Este verano Richard James Verone, un hombre de 59 años residente de Gastonia, Carolina del Norte, entró en un banco, le entregó una nota a una cajera indicando que estaba realizando un robo y exigió efectivo. Extrañamente, no quería mucho dinero. Pidió $1 dólar a la cajera. Luego le dijo que esperaría desarmado, sentado en […]
Este verano Richard James Verone, un hombre de 59 años residente de Gastonia, Carolina del Norte, entró en un banco, le entregó una nota a una cajera indicando que estaba realizando un robo y exigió efectivo. Extrañamente, no quería mucho dinero. Pidió $1 dólar a la cajera. Luego le dijo que esperaría desarmado, sentado en el sofá del vestíbulo, a que llegara la policía.
Verone, que está desempleado, tiene un tumor en el pecho y discos herniados en la espalda, pero le había sido imposible obtener un seguro de salud. No estaba robando el banco por dinero. Lo que en realidad buscaba era atención médica gratuita en prisión.
El ladrón se equivocaba al pensar que una vez encarcelado obtendría una buena atención médica. Hace mucho que privar a prisioneros de un tratamiento adecuado ha sido un hecho tácito del castigo criminal en EE.UU., tema de reclamaciones judiciales y de informes de derechos humanos. Pero él tiene razón en que, incluso en una época de austeridad, las cárceles siguen siendo un centro de crecimiento y financiamiento gubernamentales.
Si a Verone lo condenan a prisión, será parte de unos 2,3 millones de norteamericanos tras las rejas, una cifra que empequeñece el número de presidiarios en cualquier otro país. Esto incluye a China, que tiene cuatro veces la población de Estados Unidos. Según el Centro Internacional para Estudios de Prisión, EE.UU. encierra a sus residentes con una tasa de 743 por cada 100 000 -mucho más alta que las del Reino Unido (152), Canadá (117) o Japón (58).
El paradigma del «libre mercado» neoliberal prescribe que el estado abandone sus responsabilidades en áreas tales como educación, vivienda, salud pública y cuidado de ancianos. Sin embargo, en nombre de defender el «imperio de la ley», el estado neoliberal mantiene -e incluso expande- sus instrumentos más coercitivos: las fuerzas armadas y las penitenciarías.
La población penal norteamericana ha crecido más de cuatro veces desde la década de 1970, debido principalmente a su fracasada «guerra a las drogas» y a requerimientos obligatorios de sentencia que elimina la capacidad de los jueces de imponer castigos razonables. Los estudios indican que los blancos y los afro-norteamericanos usan y venden drogas en tasas similares. Sin embargo, en 2003, los negros tenían 10 veces más posibilidades de ser encarcelados por delitos relacionados con las drogas.
Siempre ha sido cierto que el dinero que se gasta en prisiones podía haber sido usado con propósitos más humanitarios y productivos. Pero ahora que los presupuestos estatales están disminuyendo y que el gasto en la encarcelación ha llegado casi a $70 mil millones, se siente directamente el cambio.
Durante su último año en el cargo, hasta el héroe de filmes de acción convertido en gobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, se quejó de un cambio inverso histórico: tres décadas antes, 10,1 por ciento de los gastos del fondo general del estado se dedicaban a la educación superior y 3,4 por ciento a las prisiones. Para 2010, las prisiones consumían el 11 por ciento del presupuesto, pero las universidades solo 7,5 por ciento.
Las prisiones han demostrado el fracaso del gobierno en proveer tratamiento por problemas de salud mental, con más de la mitad de los prisioneros en EE.UU. padeciendo de graves problemas psicológicos. Como señaló recientemente The Christian Science Monitor, la cárcel del condado de Los Ángeles ha sido calificada como «el mayor hospital psiquiátrico de Estados Unidos».
Si el robo de banco de Verone es una parábola adecuada para la vida en la Nación Prisión, otra historia de Wisconsin es igualmente tremenda: a principios de este año, cuando el gobernador anti-sindicalista Scott Walker eliminó las negociaciones colectivas para los empleados públicos, permitió el incremento del uso de trabajo forzado. Como resultado, en el condado Racine, prisioneros a los que no se les paga han realizado trabajos de jardinería y mantenimiento que anteriormente hacían empleados públicos sindicalizados.
Grupos conservadores como el Concejo Norteamericano de Intercambio Legislativo (ALEC, por sus siglas en inglés) están presionando a favor de medidas similares en todo el país, argumentando a favor de eliminar las restricciones al trabajo de prisioneros y para los despidos del sector público.
Por supuesto, no son los guardas ni los soldados a los que quieren disminuir. Gran parte del mundo ya vive la experiencia del gobierno norteamericano fundamentalmente por medio de sus militares. Si triunfan los ideólogos y se eliminan otras instituciones públicas, los que vivimos en el país también nos enfrentaremos a un estado curtido. Todo lo que quedará es la prisión.
Mark Engler es analista principal de Foreign Policy In Focus y autor de Cómo dominar el mundo: la próxima batalla por la economía global (Nation Books). Se le puede contactar por medio del sitio web http://www.DemocracyUprising.com.
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Traducción de Germán Piniella