El relator especial de las Naciones Unidas sobre el Hábitat y la Vivienda, Millon Kothari, ha descrito como «vergonzosa» la falta de acción de la Unión Africana y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) frente al régimen represivo de Zimbabwe. El relator ha sido crítico con la reacción de los líderes africanos […]
El relator especial de las Naciones Unidas sobre el Hábitat y la Vivienda, Millon Kothari, ha descrito como «vergonzosa» la falta de acción de la Unión Africana y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) frente al régimen represivo de Zimbabwe.
El relator ha sido crítico con la reacción de los líderes africanos frente a los desalojos forzosos realizados por el gobierno de Zimbabwe en el marco de la Operación «Murambatsvina»(Limpiar la inmundicia) en 2005, que dejó a más de 700.000 personas sin techo o sin sustento. «Los recientes ataques a la oposición, la falta de transparencia nos han dificultado en el seguimiento de los afectados por la operación», añadió.
El Relator dijo que las promesas del gobierno de proporcionar una vivienda decente y accesible a los desalojados, en una campaña siguiente llamada «Operación Garikai/Hlalani Khule» (Bienestar), ha sido un fracaso.
Poco después de la improvisa campaña de desalojo de 2005, él y otros expertos nacionales e internacionales de derechos humanos advirtieron que Zimbabwe estaba «muy, muy cerca a un completo colapso social», pero la región decidió ignorar esos avisos tempranos.
Sus esfuerzos, como los de otras agencias, para responsabilizar al gobierno de Zimbabwe por las consecuencias de la campaña iniciada en 2005, han quedado atrapados en una maniobra diplomática, conducida por la UA y por Sudáfrica, que insistían en mantener unas relaciones diplomáticas «tranquilas».
No sólo en Zimbabwe.
Hay otros países en la región, y en otras partes del mundo, que siguen las mismas tendencias de Zimbabwe, y que han estado «denigrando los derechos humanos y no han estado protegiendo a los más vulnerables; reacios a implementar políticas de vivienda incluyentes y centradas en la necesidad de crear barrios mixtos».
Kothari se encuentra en Sudáfrica investigando sobre el acceso a viviendas dignas, servicios cívicos y tierra, sobre los sin techo, los desalojos, la propiedad, la vivienda en relación con la condición de las mujeres, la no discriminación y los derechos de los pueblos indígenas.
Dijo que incluso en países «progresistas» como Sudáfrica se están realizando desalojos forzosos de los pobres de los barrios centrales de las ciudades, con el propósito de crear «ciudades con estándares modernos». Según el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra el Desalojo (COHRE), una ONG con sede en Ginebra, cerca de 26.000 pobres de Johanesburgo están siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos a causa del plan de regeneración urbana.
«Los países están adoptando un enfoque neo-liberal, es decir que privatizan los servicios esenciales, como el agua, con la instalación de tuberías prepagadas, lo cual crea otros problemas. Incluso en los países con mucho compromiso con los derechos humanos, como Sudáfrica, existe una enorme distancia entre el reconocimiento y la implementación», comentó Kothari.
«A menudo existe una contradicción en las políticas económicas, para las que es necesario realizar desalojos, que llevan a una posterior segregación de las clases económicas, como en el caso de la Operación Murambatsvina, e incluso en los recientes desalojos realizados en Luanda (Angola)», añadió.
Según el Relator, miles de personas pobres en Luanda han sido desalojadas forzosamente para abrir espacio a otras actividades y planes de desarrollo. El año pasado, 600 personas fueron desplazadas de los barrios pobres en las periferias de Luanda, cerca de la residencia oficial del presidente Jose Eduardo Dos Santos, para dejar espacio para la expansión de un proyecto de viviendas patrocinado por el gobierno, irónicamente denominado «Nova Vida».
«Garantizar el derecho a una vivienda digna es un reto enorme, y Luanda es un ejemplo extremo. Fue inicialmente construida para 400 o 500 personas, pero en la actualidad residen allí entre los 4 y 5 millones de personas, un 90% de ellas viven en chabolas», añadió.
Los gobierno a menudo dicen que el mercado es un obstáculo para garantizar viviendas dignas y accesibles a los pobres, dijo Kothari, porque los gobiernos tienen miedo de que la intervención estatal en el sector desestabilizaría la economía». El actual sistema de financiación del sector de la vivienda, en la mayoría de los países no ha respondido a las necesidades del 20% de la base de la población global, y está dirigido a las clases medias y medio-bajas».