Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia la falta de protección de las mujeres indígenas de EEUU frente a la violencia sexual. El informe, que se centra en Alaska, Oklahoma y las dos Dakotas, concluye que «cualesquiera que sean el lugar o el marco legal, el resultado es el mismo: la negación de justicia a […]
Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia la falta de protección de las mujeres indígenas de EEUU frente a la violencia sexual. El informe, que se centra en Alaska, Oklahoma y las dos Dakotas, concluye que «cualesquiera que sean el lugar o el marco legal, el resultado es el mismo: la negación de justicia a muchas mujeres indígenas que han sufrido violencia sexual».
Las tierras tribales de Oklahoma no son limítrofes entre sí, y entre ellas se interponen tierras estatales, por lo que pueden transcurrir semanas o incluso meses antes de que se determine si las autoridades tribales, estatales o federales tienen jurisdicción sobre un delito particular.
AI tuvo conocimiento de que, según informes, dos mujeres indígenas sufrieron una violación múltiple por parte de tres hombres no indígenas en Oklahoma; sin embargo, como las mujeres estuvieron con los ojos vendados, los trabajadores de apoyo manifestaron su preocupación ante el hecho de que no pudieran decir si las violaciones tuvieron lugar en tierras federales, estatales o tribales y ante la posibilidad de que, debido a las complejidades jurisdiccionales de Oklahoma, nunca se les hiciera justicia.
De acuerdo con un proveedor de servicios, «cuando se recibe una llamada de emergencia, el sheriff dice `pero esto es territorio indígena’. Llega la Policía tribal y dice lo contrario. Luego se limitan a discutir y no hacen el trabajo, lo cual significa que no se usan materiales para casos de violación».
La reserva sioux de Standing Rock abarca una superficie de 9.300 kilómetros cuadrados en Dakota del Norte y Dakota del Sur y es patrullada por un departamento de Policía propio. En febrero de 2006, el Departamento, que adolece de falta de recursos, estaba integrado por seis o siete agentes de patrulla y dos detectives.
Ha habido ocasiones en que sólo un agente estaba de servicio para toda la reserva. Las mujeres a menudo tienen que esperar durante horas, o incluso días, para recibir una respuesta del Departamento de Policía, y en algunas ocasiones no reciben respuesta alguna. Muchas supervivientes denunciaron que habían experimentado violencia sexual en varias ocasiones de su vida a manos de diferentes autores.
Largos y penosos viajes
Algunas supervivientes tienen que viajar más de una hora para llegar al hospital del Servicio Indígena de Salud en Fort Yates, y una vez allí pueden descubrir que la plantilla no dispone de ninguna persona que pueda realizar un examen forense de agresión sexual.
El personal puede remitir a las mujeres a un centro médico de Bismarck, la capital del estado, situada a 130 kilómetros de distancia, y las que hacen este viaje pueden sufrir después largas demoras y regresar sin que se les haya practicado el examen. Si una mujer tiene que acudir a una instalación no perteneciente al Servicio Indígena de Salud puede que se le cobre inicialmente la asistencia. Estos factores pueden constituir un grave obstáculo para denunciar el delito y someterse a un examen forense.
En Alaska, debido a un complejo entramado de leyes, las funciones policiales no son responsabilidad de organismos federales, sino de organismos estatales. El Estado ha tratado de restringir el ejercicio de la jurisdicción criminal por parte de las tribus, pero sin ofrecer una actuación policial adecuada.
Según estadísticas del FBI, Alaska ocupa el primer lugar en cuanto a número de violaciones en EEUU. Las mujeres indígenas de Alaska también experimentan altos índices de violencia sexual tanto en zonas rurales como urbanas. De acuerdo con un estudio, entre 2000 y 2003, las personas indígenas de Anchorage tenían 9,7 probabilidades más de sufrir una agresión sexual que las demás personas que vivían en la ciudad.
Mientras tanto, al menos un tercio de los núcleos de población indígenas de Alaska que no son accesibles por carretera no disponen de presencia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las mujeres indígenas pueden verse obligadas a pagar un costoso viaje para llegar a un hospital o clínica a fin de someterse a un examen forense de agresión sexual, lo que provoca que la respuesta a las mismas pueda tardar varias jornadas.