Amenazados por Migración y recibiendo salarios ilegalmente bajos, trabajadores de reciclaje en el Área de la Bahía de San Francisco hicieron lo inimaginable: Resistieron.
San Francisco, Estados Unidos.Todos queremos ser responsables de nuestro medio ambiente. Separamos nuestra basura. Ponemos las cosas en sus contenedores, y nos sentimos bien al verlas en la banqueta esperando a que pase el camión de basura.
Y después, desaparece la basura. Fin de la historia.
Pero en realidad, no es el fin. No sólo se va a algún lado la basura, sino que alguien tiene que examinar y separar lo que hemos desechado. En una sociedad repleta de gente haciendo trabajo no reconocido y muchas veces fuera de la vista del público, la gente que trabaja con nuestra basura reciclada es de la más invisible de todos.
Separar basura es trabajo sucio y peligroso. En el 2012, dos trabajadores de East Bay murieron en instalaciones de reciclaje. Con algunas excepciones notables, metiendo las manos a bandas transportadoras llenas de cartón y latas no paga muy bien – mucho menos que, por ejemplo, los trabajos de los conductores de los camiones que recogen la basura en la calle. Y la separación se hace casi exclusivamente por mujeres de color, en el área de la Bahía principalmente migrantes de México y Centroamérica, y algunas personas Afroamericanas.
Esta primavera, un grupo de trabajadores de reciclaje, tal vez aquellos trabajando en las peores condiciones, por fin se hartaron. Sus esfuerzos de lograr un aumento en sus salarios, sobre todo después de que muchos fueron despedidos por su estatus migratorio, empezaron a quitar la capa de invisibilidad del reciclaje. No sólo se convirtieron en activistas enérgicos en un movimiento creciente de trabajadores de reciclaje en East Bay, sino sus protestas provocaron acción pública para poner fin a los despidos de trabajadores indocumentados.
Salarios ilegales para trabajadores «temporales»
Alameda County Industries [Industrias del Condado Alameda, oICA] ocupa dos edificios anónimos enormes al fondo de una calle sin salida en un parque industrial de San Leandro. Camiones de basura con reciclables llegan cada minuto, dejando los cargos aromáticos que recogieron en sus rutas en Livermore, Alameda, y San Leandro. Estas ciudades tienen contratos con ICA para procesar la basura. En el área de la Bahía, sólo una ciudad, Berkeley, recoge su propia basura. Las demás firman contratos con empresas privadas. Inclusive Berkeley contrata con una empresa de separación independiente para los reciclables.
Hasta dentro de ICA, la compañía contrata con terceros para hacer el trabajo de separación. En verdad es una agencia de trabajo temporal, Select Staffing, la que contrata y emplea los trabajadores en las líneas. Como en la mayoría de agencias de trabajo temporal, esto significa que los trabajadores no tienen seguro de salud, ni vacaciones, ni días feriados. También significa que los salarios están muy bajos, inclusive para el reciclaje. Después de un aumento pequeño hace dos años, los separadores reciben $8.30 por hora en el turno de día, y $8.50 en el de noche.
Este invierno pasado, los trabajadores descubrieron que ése era un salario ilegal.
Por tener ICA un contrato con la ciudad de San Leandro para procesar sus reciclables, le aplica la Norma de Salarios Dignos, aprobada en 2007. Estipula que, a partir de julio del 2013: «Se requerirá a las empresas cubiertas que paguen no menos de $14.17 la hora o $12.67 con prestaciones de salud que tengan un valor de por lo menos $1.50 la hora, sujeto a ajustes anuales del Índice de Precios al Consumidor.»
No hay sindicato en ICA, pero el otoño pasado, algunas de las mujeres trabajando en las líneas recibieron unos volantes anunciando un curso de capacitación sobre salud y seguridad para trabajadores del reciclaje, organizado por Local 6 del International Longshore and Warehouse Union, ILWU [Sindicato de Estibadores y Trabajadores de Almacén]. Ahi conocieron al director de organización, Agustín Ramírez. «Separar basura no es un trabajo limpio ni fácil, en ningún lado,» recuerda él, «pero lo que describieron era impactante. Y cuando me dijeron lo que les pagaban, sabía que algo andaba muy mal.»
Ramírez las comunicó con un abogado. En enero, el abogado mandó a ICA y Select una carta manifestando la intención de los trabajadores de interponer una demanda para reclamar los salarios no pagados. ICA tiene alrededor de 70 separadores. Con 2 mil horas de trabajo al año, y una discrepancia potencial de casi $6 la hora, eso sería mucho dinero.
La respuesta de ICA y Select fue rápida. A principios de febrero, 18 trabajadores, incluyendo todos menos uno de los que se habían sumado a la demanda original, fueron llamados a las oficinas de Select. Ahí les dijeron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE, por sus siglas en inglés], y el Departamento de Seguridad Nacional habían hecho una auditoría de la empresa el año anterior y que habían preguntado por su estatus migratorio. De no poder proporcionar un número de Seguro Social válido y autorización laboral válido dentro de unos días, estarían despedidos.
En vez de desaparecer sin hacer ruido, la mitad de los separadores dejaron las líneas el 27 de febrero, protestando los despidos inminentes y pidiendo más tiempo de la compañía y de ICE. En frente de las oficinas de ICA, se juntaron líderes de comunidades de fé y miembros de Alameda County United for Immigrant Rights [Condado Alameda Unido por Derechos de Migrantes]. Se unieron también trabajadores de otras empresas de reciclaje. Trabajadores del restaurante Jack-in-the-Box, algunos que fueron depedidos después de las huelgas del otoño pasado, marcharon por la calle sin salida, portando su pancarta del East Bay Organizing Committee [Comité Organizador de East Bay]. Hasta Jim Prola, un Concejal Municipal de San Leandro, acudió.
«La empresa nos dijo que despedirían a cualquiera que saliera,», dijo la separadora Ignacia García. Pero después de una confrontación en la puerta principal, con camiones llenos de basura reciclable esperando estacionados a lo largo de toda la cuadra, los gerentes acordaron que los huelguistas podrían regresar a sus trabajos el día siguiente. La semana siguiente, sin embargo, cada uno de los 18 acusados de estar indocumentados fue despedido. «Algunos llevamos ahi 14 años, asi que, por qué ahorita?» se preguntaba García.
En las semanas siguientes, iglesias de East Bay, que anteriormente habían pedido a ICE que detuviera los despidos, recaudaron más de $6500 dólares para pagar las rentas de 9 familias. Según la Reverenda Deborah Lee, directora de la Interfaith Coalition for Immigrant Rights [Coalición Ecuménica para los Derechos de Migrantes], «después de tener la oportunidad de reunirse con los trabajadores despedidos y escuchar sus historias, sintieron mucha compasión por estos trabajadores, padres de familia, que no recibieron ningún aviso, y que no tenían ningún sistema de protección.» Siguen donando dinero, dice.
Una de muchas batallas
Porque son los municipios que dan contratos para los servicios de reciclaje, de forma indirecta controlan cuánto dinero se hace disponible para los salarios de los trabajadores. Pero mucho depende del contratista. Los trabajadores de San Francisco gozan del estándar de oro. Recology, cuyo contrato para recoger basura está escrito dentro del estatuto municipal, tiene contrato con el Sindicato de los Teamsters. Con ese contrato, los trabajadores en sus líneas de reciclables ganan $21 dólares la hora.
Al otro lado de la bahía, los salarios están mucho más bajos.
ICA es una de las muchas batallas en las que luchan los trabajadores del reciclaje por salarios bajos. En 1998, Ramírez y el ILWU empezaron a organizar los separadores. En ese año, 70 trabajadores salieron en huelga de California Waste Solutions (CWS), que había recibido un contrato por la mitad del reciclaje de Oakland en 1992. Como en ICA, lo que motivaba los trabajadores era el estatuto de salario digno. En esa época, Oakland requería $8 dólares la hora más $2.40 para seguro de salud. A los trabajadores sólo les pagaban $6, y la ciudad había fallado en su monitoreo de la empresa por 7 años, hasta la huelga.
Al final, resolvieron la huelga con incrementos que eventualmente hicieron que CWS estaba en cumplimiento. Durante el conflicto, sin embargo, se hizo público (a través del periódico Bay Guardian) que el Concejal Larry Reid tenía un interés monetario en la empresa, y que el dueño de CWS, David Duong, había contribuído miles de dólares a elecciones municipales.
Waste Management, Inc. (WMI) tiene el contrato para la ciudad de Oakland. Mientras los basureros han sido miembros del Sindicato de los Teamsters por décadas, cuando WMI tomó control del contrato de reciclaje de Oakland, firmó contrato con ILWU Local 6. Aquí también los trabajadores estaban sujetos a redadas de migración. En 1998, separadores en las instalaciones en San Leandro de WMI salieron en una huelga no oficial por temas de seguridad, ocupando la cafetería de la empresa. Tres semanas después, agentes de migración llegaron, revisaron los documentos de la compañía y al final deportaron a 8 trabajadores. Y el año pasado despidieron a tres trabajadores también en WMI, acusados de no tener estatus migratorio legal.
Hoy los trabajadores de separación de WMI ganan $12.50 con el contrato del ILWU – más que en ICA, pero muy lejos de San Francisco. Además, los contratos sindicales tanto con CWS y WMI se vencieron hace casi dos años. El sindicato no ha firmado nuevos contratos porque los trabajadores ya están cansados del estándar de salarios de segunda clase.
Para aumentar sus salarios, trabajadores sindicalizados de reciclaje en East Bay organizaron una coalición para establecer un nuevo estándar, no sólo en los salarios, sino en condiciones de seguridad y trabajo – la Campaign for Sustainable Recycling [Campaña para Reciclaje Sustentable]. Son miembros más de 24 organizaciones, incluyendo – además del sindicato – el Sierra Club, la Global Alliance for Incinerator Alternatives [Alianza Global para Alternativas a los Incineradores], Movement Generation [Generación Movimiento], el Justice and Ecology Project [Proyecto para la Justicia y Ecología], la East Bay Alliance for a Sustainable Economy [Alianza de East Bay para una Economía Sustentable], y la Faith Alliance for a Moral Economy [Alianza de Fé para una Economía Moral].
Investigadora para el ILWU Amy Willis señala que «San Francisco, con un salario de $21 dólares, cobra tarifas de $34 al mes. Las empresas de reciclaje de East Bay pagan la mitad de ese salario, pero los clientes de East Bay aun pagan $28 a 30 dólares para los servicios de basura, incluyendo reciclaje. Así que – ¿a dónde va el dinero? No va a los trabajadores, eso está claro.»
Fremont se convirtió en la prueba de la estrategia de la campaña de obligar a las ciudades a requerir aumentos salariales. El diciembre pasado, el Concejo Municipal de Fremont aprobó un aumento de 32¢ con la condición que su empresa recicladora aceptara aumentos. El contrato sindical ahí ahora estipula $14.59 para separadores este año, finalmente alcanzando $20.94 en 2019. Oakland ha seguido esta pauta, exigiendo aumentos en los salarios de separadores como parte del nuevo contrato de reciclaje que ahorita está abierto a ofertas.
Son buenas noticias para los que siguen trabajando. Pero inclusive para los que actualmente trabajan, y definitivamente para los 18 despedidos en ICA, un aumento salarial aborda sólo una parte del problema. Aún más importante es la oportunidad de seguir trabajando para recibir ese pago.
Criminalización de trabajadores migrantes
Cuando ICA y Select les dijeron a los trabajadores que estarían despedidos al no poder mostrar números válidos de Seguro Social y pruebas de estatus migratorio legal, solo se estaban «acatando a la ley.» Desde 1986, la ley migratoria estadounidense ha prohibido la contratación de trabajadores indocumentados. Aun así, según el Pew Hispanic Trust, de 11 a 12 millones de personas sin documentos viven en Estados Unidos, y la gran mayoría de esas personas no sólo trabajan sino tienen que trabajar para sobrevivir. Sin documentos, no se puede cobrar beneficios de desempleo, asistencia familiar, o prácticamente cualquier otro beneficio público.
Para hacer cumplir la ley, todos los solicitantes de trabajo tienen que completar un formulario I-9, proporcionar un número de Seguro Social, y mostrar al empleador dos formas de identificación. Así que desde 1986 las autoridades migratorias han hecho auditorías a los formularios I-9 en los archivos de personal de las empresas para encontrar a trabajadores con números falsos de Seguro Social o con otros problemas de identificación. ICE luego manda al empleador una carta exigiendo que despida a esos trabajadores.
Según ICE, el año pasado la agencia auditó a más de 2000 empleadores, y cantidades parecidos en años anteriores. Uno de los despidos masivos más grandes tomó lugar en San Francisco en 2010, cuando 475 conserjes que limpiaban oficinas para Industrias ABM perdieron sus empleos. Olga Miranda, presidenta de Local 87 del Sindicato Internacional de Empleados del Servicio [SEIU, por sus siglas en inglés], el sindicato para conserjes de la ciudad, manifiesta: «No hay forma más rápida de matar a una familia que quitar su derecho de encontrar trabajo. Las auditorías I-9, las redadas a las empresas, E-Verify, hacen que los trabajadores tengan miedo de denunciar injusticias, que por su estatus migratorio no tienen derechos en este país. Han criminalizado a los migrantes. Los han deshumanizado.»
Una de los conserjes despedidos, Teresa Mina, dijo en el momento, «Esta ley es muy injusta. Estamos haciendo trabajos que son muy pesados y sucios, para ayudar a que nuestros hijos tengan mejor vida, o simplemente para que coman. Ahora mis hijos no tendrán lo que necesitan.»
Auditorías parecidas han pasado en los ultimos dos años en la fundidora Pacific Steel en Berkeley, en las cafeterias de Silicon Valley manejados por Bon Appetit, en la contratista constructora de South Bay Albanese Construction, y en la panadería Dobake, en donde trabjadores preparan comida para muchas escuelas en el área de la Bahía. Todos son empleadores sindicalizados.
A veces las auditorías se hacen en dónde los trabajadores no tienen sindicato, pero en donde están protestando salarios y condiciones de trabajo. Como los trabajadores de ICA, en 2006 empleados del hotel Woodfin Suites en Emeryville le pidieron a su empleador que aumentara sus salarios para cumplir con el mandato de salario digno de la ciudad. Veintiún recamareras fueron despedidas por no tener documentos. Emeryville al final cobró más de $100 milen salarios no pagados por parte de ellas, pero las trabajadoras nunca pudieron regresar a sus trabajos.
El otoño pasado, mientras los trabajadores de comida rápida alrededor del país exigían $15 la hora, muchos fueron despedidos de un Jack-in-the-Box en Oakland por no tener documentos. «Ellos lo sabían cuando nos contrataron,» dijo Diana Rivera. «Yo no creo que trabajar sea un crimen. Lo que estamos haciendo es algo normal – no hacemos daño a nadie.» La cadena de mercados Mexicanos Mi Pueblo también despidió a muchos trabajadores después de una auditoría migratoria, durante una campaña de organización sindical.
Como las auditorías no se hacen públicas, no se sabe con certeza el número total de trabajadores despedidos. Vocera de ICE, Virginia Kice, no quiso comentar sobre la auditoria en ICA. Respondiendo a una solicitud de información por correo electrónico, dijo: «Para no impactar de manera negativa la reputación de empresas respetuosas de las leyes, no publicamos información ni confirmamos una auditoría a menos que la investigación resulte en alguna multa o la presentación de cargos criminales.» Ni ICA ni Select Staffing respondieron a solicitudes para comentarios.
Exigiendo cambios
San Francisco se convirtió en un líder en oponerse a los despidos en enero, cuando el ayuntamiento aprobó por unanimidad una resolución pidiendo a la administración de Obama que implementara una moratoria en las auditorías y deportaciones. Otras ciudades, como Los Ángeles, también se han opuesto a las deportaciones pero San Francisco añadió: «Pongan fin a los despidos de trabajadores indocumentados, terminando con las auditorías I-9 y el uso del sistema E-Verify.»
Gordon Mar de Trabajos Con Justicia exigió al ayuntamiento que actuara en una manifestación en frente del municipio. «Cuando despiden a cientos de trabajadores,» declaró, «el daño se siente mucho más allá de los trabajadores mismos. Muchas comunidades se han manifestado en contra de estas ‘redadas silenciosas’ porque hacen daño a todos. Haciendo que trabajar sea un crimen lleva la gente a la pobreza, y empeora las condiciones de trabajo para todos.» Como muchos activistas progresistas en pro de los migrantes del área de la Bahía, Mar exige la derogación de la sección de la ley migratoria que prohíbe la contratación de trabajadores indocumentados.
El ayuntamiento instó a Presidente Obama que cambiara la forma en que se hace cumplir la ley migratoria, en parte porque el Congreso no ha podido aprobar reforma migratoria que protegería a los derechos de los migrantes. El Senado aprobó un proyecto de ley hace un año, pero aunque tal vez eventualmente resulte en estatus legal para algunos indocumentados, otras provisiones en realidad aumentarían los despidos y deportaciones.
Como el ayuntamiento de San Francisco, la legislatura estatal ha aprobado medidas que entraron en vigor el 1ero de enero, para mejorar las consecuencias de revisiones migratorias en los lugares de trabajo: AB 263, AB 524 y SB 666. Ya son ilegales las represalias en contra de trabajadores que se quejan de salarios no pagados, o los que testifican sobre las violaciones de un empleador a reglamentos o estatutos. Se les puede suspender los permisos a los empleadores que hacen amenazas de denunciar a migración los trabajadores que ejercen sus derechos. Se les puede inhabilitar a los abogados que lo hagan. Y se pueden considerar amenazas de denuncias a migración como extorsión.
Es muy temprano todavía saber qué tan efectivas estas medidas serán en la protección de trabajadores como los 18 despedidos en ICA. Mientras un memorándum de entendimiento entre ICE y el Departamento de Trabajo prohíbe las auditorías u otras acciones como represalias para hacer cumplir leyes de salario y horas, con frecuencia ICE niega que utilice dichos métodos como represalia.Aun así, por más difícil que sea su situación, los trabajadores despedidos no parecen arrepentirse de haber interpuesto la demanda y hacer valer sus derechos. Mientras tanto, las acciones de las ciudades de Oakland y Fremont llevan la promesa de un mejor nivel de vida para los que siguen trabajando en las líneas.
TRADUCCIÓN: LINDSEY HOEMANN
Originalmente publicado en el San Francisco Bay Guardian, 6/11/14 http://www.sfbg.com/2014/06/10/invisible-no-more [1]
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Fuente: http://desinformemonos.org/2014/06/los-trabajadores-de-la-basura-ya-no-son-invisibles/