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Entrevista a Amparo Salvador, Presidenta del Fòrum per la Memoria del País Valencià

«Los muertos de la democracia aún están en las cunetas»

Fuentes: Levante-EMV

El resarcimiento moral a las víctimas del franquismo se ha convertido en un mandamiento cívico para la presidenta del Fòrum per la Memòria. Nacida en Segorbe, Amparo Salvador buscar «acabar con la idea de que en España se pueda juzgar a Pinochet, pero no a los genocidas de la dictadura franquista». -¿Cómo se están desarrollando […]

El resarcimiento moral a las víctimas del franquismo se ha convertido en un mandamiento cívico para la presidenta del Fòrum per la Memòria. Nacida en Segorbe, Amparo Salvador buscar «acabar con la idea de que en España se pueda juzgar a Pinochet, pero no a los genocidas de la dictadura franquista».

-¿Cómo se están desarrollando las investigaciones de la Comissió de la Veritat que pretende ahondar en la catástrofe social de la represión franquista

 

-La comisión dividió su actividad en dos áreas: la jurídica y la histórica. La primera está dedicada a estudiar las vulneraciones que los gobiernos españoles de la democracia, incluido el actual, han cometido contra los tratados internacionales firmados para garantizar los derechos de las víctimas civiles de los conflictos, como el de tener una una sepultura a perpetuidad, y acabar con la impunidad. En el ámbito histórico, se está pendiente de la resolución del pleito abierto por la protección de la fosa del Cementerio Civil de Valencia. En la sentencia que ganó el Fòrum en primera instancia, y que luego fue recurrida, se reconocía el derecho a la investigación científica. Al margen de ello, se sigue con el proyecto de investigación inicial, que era el de documentar las fosas comunes. De momento, ya se ha descubierto a miles de personas que fueron enterradas en las fosas comunes y no fueron registradas. Son varios miles. Entre ellos, muchos castellonenses.

 

-¿Las investigaciones se extenderán en el futuro a otros puntos, como es el caso de Castelló?

 

-Quisiéramos que así fuera. Creemos fundamental para conocer el alcance de la represión del franquismo que se elaboren estudios locales. No hay en España ciudad ni pueblo que no tenga una fosa de la guerra y, seguramente, un campo de concentración. Lo fundamental es el estudio de las circunstancias locales. Mucho más que las grandes cifras de la represión.

 

-La futura Ley de la Memoria Histórica, ¿contribuirá a recuperar esa tragedia colectiva del franquismo?

 

-Al revés. Coartará, frenará e impedirá, o tratará de impedir, estas investigaciones. No lo vamos a consentir. Si no podemos trabajar con las leyes españolas, lo haremos con las extranjeras. Demandaremos al Estado español por sus incumplimientos de los tratados internacionales.

 

-Tanto que se habla de las víctimas del terrorismo, las grandes olvidadas siguen siendo las víctimas del franquismo.

 

-No sólo eso. Ese proyecto de Ley de la Memoria Histórica precisamente lo que hace es sepultar ya totalmente a las víctimas. Lo que hemos pedido y pedimos es el respeto y la aplicación de los acuerdos internacionales en materia de impunidad firmados por el Estado español. Que se acabe eso de que en España se puede juzgar a Pinochet pero no a los genocidas de la dictadura franquista. Y, por supuesto, lograr la rehabilitación jurídica de las víctimas, lo que supone la anulación de todos los juicios sumarísimos del franquismo. La palabra ilegitimidad no nos convence para nada. Es una burla después de treinta años de democracia.

 

-El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, del Partido Popular, ha escrito que los movimientos de recuperación de la memoria histórica remueven odios y dividen a la sociedad. ¿Qué tiene que contestar a eso?

 

-La sociedad la han tenido dividida ellos siempre. Desde que yo recuerdo, en todas las iglesias estaba lo de caídos por Dios y por España , con nombres de personas, muchos de los cuales se ha demostrado luego que ni siquiera existían, mientras nuestros muertos, que son los asesinados por defender la democracia, la libertad y el orden constitucional siguen tirados por las cunetas, barrancos y fosas. Su memoria no ha sido rehabilitada. Se podrá pasar página cuando haya Justicia. Y cuando haya Justicia tendrá que haber Justicia para todos, pero sobre todo por las víctimas de la democracia.

 

-La Diputación de Castelló, que preside el popular Carlos Fabra, hijo de un notorio jerarca del franquismo, vetó al Grup per la Recerca de la Memòria Histórica de Castelló. ¿Cree que algún día se pondrá fin a los intentos de arrinconar el pasado que aún se mantienen desde las instituciones democráticas?

 

-Cada vez que ves estas cosas y piensas que llevamos treinta años de democracia, dicen, los pelos se te ponen los pelos de punta. En el Fòrum per la Memòria del País Valencià tuvimos más suerte. Se nos registró con todos los sacramentos. Es vergonzoso que eso exista. Imagino que los compañeros del grupo Recerca lo recurrirían…

 

-Y han ganado.

 

-Claro. Todo eso forma parte de lo que es el caciquismo local.

 

-¿Qué piensa ante el hecho de que los gobiernos municipales del Partido Popular en Castelló hayan otorgado distinciones honoríficas, como la rotulación de calles y plazas, a ex ministros franquistas como Serrano Súñer o Herrero Tejedor?

 

-O la Iglesia católica, que quiere santificar a personas que, dicen, víctimas del terror rojo. Hay que tener en cuenta que en España hubo un golpe de Estado en 1936 contra un Gobierno legítimo. Eso es un acto criminal y a los criminales hay que aplicarles el Código Penal. No hay que olvidar nunca, además, que la Iglesia católica fue promotora del golpe y participó activamente en la represión. Mientras nosotros tenemos a cientos de miles tirados como perros en las fosas y ni tan siquiera conocemos sus nombres, ni quienes eran, ni cómo se llamaban, ni de dónde venían, ni cómo murieron…

 

-También el Gobierno socialista mantiene símbolos preconstitucionales en algunas dependencias institucionales como la Comandancia de Marina…

 

-El Gobierno socialista no ha hecho nada. Ahí está también el ejemplo del Valle de los Caídos. El proyecto de ley ni siquiera contempla la retirada de los símbolos del franquismo de los edificios, sean públicos o privados, con lo que nos encontramos con que un Gobierno socialista está haciendo apología del fascismo. Es así, como suena.