Entre 1,8 y 3,6 millones de ciudadanos y ciudadanas que sí votaron no estarán representados correctamente en el próximo Congreso de los Diputados salido de los comicios generales del 9 de Marzo, según se desprende de los primeros análisis realizados a partir del coste de voto medio ponderado obtenido con los resultados de las formaciones […]
Entre 1,8 y 3,6 millones de ciudadanos y ciudadanas que sí votaron no estarán representados correctamente en el próximo Congreso de los Diputados salido de los comicios generales del 9 de Marzo, según se desprende de los primeros análisis realizados a partir del coste de voto medio ponderado obtenido con los resultados de las formaciones políticas que ocuparán asiento parlamentario y de las que también debieran hacerlo ateniéndonos al porcentaje de votos recibidos y tomando a España como circunscripción única a efectos de reparto estrictamente proporcional. En términos cuantitativos, unos 27 diputados/as, casi un 8 por ciento del total de 350, no representarán técnicamente a nadie (15 del PSOE y 12 del PP), por lo tanto, idéntico número de candidatos/as anónimos serán extraparlamentarios gracias a la Ley Electoral vigente.
No obstante, la distorsión más sobresaliente es que a la candidatura de Izquierda Unida (IU) el acta de diputado le sale más caro que a ninguna otra, unos 500.000 votos por bancada parlamentaria, mientras que para el Partido Nacionalista Vasco (PNV), ese mismo acta es pura ganga, diez veces inferior (50.000 sufragios). La inversión requerida para obtener escaño oscila para los restantes partidos y coaliciones con banco legal en el Congreso entre los 62.000 votos por diputado de NaBai y los 299.000 de UPyD. PSOE, PP y CiU precisan entre 63.000 y casi 74.000 votos por escaño; por su parte, ERC ha de realizar un esfuerzo de 94.000 sufragios y BNG de 102.000. En resumen, los grandes beneficiados del sistema electoral en vigor son PNV, PSOE, PP y CiU, y los mayores perjudicados con enorme diferencia, IU, UPyD, BNG y ERC, a los que habría que añadir a Coalición Andalucista (CA), Eusko Alkartasuna (EA), Ciutadans, Chunta Aragonesista (CHA) y Aralar, que al menos, deberían estar representados con un diputado/a en el nuevo Congreso, y que por aplicación de la legislación electoral se les niega la voz que la legitimidad proporcional sí les hubiera otorgado.
Siguiendo el camino de la proporcionalidad ausente, si sumamos a la abstención los votos en blanco (23,56 por ciento en conjunto), el Congreso de Diputados de la nueva legislatura tendría 82 escaños vacíos en «representación» de los electores con derecho a votar y que no lo hicieron más lo que sí se acercaron a las urnas pero no se decantaron por ninguna formación política. Juntando a los votos de la abstención pasiva y activa los 27 diputados que no representan a nadie, obtenemos un total de 109 escaños de dudosa legitimidad democrática e intachable legalidad, es decir, casi un tercio del hemiciclo (31,14 por ciento).
Recordemos que el cómputo oficial de las elecciones ha arrojado los siguientes guarismos: PSOE, 169 diputados, PP, 154, CiU, 10, PNV, 6, ERC, 3, IU, 2, BNG, 2, Coalición Canaria (CC), 2, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), 1, y Nafarroa Bai (NaBai), 1. Tomando los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior con el 97,31 por ciento del voto escrutado (sin incluir los votos de los emigrantes), en los que hemos basado el presente análisis, el resultado proporcional de las elecciones hubiera sido como sigue: PSOE, 154 diputados, PP, 142,, IU, 15, CiU, 12, PNV, 6, UPyD, 5, ERC, 5, BNG, 3, CC, 2, CA, 1, NaBai, 1, EA, 1, Ciutadans, 1, CHA, 1, y Aralar, 1. Para obtener este cuadro aproximativo final hemos adjudicado un diputado extra a PSOE, PP, IU, CiU y PNV, ya que quedaban cinco escaños sueltos que tal vez hubiesen recaído en otras formaciones no contempladas en el cuadro global de votos emitidos del Ministerio del Interior al que antes hacíamos referencia.
Primeras conclusiones…
Uno. El resultado de las elecciones no es reflejo exacto (o proporcional) de la voluntad popular. Según los parámetros que se utilicen para su cálculo, las distorsiones abarcan una horquilla que va del 7,7 por ciento (escaños extras hurtados por los dos grandes partidos mayoritarios a IU, CiU, UPyD, ERC, BNG, CA, EA, Ciutadans, CHA y Aralar) al 31,14 por ciento (asientos vacíos por voluntad activa o pasiva del cuerpo electoral).
Dos. La formación política más perjudicada con el sistema de adjudicación de escaños en vigor es, sin ningún género de dudas, Izquierda Unida, que obtiene 13 actas de diputados menos de las que según su peso electoral real les hubiera correspondido, es decir, unos 800.000 votantes de IU han sido expulsados legalmente del Congreso en sentido literal merced a la Ley Electoral del Estado español.
Tres. El sistema de reparto de escaños no es neutral: quiere el bipartidismo moderado, con claros guiños a los nacionalismos de derechas de Catalunya y Euskadi.
Cuatro. Con la Ley Electoral en la mano, la pluralidad se restringe a 10 formaciones políticas, mientras que con la proporcionalidad estricta este factor simbólico se abriría a 5 candidaturas mas, pasando a ser 15 los partidos y coaliciones parlamentarios representados en la Cámara Baja de las Cortes.
Cinco. La hegemonía por provincias o circunscripción electoral de PSOE y PP es absoluta: o gana uno o el otro, cerrándose la posibilidad de victoria a terceras alternativas que pusieran en cuestión el bipartidismo imperante. Asimismo es de resaltar, que el voto rural y las provincias menos pobladas cuentan con una sobrerrepresentación notable frente al voto urbano y el de las localidades industriales.
… y tres preguntas intencionadas
1. ¿Qué gana la izquierda política y social con la Ley Electoral en vigor?
2. ¿Tendrían algo que decir al respecto la clase trabajadora y sus legítimos representantes sindicales?
3. ¿Sería conveniente abrir el debate y dar cauce a la iniciativa popular para cambiar el sistema electoral vigente?
Resulta obvio a partir de lo expuesto que la manida fórmula liberal aviesamente igualitaria en la forma de «un hombre, un voto» no va con la democracia en España. Y eso sin entrar a discutir la parcialidad evidente de los grandes medios de comunicación y la financiación oculta y oficial interesada que prima a los partidos mayoritarios y apéndices nacionalistas periféricos.
Para contestar a las respuestas planteadas con rigor solo es necesaria una condición previa: ir un paso intelectual más allá de lo políticamente correcto.