizado en sus diversas formas en función de cuatro objetivos diferentes: delegar el control de los flujos migratorios y de las fronteras en los países vecinos de la UE, subcontratar los trámites de asilo, obligar a los países terceros a readmitir a los emigrantes expulsados de Europa y finalmente trabajar en las causas de la emigración para reducir las salidas de los países de origen.
Delegar el trabajo sucio
Al asociar a los países de origen o de tránsito de los emigrantes al control de las fronteras, la Unión Europea los convierte en ejecutores de la política migratoria europea, a pesar de que muchos de esos países están muy lejos de la democracia. En abril de 2015 el Consejo Europeo pidió que se incrementase la cooperación con Túnez, Egipto, Sudán, Malí y Níger. La agencia Frontex firmó acuerdos de trabajo con 18 estados (2) y está en negociación con otros 7 (3), sin control democrático, y ha desarrollado cooperaciones multilaterales regionales como «Africa Frontex Intelligence Community», para recoger informes sobre las rutas migratorias y el perfil de los emigrantes.
Desde el punto de vista operativo, esta cooperación se materializa en numerosos programas u operaciones: por ejemplo la operación HERA de Frontex en las aguas territoriales senegalesas en 2014, o los programas Seahorse Atlantico y Seahorse Mediterraneo para organizar las patrullas en el mar a lo largo del norte y el oeste de África y así extender la vigilancia más allá de las aguas europeas.
También existen iniciativas bilaterales: España estableció una cooperación policial con Mauritania en forma de equipos conjuntos de investigación desplegados en las zonas de partida de los emigrantes. Ese tipo de operación, cuyo objetivo es impedir que las personas emigren, es una violación flagrante del derecho a salir del país propio garantizado por la Convención Europea de los Derechos Humanos.
La cooperación con Libia, importante país de tránsito de los emigrantes, se beneficia de un tratamiento particular ya que acoge un retén militar, a través de la misión EUBAM Libia, establecido en el verano de 2013. Aunque se califica de «civil», esta misión está vinculada a la política de seguridad y defensa europea y suministra a las autoridades libias formación, asesoramiento y supervisión para la gestión de las fronteras.
En 2005 la UE lanzó una «estrategia a largo plazo», vivamente criticada, con la Libia de Gadafi para la lucha contra la inmigración. Tras el derrocamiento del dictador, la relación ha proseguido, esta vez bajo el aspecto más respetable de «refuerzo de las capacidades» y de «seguridad» de las fronteras en el contexto de la guerra contra el terrorismo, pero olvidando la cuestión de los derechos de los emigrantes. Aunque Libia no ha firmado la Convención de Ginebra sobre los refugiados y su situación es como mínimo caótica, los emigrantes que están en allí en tránsito huyen precisamente de los países en conflicto como Somalia, Eritrea o Sudán.
Subcontratar de los trámites de asilo
En concreto la suerte de los peticionarios de asilo bloqueados en los países fronterizos de la UE depende de una política específica: la externalización del asilo, que para la UE consiste el librarse de su responsabilidad obligando a los países de tránsito a que examinen las demandas a cambio de fondos de ayuda al desarrollo. La externalización empezó a principios de los años 2000 en Marruecos a pesar de que los emigrantes sufrían una represión feroz y vivían en condiciones dramáticas. Y continúa en Turquía, Túnez o Argelia.
Convertir a los estados en cómplices de las expulsiones
Para expulsar a los emigrantes que a pesar de todo llegan a franquear las fronteras europeas, la UE negocia desde hace 10 años acuerdos de readmisión. Esas negociaciones pretenden en primer lugar presionar a los países fronterizos de la UE, obligados a readmitir tanto a sus ciudadanos como a todos los emigrantes que pasan por su territorio. Se han firmado acuerdos concretamente con Pakistán, Turquía y Cabo Verde y se están negociando con Marruecos y Argelia mientras numerosas asociaciones documentan las violaciones de los derechos de los emigrantes en esos países. Una nueva estrategia implementada desde la primavera es multiplicar los acuerdos de readmisión con los países de origen de los emigrantes, dirigida en particular a los países ACP (África, Caribe, Pacífico), firmantes del acuerdo de Cotonou.
«Desarrollo» para luchar contra las causas de la emigración
Otra estrategia de la UE para luchar contra la emigración irregular es impedirla en el origen por medio del «desarrollo». Por una parte, esta estrategia demuestra que la UE prefiere ignorar las causas políticas, que son las responsables de la mayoría de las migraciones clandestinas por el Mediterráneo.
Europa no se pregunta por su responsabilidad y la de sus miembros en los conflictos que obligan a huir a los emigrantes (Irak, Afganistán, Sudán, Malí) e incluso va más lejos apoyando política y financieramente a las dictaduras (ha concedido 312 millones de ayuda al desarrollo a Eritrea).
Por otra parte, vincular la ayuda al desarrollo con la política migratoria lleva directamente a una instrumentalización de la ayuda, utilizada como chantaje para obligar a los países terceros a aplicar la política migratoria europea (control de las fronteras, acuerdos de readmisión) o a desviarla para que sirva a la lucha contra la emigración clandestina. Por ejemplo la ayuda francesa al desarrollo financia un proyecto de modernización de la policía senegalesa para el «establecimiento de unidades móviles de patrullaje en el litoral».
Por lo tanto la cooperación europea con los países terceros en el ámbito de la emigración es particularmente representativa de la incoherencia y la hipocresía de la UE, que lo quiere todo: dar la imagen de una institución comprometida en proteger la vida y los derechos de los emigrantes cooperando con todos los regímenes de seguridad vecinos, preservar sus intereses económicos y estratégicos y repeler a las víctimas de esta política.
Notas:
(1) Este término designa todos los países de fuera de la Unión Europea tanto de origen como de tránsito de los emigrantes.
(2) Especialmente Turquía, Nigeria y Cabo Verde.
(3) En el continente africano: Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos, Senegal y Túnez.