Solo 20 consorcios proveedores reciben el 40 por ciento del presupuesto federal estadounidense, entre los cuales se encuentran en primera línea las armamentistas Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, y General Dynamics, quienes extraen sus principales beneficios de los programas espaciales y de la guerra contraterrorista de Bush, según un informe de Project on Government Oversight (POGO).
En su último informe Project on Government Oversight (POGO, Proyecto de Supervisión Gubernamental), un grupo con sede en Washington que vigila el gasto militar, señaló que, entre enero de 1997 y mayo de de 2004, solo 20 grandes proveedores recibieron más del 40 por ciento de los 244.000 millones de dólares en contratos del gobierno federal estadounidense. Entre los consorcios que se benefician en primer lugar de esta práctica tolerada se cuentan Lockheed Martin, que emplea a 57 ex altos funcionarios estatales; la gigante aeroespacial Boeing, con 33; Northrop Grumman, contratista de la Fuerza Aérea, con 20; Raytheon, con 23, y General Dynamics con 19.
Según el informe, titulado La política de la Contratación,«la puerta giratoria se ha vuelto un elemento tan aceptado de la contratación federal en los últimos años que resulta difícil determinar dónde termina el Estado y dónde comienza el sector privado».
En los últimos años se acentuaron los casos de altos militares y funcionarios de la administración estadounidense que luego de abandonar sus cargos pasan a desempeñarse como ejecutivos o lobbistas de los grandes proveedores privados, sobre todo en el ramo de las empresas armamentistas del área de Defensa.
Según un artículo del investigador estadounidense William D. Hartung en el año fiscal 2002, los tres más grandes fabricantes de armas recibieron un total mayor a los 42.000 millones de dólares en contratos del Pentágono, de los que Lockheed Martin obtuvo 17.000 millones, Boeing 16.000 millones y Northrop Grumman 8.000 millones. (Ver:Bush y el negocio de la «guerra contra el terrorismo»).
Los tres grandes consorcios armamentistas obtuvieron jugosos contratos y ganancias del proyecto espacial de Bush para colonizar la Luna y enviar una misión tripulada a Marte, que son la punta de lanza de una nueva carrera armamentista en el espacio.
William D. Hartung sostiene que los tres grandes consorcios armamentistas (Lockheed Martin, Boeing, y Northrop Grumman) tienen conexiones con otras numerosas fuentes de contratación federal para todo, desde seguridad aeroportuaria hasta vigilancia doméstica, en nombre de lo que hoy la Casa Blanca nombra GWOT (Global War on Terrorism), guerra global contra el terrorismo.
El presupuesto total de 20.000 millones de dólares que Lockheed Martin recibe anualmente es más de lo que se gasta en un año promedio en el más vasto proyecto de bienestar social federal, el programa de asistencia temporal a familias necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families),destinado a familias que viven por debajo de la línea de la pobreza.
Según POGO el actual sistema de contratación pública permite a actuales y ex funcionarios públicos utilizar su posición para obtener beneficios económicos mediante poderosos proveedores privados, y posibilita que arreglen el sistema a su favor.
Asimismo, POGO reveló 291 casos en que 244 funcionarios estatales de alto nivel se trasladaron al sector privado para desempeñarse como lobbistas, miembros de directorios o ejecutivos de los contratistas.
Al menos un tercio de los ex altos funcionarios públicos que desempeñan cargos ejecutivos en empresas proveedoras del gobierno ocuparon altos cargos que les permitían influir en las compras del Estado, y las normas de responsabilidad pública no resultan suficientes para controlarlos, señala el informe.
«En general, las leyes de puerta giratoria no se aplican a los más altos planificadores políticos, que son los que tienen mayor poder en la elaboración de programas y políticas que benefician a los contratistas», afirma el documento.
POGO puso como ejemplo a Richard Perle, quien fuera secretario adjunto de Defensa bajo el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) y miembro entre 1987 y 2004 de la Junta de Políticas de Defensa, la que presidió de 2001 a 2003.
Hasta el momento de su renuncia Richard Perle fue un destacado integrante del llamado lobby israelí del Pentagono sostenido desde la trilogía de poder del Pentágono conformada por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el subsecretario Paul Wolfowitz , y Douglas J. Feith, el tercer funcionario en jerarquía del área. (Ver El lobby judío del Pentágono).
Según el informe de POGO, Perle renunció a la presidencia de la Junta en marzo de 2003, en medio de una controversia por conflictos de interés entre su cargo público y su trabajo como consultor de la firma de telecomunicaciones Global Crossing Ltd., que posteriormente quebró.
En el verano de 2003, Perle apoyó la adquisición de 100 aviones cisterna de Boeing, que finalmente se concretó por 27.000 millones de dólares. El año anterior, Boeing había prometido invertir 20 millones de dólares en la empresa de capitales de riesgo de Perle, Trireme Partners, señala el informe. Hartung, quien es investigador del Instituto de Política Mundial en la Universidad New School de Nueva York, señala que en el año 2001 Boeing patrocinó la comida anual del Instituto Judío de Asuntos de Seguridad Nacional, reducto neoconservador con el que tuvo vínculos cercanos el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, antes de ingresar al gobierno republicano de Bush.
Los invitados de honor fueron los secretarios de tres ramas militares: Roche, de la fuerza aérea; el secretario de Marina, Gordon England (antes en la empresa General Dynamics), y el secretario del Ejército, Thomas White (antes en Enron). El anfitrión de la noche fue el jefe de la oficina de Boeing en Washington: Rudy de Leon.
Roche no tuvo pelos en la lengua para decir que parte del punto era arrojarle algo de dinero a Boeing para que se mantuviera saludable. Lo que ustedes y yo veríamos como «rescate» la gente del Pentágono le llamaba «mantener la base industrial para la defensa».
Richard Perle, entonces miembro de la Junta de Políticas de Defensa y amigo personal de Rumsfeld, escribió un artículo en favor del trato para el Wall Street Journal, pero sólo después de que Boeing invirtiera 20 millones en Trireme, empresa de inversiones de Perle.
Otro ejemplo citado en el informe de POGO es el de Darleen Druyun, quien supervisó y dirigió el programa de adquisiciones de armas de la Fuerza Aérea y luego atravesó la puerta giratoria para convertirse en subgerente general del departamento de sistemas de misiles de Boeing.
POGO solicitó al Congreso de EEUU que legisle leyes mediante las cuales se prohíba que quienes ocupan altos cargos y elaboran normas y procedimientos puedan ser contratados por empresas proveedoras del Estado que se beneficiaron de las políticas formuladas por esos funcionarios.
Según el grupo investigador independiente, los informes sobre estos casos están concitando el interés del Congreso estadounidense. El senador del Partido Republicano en el poder, John McCain, presidirá las audiencias, a mediados de julio, en la s cuales se efectuará la primera revisión de la práctica de la puerta giratoria en casi una década.
El informe de POGO alertó sobre la presencia de legisladores de ambas cámaras en esa prácticas. Al menos dos tercios de ex congresistas que hacen o hicieron «lobby» para alguno de los 20 mayores proveedores del Estado, y han integrado comisiones que aprobaron asignación presupuestaria, programas o fondos para las empresas por las cuales luego fueron contratados.
«Es hora de que el Congreso ponga el pie en la puerta giratoria para detener los conflictos de interés», señaló Scott Amey, asesora general de POGO.
«Las brechas legales deben cerrarse, las leyes de ética deben simplificarse, y todo el proceso debe abrirse al escrutinio público», señaló la investigadora.