Los cuatro magistrados del Apocalipsis parecen decididos a enterrar la democracia estadounidense bajo el dinero de las grandes empresas. La empresa global, la institución más poderosa de la historia de la humanidad, está en condiciones de hacerse definitivamente con nuestro sistema electoral. De hecho podría ocurrir muy pronto: mientras el país debate amargamente en torno […]
Los cuatro magistrados del Apocalipsis parecen decididos a enterrar la democracia estadounidense bajo el dinero de las grandes empresas. La empresa global, la institución más poderosa de la historia de la humanidad, está en condiciones de hacerse definitivamente con nuestro sistema electoral. De hecho podría ocurrir muy pronto: mientras el país debate amargamente en torno a la reforma del sistema de salud, la guerra y la energía, los magistrados del Tribunal Supremo John Roberts, Antonin Scalia, Sam Alito y Clarence Thomas, podrían llevar la cuestión al centro del debate jurídico. Sólo les hace falta conseguir el voto del quinto magistrado necesario para que el dinero privado pueda fluir a su antojo en las campañas electorales. De este modo, el Tribunal pulverizaría un siglo de intentos judiciales y legislativos dirigidos a limitar la posibilidad de que las grandes empresas puedan comprar leyes y decisiones jurídicas a voluntad. El tsunami de dinero privado que se generaría podría convertir cada elección en una suerte de subasta de títeres en la que sólo resultarían elegidos aquellos candidatos capaces de arrastrarse de manera más efectiva a los pies de los principales grupos de presión.
En realidad, nada esto difiere en mucho de lo que ya tenemos. Las barreras erigidas contra el señorío del dinero en el sistema electoral han resultado ser sorprendemente inefectivas. Hace un siglo, en cambio, sí se llegó a impedir que las empresas financiaran directamente las campañas políticas. Muchos de los requisitos a su actuación fueron mantenidos por los tribunales, al menos hasta que los barones del dinero comenzaron a propagarse como un cáncer en las más poderosas maquinarias electorales. El efecto de estas restricciones, incluida las contempladas en la ley McCain-Feigold, es forzar a las empresas, al menos, a contratar algunos abogados, contables y tertulianos de televisión para que ejerzan presión por ellas.
Pero incluso esto puede resultar demasiado para el sector pro-empresa del Tribunal Supremo. El juez John Roberts, de hecho, debe estar acelerando el pronunciamiento del Tribunal sobre el caso Citizen United v. Federal Election Comission, referido a un documental de campaña financiado por grandes grupos económicos en el que se ataca a Hillary Clinton. Según la versión del Washington Post, durante las alegaciones orales «la mayoría de miembros del Tribunal se mostró incómoda con una legislación federal cada vez más complicada y dirigida a restringir el papel de las empresas, los sindicatos y ciertos grupos de interés en las elecciones». El ex Procurador General Theodore B. Olson, quien en 2000 «persuadió» al Tribunal para que detuviera un recuento de votos en Florida y aupó de ese modo a George W. Bush a la Casa Blanca, declaró que dichas leyes «dejaban sin aire» a la Primer Enmienda y «criminalizaban» la libertad de expresión.
La conservadora Banda de los Cuatro ya ha sido, en realidad, secundada por el magistrado Anthony Kennedy -voto bisagra del Tribunal- en su propósito de revisar dos decisiones anteriores favorables a leyes que prohíben a las empresas la financiación directa de las campañas electorales.
Al ser confirmado como presidente del Tribunal, Roberts se comprometió ante el Senado a no revisar ningún precedente judicial importante. Sin embargo, los signos de la traición son tan claros que los senadores John Mc Cain y Russell Feingold han realizado declaraciones personales en las que advierten a Roberts de que un asalto radical en las leyes de financiación de las campañas sería considerado una ruptura de confianza con el órgano legislativo que confirmó su nombramiento.
La magistrada progresista Ruth Bader Gisnburg sí mantuvo durante las alegaciones que «una empresa, después de todo, no ha sido dotada por su creador con derechos inalienables». Desde 1880, sin embargo, los tribunales han reconocido a las empresas derechos humanos sin responsabilidades humanas. Thom Hartmann -en Unequal Protection- y Ted Nace -en su libro Gangs of America- han mostrado con rabioso detalle cómo los abogados de las grandes empresas han distorsionado la Enmienda Catorce, pensada para proteger los derechos de los esclavos liberados, convirtiéndola en un arma legal que permite someter a mamporros al proceso democrático.
Defensores de derechos como Floyd Abrams y la American Civil Liberties Union han venido a sostener algo así como que privar a mega-corporaciones que operan sobre la base del dinero y la codicia de su «derecho» a comprar elecciones podía entrar en colisión con la Primera Enmienda. La contradicción entre los derechos humanos y el poder de las empresas es sin embargo la clave del cáncer que está matando nuestra democracia. Ya en 1815 Thomas Jefferson se sumó a las advertencias de Tom Paine contra el poder de la «aristocracia del dinero». En 1863, el propio Abraham Lincoln, por entonces defensor de los ferrocarriles, comparó los males del poder empresarial con los de la esclavitud. A finales de 1870, por su parte, Rutherford B. Hayes, beneficiario de hecho de una elección amañada, lamentó la existencia de un gobierno «de, por y para las empresas».
En sus primeras épocas, las empresas estadounidenses -no superaban las seis en tiempos de la Revolución- requerían para actuar autorización de los Estados. Dicha autorización contemplaba restricciones respecto del tipo de negocio que podían desarrollar así como del ámbito en el que podían hacerlo. Tras la Guerra civil, estas restricciones fueron eliminadas. Como Richard Grossman y el Proyecto sobre «Derecho empresarial y Democracia» han mostrado, la elástica categoría de empresa autorizada ha dado lugar a una institución mutante cuyo poder económico ilimitado ha transformado el planeta. Dicho de manera sencilla: al operar sobre la única base del beneficio propio, las empresas globalizadas se han convertido en las instituciones más poderosas de la historia de la humanidad, superando con mucho, en riqueza y capacidad de control de todos los entresijos de la vida económica y cultural, el papel que alguna vez tuvieron los antiguos emperadores, los señores feudales, los reyes, los dictadores e incluso las iglesias.
El Tribunal presidido por Roberts parece dispuesto a deshacerse de la moderada y casi inofensiva ley Mc Cain-Feingold sobre financiación de las campañas partidarias, así como del precedente establecido en el caso Austin, de 1990, en el que el Tribunal se pronunció a favor de la constitucionalidad de una ley estatal que prohibía a las empresas utilizar su poder económico para conseguir la derrota de un candidato concreto.
Scalia, Kennedy y Thomas ya votaron contra la ley Mc-Cain-Feingold en 2003, y nadie duda de que Roberts y Alito vayan a sumárseles. La única incógnita estriba en saber cuán amplio será el alcance del fallo. Después de todo, se trata del ala «conservadora» del Tribunal Supremo. Un sector cuyo líder intelectual, Antonin Scalia, acaba de defender la posibilidad de que ciudadanos injustamente condenados tengan que cumplir una pena de muerte incluso en caso de que nuevas pruebas confirman su inocencia.
Si nuestros peores temores se confirman, el torrente de dinero inyectado al proceso electoral podría arrasar con todo el sistema político. Con los principales medios de comunicación controlados por cinco grandes empresas y la totalidad de miembros del poder judicial, del legislativo y del ejecutivo a sus pies, ¿para qué consultar al pueblo?
«No estamos dispuestos a colocar los derechos derivados de la Primera Enmienda en manos de los burócratas de la Comisión electoral federal», dijo Roberts durante su argumentación oral. En cambio, parece bien dispuesto a ceder todos nuestros derechos a manos de un consejo de grandes barones cuyo poder económico global carece de precedentes.
Llegados a este punto, sólo la irreversible prohibición de toda financiación privada de las campañas electorales -vengan de empresas o de otras instituciones particulares- podría mantener a salvo la capacidad de la ciudadanía de a pie de hacerse oír. Allí donde se han utilizado, la financiación pública y las restricciones a la actuación privada han funcionado. De lo que se trataría, por tanto, es de rediseñar los estatutos de autorización de las empresas, prohibiéndoles toda actividad política y exigiéndoles una estricta rendición de cuentas en relación con su manera de tratar a los trabajadores o al medio ambiente, o de servir al bien común.
Fue al propietario de una de las primeras empresas transnacionales de este tipo -la Compañía de Té de las Indias Orientales- a quien nuestros ancestros revolucionarios echaron del Puerto de Boston. Esta vez, sin una revolución que elimine la personería jurídica de las grandes empresas y su «derecho» a comprar elecciones, corremos el riesgo de arrojar por la borda la ilusión de un gobierno libre. Esta temida e inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la financiación de las campañas políticas puede hacer más visible que nunca la contradicción existente entre el poder del dinero gran-empresarial y la democracia real. Eso, y sus consecuencias.
Harvey Wasserman es un periodista y activista estadounidense, miembro desde hace más de 30 años del movimiento anti-nuclear y a favor de energías verdes alternativas. Es autor, entre otras obras, de Solartopia!. Our Green- Powered Earth, A.D. 2030.
Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello