Las sobrevivientes

Nélida Graciela Beloqui tiene 55 años y se desempeñaba como directora de una escuela primaria en Sauce, un pueblo del sur de la provincia de Corrientes. Hasta que tuvo que huir de su casa, tras ser brutalmente atacada a golpes por su marido, el 5 de noviembre de 2013, y se vio obligada a mudarse a Buenos Aires con su hija menor, para sentirse a salvo: «Hoy vas a morir», le advirtió él cuando ella subió al auto, con el que la fue a buscar a la salida del colegio, y empezó a descargar toda su fuerza sobre su rostro. Karina Abregú tiene 41 años y era empleada administrativa en una empresa que fabrica instrumental médico y odontológico en el norte del conurbano bonaerense. Pero la echaron porque faltó durante seis meses por estar internada, a causa de las quemaduras que le provocó su esposo, que la quiso quemar viva el 1º de enero de 2014. El sigue trabajando en la misma empresa. Ella estaba en negro y no le contemplaron una licencia médica. Nélida y Karina se salvaron milagrosamente de integrar la lista de víctimas de femicidios. Nélida esquivó el hacha que su ex le arrojó en la cabeza, cuando ella, en la desesperación, se arrojó del auto. Envuelta en llamas, Karina logró tirarse a la pileta de su casa para aplacar el fuego. Hoy, los atacantes de ambas están libres y ellas viven, encerradas, aterradas y sin trabajo. Dos historias que muestran en carne viva el drama de las sobrevivientes de la violencia machista más extrema, cuando la Justicia y otros organismos del Estado -que deberían ayudarlas- les dan la espalda. En lo que va del año, 28 mujeres fueron víctimas de intentos de femicidios en distintos puntos del país, según el registro de La Casa del Encuentro. El próximo miércoles, Día Internacional de la no violencia contra las mujeres, la organización que coordina el Observatorio de Femicidios en la Argentina convoca a una concentración frente al Congreso para decir una vez más «Ni una menos» y reclamar políticas públicas integrales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

Nélida está reclamando hace más de un año el traslado de su cargo docente a la Ciudad de Buenos Aires, pero el Ministerio de Educación del gobierno de Mauricio Macri le rechazó en tres oportunidades el pedido. Todavía espera una respuesta favorable. Karina no consigue una pensión porque debería tener el 60 por ciento de su cuerpo quemado para calificar para esa ayuda, y ella quedó con «sólo» el 55 por ciento afectado. Tampoco puede tramitar un subsidio porque es propietaria de su casa, la misma donde casi pierde la vida, en la madrugada del 1º de enero de 2014, después de los festejos del Año Nuevo. Está en un callejón sin salida: mientras, tiene por delante cinco años de operaciones reconstructivas y necesita comprar medicamentos y terapia psicológica, y no tiene un ingreso económico, más que los pesos que logra juntar con una alcancía, cuando la convocan para brindar su testimonio en ámbitos académicos o universitarios. También la ayuda su hermana Carolina. Tiene dos hijos de 19 y 21 años, de una relación anterior.

«Nos impacta mucho cuando realizamos los informes sobre los femicidios ver también a cuántas mujeres intentaron asesinar, que lograron salvarse», dice a Página/12 Ada Rico, coordinadora del Observatorio de La Casa del Encuentro. Están preparando el registro de los primeros diez meses del año, que presentarán el martes. El último, de 2014, mostró que cada 30 horas una mujer es asesinada en el país, por el hecho de ser mujer; en la mayoría de los casos por su pareja o ex pareja.

Las que sobreviven a los ataques femicidas son mujeres que quedan con graves secuelas físicas o psíquicas, y que a la vez tienen que enfrentar la indiferencia de la Justicia y del Estado, apunta Rico. «Violencia física y violencia institucional es lo que les espera. Una mujer en esa situación requiere de parte del Estado asistencia integral sostenida en el tiempo en lo psicológico, jurídico, social y de salud, pero en cambio encuentra los caminos intrincados de la burocracia patriarcal que sospecha, interpela y la culpabiliza», sigue. La falta de capacitación y de políticas públicas activas para dar respuesta a las secuelas que padecen las mujeres luego de una situación de violencia sexista las deja sin red de contención. «En este sentido, podemos remarcar la inexistencia aún de patrocinios jurídicos gratuitos y especializados para que las causas avancen efectivamente y el agresor sea condenado, y no quede libre, dejando a la mujer expuesta a una nueva agresión -si bien se acaba de aprobar una ley en ese sentido, faltaría la reglamentación y puesta en marcha-. Faltan también equipos interdisciplinarios que puedan hacer un abordaje integral de su situación particular atendiendo en cada caso las necesidades puntuales. Y la posibilidad de una asignación económica que pueda ayudarlas, porque en la mayoría de los casos tienen que dejar sus trabajos, o bien no lo tenían por la misma situación de aislamiento en que la dejó el agresor», concluye la especialista.

Nélida

«Mi mamá prefiere no sacarse fotos. Todavía siente vergüenza por lo que le pasó», cuenta Belén, la hija menor de Nélida. No debería sentir pudor: ella no es culpable de la violencia que sufrió tantos años. Porque no fue sólo el ataque feroz del 5 de noviembre de 2013. Fueron años de malos tratos; para ser más precisas, 37 años.

Cada semana Nélida concurre a un grupo de sobrevivientes de violencia de género que ofrece La Casa del Encuentro. Cuenta que se casó a los 18 años con el padre de sus cinco hijos, Rogelio Pedro Piciochi, y desde entonces, la relación estuvo signada por la violencia machista. No sólo la sufrió ella. También los chicos. «Como es sabido, las mujeres que padecemos violencia de género, por temor y terror de perder la vida, lamentablemente no podemos denunciar todas las agresiones, porque cuando volvemos, en el hogar nos espera el agresor», dice, como si tuviera que dar explicaciones por los años que permaneció junto a su verdugo. Por eso no denunció oportunamente todas las agresiones: «Golpizas durante los embarazos hasta el desmayo, amenazas con picana eléctrica, dormir amenazada por mi ex esposo con un arma debajo de la cama, entre otras prácticas de extrema violencia y tortura que padecí. Todas quedaron en la esfera privada y las pocas que fueron denunciadas, la Justicia las archivó», señala. Porque Nélida en algunas circunstancias denunció a su marido, pero, efectivamente, las denuncias no prosperaron. Como suele suceder cuando la Justicia no escucha la voz de las víctimas y protege a los agresores. «Desde el último desgraciado hecho de violencia que me ocasionó lesiones graves y casi me cuesta la vida, tuve que huir de mi pueblo, más que con lo puesto», recuerda. Su hija Belén, que vive en la ciudad de Buenos Aires, la ayudó a alquilar una pieza. Pero se vio obligada a dejar su trabajo -tiene cargo de vicedirectora titular y se desempeñaba como directora- y a alejarse del resto de su familia: su madre de 83 años, otros hijos y nietos que viven en Sauce. «Siempre tuve la sospecha lamentablemente de que no se iba a hacer justicia. Vivo con miedo de que mi ex marido termine con mi vida», sigue Nélida. Piciochi es jubilado y se dedica a la compra y venta de ganado, dice su hija. A pesar de que la agresión fue acreditada en la causa judicial, el juez Martín Vega, de Curuzú Cuatiá, Corrientes, lo dejó en libertad el 12 de septiembre de 2014, tras diez meses de cárcel, al considerar que no era responsable de sus actos al momento del intento de femicidio. Estaba acusado además de provocarle lesiones graves a su esposa. «Por falta de recursos no tuvimos abogado particular y confiamos en el fiscal Alberto Esper, pero no lo acusó», contó a Página/12 Belén. El imputado «declaró que había tomado alcohol y una pastilla para la diabetes. Sin más prueba que su relato y la constancia emitida por el médico actuante, que informa en la causa que «presenta aliento etílico», fue declarado inimputable, aunque tenía varios antecedentes de denuncias que mi mamá le había hecho y otras mujeres, incluida una amante, también, por violencia, todas causas que fueron archivadas», apunta Belén. «Además, si es inimputable debería estar en un neuropsiquiátrico. Pero está en su casa», agregó la hija. Los expedientes a los que se refiere son los siguientes:

– Nº 14.086/ 89 «Piciochi Rogelio Pedro p/Lesiones Leves / Sauce», se archiva en 1993.

– Nº 14.356/90 «Piciochi Rogelio Pedro p/abuso de armas -Imoberdoff Ernesto p/ Agresión con toda arma -Sauce», se archiva en 1995.

– Nº 18.260/96 «Piciochi Rogelio Pedro p/ abuso de armas Sauce», se archiva en 1996.

– Nº 18.338/96 «Solís Ramón Enrique s/denuncia, Curuzú Cuatiá», se archiva en 1996.

– Nº 18.514/96 «Cardozo Gladis Isabel p/lesiones leves – Sauce», se archiva 1997.

– Nº 18.714/96 «Piciochi Rogelio Pedro p/violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad agravada en razón del modo y por el vínculo y lesiones leves en curso real-Sauce y su acumulado nº 18716/96 «Piciochi Rogelio Pedro/Lesiones Leves – se remite a la Exma. Cámara en lo Criminal de Paso de los libres y luego se extingue.

Ante tanto atropello e impunidad de parte de la Justicia, Nélida pidió ser querellante en la causa, pero la Cámara de Apelaciones de Corrientes rechaza su recurso porque sostiene que no se presentó en los plazos previstos. Desesperada, Nélida envió una carta al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes para que sea revisado su caso -que es el expediente 5670/13-, pero todavía no obtuvo respuesta. Tampoco recibió una respuesta favorable del ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, donde está pidiendo que acepten su traslado como vicedirectora titular para poder seguir trabajando lejos de su agresor.

Karina

«Me siento presa. El está libre y yo vivo encerrada por temor a que me vuelva a atacar y me mate», dice Karina. Su marido, Gustavo Javier Albornoz, le prendió fuego el 1º de enero de 2014. Antes de ese intento de femicidio, ella había hecho 15 exposiciones en la comisaría por la violencia que venía sufriendo en su hogar. Pero él sigue en libertad y hostigándola. El juicio por el intento de femicidio agravado por el vínculo, que estaba previsto que comience en octubre, fue postergado hasta abril próximo. Albornoz estuvo detenido 33 días, entre febrero y marzo de 2014, hasta que sus abogados consiguieron la excarcelación.

«Desde los primeros meses del matrimonio empezó a maltratarme», recuerda Karina. Estuvieron casados 15 años. En esos años, «varias veces me fui de mi casa. Pero él hacía el trabajo fino de hacerme creer que iba a cambiar. Yo empecé a hacer terapia. Intenté llevarlo a él, pero no quería y decía que la que tenía problemas era yo. La otra cosa que me retenía era que trabajábamos juntos y no quería que me pase lo que finalmente estoy viviendo hoy: por faltar los seis meses que estuve internada me echaron», relata Karina. Trabajaba como empleada administrativa en una empresa que fabrica equipamiento médico y odontológico, en la misma firma que su ex. Hoy el mantiene su puesto y ella está desempleada. «Yo estaba en negro, 20 años en negro. A tal punto que cuando sufrí el ataque estuve los primeros cuatro días en el Hospital Eva Perón de Merlo, pero no estaban especializados en quemados y mis empleadores tuvieron que pagar bastante para que me ingresaran en una obra social y me aceptaran en una clínica de Laferrere porque no había lugar en el Hospital del Quemado», contó a este diario Karina. Hacía dos años que venían hablando de separarse, pero él la atemorizaba diciéndole que se iba a quedar sin casa ni trabajo. Perdió el trabajo de la peor manera: hospitalizada, quemada por el fuego que él le prendió. Las heridas son visibles: en su rostro, en el cuello, en los brazos. Después de que le prendiera fuego, la Justicia lo excluyó del hogar. Pero paradójicamente «porque la vivienda está a mi nombre porque estábamos legalmente casados no puedo conseguir un subsidio» y «para que me den una pensión o una jubilación provisoria me dijeron que tengo que tener el 66 por ciento del cuerpo quemado y tengo el 55 por ciento nada más», dice ella, y reafirma las dos últimas palabras: nada más.

Hace un mes fue sometida a la segunda operación reconstructiva. Dice que tiene por delante cinco años de cirugías. «Mientras estoy internada me dan los medicamentos, pero después los tengo que comprar yo, y no tengo dinero», dice. Mayormente vive con su hermana Carolina en Tortuguitas, porque se siente más protegida que en su propia casa, en Merlo. Carolina la está ayudando económicamente. La causa fue elevada a juicio por el TOC Nº 1 de Morón.

Ellos, los agresores, están libres. Ellas, las víctimas, presas del terror.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-286679-2015-11-22.html