En estos momentos de crisis económica se gestionan las ayudas hacia la banca y los empresarios, en clara redistribución de la renta en favor de los sectores más favorecidos y, al mismo tiempo, se gestionan ajustes estructurales que las élites hacen recaer sobre los trabajadores. El primer colectivo afectado y el que más duramente se […]
En estos momentos de crisis económica se gestionan las ayudas hacia la banca y los empresarios, en clara redistribución de la renta en favor de los sectores más favorecidos y, al mismo tiempo, se gestionan ajustes estructurales que las élites hacen recaer sobre los trabajadores. El primer colectivo afectado y el que más duramente se va a enfrentar a estos ajustes es el de los migrantes, y no sólo por los sectores en los que estaba ubicado laboralmente, sino porque, pasados los años de supuesta bonanza colectiva, desaparece la multiculturalidad, la integración, el enriquecimiento entre los pueblos, etc. y queda la gestión de las migraciones como factor trabajo por parte de los Estados como agentes de las gerencias empresariales. Así, y pese a las previstas reformas legales segregadoras, limitadoras de derechos humanos fundamentales, que refuerzan el «espacio social europeo fortaleza» y que conducen la situación vital de los inmigrantes a mero flujo de fuerza de trabajo, se genera una dinámica de expulsión de trabajadores migrantes de cierre de acceso a la renta.
Se ha reducido el contingente de trabajadores para 2009, con la excusa de la prioridad en la recolocación interna de los migrantes. Dicha recolocación está situada como objetivo más simbólico que real, de un racismo institucional que tiende a propiciar la devolución de mano de obra a sus países de origen, con medidas como el retorno voluntario, con la posibilidad de abono en dos plazos de la prestación por desempleo. El mensaje es claro: ahora que no tienes trabajo, no hay lugar para ti. Racismo institucional En ese sentido, puede analizarse la consolidación de la doctrina judicial sobre la denegación de prestación por desempleo a los migrantes que hayan trabajado por cuenta ajena sin la consiguiente autorización administrativa, quedando únicamente la posibilidad de reclamar tales derechos al empresario por la vía de la responsabilidad civil como indemnización por daños causados, lo que hace casi inviable tal reclamación. En esta línea podemos notar un endurecimiento general de los requisitos para acceder al trabajo continuar trabajando, para la población migrante, incrementando la documentación exigida o retomando exigencias que ya no se venían solicitando (documentación a servicio doméstico sobre la titularidad de la ocupación de la vivienda, certificación de las funciones que se van desarrollar o por ejemplo, requiriendo a las empresas empleadoras en construcción acreditar los proyectos firmados, la facturación, etc.). Igualmente se puede concluir que una interpretación más rigurosa de la normativa existente y unas mayores exigencias documentales se finalizan con un aumento en las denegaciones de la autorización, renovación o modificación para trabajar con autorización administrativa.