El 15 de abril de 1931, Francisco Franco era director general de la Academia Militar. La bandera roja y gualda de la Monarquía continuaba ondeando en la Academia1. El gobernador militar de Zaragoza, Agustín Gómez Morato, le telefoneó y le ordenó izar la bandera republicana. El futuro general golpista le contestó que los cambios de […]
El 15 de abril de 1931, Francisco Franco era director general de la Academia Militar. La bandera roja y gualda de la Monarquía continuaba ondeando en la Academia1. El gobernador militar de Zaragoza, Agustín Gómez Morato, le telefoneó y le ordenó izar la bandera republicana. El futuro general golpista le contestó que los cambios de insignia sólo podían decretarse por escrito. Una semana después, 20 de abril de 1931, Leopoldo Ruiz Trillo, el nuevo capital general de la región, firmó la orden para que se izara la nueva bandera. Fue entonces, sólo entonces, cuando Franco no mandó arriar la bandera monárquica.
Ese mismo general, unos dos meses antes de su muerte, el 27 de septiembre de 1975, condenó a muerte a cinco luchadores antifranquistas. El valenciano Antonio Moya, militante clandestino del PCE del País Valencia, fue encarcelado por manifestarse contra esos fusilamientos. No fue el único caso desde luego, pero no era fácil manifestarse en aquellas circunstancias. No eran pocos los riesgos de tortura y malos tratos por parte de terroristas del Estado de la BPS, la DINA del franquismo.
Treinta y tres años después (¡33 años!), a instancias de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas (AERP), la tercera autoridad del Estado recibió el sábado 14 de junio en el Congreso de Diputados a unos 300 ex prisioneros o familiares de presos políticos antifranquistas. La Autoridad de Estado 3, presidente a la sazón del Congreso de diputados, subrayó en su intervención que, aunque la entrega de estas personas «no está olvidada, a veces es menester recordarla», y apuntó -él, precisamente él- que una de las «paradojas» de la transición fue que el protagonista principal de la lucha democrática, del restablecimiento de las libertades ciudadanas, había quedado olvidado, como si ese olvido hubiera sido una ley natural similar a la caída de los graves o al movimiento elíptico de traslación terrestre.
En un determinado momento, la autoridad 3, que preside una de la dos cámaras legislativas (remarco: legislativa) apuntó:
No vino la democracia como una tormenta de verano o porque una persona decidiese que debía llegar; vino porque muchas personas, sobre todo quienes perdieron su libertad, ayudaron a que a este país le reventasen las costuras con un régimen que ya no podía aguantar la demanda -a veces silenciosa pero siempre firme-, de un sector de la población que nunca aceptó la dictadura.
Fue entonces cuando el ciudadano Moya2 aireó una bandera republicana -uno de los símbolos en los que la izquierda, como no puede ser de otro modo, se reconoció y reconoce-, con apoyo de los asistentes (Europa Press, en un nuevo alarde de información interesada, ha señalado que mientras la autoridad 3 pronunciaba su discurso fue interrumpido por uno de los asistentes. ¿Interrumpido es el término?).
La tercera autoridad no aguantó la osadía republicana y ciudadana y reaccionó indignada con estas palabras:
Con la misma fuerza con la que estoy defendiendo lo que pienso, en esta casa son invitados del Congreso de los Diputados y de la legalidad, y la legalidad es la que marca la Constitución y no otra, y por tanto no puedo aceptar manifestaciones que no son legales en este momento.
Pascual Serrano ha señalado el error3: exhibir banderas republicanas está amparado por los artículos de la Constitución que consagran la libertad política y cultural y la libertad de expresión, según una sentencia de 15 de diciembre de 2003 de la Sección 9ª de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que daba la razón a Izquierda Unida. IU había denunciado en 2002 una resolución del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), gobernado por el PP, que ordenaba retirar la enseña tricolor de un espacio montado por la coalición durante las fiestas de julio de 2002. La resolución municipal, se afirmaba en la sentencia, era «contraria al ordenamiento jurídico, en cuanto vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 16.1 y 20.1,a de la Constitución Española».
La tercera autoridad -que tuvo la inmodestia de incluirse entre los luchadores por la democracia: «algunos hemos alcanzado puestos de responsabilidad»- concluyó su intervención antes de lo previsto. No asistió posteriormente a la clásica fotografía de la visita al Congreso ni al encuentro junto a los leones de la Carrera de San Jerónimo.
No es la primera vez, desde luego, que la tercera autoridad del Estado alardea de rancio españolismo. Recuerdo brevemente otra intervención suya cuando aún no era Autoridad 3. Igor Portu y Martin Sarasola fueron detenidos al mediodía del domingo día 6 de enero de 2008 en un control de la Guardia Civil en Arrasate. Portu fue ingresado a las cuatro de la madrugada del día siguiente en el Hospital Donostia. Según la información facilitada por el propio hospital, llegó por su propio pie, consciente, e informó al personal sanitario que le atendió que había sido golpeado con puños y patadas en la cara, tórax y abdomen. El parte médico posterior señalaba que Portu presentaba una costilla rota, un derrame pleural, un importante enfisema subcutáneo, hinchazón producido por aire en el tejido pulmonar desde la región cervical hasta la pelvis, una hemorragia interna en el ojo izquierdo, y múltiples hematomas, erosiones y abrasiones en rodillas y tobillos. El Juzgado de Donostia abrió una investigación después de que Portu ingresara en la unidad de cuidados intensivos del hospital. El juez de guardia, tras conocer el parte médico, decidió la apertura de diligencias.
Pues, bien, el que ahora es la Autoridad 3 del Estado fue entrevistado al día siguiente. Habló de los temas de siempre y en el tono de siempre. Le pidieron un titular y lo dio complacido: si él fuera ministro del Interior, si él hubiera tenido que dirigirse al cuerpo de la Guardia Civil, les hubiera dicho lo siguiente: «no hay que producir bajas pero si son inevitables que no sean nuestras». No han leído mal, no he reproducido mal lo sucedido ni sus declaraciones.
Volvamos al Congreso y a la bandera tricolor. La pregunta se impone: ¿puede alguien que no conoce la legalidad constitucional presidir el congreso de Diputados? ¿No va decir nada sobre el asunto la Autoridad 2 del Estado (olvidémonos para siempre de la Autoridad 1) que dice defender en foros y en reuniones de la intelectualidad socialista la teoría política del republicanismo?
¿Qué puede hacer la izquierda no entregada ante este acto de indignidad, ante esta ofensa política a ciudadanos y ciudadanas que han pagado con años de cárcel y torturas su esfuerzo democrático-republicano y comunista? Apunto dos sugerencias:
Aunque no ofende quien quiere sino quien puede y es lógica y ontológicamente imposible que la Autoridad 3 pueda ofender a un ciudadano de izquierdas no desnortado, el presidente de la Cámara baja ha cometido ofensa política de alcance y error jurídico de envergadura. Sugiero que la ciudadanía de izquierda inunde la secretaría del Congreso de Diputados con correos electrónicos o telegramas que pidan, o exijan más bien, su dimisión.
En segundo lugar, no estaría de más a partir de ahora que la izquierda no participará ni reconociera en ningún acto político a la Autoridad 3 y obrara como si ésta no existiera, como un hombre invisible y sin huella, y entendiera claramente, por lo demás, el mensaje que le ha sido lanzado desde las altas instancias del Estado: defender la II República y combatir por la III República está al margen de la interpretación oficial de la legislación vigente. El Estado, salvo rectificación de su error, ha situado a la II República, a sus símbolos y a los ciudadanos que nos consideremos republicanos, esto es, a toda la izquierda que aspira a continuar la tradición de Ibárruri, Largo Caballero y Negrín, en los márgenes de su ley.
No habrá que parar hasta conseguir la dimisión, forzada o no, de la Tercera Autoridad del estado. Hasta enterrarlos en el mar, cantaba Paco Ibáñez esa misma noche.
PS: El señor Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE y miembro del sector progres sin corbata del partido gubernamental declaró poco después: «No he visto lo que ha ocurrido, pero hay que destacar que el gobierno es que el más ha representado los valores republicanos».
¿No ha visto lo que ha ocurrido? ¿Importa no haberlo visto? El gobierno es el que más ha presentado los valores republicanos ¿El que más? ¿Más que los propios movimientos republicanos, más que UCR por ejemplo? ¿Más que otras fuerzas de izquierda? ¿Será entonces que Zerolo ha querido decir más que otros gobiernos? ¿Más que los gobierno de la UCD, que los gobierno PP, que los gobiernos González-asesor Carlos Slim-corrupción-GAL-enriqueceros-reconversión industrial-SIOTANSI? ¿Ese es el mérito del gobierno del señor Zapatero, desayuno con diamantes Botín?
(Por cierto, no seré quien niegue la importancia, incluso el coraje, de haber legalizado el matrimonio entre homosexuales y lesbianas pero como el PSOE tiende con frecuencia a apuntarse méritos que no son suyos, habrá que señalar aquí que cuando casi nadie apostaba por el movimiento y vindicaciones de homosexuales y lesbianas, aparte de los propios interesados y algunas personas (pocas) más, y en Barcelona, cuanto menos en Barcelona, se organizaban reuniones y manifestaciones públicas, la presencia de la izquierda comunista (insisto: comunista) y del PSUC era manifiesta y loable. Los militantes del PSC-PSOE que acudían a estas manifestaciones públicas, no siempre recibidas con agrado y entusiasmo por la ciudadanía y por sectores demasiado tradicionales de la izquierda, se aproximaba al cero más absoluto. También en esto, una vez más, el trabajo cultural capilar, la creación o intento de creación de hegemonía cultural, ha estado en otras manos y en el esfuerzo, con riesgos, de otros ciudadanos y ciudadanas).
Notas:
1 Paul Preston, El gran manipulador. Ediciones B, Barcelona, 2008, pp. 22-23.
2 O Antonio «Molla», siento no poder precisar con exactitud. Por cierto que el ciudadano republicano preguntó extrañado si acaso era la primera vez que la bandera republicana había ondeado en el Congreso de Diputados después de la muerte de Franco. Si fuera así, comentó, «la guardaré en una urna».
3 Pascual Serrano, «La ilegalidad de Bono y la bandera republicana en el homenaje a los represaliados antifranquistas» http://www.rebelion.org/noticia.php?id=68890