Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Informes de testigos presenciales y secuencias de vídeo mostrados en un documental de PBS la semana pasada suministran pruebas estremecedoras de que agentes federales de EE.UU. golpearon brutalmente a Anastasio Hernández Rojas, le aplicaron cinco veces choques eléctricos con taser y finalmente lo mataron -mientras yacía en el suelo con los brazos esposados a la espalda- en mayo de 2010. Las revelaciones en Crossing the Line at the Border [Cruzando la línea en la frontera] constituyen un convincente desmentido de la historia oficial de lo que ocurrió, y han causado legítimamente llamados a que se reclamenten responsabilidades. Entre las preguntas que resultan de esos llamados están, qué significa la responsabilidad en un caso semejante y cuáles deberían ser los parámetros del proceso, es decir, ¿es un objetivo esencial que se impidan futuros casos de brutalidad?
Nacido en México, Hernández Rojas llegó a EE.UU. a los 16 años. Durante más de 27 años vivió y trabajó en ese país, donde se casó y tuvo cinco hijos. En mayo de 2010, después de perder su trabajo en la construcción, fue arrestado por robo en tiendas. Cuando un control de sus antecedentes mostró que estaba en el país sin autorización oficial, la policía lo entregó a las autoridades federales, que lo deportaron a México. Al no estar dispuesto a aceptar el exilio de su mujer e hijos, Hernández Rojas volvió rápidamente a cruzar hacia EE.UU., pero agentes de la Patrulla Fronteriza lo interceptaron en un área remota mientras trataba de volver a casa.
Según se ha informado, en el centro de detención, un agente atacó e hirió a Hernández Rojas, lo que lo llevó a expresar el deseo de interponer una queja. También se informa de que el mismo agente fue uno de los dos que lo condujeron de vuelta -solo- al punto de entrada en San Ysidro (la parte más al sur de San Diego) para volver a deportarlo. Fue allí, a solo unos metros de la verdadera frontera con México, donde tuvo lugar el letal asalto nocturno, en el que participaron más de una docena de agentes.
Un informe del Médico Legista del Condado de San Diego concluyó que la muerte de Hernández Rojas fue un caso de homicidio -provocado por los electrochoques con el taser- (Según un informe de Amnistía Internacional, 334 personas murieron en EE.UU. después de sufrir choques con un taser, que supuestamente es un artefacto no letal, u otras armas similares de conducción de energía entre junio de 2001 y agosto de 2008). Este padre de familia, de 42 años, también tenía costillas rotas; varios dientes sueltos; magulladuras en todo el cuerpo y en la cabeza y daños en la columna vertebral.
Lo que permitió que la golpiza y la electrocución no fueran cuestionadas legalmente fue la aceptación de las autoridades, en diversos niveles, del relato respecto al suceso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Según la historia oficial de la oficina, los agentes hicieron lo que hicieron porque Hernández Rojas sin esposas «se puso agresivo» y el uso de las porras y del taser fue necesario «para someter al individuo y mantener la seguridad de los agentes».
La naturaleza flagrante de la brutalidad, el encubrimiento de lo ocurrido, y lo que parecen ser evidentes violaciones de la ley han ayudado a provocar una protesta generalizada. Desde conferencias de prensa hasta una petición en línea y una miríada de informes noticiosos, la presión aumenta sobre las autoridades federales para que realicen una investigación exhaustiva de la muerte de Hernández Rojas.
De un modo más amplio, intercesores -como John Carlos Frey, documentalista y periodista investigativo involucrado en la producción de Crossing the Line at the Border- apuntan a una cultura institucional de impunidad que permite que los asesinatos por parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza pasen si que prácticamente se examinen fuera de la oficina. Frey también destaca el apresuramiento por reclutar cada vez más agentes después del 11-S, y la reducción de los estándares de reclutamiento y capacitación, en el intento de explicar «por lo menos ocho casos documentados de extremo uso de la fuerza contra migrantes desarmados y no combativos, que llevaron a la muerte» a manos de la Patrulla Fronteriza desde mayo de 2010.
No se sabe si los responsables de las muertes fueron o no agentes relativamente nuevos reclutados y entrenados usando criterios menos rigurosos ya que la CBP ni siquiera ha entregado los nombres de los agentes involucrados. Pero, y tal vez más importante, el efecto de una argumentación semejante es sugerir que los agentes mejor cualificados constituyen la respuesta al problema.
No cabe duda de que una selección rigurosa de los candidatos, una buena capacitación y alguna especie de supervisión pública, es muy preferible a su carencia. Pero al privilegiar factores semejantes, lo que se oculta es la violencia diaria -y la muerte y el sufrimiento- que los aparatos de control fronterizo y de la inmigración causan a través de sus prácticas normales.
Durante las últimas dos décadas, muchos miles de migrantes han perdido sus vidas tratando de atravesar las tierras fronterizas entre EE.UU. y México para entrar a EE.UU., con el fin de encontrar trabajo o reunirse con sus seres queridos. Las autoridades de EE.UU. han enviado millones al exilio, muchos de ellos antiguos residentes en el país, que apenas tienen lazos con sus países natales. Al hacerlo han separado a cientos de miles de niños de sus padres. También han reducido la duración de las vidas de muchos deportados: en un caso particularmente escandaloso, uno de los primeros individuos «removido» a Haití después que el gobierno de Obama reanudó las deportaciones al país devastado por el terremoto en 2011, perdió la vida debido al cólera poco después de su llegada.
La ley y la naturaleza institucionalizada de las prácticas que producen esos resultados ayudan a ocultar la violencia que encarnan y la muerte y sufrimiento relacionados. Pero solo el hecho de que muchos no vean la violencia por lo que es -causa de muerte- no significa que sea nada menos.
Desde el establecimiento de la frontera entre EE.UU. y México, la matanza de gente y la negación de vida han sido centrales en lo que se refiere a la línea divisoria internacional. Después de todo, su fundamento necesitó una guerra de conquista y el desposeimiento de las poblaciones nativas y mexicanas en las tierras fronterizas. Y, ante tantos que se niegan a aceptar la injusticia original, su conservación ha requerido diversas formas de violencia sobre una base regular desde entonces. De un modo más amplio, en un mundo de profunda desigualdad, basado en la producción de diferencias como las que se basan en raza, clase y nación, la frontera refleja y ayuda a reproducir quién obtiene qué en términos de derechos y recursos, y la naturaleza misma de la vida y la muerte, y los diversos estados entre ellas.
Anastasio Hernández Rojas nació en el lado equivocado de la frontera que divide a la gente y los sitios de privilegio de los de la desventaja. Por lo tanto, como innumerables otros desde el punto de vista de la clase gobernante de EE.UU., llegó a ser desechable. Cuando las autoridades estadounidenses deportaron a Hernández Rojas a México y lo privaron de su derecho a estar con su familia, le negaron efectivamente su derecho a vivir. Y cuando lo golpearon y electrocutaron hasta la muerte, también lo hicieron.
Para obtener justicia -lograr auténtica responsabilización- por el asesinato de Anastasio Hernández Rojas hay que ir mucho más allá de los parámetros de su caso en particular. Requiere que impugnemos el sistema socio-territorial que lo convirtió en desechable para comenzar. De otra manera, terminaremos por confirmar y fortalecer una frontera que asegura la vida de algunos y envía a otros a la muerte.
Joseph Nevins enseña geografía en Vassar College. Es autor de Dying to Live: A Story of U.S. Immigration in an Age of Global Apartheid (City Lights Books, 2008) y Operation Gatekeeper and Beyond: The War on «Illegals» and the Remaking of the U.S.-Mexico Boundary (Routledge, 2010).
Este artículo fue publicado originalmente por NACLA.
Fuente: http://www.counterpunch.org/
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