Cuando Zapatero accedió a la presidencia, contaba con la legitimidad que le había proporcionado el ejercicio, durante unas pocas horas, de la democracia popular no manipulada. Lástima que haya dilapidado tan formidable aval en un tiempo récord. Si bien es cierto que cumplió con el compromiso de la retirada de las tropas coloniales españolas de […]
Cuando Zapatero accedió a la presidencia, contaba con la legitimidad que le había proporcionado el ejercicio, durante unas pocas horas, de la democracia popular no manipulada. Lástima que haya dilapidado tan formidable aval en un tiempo récord. Si bien es cierto que cumplió con el compromiso de la retirada de las tropas coloniales españolas de Iraq, debemos tener en cuenta que esa promesa era imposible de eludir a causa de la presión popular antibelicista. El supuesto nuevo talante se ha quedado en pura semántica y los problemas más graves se mantienen irresueltos e intocables porque así lo dispone el Estado. No olvidemos que en el Régimen español, heredado de Franco, gobiernos y presidentes deben limitarse a gestionar la política del Capital y nada más.
La actual estrategia europeísta y de acercamiento a Francia puede interpretarse como un rechazo a la política militarista de Estados Unidos, pero resulta contradictorio con la presencia en Rota de una de las bases navales más importantes del mundo desde la que se han perpetrado agresiones imperialistas contra otros países precisamente en tiempos de Gobiernos socialistas. Ese acercamiento sólo pretende dar una falsa imagen de independencia respecto al Imperio, sobre todo en unos momentos en los que Estados Unidos está siendo condenado unánimemente por los casos de tortura en Iraq.
Pero Francia también sabe de torturas. En las dos últimas guerras coloniales que afrontó en solitario, Argelia e Indochina, la tortura generalizada se convirtió en recurso normal del ejército francés. Años más tarde, Francia envió instructores a la Argentina para iniciar a los militares de aquel país en los métodos de tortura y ejecución clandestina de personas. Actualmente, Amnistía Internacional denuncia torturas y violaciones a inmigrantes por parte de la policía francesa sin que se tomen medidas efectivas al respecto. El Gobierno del PSOE no puede evitar, por mucho que lo intente con estas maniobras, que la tortura forme parte de los «valores» occidentales que defiende. Esa es, ni más ni menos, su «democracia»: la que tortura.
Una muestra del «cambio»: el responsable de Justicia, López Aguilar, afirmó ante la representante de Amnistía Internacional que las denuncias de los detenidos por su relación con ETA (o sin relación, que también los hay) son falsas en el cien por ciento de los casos; pero a la vista del rostro de Unai Romano o de las quemaduras causadas por descargas eléctricas a Iratxe Sorzabal, el porcentaje no cuadra. Miles de vascos continúan sin derecho al voto al seguir ilegalizada Batasuna y ahora también Herritarren Zerrenda. El argumento para prohibir HZ ha sido el de siempre: las conexiones con ETA. Pero de ser ciertas, ¿cómo es que no están en la cárcel sus dirigentes? Ese es el nuevo talante del Ejecutivo. Apañados estamos.
Aún no hace tres años que Zapatero criticaba al PP por su posición reaccionaria frente al problema de los inmigrantes argumentando que no se podían resolver las situaciones irregulares con la porra y ya ha echado mano de la represión para expulsarlos de la Catedral de Barcelona. Además de palos también les dio la noticia de que no van a ser regularizados a pesar de que muchos de ellos llevan años residiendo en España. La memoria es como un mal amigo: cuando más falta te hace, más te falla.
Hicimos burlas sobre el patriotismo de pandereta del que hacía gala Federico Trillo y tenemos a un José Bono colocándose medallas a sí mismo, (por mucho que diera marcha atrás posteriormente) pues, y cito textualmente, «las Cruces del Merito Militar serán concedidas por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa». Falangista y megalómano, el perfil ideal para un Ministro de Defensa.
En la designación del Fiscal General del Estado, el PSOE aseguraba en su programa electoral que para su elección establecería una comparecencia en el Parlamento porque deseaba un Fiscal del Estado y no del Gobierno. Es correcto definirlo como Fiscal del Estado ya que siempre será fiel al sistema que le da de comer y puede que esa fuera la razón por la que Zapatero se limitó a nombrarlo en un Consejo de Ministros sin pasar por comparecencia alguna. ¿Para qué perder el tiempo si el nuevo Fiscal sólo defenderá los intereses de los de siempre?
Zapatero anunciaba en los mítines que iba a poner precios asequibles, tanto de venta como de alquiler, para acceder a 180,000 viviendas anuales. Pero, apenas se formó el Gobierno, la Ministra de Vivienda corrigió ese compromiso matizando que eran 180.000 «actuaciones», sin concretar nada más. Los intereses de las inmobiliarias, empresas constructoras y grandes especuladores son sagrados.
En el debate de investidura, Zapatero anunció que presentaría en el segundo año de legislatura un proyecto de reforma fiscal, y el vicepresidente Solbes avisaba diciendo que, si no se hace en esta legislatura, se hará cuando Dios quiera. Así que, por ahora, se mantiene la política fiscal que beneficia a las clases altas y, dados los antecedentes de Solbes, mucho temo que cuando la modifiquen se limitará a un lavado de cara. Solbes ni se molesta en disimular que él no ha cambiado. Es el mismo que en la etapa felipista tanto perjudicó a la clase trabajadora. Ahora reaparece más viejo pero igual de afecto al Régimen.
Resumiendo: Por mucho que Zapatero y su Ejecutivo se esfuercen en simular que toman decisiones, está claro, al menos para mí, que donde hay patrón no mandan ni Zapatero ni los que vengan detrás. El Gobierno actual, el anterior y el que esté por llegar son, y serán todos, idénticos a la hora de rendir cuentas y servilismos ante la plutocracia mientras ésta siga controlando los resortes del poder. La metamorfosis por «imperativo legal» del nuevo Gobierno está servida.