El punto tres de la Declaración de Aiete (2011) instaba a «avanzar en la reconciliación» y es ahí donde hay que situar los temas de memoria. Por el momento, los pasos prácticos en esos puntos solo vienen de un lado (alto el fuego y desarme) ante el exasperante inmovilismo del gobierno Rajoy que ha optado […]
El punto tres de la Declaración de Aiete (2011) instaba a «avanzar en la reconciliación» y es ahí donde hay que situar los temas de memoria. Por el momento, los pasos prácticos en esos puntos solo vienen de un lado (alto el fuego y desarme) ante el exasperante inmovilismo del gobierno Rajoy que ha optado por hacer caso omiso de reivindicaciones sobre cuestiones elementales (acercamiento de presos, por ejemplo) y muy mayoritarias en el País Vasco.
A corto plazo el Estado debería hacer los deberes de la pacificación para que se canalice la cuestión de las «consecuencias del conflicto» (Aiete punto dos) pero no hay visos de que vaya a ocurrir así. No quiere asumir que su problema no es con una «banda» (error de percepción) sino con una sociedad que la demanda y que, caso de no abordarse, incluso se puede entrar en un nuevo ciclo de confrontación (minusvaloración del problema).
A diferencia de otros países que han tenido conflictos violentos y que han gestionado campos distintos como causas, secuelas y procedimientos, aquí toca gestionarlos de forma separada, comenzando por las secuelas, siguiendo por los procedimientos y terminando con las causas que solo tienen solución democrática. Aunque relacionados y vividos coetáneamente deberán ir por carriles distintos para evitar bloqueos.
Escenario de confrontación
El cuadro mental y estratégico que genera un escenario imposible para un encuentro es el de «vencedores y vencidos» porque lleva implícita la continuidad de un esquema bélico, de confrontación irremisible hasta la destrucción del contendiente, lo más ajeno que se pueda imaginar a una lógica de reconciliación que es el que interesa a la sociedad; hasta el punto de que su sociedad civil, especialmente en Iparralde, ha tenido que asumir un arriesgado protagonismo facilitador e intermediario en el caso del desarme ante la parálisis que aquejaba a los estados -rehenes de sus mensajes inmovilistas- y para salir de ese esquema de victoria o derrota. La sociedad civil entendió que hacer posible una paz que también pacifique los espíritus significa generosidad, apostar por la integración social y tener la iniciativa.
Ese esquema militarizado, confrontado con el inspirado en los derechos humanos o con el que encara la integración social, va a estar presente en todos los órdenes de la gestión de la etapa post-ETA. Así en la cuestión de la ubicación de los presos o en el tratamiento de los enfermos graves esos esquemas dan lugar a comportamientos opuestos (fieros o humanitarios) .
Lo mismo en el sentido de Justicia. Una excepcionalidad normativa, judicial, policial y penitenciaria, ajena al Estado de Derecho y concebida solo para la lucha antiterrorista en un tiempo de excepción y que significó penas excepcionales, por fuerza obliga a revisar los casos en que se aplicó e incluso a revisar esas legislaciones. La vara de la Justicia entonces se movió por los vericuetos de la Justicia Ejemplar, tildando de terrorismo lo que obviamente no lo era o con penas que no contemplaban la reinserción. El cambio de paradigma ahora ¿solo habría de traducirse en una Justicia Retributiva (quien la hace la paga con proporcionalidad formal) o debería ser una Justicia Restauradora con la importancia, más que de la pena misma, de la relación entre víctimas, victimarios y sociedad, a la búsqueda de sanar el daño social?
Yendo más allá, habida cuenta de que el problema de la violencia en Euskal Herria no ha sido de delincuencias políticas personales sino de confrontación violenta de una parte social con el Estado y que victimizó también a otra parte social ¿no habría de entrar, pasado un tiempo prudencial, también por la vía de la Justicia Transicional?. Recordemos que es una Justicia apropiada para asentar una transición política entre épocas distintas, que busca equilibrar exigencias jurídicas (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y reconciliación p olítica y construcción de una paz duradera, reinterpretando el ámbito penal desde la idea de sanar el cuerpo social y contando para ello con el respeto a todas las víctimas. Los terceros grados, los cumplimientos excarcelados de condenas y los indultos individuales serían la vía. La justicia no puede ser amnésica, pero su interpretación y la acción política no deben ir contra la normalización socio-politica. La sociedad quiere pasar página, con la factura de la justicia reinterpretada, pero con la generosidad de cerrar una historia.
Pero lo transicional no solo afectaría a una parte sino a todas, reflejando una Verdad y Justicia también sobre los comportamientos de los poderes de Estado e implicando su regeneración para que nunca en el futuro vulneraciones justifiquen otras vulneraciones. Por ejemplo, se trataría de hacer imposibles las torturas por la instauración de protocolos garantistas.
Claro que el hecho de que la «pax vasca» sea unilateral y parcial va a dificultar enormemente que se instale esa Justicia Transicional que se implantó en Irlanda, Sudáfrica, Centroamérica o ahora en Colombia por la via de la negociación. Va a tener que ser fruto de la presión social; convenciendo primero a las elites y después a las instituciones vascas y luego a las estatales. De todos modos está el precedente de la «generosidad» amnésica de la Transición respecto a una derecha que ejerció una violencia extrema durante 40 años.
Con todo, tiene una oportunidad para implantarse a medio plazo, habida cuenta que el cese el fuego fue menos el producto de una imposibilidad técnica de continuar (siempre hay nuevos jóvenes dispuestos a dar el paso y había armas) o por derrota político-judicial (no desarticulada aunque si muy tocada) que el resultado de un desistimiento de ETA, forzado por la sociedad vasca (el unánime en mi nombre NO y con riesgo de descalabrar a la izquierda abertzale acosada además judicialmente en la década pasada). La retirada de apoyo o comprensión a ETA por parte de la izquierda abertzale social y política lo canalizó pero también sentenció el fracaso estratégico de la vía emprendida en 1977. Falta que lo explique. Pero eso no equivale a una derrota de la corriente. De hecho el electorado de la CAE convirtió a Bildu en 2ª fuerza en 2012 con un 25%. Para ser una derrota fue muy dulce y el cuerpo social entiende que debe existir una izquierda abertzale importante, incluso como opción de gobierno para el futuro y como animador de cambios.
Necesidad de memorias
Como parte del proceso político a otra época se van a necesitar unos años de recuperación de memorias, a fuego casi lento, sobre lo ocurrido en Euskal Herria en los últimos tiempos. Pero como esas recuperaciones pueden ser interesadamente aquejadas de amnesias, conviene apuntar algunos criterios que dificulten actitudes de oportunidad y nos acerquen más a memorias con autocrítica que a memorias como relatos de parte.
De hecho estas memorias, que se querrían sinceras y desnudas, combinando ciencia (Historia), política (fortalecimiento democrático y ajustadas a las demandas ciudadanas) y ética (de los derechos humanos) ayudarían a recomponer los destrozos que han dejado en el tejido social décadas de violencia y resetearían, sanando, a las fuerzas políticas en pugna que ejercieron según los momentos unas veces de víctimas y otras de victimarios. Reconocer esta alternancia entre los agentes -con todos los importantes puntualizaciones que se requieran porque lo peor siempre fue la muerte- es sustancial. Matar estuvo fatal, conculcar derechos humanos estuvo muy mal, negar derechos políticos estuvo mal y, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la secuencia política que cebó un conflicto que degeneró, el orden fue el contrario: la falta de salidas al conflicto político de fondo sirvió de argumento para una lucha armada que, al alimón con el Estado, degeneró en vulneraciones de derechos humanos, empezando por el de la vida o la integridad física.
Criterios para las memorias
En primer lugar, una memoria lo más verídica e integral posible, que se fije como un recuerdo colectivo selectivo de un pasado vivido, necesita reconstruir la historia ocurrida desde la Historia, entendida como interpretación plausible y metódica de todos los hechos y situaciones, incluidas las injusticias sufridas. Pero puede haber también Historias, y todas ellas «científicas». Desde luego, hay que distinguir entre Historia y Memoria, pero existe el riesgo de que se imponga un relato dominante de Memoria que haga poca justicia a la historia y sea una mera proyección de una Historia selectiva y descontextualizada.
En segundo lugar parece conveniente, por coherencia, remitirse no solo al periodo democrático sino a los últimos ochenta años, es decir a guerra civil, franquismo, transición y democracia, con su hilo causal y sus notables puntos de inflexión. Tampoco cabe hacer solo una Historia de las violencias o de unas violencias, porque el foco se nos empequeñecerá hasta la obsesión (terrorismo/política antiterrorista) mientras se escapan otros campos decisivos desde la matriz de los derechos humanos y políticos tanto individuales como colectivos: interacciones políticas, sociales y económicas; análisis de poder y élites; proyectos y reivindicaciones…
Por más que tenga prioridad, nos impacte con más fuerza o nos golpee de forma más viva el dolor de los últimos años, elegir solo una época cuando todas están encadenadas o referirse solo a un tipo de violencia, no ayudará mucho a entender -sin por ello justificar- los por qués de situaciones y las lógicas de los agentes. Distinguir entre el conflicto (político) vasco y el conflicto de la violencia es sustancial. Aunque están relacionados, no son lo mismo pero, al mismo tiempo, comprender lo ocurrido pasa por una mirada permanente en las dos direcciones e interiorizando que no hay conflicto de comunidades o de identidades culturales (sería irresponsable hurgar en ello) sino de referencias nacionales y de proyectos político-sociales.
De ninguna manera se trataría de hacer un tótum revolútum sino una secuencia y decantación rigurosa puesto que, según las épocas, memoria, reparación y justicia tienen distintos grados de desarrollo. Así, se diga lo que se diga mintiendo, el conocimiento -vía periodística, policial y judicial- es bastante amplio desde 1977 en relación a algunos de los actores (ETA, izquierda Abertzale, euskalgintza..) puesto que policía y jueces se han dedicado a ello intensivamente todo ese tiempo, mientras que no sabemos casi nada de cloacas, GAL y muchas decisiones políticas opacas desde 1977 hasta hoy. En cambio la Historia desde la guerra civil hasta las primera elecciones democráticas ha sido exhaustiva pero, sin embargo, silenciada como Memoria con consecuencias (fosas, responsabilidades, callejeros, exaltaciones, ..) ni reparaciones y ya no digamos de justicia por crímenes de lesa humanidad.
En tercer lugar, esas memorias no pueden ser al gusto o dictadas por los distintos tipos de víctimas porque su objetividad se resentirá. Algunas de sus asociaciones no distinguen la justicia de la venganza, chantajean emocionalmente a la sociedad y son funcionales a estrategias políticas. Son un problema para las propias víctimas. Y, sin embargo, las memorias no son de y para las víctimas, aunque sean protagonistas muy relevantes de la historia y la memoria. Reducir la Historia solo a un relato sobre víctimas y victimarios de un tipo o de otro sería un flaco favor a la explicación de la historia y a la memoria a construir colectivamente.
Tampoco pueden ser relatos para las respectivas parroquias. La destinataria es la sociedad vasca (y a escala estatal en buena medida) como un todo a la que se le debería devolver ordenada cada versión de lo acontecido y siempre con una consideración central a las víctimas.
En cuarto lugar, el país lo conforman y construyen (en conflicto) todas las sensibilidades. No hay sectores o ideologías que representen las esencias colectivas, ya se vistan con los ropajes de la herencia, del sacrificio o del Estado de Derecho. Tradicionalmente la sociedad civil ha sido la que mejor ha sabido gestionar el respeto interno a los diversos sentimientos nacionales y a la cultura, a la comunidad y a la sociedad comunes, incluso en la acción política en un marco de gran conflicto. Nunca ha sido la sociedad vasca una sociedad anómica, enferma o sumida en una espiral de silencio, sino politizada e implicada al contrario de lo que sostienen, ¡casualidad! quienes sobre todo se oponen a que pueda decidir por su cuenta y por la vía solo democrática el futuro.
Habrá memorias y relatos en plural durante bastante tiempo, desde la subjetividad de las identidades nacionales y políticas y habremos de conformarnos con tener solo algunos puntos comunes acreditados. Por ejemplo, no sería poco el de la primacía de los derechos humanos empezando por el más sagrado, el de la vida, y que aquí se cercenó, especialmente por parte de ETA en los últimos años, aunque no en exclusiva. Junto al de la vida se trata de rastrear también una memoria de la tortura y la conculcación de no pocos derechos políticos. Como base para una mínima puesta en común, las memorias de cada cual han de responder a todos los interrogantes en lugar de refugiarse en el «y tú más».
Está en sus manos que se trate de memorias complementarias hacia una verdad más completa o de memorias irremisiblemente alternativas con lógicas contrapuestas e inmiscibles como verdades de consumo para cada parroquia, pero no verdades para la sociedad como un todo. Lamentablemente nos acercamos a esta segunda versión si la Ponencia de Memoria y Convivencia no lo evita.
Claro que para una Historia que vaya más allá de una visión de derechos humanos elementales obliga a asumir un punto de vista político -no compartido por todos pero en cambio profundamente democrático- y es que la legitimación de un Estado de Derecho pasa por el reconocimiento de los derechos nacionales de las comunidades con mayorías continuadas al respecto y que negarlos desde las mayorías de Estado es usar la ley contra la democracia.
En quinto lugar, cada agente tiene su particularidad.
La izquierda abertzale oficial tendrá que analizar sus relaciones con ETA desde los parámetros de utilidad, justicia y legitimidad. Preguntarse sobre la utilidad que le ha deparado al país y a la propia izquierda abertzale civil, un ejercicio continuado de la violencia por parte de ETA, no sólo contra el Estado, sino contra conciudadanos, y si no cabía una lucha sólo por otros medios; y qué balance político estratégico debe hacer sobre la cobertura política a la estrategia armada de ETA. Constatar la injusticia que ha supuesto el daño sufrido por tanta gente, incluida la propia. Interrogarse sobre la legitimidad de una violencia mortal con fines políticos en un contexto no totalitario. Sus últimos pasos han sido más fruto de la necesidad que de la virtud, necesita reinventarse porque algunos de sus referentes han caducado.
Por su parte, el PP y PSE-EE deberán atender a las épocas de su responsabilidad. Completar los relatos es contar también lo otro que pasó.
El PP, como heredero de las derechas que trajeron el franquismo y lo disfrutaron a costa de la colectividad, va a tener que revisar la memoria de la larga dictadura, sin recurrir al «yo no he sido» porque sus antecesores sí lo fueron, los muertos aún se mueven en las tumbas anónimas y las decenas de miles de represaliados exigen luz, autocrítica por la parte que les toca y reparación, e incluso alguna justicia. Los recientes honores al General Sanjurjo son la respuesta.
El PSOE, aun no tiene arrestos para confesar su paternidad, dando nombres y apellidos, en el GAL como terrorismo de Estado mientras, con su peculiar vara de medir, exige esclarecer 300 atentados de ETA sin imputar aunque seguramente -y visto que no quedan apenas miembros de ETA en la clandestinidad- sus ejecutores ya habrán pagado con años de cárcel por otros hechos.
Parece poco serio que ambos pidan el harakiri ajeno negándose a releer la hemeroteca de su propio pasado. Sus averías también van en el paquete de la memoria, no para que se compensen y anulen mutuamente, sino para que la memoria colectiva recuerde todos los horrores… sumados.
El PNV tiene una responsabilidad distinta pero también a analizar. Tendrá que valorar si estuvo a la altura de las circunstancias -desde el poder que tenía- ante lacras como la tortura o las vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado, o ante algunos oscuros comportamientos de la Ertzaintza -incluidas denuncias de tortura y malos tratos- o ante las víctimas mismas. En las etapas de Ardanza como lehendakari y sus gobiernos de coalición con el PSE-EE (1987-1998) -y con la bendición pública de Arzalluz- apoyó la política de dispersión carcelaria inaugurada por Antoni Asunción (PSOE) en 1987.
Así el «suelo ético» del que hoy se habla está lleno de aceite resbaladizo. El «suelo ético» debería ser principalmente el espejo en el que cada cual mire sus propias miserias y las verbalice en lugar de ver, hipócritamente y por interés, solo la paja y la viga ajena. Ni ventilador ni varas de medir distintas. Facilitarían las cosas unos ignacianos ejercicios espirituales de todos y cada uno.
Sin el reconocimiento de hechos (verdad) y de responsabilidades no serán posibles ni conciliación ni reencuentros sociales. Esto no tiene nada que ver con los arrepentimientos y perdones individuales que forman parte de una esfera subjetiva no exigible en política laica sino con responsabilidades políticas de los colectivos revisando sus políticas pretéritas.
En sexto lugar, no debe haber víctimas de primera y de segunda en función de quién fue el victimario, sino en función de la gravedad e injusticia sufrida. Si la muerte nos iguala a los humanos, el grado del daño también. Todas las víctimas merecen respeto, reconocimiento, reparación y justicia. Jerarquizar a las víctimas por el quién, o según afinidades, sólo puede entenderse por los réditos políticos que se pretenden extraer y no por un criterio de justicia. También conviene distinguir entre las auténticas víctimas (fallecidas, heridas, extorsionadas, perseguidas, torturadas..) y familiares sufrientes de esas víctimas ya que la utilización de estas últimas con fines partidarios ha sido escandalosa. El discurso moral virado en una sola dirección, apropiado en exclusiva y arrojado contra los otros, puede convertirse en el gusano que llevando implícito un proyecto político arruine la manzana de la conciliación.
En séptimo lugar ¿quién tiene más capacidad de imponer su relato si este no se escribe en interacción de todos los agentes, autocríticas incluidas?
Por el momento hay menos riesgo de que lo haga la izquierda abertzale que el resto de fuerzas con recursos económicos y peso institucional para orientar una Historia y acordar un relato selectivo. El imaginario socialista, por ejemplo, lo hace desde la Fundación Valentín de Foronda que desde un encargo recibido del Gobierno Vasco (Informe Foronda) estigmatiza de forma genérica «al conjunto de la sociedad vasca» (palabras del Secretario de Paz y Convivencia Jonan Fernández Eldiario.es 22-3-15) aunque también es verdad que, vista la riqueza de la sociedad civil, es más probable que sean sus dinámicas las que lleguen a posar una versión dominante sobre lo ocurrido en convivencia con otras versiones.
Por su parte podría haber un empeño de PP y PSOE de escribir un relato a la medida de una intención previa: el imaginario de la derrota de ETA con la consiguiente estigmatización del enemigo (el nacionalismo como causante último). Para ello podrían reducir, por ejemplo, la historia de ETA a una criminalidad común de desalmados con la política como excusa (versión PP) o de pura pulsión terrorista (versión PSOE). En los dos casos tendría varias derivas: minimizaría las responsabilidades de la Dictadura y de un Estado nacido cojo en la Transición y de una Justicia devenida tuerta, que ha ido ganando en autoritarismo respecto a la disidencia; escondería su resistencia a abordar en un tiempo de paz las secuelas de todas las distintas violencias pretendiendo prolongar su gestión y el sufrimiento que trae; y aplazaría sine die cualquier tema relativo al cambio de estatus político desmintiendo rotundamente aquello de que «sin violencia todo proyecto político es posible» aunque ahora rozando el rizo antidemocrático, se viene a decir que el proyecto independentista esta deslegitimado porque es el » proyecto político de ETA». ¡Vaya!
Previsiones
No ya sobre el fondo político sino sobre la pacificación misma los gestos han tenido que ser unilaterales por parte de ETA, sin negociación ni diálogos de ningún tipo, ni contrapartidas directas sobre las consecuencias del conflicto armado entre ella y el Estado, ni intercambios ceremoniales gestuales y mudos (acción y respuesta esperada). Un proceso unilateral de paz a cambio de nada mientras es la sociedad civil quien, por el momento, asume el rol de casar en nombre de la sociedad las piezas del puzzle de una paz sólida y democrática.
Que la sociedad civil haya tenido que asumir una función vicaria y avalista en el desarme frente a la lógica de la rendición total que el Estado ha pretendido, es meritorio pero no augura el mejor de los escenarios para canalizar las secuelas de estos años aunque seguro que fuerzan respuestas obligadas de los gobiernos (el Estado francés obligado a consentir el desarme, presos graves, futuros acercamientos…). El silencio estatal español, tampoco facilita unas estrategias autocríticas hacia la verdad sino más bien anuncia su inclusión en la lógica de vencedores y vencidos que pretenden Estado, PP y PSOE.
El Estado y los partidos de Estado no han comprendido lo que está en juego, y contrariamente a la idea mediática de que es un tema amortizado, tiene todo el aspecto de que a través de casos (el desarme, Oier Gómez …) puede ser un factor movilizador de primera importancia que además cebaría la radicalización y extensión de la reivindicación nacional. Incluso la hintelijenzia de Estado recomienda gestionar el tema en lugar de ignorarlo.
La izquierda abertzale tiene mucho que ganar si monopoliza la búsqueda sincera de una verdad más integral y se equivocará si condiciona su reflexión autocrítica a la de las otras fuerzas. Puede reconstruirse en ese proceso de empatía con la sociedad civil.
Tampoco hay perspectivas de que el fin de la violencia y el desarme de ETA activen salidas políticas democráticas al conflicto político que le dio origen y que permanece. Es más, cunde la convicción de que ETA era la excusa para no abordar un problema político estructural que sigue a la orden del día.
Incluso en un cuadro a cinco fuerzas en la CAE en el que ninguna puede bloquear en donde las mayorías sociales piensan en una dirección resolutiva, los aparatos pueden mirar solo por su interés, calculando precios de distintas alianzas postelectorales. Ese vuelo bajo puede sacrificar oportunidades para avanzar en la paz consolidada y en un cambio de marco. En Navarra en cambio los pasos han sido más firmes por parte de la fuerzas que apoyan al gobierno Barcos.
Necesitamos entender lo que pasó no para condicionar los Derechos Humanos a intereses políticos sino para construir nuestras memorias colectivas y nuestra convivencia desde parámetros sólidos y con pasarelas. Es mejor hacerlo de motu proprio a que lo tenga que aventar, de repente y sacando los colores a algunas fuerzas, una Comisión de la Verdad que ya resulta necesaria y que habría de ser independiente, plural y con respaldos institucionales.
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