Mirando hacia atrás al proceso de paz en Sudáfrica, nos damos cuenta de cómo fuerzas opuestas maniobraron para alcanzar sus metas, y nos preguntamos: ¿qué hizo el movimiento de liberación para construir «paz con dignidad»?, ¿cómo contrarrestó el régimen estos movimientos?, ¿qué pudimos y debimos haber hecho para alcanzar nuestros objetivos? Mandato de los Pueblos […]
Mirando hacia atrás al proceso de paz en Sudáfrica, nos damos cuenta de cómo fuerzas opuestas maniobraron para alcanzar sus metas, y nos preguntamos: ¿qué hizo el movimiento de liberación para construir «paz con dignidad»?, ¿cómo contrarrestó el régimen estos movimientos?, ¿qué pudimos y debimos haber hecho para alcanzar nuestros objetivos?
Mandato de los Pueblos
En 1956, el Congreso Nacional Africano (CNA) celebró un Congreso del Pueblo, para definir los objetivos de la lucha contra el apartheid. La «Carta de la Libertad» adoptada allí estableció los principios fundamentales del movimiento de liberación: el pueblo debe gobernar, la tierra debe pertenecer a los que la trabajan, debe haber trabajo y seguridad, vivienda digna y confort, y el pueblo debe compartir la riqueza del país. La lucha por la liberación sostuvo este mandato mediante la movilización, la resistencia popular y la lucha armada durante casi medio siglo de represión, prohibición, cárcel y muerte ocasionados por el apartheid.
Terminar la guerra. A finales de la década de los 80, las fuerzas de liberación (formadas por un movimiento popular a nivel nacional, el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano en el exilio y sus fuerzas de guerrilla) habían interrumpido sus procesos de articulación en «el escenario común», pese a que no eran lo suficientemente fuertes como para hacerse con el poder político. La violencia de la represión estatal costó numerosas vidas al movimiento, por lo que detener la violencia y construir paz era leído como una nueva oportunidad (más allá de la resistencia) para poner fin a la represión básica del apartheid. Por su parte, el régimen del apartheid y sus partidarios internacionales sabían que tenían que detener la guerra de liberación, desmovilizar al movimiento popular y establecer un estado «legítimo» para que los negocios y las ganancias estuvieran a salvo.
Detener la violencia, punto de común acuerdo
El gobierno del apartheid trató de mantener conversaciones con Nelson Mandela mientras éste estaba en prisión. El régimen esperaba llegar a un acuerdo con los líderes encarcelados, pero Mandela se negó: no iba a negociar soluciones en las que el pueblo no estuviera plenamente representado. A continuación, los empresarios liberales se pusieron en contacto con el CNA en el exilio. Comenzaron las «conversaciones sobre las conversaciones» para establecer cómo llevar a las partes a una mesa de negociación: los dirigentes exiliados sostuvieron que los líderes encarcelados debían ser liberados, los exiliados debían retornar para participar del proceso, y se debía acordar un alto el fuego.
Sabemos ahora que el movimiento de liberación no se dio cuenta que estas «conversaciones sobre las conversaciones» permitieron a los empresarios establecer contactos con los combatientes por la libertad que más tarde conformarían el nuevo gobierno. En efecto, las raíces de la corrupción germinaron en esta etapa inicial, cuando los líderes del movimiento de liberación comenzaron a identificar los caminos hacia el poder.
«Alto el Fuego»
En febrero de 1990, el Estado del apartheid liberó a Mandela y a otros líderes encarcelados manteniendo a los cuadros menos conocidos en la cárcel. Concedieron una amnistía temporal para que los exiliados pudieran participar en las conversaciones y derogaron algunas de las leyes del apartheid más odiadas, a la vez que sostuvieron las divisiones racistas básicas vigentes. El CNA acordó el alto el fuego, y se dio inicio a las negociaciones formales. Sin embargo, la policía y los militares se mantuvieron armados y operativos, mientras que los ejércitos de liberación fueron restringidos a bases localizadas en Estados vecinos. Los combatientes por la libertad que actuaban en el interior del país aún eran perseguidos, detenidos y asesinados.
Vigilantes. Las fuerzas militares del apartheid armaron vigilantes, similares a la «contra» en Nicaragua y El Salvador. Los vigilantes atacaban a comunidades negras movilizadas. Su objetivo eran los compañeros y dirigentes sindicales y de movimientos sociales alineados con el CNA. Testigos, e incluso fotografías, muestran a la policía escoltando a los vigilantes en las masacres de personas. A lo largo del proceso de paz (1990-1994) se estima que 40.000 personas perdieron la vida. Cuando las comunidades formaron unidades de resistencia armada para protegerse, el régimen envió al ejército y a la policía para restablecer el orden y reprimir aún más dichas comunidades. Esta violencia culminó en el asesinato de Chris Hani, comandante militar del CNA y líder del Partido Comunista de Sudáfrica, el 10 de abril de 1993.
La lección. Un alto el fuego debe ser cumplido por todas las partes. Dejar que las fuerzas estatales reaccionarias puedan hacer uso de las armas es una receta contrainsurgente para dañar la movilización de masas y debilitar la condición del movimiento de liberación en las negociaciones.
Negociaciones. Con un alto el fuego vigente y la represión continua contra el movimiento de masas, los «actores principales», el Estado y los partidos (blancos) por un lado, y los líderes políticos del movimiento de liberación por el otro, iniciaron las negociaciones formales para perfilar el Estado post-apartheid (de 1990 a 1993). Se pidió a las organizaciones de base de la sociedad civil que hicieran sugerencias, pero no se les concedió una voz directa en las negociaciones. No obstante, un equipo de la Universidad de Harvard (en EE.UU.) ayudó a dar forma a los acuerdos finales. En opinión del politólogo Mahmood Mamdami este procedimiento «subordinaba el proceso democrático a un acuerdo entre las cúpulas».
En las negociaciones, el CNA exigió un gobierno elegido democráticamente de acuerdo con la lógica de «un hombre un voto, en una Sudáfrica no racial, no sexista y unida». Era evidente que en unas elecciones libres la mayoría negra (más del 80 por ciento de la población) abrumadoramente elegiría a Nelson Mandela y al CNA. Después de estas elecciones, se suponía, el gobierno democrático eliminaría las estructuras del apartheid e impulsaría las demandas de justicia social y económica.
El régimen propuso que la institucionalidad existente integraría un «cogobierno» de transición con líderes representantes de la población negra y el poder dividido de tal manera que los funcionarios del antiguo régimen pudieran bloquear los cambios sociales.
La lección. En cada etapa del debate, la negociación y el compromiso, el movimiento popular debe tener pleno acceso y posibilidad de aporte; no importa lo honestos, heroicos y bienintencionados que nuestros líderes sean, nadie debe ser puesto en posición de «tomar decisiones sobre nosotros, sin nosotros».
Desmovilización del movimiento popular
Mientras que los líderes participaban en las negociaciones, el movimiento de masas en el territorio fue progresivamente marginado, hasta ser desmovilizado. Por un lado, los ataques de vigilantes y la represión del estado devastaron las estructuras comunitarias; pero, por otro, el CNA se reestructuró como un partido político legalizado y disolvió el «Frente Unido Democrático» (la coalición de organizaciones del movimiento social alineadas al CNA), pidiendo a sus partidarios trabajar para obtener el voto en las elecciones venideras.
La lección. Deberíamos haber trabajado para construir más movilización de masas y participación en todos los niveles durante el periodo de negociaciones, en lugar de desmantelar las estructuras existentes en el territorio.
Compromiso
Con el tiempo, las partes acordaron el compromiso de nombrar a un «ejecutivo de transición» interino con poder compartido, que gobernaría durante un período limitado. El gobierno interino supervisaría las elecciones nacionales para elegir un nuevo gobierno y una asamblea constituyente. Para llegar a este compromiso, el CNA asumió algunas garantías, llamadas «cláusulas de extinción» que limitaban lo que el posterior gobierno electo podía hacer. Algunas de estas garantías establecían que:
- Los funcionarios del antiguo régimen conservarían sus puestos de trabajo en el nuevo gobierno. Esto implicó que los funcionarios del antiguo régimen se convirtieran en responsables de implementar los cambios, a lo que sistemáticamente se negaban.
- Los miembros de las fuerzas armadas y la policía del antiguo régimen también se mantendrían en sus puestos con el nuevo gobierno electo.
- La nueva Carta de Derechos establecía que la protección de la propiedad privada era un «derecho humano fundamental». La demanda de la lucha de liberación de redistribuir la tierra de los «nativos» que fue tomada por los colonos blancos durante el colonialismo y más tarde, durante los desplazamientos del apartheid, no fue considerada un derecho humano fundamental.
Este compromiso fue promovido y acogido por las fuerzas neoliberales en todo el mundo desarrollado, por las empresas transnacionales y las Naciones Unidas.
La verdad y la reconciliación, la justicia, la amnistía y la impunidad. El nuevo gobierno de Sudáfrica estableció una Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), también con el aplauso internacional. Las directrices para la CVR fueron acordadas durante las negociaciones: los supervivientes y víctimas de violaciones graves a los derechos humanos recibirían reparación por parte del Estado; los autores materiales recibirían amnistía una vez realizado el recuento completo y veraz de sus violaciones[1].
Muchas de las víctimas y supervivientes sienten hoy que el proceso de la CVR fue defectuoso. Muchas personas nunca acudieron a la CVR. Se estima que más de 85.000 personas cumplían con las condiciones establecidas para ser consideradas como víctimas y supervivientes de abusos de derechos humanos, pero la CVR recibió el testimonio de sólo 21.000, y acordó la reparación de 16.000. El gobierno pagó menos de la mitad de la cantidad de dinero que la CVR sugirió entregar en concepto de reparaciones. Muchos de los autores materiales de las violaciones (en especial funcionarios de alto nivel del gobierno del apartheid, oficiales policiales y militares) se negaron a declarar, o sólo relataron lo que ya era de conocimiento público. La CVR concedió la amnistía solamente a 849 personas. Sin embargo, el Estado no enjuició a aquellos que no recibieron la amnistía y continuaron con sus vidas inmutables. Viendo esto, muchas de las víctimas y supervivientes sienten que la CVR «montó un espectáculo», pues los responsables nunca fueron llevados ante la justicia. El proceso de la CVR garantizó la impunidad a los autores.
De igual modo, tanto la CVR como el nuevo gobierno no hicieron responsables a las empresas transnacionales que apoyaron el apartheid.
El nuevo gobierno no ha cumplido con las exigencias de la lucha de liberación. Casi veinte años después, las exigencias de la lucha de liberación no han sido satisfechas. Hoy en día, los incondicionales de la lucha (incluyendo a algunos en el nuevo gobierno) hablan de una revolución en dos fases. Llevar al movimiento de liberación al frente de un gobierno democrático constituyó la primera fase. El debate continúa sobre la forma en que debemos trabajar de cara a la segunda fase, para poner en práctica la justicia social, la igualdad y la dignidad. ¿Puede el gobierno actual hacer eso, o debemos reconstruir el movimiento de masas?
Judy Seidman es activista social y cultural, y representante del movimiento Khulumani Support Group de Sudáfrica.
Traducido para Pueblos-Revista de Información y Debate por Iving Zelaya Perdomo.
Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.
NOTAS:
- Esto era esencial para que los funcionarios del antiguo régimen pudieran permanecer en sus puestos de trabajo con el nuevo gobierno.