Mientras que el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC), que recientemente renovaron CC.OO., UGT y CEOE-Cepyme, establece incrementos salariales con la referencia del 2%, las cajas de ahorros obtuvieron en 2005 un beneficio neto de 6.371 millones de euros (algo más de un billón de pesetas), el 35,4% más que en el 2004, un nuevo […]
Mientras que el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (ANC), que recientemente renovaron CC.OO., UGT y CEOE-Cepyme, establece incrementos salariales con la referencia del 2%, las cajas de ahorros obtuvieron en 2005 un beneficio neto de 6.371 millones de euros (algo más de un billón de pesetas), el 35,4% más que en el 2004, un nuevo récord para estas entidades.
Las seis grandes cajas de ahorros -La Caixa, Caja Madrid, Bancaja, CAM, Caixa Catalunya y Caixa Galicia- aportaron más de la mitad de los beneficios del sector, unos 3.400 millones. Sólo La Caixa ya ganó casi 1.500 millones.
La cuenta de resultados del total de las cajas de ahorro arrojó un aumento en 2005 en el margen de intermediación (un 11,2% más que en 2004), las comisiones netas (un 14,1%) y los resultados de las operaciones financieras se duplicaron. De ese modo el margen ordinario se situó en 21.344 millones (el 16,5% más que en 2004), y el margen de explotación en 10.523 millones (un 31,5% superior).
A la vista de estos y otros datos la moderación salarial no está en absoluto justificada. Baste recordar el contexto de altos beneficios empresariales (aumento del 47,8% en el año 2004 y del 23,1% hasta septiembre de 2005 en las empresas cotizadas en Bolsa); crecimiento de la economía (3,5% del PIB en 2005); subidas de precios desorbitadas (más de un 10% la vivienda, muy por encima del IPC el transporte y la energía, etc.); y aumento del nivel de endeudamiento familiar (el 60% de las familias no pueden ahorrar y el 54% tiene dificultades para llegar a fin de mes, según datos del INE).
Tampoco sirve el argumento de que la moderación en los salarios sirve para reducir la inflación o para crear empleo, el Estado español cuenta con una inflación por encima del 4% (superior en casi dos puntos a la media europea) y la tasa más alta de empleo precario de toda la UE.