Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll
Un tribunal español ha iniciado el procesamiento penal contra seis funcionarios de la administración Bush. John Yoo, Jay Bybee, David Addington, Alberto Gonzales, William Haynes y Douglas Feith se enfrentan a acusaciones en España por haber autorizado la tortura en la base estadounidense de Guantánamo.
Si las órdenes de detención se emiten, España y cualquiera de los otros 24 países que han firmado las convenciones europeas de extradición podrían detener a estos seis hombres cuando viajen fuera de Estados Unidos.
¿Tiene España autoridad para procesar a estadounidenses por crímenes que no tuvieron lugar en suelo español?
La respuesta es sí. Se llama «jurisdicción universal». La jurisdicción universal es una teoría bien experimentada que los países, incluido Estados Unidos, han usado durante muchos años para investigar y procesar a extranjeros por crímenes que conmocionan la conciencia de la comunidad mundial. Proporciona una herramienta legal crítica para responsabilizar a aquellos que cometen crímenes contra la ley de las naciones, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin la jurisdicción universal, muchos criminales notorios estarían libres. Los países que han utilizado esta base para actuar contra los crímenes más graves deben ser encomiados por su valentía. Ayudan a crear un mundo justo en el que todos buscamos vivir.
Israel utilizó la jurisdicción universal para procesar, condenar y ejecutar a Adolph Eichmann por sus crímenes durante el holocausto, aun cuando no tuvieron relación directa con Israel.
Un tribunal federal de Miami condenó recientemente a Chuckie Taylor, hijo del anterior presidente de Liberia, por torturas realizadas en Liberia. Un tribunal estadounidense sentenció a Taylor a 97 años en prisión en enero.
La jurisdicción universal complementa, pero no reemplaza, los procesamientos nacionales, de forma que si Estados Unidos investigara a los funcionarios de Bush, otros países no lo harían.
Cuando Estados Unidos ratificó la Convención contra la Tortura, se comprometió a extraditar o procesar a aquellos que cometen o son cómplices de torturas.
El Presidente Obama, al preguntarle si estaba a favor de investigar penalmente a los funcionarios de Bush, contestó, «También opino que nadie está por encima de la ley y si existen indicios claros de hechos delictivos, se debe procesar a todo el mundo por igual.»
«Pero», añadió, «en términos generales, prefiero mirar hacia delante que hacia atrás.» Ocupado con la economía y dos guerras, parece que Obama quiere esperar antes de emprender procesamientos que irremediablemente indignarían al Partido Republicano.
Siguen saliendo a la luz pruebas de que los funcionarios de Bush establecieron un modo de actuar que condujo a la tortura de los prisioneros en Guantánamo.
Según el canal de noticias ABC, Gonzales se reunió con otros funcionarios en la Casa Blanca y autorizó la tortura, incluyendo la conocida como «el submarino».
La Oficina de Responsabilidad Profesional, que depende del Fiscal General del Estado, preparó un borrador que reprende a Yoo y a Bybee por redactar los infames memorándums sobre la tortura. Haynes, Addington y Feith participaron en las decisiones que condujeron a la tortura. Es inminente que salgan a la luz más memorándums gráficos sobre la tortura por parte del Departamento de Justicia estadounidense.
Es responsabilidad de Estados Unidos investigar las alegaciones de tortura. Casi dos tercios de los encuestados en un sondeo patrocinado por USA Today/Gallup están a favor de que se investigue al equipo de Bush por torturas y por interceptar las comunicaciones telefónicas sin orden judicial. Casi cuatro de cada 10 encuestados apoyan la investigación penal.
El antiguo abogado general de la Marina, Alberto Mora, declaró en el Congreso, «Hay militares que mantienen que la primera causa identificable de muertes estadounidenses en combate en Irak – teniendo en cuenta su efectividad para reclutar a combatientes insurgentes – son, respectivamente, los símbolos de Abu Ghraib y Guantánamo.» Si son impunes aquellos que ordenaron la tortura, ésta será otra herramienta de reclutamiento.
Si los Estados Unidos rehúsan investigar ahora, será más probable que alguna administración futura repita este escenario. La utilización de la tortura debería erradicarse del sistema, igual que erradicamos la esclavitud.
Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho Thomas Jefferson y presidente del Gremio de Abogados Nacionales. Es autora de Cowboy Republic: Six Ways the Bush Gang Has Defied the Law y co-autora de Rules of Disengagement: The Politics and Honor of Military Dissent (junto con Kathleen Gilberd). Se puede conseguir sus artículos en www.marjoriecohn.com