Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), denunciaron al Estado Español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración de derechos fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y a la tutela judicial efectiva La de identificación de personas extranjeras en lugares públicos en base a […]
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH), denunciaron al Estado Español ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración de derechos fundamentales de libertad de expresión e información, de reunión, de asociación y a la tutela judicial efectiva
La de identificación de personas extranjeras en lugares públicos en base a criterios racistas, xenófobos y clasistas, es una constante desde hace años en las criminales políticas de inmigración. Los controles ordenados por el Ministerio del Interior no guardan ninguna relación con la actividad que realizan las personas a las que se identifica si no que vienen determinadas por su aspecto físico, por lo que son discriminatorias, ilegitimas, racistas e injustas.
Estas redadas están prohibidas por la ley y las consecuencias para quienes no tienen autorización de residencia son muy graves: limitan su capacidad de movimiento y pueden derivar en detención, multa, orden de expulsión, ingreso en un Centro de Internamiento o en expulsión del país.
BVOD es un colectivo de denuncia de los controles de identidad por perfil étnico realizados por la policía (hemos documentado innumerables redadas) por lo que hemos sido objeto de acoso y criminalización solo por el hecho de observarlos y documentarlos
Vecinas y vecinos se plantearon acabar con estas actuaciones y así nacieron la BVODH para visibilizarlas acudiendo a los lugares en que se efectuaban, claramente identificad@s como observador@s de derechos humanos para documentarlas y denunciarlas ante la opinión pública y las instituciones políticas y judiciales oportunas.
Por ello 16 participantes del colectivo recibieron boletines policiales de denuncia, en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. La Delegación de Gobierno de Madrid ratifico multas que sumaban total de 3.500 €. También recibieron una denuncia por vía penal, que afectaba a otros cuatro brigadistas. El Mº del Interior y la Delegación de Gobierno vertieron toda clase de acusaciones falsas contra el colectivo. Las sanciones se recurrieron por vía judicial y al carecer de base legal en todos los casos en que se celebraron juicios, fueron anuladas. También el procedimiento penal concluyó en absolución.
Como estas sanciones son una vulneración de los derechos y libertades consideraron necesario hacer frente a estas políticas tanto en las calles como en los tribunales. No es admisible que se intente silenciar a quienes legítimamente defienden los derechos humanos. Recurrieron ante los tribunales para que se anule la sanción, mientras el acoso continúa y se invisibilizan las voces críticas intentando coartar la denuncia social.
Por ello presentaron por la vía del procedimiento para la protección de los derechos fundamentales una demanda contra la Delegación de Gobierno de Madrid por vulneración de derechos fundamentales. Tras un largo procedimiento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admitió la demanda, sin atender al contexto, alegando no afectaba a derechos fundamentales.
Por lo que han recurrido a instancias internacionales y denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el Estado español castiga y criminaliza la defensa de los Derechos Humanos, y las diferentes formas de protesta social, como es el cuestionamiento público de una práctica discriminatoria como los controles de identidad por perfil racial. Ayer 3 de Abril se presentó copia de la denuncia al Mº del Interior con rueda de prensa.
BVODH solicitaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU declare la vulneración de los artículos 2.1, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y reclamaron la devolución de la multa, de las costas legales y la rectificación pública de las acusaciones vertidas por los poderes públicos contra el colectivo.
Así mismo solicitaron al Comité que formule recomendaciones al Estado Español en cuanto al cese de inmediato las identificaciones por perfil étnico, la constitución de mecanismos que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos así como el reconocimiento a la labor desarrollada sus defensor@s y la garantía de la tutela judicial efectiva en caso de vulneraciones de derechos humanos. Por último solicitaron que se garantice en la legislación nacional el ejercicio de los derechos y libertades públicas en conformidad con los estándares internacionales, garantías que deben asegurarse en el vigente Código Penal (L.O. 1/2015) y en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (L.O.4/2015) en vigor, así como en la práctica cotidiana.
Apoyan la denuncia otros 34 colectivos sociales: asambleas populares del 15M, asociaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de l@s migrantes y refugiad@s, asociaciones de juristas, colectivos de cristian@s de base, ecologistas, etc.