La convocatoria del alcalde de Ammán, Omar al Maani, por parte de la Justicia jordana por acusaciones de corrupción fue una sorpresa mayor para decenas de ministros y de responsables políticos y de seguridad a los que posteriormente se le prohibió viajar como preámbulo a una investigación por casos que han atraído la atención de […]
La convocatoria del alcalde de Ammán, Omar al Maani, por parte de la Justicia jordana por acusaciones de corrupción fue una sorpresa mayor para decenas de ministros y de responsables políticos y de seguridad a los que posteriormente se le prohibió viajar como preámbulo a una investigación por casos que han atraído la atención de la opinión pública.
La insistencia del juez en detener al ex alcalde y no dejarle salir bajo fianza es un mensaje político directo del Estado para quienes piden reformas al ritmo de unas protestas que van en aumento, en opinión de personas cercanas al centro de la toma de decisiones.
Los medios de comunicación y líderes de opinión consideran a Al Maani una persona cercana a la familia real. Al Maani fue alcalde la capital durante cinco años; fue nombrado por voluntad real en 2006 hasta que fue destituido por una decisión de la Presidencia del gobierno en 2011.
Las fuerzas de oposición en el país creen que la detención de un ex responsable del peso del alcalde de la capital es «insuficiente para que el Estado declare la guerra a la corrupción», como declaró la cúpula del Frente Nacional para la Reforma que comanda el ex primer ministro y ex director de los servicios secretos, Ahmad Abidat, así como el partido del Frente de Acción Islámica, el principal partido de la oposición jordana, que ha aplaudido estas medidas del Estado y ha pedido que se haga más.
Personas próximas a la familia del ex alcalde consideran que la decisión de su detención es «vejatoria» y que el ex responsable es un «chivo expiatorio» para contener una calle que pide desde el pasado mes de enero que se luche contra los corruptos y se los remita a la Justicia.
La decisión de detención de Al Maani llegó acompañada de medidas similares por parte del gobierno que tenía luz verde de Palacio, y el presidente del ejecutivo, Aaún al Jasaune, ex juez en el Tribunal de La Haya, insistió en abrir «la caja de los truenos».
Posteriormente la Justicia convocó a varios ex responsables destacado para que testificaran en la vista del llamado «caso casino», una de decenas de causas relacionadas con sospechas de corrupción y de especulación con el dinero público. Según fuentes gubernamentales, tres ex presidentes del gobierno además de un ex jefe del Gabinete Real y otros responsables serán convocados próximamente por la Justicia para testificar en ese caso que fue también investigado por el Parlamento que no logró reunir un número suficiente de votos para condenar a Maaruf al Bajit, ex primer ministro, durante cuyo mandado fue firmado el contrato del caso.
Las fuentes hablan también de la emisión de listas de decenas de ex responsables a los que se prohibirá viajar, una información confirmada por Sabih Binu, presidente de la agencia anticorrupción.
El presidente de la comisión legal del Parlamento, Mahmud Jarabasha, ha anunciado que varios expedientes importantes serán remitidos ante la Justicia en breve, uno de ellos relacionado con la zona privada de Aqaba y otros con viviendas y empresas de electricidad, y en ellos serán juzgados ex ministros y personalidades destacadas de los sectores público y privado.
El gobierno ha remitido a la Fiscalía General varios casos que la movilización popular ha pedido que sean abiertos como la privatización de la empresa de fosfato, el expediente de la empresa de viviendas Mawarid y proyectos de grandes empresas.
Los expertos cercanos a los estrechos círculos de decisión creen que estas decisiones sorpresa se deben a una nueva tendencia oficial que pretende contener el descontento de la calle y a un convencimiento sólido nacido en el propio régimen de que la corrupción se alimenta de la legitimidad del Estado y lo debilita.
Filtraciones oficiales hablan de que el Estado va a tomar medidas económicas drásticas para salvar los presupuestos generales aunque según un responsable de alto nivel, dichas decisiones deberían ir precedidas de la apertura de expedientes de corrupción a fin de reforzar el prestigio del Estado.
Mohamed al Nusur, abogado del ex alcalde la capital jordana, ha manifestado que las sesiones de investigación de su defendido demuestran que su situación es legal. En declaraciones a Al Hayat ha informado sobre la posibilidad de que el caso sea suspendido por la inexistencia de un acto delictivo y ha recordado que la remisión de su defendido al tribunal no significa necesariamente que vaya a ser condenado. Para Al Nusur, las acusaciones hechas por los medios de comunicación a su defendido son imprecisas porque la única acusación que recae sobre él tiene que ver con «deberes de la función pública».
Rakan Mayali, ministro portavoz del gobierno jordano, ha hecho unas declaraciones a Al Hayat en las que ha criticado que muchos de los responsables que han sido convocados para testificar o para ser investigados se protegen con el escudo que representan las tribus a las que pertenecen. En opinión de políticos y escritores, los obstáculos de la lucha contra la corrupción están representados por el rechazo de las tribus a que sus miembros sean remitidos a los tribunales por acusaciones de corrupción, y protestan cuando son detenidos o juzgados.
Se sabe que las zonas tribales a las que se dirigen algunos responsables huyendo del destino oscuro que les espera son las mismas zonas del este del país que piden en manifestaciones semanales reformas políticas y que se persiga a los corruptos.
Cerca de 2.000 personas de las tribus de la provincia de Maan, a la que pertenece el ex alcalde de Ammán, se reunieron en su casa el pasado sábado para estudiar las acusaciones contra él dirigidas, la insistencia de la Justicia en detenerlo y sus próximas opciones. Ali al Maani, hermano del detenido, declaraba que no aceptarían que se usara el caso de uno de los suyos para tapar auténticos expedientes de corrupción.
Zaki Beni Arshid, líder del partido Frente de Acción Islámica (el brazo político de los Hermanos Musulmanes) considera insuficientes las actuales medidas del gobierno. Para este político, la corrupción en Jordania es resultado de la ausencia de reformas políticas, de la gravedad del poder absoluto y del totalitarismo, y pide enmiendas constitucionales que anulen la competencia del rey para nombrar a los gobiernos y a los miembros de la Cámara de Diputados.
El rey Abdalá II se reunía recientemente con los presidentes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; el monarca considera que el ciudadano «está harto de los lemas de la lucha contra la corrupción» y que es necesario que todos los casos pendientes sean remitidos ante la Justicia porque «no hay inmunidad para nadie».
El reino jordano vive desde el inicio del pasado mes de enero protestas populares que van en aumento y que exigen reformas económicas y políticas y lucha contra la corrupción. Las demandas de muchos actores populares incluyen la redacción de una nueva ley electoras, la celebración de elecciones anticipadas y enmiendas constitucionales que permitan a la mayoría parlamentaria formar el gobierno en lugar de que el monarca nombre al presidente del gobierno.
Fuente: http://international.daralhayat.com/internationalarticle/344817
Traducido por Alfanar Traductores: http://www.boletin.org/