Los habitantes del Golfo de México reclaman al gobierno estadounidense atención médica y apoyo ante las enfermedades que está causando el derrame de combustible de la multinacional British Petroleum (BP).
El hidrocarburo comenzó a diseminarse el 20 de abril, cuando la plataforma de exploración Deepwater Horizon, que BP arrendaba a la firma suiza Transocean, sufrió una explosión y, dos días después, se hundió. Sólo en julio pudo detenerse el derrame.
En una reunión patrocinada esta semana por la comisión nacional que investiga el derrame, habitantes del lugar y líderes comunitarios expresaron sus serias preocupaciones por la crisis sanitaria que generó el desastre. «Hoy les voy a hablar sobre mi vida», dijo Cherri Foytlin a los dos integrantes de la comisión presentes en la reunión del día 12. «Mis niveles de etilbenceno son 2,5 veces los del percentil 95, y hay muchas posibilidades de que no pueda conocer a mis nietos… Lo que les pido ahora que hagan, de ser posible, es enmendar (su informe). Porque tenemos que recibir atención a la salud», agregó.
El etilbenceno es una forma de benceno que se hace presente en el organismo cuando comienza a descomponerse. También está presente en el crudo de BP. «He visto a niños pequeños con lesiones en todos sus cuerpos», dijo Foytlin, cofundadora de Gulf Change, una organización comunitaria con sede en Grand Isle, en el sudoriental estado de Louisiana. «Estamos muy, muy enfermos. Y los muertos están muertos. Así que en realidad no importa si los medios de comunicación vuelven, o si el presidente (Barack Obama) nos escucha, o si los trabajadores petroleros y los pescadores y quienes se dedican a la captura de cangrejos logran alimentar a sus bebés y tal vez tienen una buena Navidad el año próximo…», manifestó. Frances Beinecke, integrante de la comisión y presidenta del Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales, dijo que transmitiría sus preocupaciones a la Casa Blanca.
La comisión, designada por Obama, divulgó su informe final esta semana, luego de una investigación de seis meses sobre el peor desastre petrolero en la historia de la nación. El reporte recomendó una enorme puesta a punto de las fallidas prácticas de seguridad de la industria petrolera en el Golfo, así como la creación de una nueva agencia independiente para controlar las actividades de perforación.
Sin embargo, la mayoría de las 250 personas que estuvieron presentes en la reunión se centraron en la crisis sanitaria que estalló luego del desastre de abril de 2010, dejando a los trabajadores de BP dedicados a su limpieza y también a los habitantes de la zona del Golfo padeciendo enfermedades que atribuyen al combustible y a los dispersantes tóxicos utilizados para sumirlos en las profundidades.
El médico Rodney Soto, de Santa Rosa Beach, en el sudoriental estado de Florida, viene analizando y tratando a pacientes con altos niveles en sangre de productos químicos relacionados con el petróleo. Comúnmente, a estas sustancias se las llama «compuestos orgánicos volátiles». Aquellos antropogénicos derivados del desastre de BP son tóxicos y tienen efectos crónicos negativos sobre la salud. Soto se ha desconcertado al hallar niveles tan altos de productos tóxicos en cada uno de los pacientes a los que está analizando. «Regularmente encuentro entre cinco y siete compuestos orgánicos volátiles en mis pacientes», dijo Soto a IPS. «Entre estos pacientes hay personas que no están directamente involucradas en la limpieza del petróleo, así como residentes que no viven directamente sobre la costa. Esto está claramente relacionado con el desastre petrolero», agregó.
No obstante, organismos gubernamentales como la Agencia de Protección Ambiental, la Administración de Drogas y Alimentos y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, junto con el propio Obama, han declarado que las aguas y playas del Golfo están abiertas al público, por considerarlas seguras, igual que los productos marinos que allí se pescan.
Los residentes del lugar que estuvieron presentes en la reunión se aseguraron de que los dos integrantes de la comisión estuvieran al tanto de la crisis sanitaria que enfrentan. Tom Costanza, de Catholic Charities, en el área de Nueva Orleans, declaró que la región está en medio de una crisis de servicios sociales y enfrenta un proceso de reclamos que está plagado de problemas. «La gente me llama llorando y agonizando. Necesitan atención médica y apoyo para atravesar esto», dijo.
Ada McMahon trabaja para el Bridge the Gulf Project, un sitio web de periodismo ciudadano que publica artículos sobre las comunidades de la costa del Golfo y abordan temas de justicia y sustentabilidad. «Los temas de salud no resueltos son el mayor problema, junto con el hecho de que los residentes se convirtieron en activistas que van a las reuniones de la comisión o acuden ante (el administrador del fondo para el manejo del derrame de BP, Kenneth) Feinberg para contarles sus problemas de salud», dijo a IPS. «Quienes pueden pagar los 300 dólares de los análisis de sangre han hallado una alarmante proporción de productos químicos en sus cuerpos, y están haciendo lo que pueden para manifestar sus preocupaciones», agregó. «Pero sienten que no pueden esperar a que el Congreso (legislativo) u Obama aborden esto, porque necesitan médicos y apoyo ya», enfatizó.
LaTosha Brown, director del Fondo de la Costa del Golfo para la Renovación Comunitaria y la Salud Ecológica, que trabaja con 250 organizaciones locales, también sostuvo que «la preocupación clave expresada por la comunidad en respuesta al informe es la abrumadora necesidad de acceso a servicios de salud».
A Stephen Bradberry, director ejecutivo del no gubernamental Alliance Institute, le preocupa que la Gulf Coast Claims Facility, que se dedica a atender reclamos en la zona afectada, no esté aceptando los que tienen que ver con temas de salud, lo que deja a los enfermos sin poder trabajar y sin ningún ingreso con que pagar sus facturas médicas. «Hay moretones y lesiones en la piel (…). Ayer supe de cinco personas que fallecieron en Grand Isle y que no tenían problemas de salud antes de esto. No obstante, no se habló de controlar a estas comunidades». «Necesitamos un grupo de trabajo separado que pueda centrarse únicamente en analizar, controlar y estudiar los problemas de salud a largo plazo causados por la exposición al crudo y a los dispersantes. Y esto tiene que ocurrir ahora», opinó.