En el pasado año, los juzgados de primera instancia en España acordaron un total de 101.034 desahucios, según ha informado hoy el servicio de estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En los juzgados españoles se iniciaron un total de 91.622 ejecuciones hipotecarias, un 17,7% de incremento respecto a los iniciados en 2011, […]
En el pasado año, los juzgados de primera instancia en España acordaron un total de 101.034 desahucios, según ha informado hoy el servicio de estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En los juzgados españoles se iniciaron un total de 91.622 ejecuciones hipotecarias, un 17,7% de incremento respecto a los iniciados en 2011, lo que provoca que el total de ejecuciones hipotecarias que a finales de 2012 se estaban tramitando en los juzgados ascendiese a 196.116 casos.
Algo más de una quinta parte corresponde a ejecuciones hipotecarias en Andalucía (el 21%). La segunda comunidad con mayor número de desahucios en tramitación fue Cataluña, con el 20,7%, seguida de la Comunidad Valenciana (15,9%) y la Comunidad de Madrid (10,8%). La comparativa entre los cinco años de la crisis (2008-2012) y los cinco anteriores (2003-2007) arroja un incremento de las ejecuciones hipotecarias iniciadas de un 368,7%.
Aumentan los despidos
El número de demandas de despido presentadas en los juzgados de lo social fue de 147.404 en el 2012, un 25,3% más que en el año anterior. En este ámbito lidera el ranking Cataluña, con el 17,3% de los casos, seguida por Andalucía (16,8%), Madrid (16,3%) y la Comunidad Valenciana (11,5%).
Este incremento responde en parte al aumento del número de concursos presentados por las empresas. A lo largo del 2012 se presentaron en los juzgados de lo mercantil de toda España un total de 10.290 concursos, lo que significa un 28,2% de aumento en relación a los casos registrados en 2011.
La mayor parte de estos corresponden a Cataluña (20.8%), seguida por la Comunidad Valenciana (14,7%) y Madrid (13,8%). En relación a los cinco años anteriores a la crisis (2003-2007), informa el CGPJ, los concursos presentados entre 2008 y 2012 fueron un 429,5% más.
Más de 10 mil viviendas protegidas vacías
Más de 10.000 viviendas protegidas están vacías y disponibles actualmente en España, mientras que 332.539 personas están inscritas como solicitantes de pisos de protección oficial. Esta es la principal conclusión del estudio Viviendas protegidas vacías que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado hoy en las Cortes Generales. Becerril insta a «acabar con el desajuste» entre la necesidad de vivienda y el número de pisos vacíos mejorando la coordinación entre las distintas administraciones y favoreciendo su acceso mediante alquileres más asequibles.
El estudio establece como «vivienda protegida vacía» aquella que es habitable, es decir, que no está en ruina; sus condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad son idóneas y no se encuentra ocupada por alguna persona o familia. De las más de 250.000 viviendas protegidas gestionadas por las comunidades autónomas, 9.752 cumplirían estas condiciones, así como al menos 427 de las que gestionan los ayuntamientos.
Una de las principales causas de que haya viviendas protegidas vacías, apunta el estudio, es la imposibilidad de los compradores de encontrar financiación. También la caída de los precios de la vivienda libre, que «en algunos casos ya resultan inferiores a los de las protegidas», o que la entidad pública se demore en exceso en la adjudicación.
Los alquileres, inferiores al 30% de la renta
El Defensor del Pueblo aboga porque la Administración aumente el control para evitar que el número de viviendas vacías continúe creciendo. Asimismo, señala la necesidad de mejorar los registros de vivienda protegida y reforzar la coordinación entre administraciones, especialmente entre las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, ya que estos últimos «tienen normalmente una información más fiable de la situación real de las personas y su necesidad de vivienda».
Para Becerril, la Administración debe favorecer el alquiler por encima de la venta. En ese sentido, la institución recomienda la recalificación del régimen de protección de las viviendas que estén destinadas a la venta hacia un régimen de alquiler, «por razones de interés público o social». Según la defensora, los alquileres no deberían superar el 30% de la renta de la unidad familiar.
Fuente: http://www.lamarea.com/2013/03/22/los-juzgados-ordenaron-mas-de-100-000-desahucios-en-2012/
http://www.lamarea.com/2013/03/21/mas-de-10-000-viviendas-protegidas-estan-vacias/