El pasado 20 de Noviembre se cumplió un año desde las últimas Elecciones Generales, cuyo resultado, aplicando la injusta Ley Electoral vigente, dió la mayoría absoluta al Partido Popular, que formó Gobierno al poco tiempo, del cual próximamente también se cumplirá el primer año de legislatura. Pero bien vale hacer balance desde el último 20-N, […]
El pasado 20 de Noviembre se cumplió un año desde las últimas Elecciones Generales, cuyo resultado, aplicando la injusta Ley Electoral vigente, dió la mayoría absoluta al Partido Popular, que formó Gobierno al poco tiempo, del cual próximamente también se cumplirá el primer año de legislatura. Pero bien vale hacer balance desde el último 20-N, para comprobar cómo toda nuestra sociedad ha entrado en una degradación e involución como nunca antes en nuestra democracia. El balance es completamente desastroso, se mire por donde se mire. Lo que sigue es un pequeño esbozo, una pequeña memoria del mismo, para que no se nos olvide dónde nos está llevando este Gobierno.
En efecto, todos los indicadores básicos de la economía han empeorado, tanto si tomamos la tasa de paro en nuestro país (donde se han incrementado no sólo el número en absoluto, sino los índices de paro juvenil, de paro femenino, las familias con todos sus miembros en paro, y las personas que ya no cobran ninguna prestación), como si tomamos el resto de indicadores económicos: la prima de riesgo, los intereses que tenemos que pagar por nuestra deuda, el nivel de pobreza (sobre todo el índice de pobreza infantil, que supera ya en números redondos los dos millones de niños/as), etc. Todo ello como consecuencia de una política nefasta, agresiva contra las clases trabajadoras, pero permisiva contra los grandes capitales.
Se está produciendo una escalada privatizadora como nunca antes se había visto, intentando desviar a la iniciativa privada todos los posibles nichos de negocio surgidos de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Ello se manifiesta a todos los niveles de la Administración Pública, en Educación, en Sanidad, en Justicia, en Dependencia, en Servicios Sociales, etc. Además, el acoso a los de abajo no termina aquí, sino que incide en todos los aspectos de la vida social de las personas, con lo cual se precarizan todas sus facetas: el empleo es precario, la vivienda es precaria, las prestaciones por desempleo son precarias, mientras que la educación, la sanidad, la justicia etc., quedan cada vez más inalcanzables para el conjunto de la ciudadanía.
Como este conjunto de medidas ha echo salir a la calle para elevar la protesta social en todos los frentes, el Gobierno del PP ha tomado medidas para criminalizar cada vez más esta protesta, por un lado con intentos (hasta ahora fallidos) de recortar las libertades públicas y los derechos fundamentales, y por otro mediante la represión policial en las manifestaciones, protestas y movilizaciones ciudadanas. Desde que Rajoy es Presidente, se han convocado dos Huelgas Generales, y se han creado frentes populares, cívicos y aglutinadores de todo el descontento social, formándose la Cumbre Social (formada por los sindicatos y más de 150 organizaciones sociales), la Coordinadora 25-S, el Frente Cívico «Somos Mayoría», y multitud de plataformas para la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con todo ese panorama, las movilizaciones populares se cuentan por cientos diariamente.
Mientras, desde las Instituciones y desde el propio Gobierno se ejerce el poder de una manera fundamentalista, despótica, agresiva y temeraria, a la vez que autoritaria y represora. Los dogmas neoliberales cada vez están más instalados, basándose en su principal mandamiento, justificándolo todo en aras a conseguir el sacrosanto objetivo de la reducción del déficit público. Toda la política económica, social, fiscal, laboral, etc., se enmarca en este objetivo, entrando en una espiral suicida que nos lleva al hundimiento del consumo, al cierre de las empresas, al incremento del paro, y con él a la recesión y a la pobreza. Todo esto enmarcado en una gran involución democrática, perdiendo la soberanía popular, y restando poder a la iniciativa política, cuyo ejercicio se devalúa, e incluso se proponen medidas para deteriorar la democracia, como por ejemplo reducir el número de concejales, o de diputados autonómicos, o restar autonomía a los entes locales.
El panorama es completamente desolador, sombrío, patético. Las medidas de rescate a la banca se perpetúan, mientras sus directivos siguen cobrando sueldos astronómicos, comparados con el común de los mortales. A su vez, y de forma grotesca e inmoral, se suceden los deshaucios a las personas que no pueden pagar su hipoteca, y cuando la presión social se ha convertido en insostenible, ante varios suicidios causados por esta situación, se han tomado medidas ridículas que excluyen a la inmensa mayoría de los hipotecados. Todo ello además mientras la patronal bancaria, en un alarde de desmemoria o de demencia senil, junto con una buena dosis de desvergüenza y de descaro, argumenta que lo que hay que hacer, en vez de impedir los deshaucios, es construir más casas y conceder más créditos hipotecarios. El colmo de la indecencia.
Nuestro Estado del Bienestar, que nunca llegó a profundizarse y a completarse del todo, ya no es ni sombra de lo que fue. Se implantan medidas para alargar y retrasar la edad de jubilación, a la vez que se impide a los jóvenes que entren en el mercado laboral, si no es a través de nuevos contratos de neoesclavismo laboral. La reforma laboral ha sido la joya de la corona de este indigno Gobierno, pues anula y desmonta todo el entramado de nuestras relaciones laborales, para dar todo el poder al empresariado, desprotegiendo a los trabajadores. A los poderosos, grandes fortunas y grandes empresarios se les sigue protegiendo y permitiendo que defrauden al fisco, mediante inmorales amnistías fiscales, mientras suben impuestos injustos como el IVA, para deteriorar todavía más el consumo familiar. El poder adquisitivo se pierde sin contemplaciones, pues se anulan pagas extraordinarias, se congelan sueldos y pensiones, y se suben los impuestos. El caos está servido.
Por si todo esto fuera poco, se plantea de forma subliminal una recentralización del Estado, mediante una asfixia económica en primer lugar a las Comunidades Autónomas, para plantear en segundo término una posible devolución de competencias en aras a conseguir un mayor nivel de ahorro. Los ERE’s se abren también a los trabajadores y empresas públicas, de tal forma que las Administraciones Públicas pueden despedir a su personal laboral simplemente cuando baje su presupuesto, cosa que está a la orden del día. Y en la empresa privada ni hablemos: impunidad total para despedir sin causa, y masivos ERE’s del personal, incluso aunque se hayan tenido beneficios. Por ejemplo, Iberia despedirá a 4.500 trabajadores. Los casos se multiplican diariamente.
Los derechos sociales también sufren retrocesos, como las reformas que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia de Gallardón, que ha planteado nuevas modalidades punitivas, que sólo obedecen a una legislación populista y en caliente, subida escandalosa de tasas judiciales, que impedirán la tutela judicial efectiva de forma universal, y tiene prevista una involución en la Ley del Aborto, que nos hará retroceder más de 20 años en este asunto, que ya creíamos superado. Se ejerce abiertamente un nuevo tipo de terrorismo, que pudiéramos llamar «Terrorismo Administrativo», cuando has de pagar el doble de lo que te cuesta una multa si quieres recurrirla, o bien un juez dicta una sentencia para echarte de tu casa, basando su sentencia en una Ley Hipotecaria que tiene más de un siglo. Servicios hasta ahora gratuitos, como los SOJ (Servicios de Orientación Jurídica), se desmontan y se le aplican tasas.
Pero no quedan aquí los desastres y retrocesos. El acoso a todo lo que huela a público es persistente, se ataca a la Corporación RTVE para poder controlarla y manipularla desde el poder político, a la vez que se ataca a las Televisiones Públicas Autonómicas, abriéndose la vía para su privatización. Hemos de ir terminando, pero se hace difícil, pues quedan cosas en el tintero de todo punto intolerables: el apoyo a proyectos como EuroVegas (o Barcelona World, por la gentuza de CIU) dejan claro qué tipo de gente le gusta a este Gobierno, y el modelo productivo y de negocio por el que quiere apostar: construcciones masivas, juego, mafias, prostitución, casinos, hoteles de lujo, evasión fiscal, prácticas mafiosas de grandes empresas, esclavismo laboral, indecencia administrativa, permisividad legal, paraíso fiscal, destrucción medioambiental. Leyes recientes, como la nueva modificación a la antigua Ley de Costas de 1988, o la nueva Ley sobre la Reforma del Mercado del Alquiler de Viviendas, dictan claramente las tendencias, apoyando a la iniciativa privada, y desregulando los mercados, para desproteger a los más débiles.
Se continúa en esas mismas líneas en los PGE para 2013, que ahondan en las desigualdades, y ponen de manifiesto los mismos intereses políticos. Con un supuesto rescate total a la economía española, que todavía no se ha formalizado (con sus correspondientes nuevos recortes), y con episodios espeluznantes que protagoniza la clase trabajadora para proteger sus derechos, como la huelga de hambre que están llevando a cabo 7 trabajadores de Telefónica. Mientras, se suceden sucias, manipuladoras y mentirosas declaraciones de nuestros dirigentes políticos, afirmando cosas como que «estamos saliendo de la crisis». Incumplimiento flagrante, constante y masivo del Programa Electoral, falta de legimitidad, improvisación y caos generalizado son tónicas de este Gobierno. Y yo me pregunto: ¿Hasta cuándo podremos resistir así? ¿Es posible continuar por esta senda hasta que el señor Rajoy finalice su mandato? ¿Se puede consumar con esta deriva la legislatura completa? Depende de nosotros. Me gustaría no tener que escribir nunca el segundo aniversario de las Elecciones del 20-N.
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