Vivir de cerca, analizar y sensibilizar sobre el drama de las migraciones masivas a lo largo del territorio que se extiende entre Centroamérica y el sur de Estados Unidos, ha sido el objetivo del informe presentado en Nicaragua por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en colaboración con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos […]
Vivir de cerca, analizar y sensibilizar sobre el drama de las migraciones masivas a lo largo del territorio que se extiende entre Centroamérica y el sur de Estados Unidos, ha sido el objetivo del informe presentado en Nicaragua por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en colaboración con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Los datos presentados reflejan una situación altamente dramática y explosiva. En 2006 fueron 179 mil los extranjeros -94 por ciento centroamericanos- deportados por las autoridades mexicanas y 858 mil los que fueron apresados y deportados por los cuerpos represivos estadounidenses (514 mil mexicanos). Unos 4.000 migrantes fallecieron atravesando el muro material o virtual (entre México y los Estados Unidos) en los últimos 12 años, es decir 15 veces más de las personas que en 28 años perdieron su vida tratando de cruzar el muro de Berlín. Y los números se incrementan año a año.
«Para las autoridades y la mayoría de los medios de comunicación, los inmigrantes son ʹilegalesʹ, señala el informe. La utilización de este término conduce a decir que los seres humanos son ilegales. Este calificativo demuestra una tendencia a la criminalización de la migración, haciendo pasar al migrante que entra en un territorio nacional sin sus papeles en regla, por un delincuente.
Esto con frecuencia va acompañado de una amalgama entre migrantes indocumentados y terroristas. Esta evaluación tiene graves consecuencias porque favorece la legitimación de medidas más represivas en nombre de la seguridad nacional, desviando la atención de las violaciones de los derechos humanos fundamentales de esta población», puntualiza el documento presentado por la FIDH.
Como explicó la Dra. Vilma Núñez, vicepresidenta de la FIDH y presidenta del CENIDH, «realizamos este estudio para visibilizar y documentar las graves violaciones de derechos humanos que afectan a los migrantes en la región. Entre las principales causas de este fenómeno hay que destacar la impasibilidad de los gobiernos centroamericanos hacia el compromiso que tienen con su gente de promover trabajo, luchar contra la pobreza, garantizar oportunidades y una vida digna. Sin lugar a dudas -continuó Núñez– la migración representa el drama de miles de centroamericanos en su esfuerzo de llegar a Estados Unidos, donde pretenden encontrar una solución a los problemas en sus países de origen».
El informe es el resultado de un largo recorrido que llevó a la FIDH a transitar por una de las principales rutas que utilizan los migrantes. Salen de Nicaragua, Honduras y El Salvador y se mueven con relativa tranquilidad hasta Guatemala gracias al CA-4, documento que facilita el libre ingreso y tránsito a los nacionales de estos cuatro países centroamericanos. Las dificultades y violaciones comienzan en Tecún Umán, en la frontera entre Guatemala y México, cruzando el Río Suchiate y llegando hasta Tapachula, para después caminar largos días para alcanzar Arriaga, donde tratan de llegar a la frontera entre México y Estados Unidos.
Generalmente viajan solos y solas, avanzando por etapas, o pagando grandes cantidades de dinero a los «coyotes» o «polleros», quienes muchas veces se aprovechan de ellos estafándolos o simplemente abandonándolos en medio del desierto. El territorio mexicano se convierte de esa manera en el lugar más peligroso para miles de centroamericanos indocumentados.
«A pesar de tener casi 50 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos, la desesperación de las personas que no han logrado llegar a su destino es algo que me ha marcado fuertemente, destacó Núñez. Estamos acostumbrados a trabajar con personas que están concientes de los riesgos que enfrentan, sin embargo en ese caso no es así y estando allá uno se siente participe de la sensación de impotencia que viven en los centros de detenciones».
Incoherencia y violencia hacia los migrantes
Según el informe, frente a esta migración masiva, las políticas nacionales tanto de Estados Unidos como de México, siguen siendo incoherentes y atentatorias a los derechos humanos.
«En Estados Unidos -añade Núñez– se implementa una política de disuasión que se ha traducido en una fuerte militarización de la frontera, con nuevas tecnologías, el empleo de más de 15 mil patrulleros fronterizos (B.P.) y la construcción de un muro.
En México son numerosas las detenciones de migrantes por miembros de cuerpos sin facultad legal de hacerlas. El objetivo principal de estas detenciones es la extorsión, acompañada muchas veces por violencia, amenazas, hostigamiento sexual o violaciones de mujeres. Pudimos también constatar una situación de casi total impunidad por parte del gobierno mexicano. Visitamos juzgados y centros de defensa de los derechos humanos y no encontramos un solo caso de condena judicial por los abusos contra los migrantes.
Existe una situación de represión constante, en Arriaga, cuando tratan de montarse en el tren que los lleva hacia la frontera con Estados Unidos, la empresa de ferrocarril contrata a los «garroteros», o sea personal de seguridad que colabora con las fuerzas policiales para interceptar, golpear y detener a los indocumentados. En un famoso operativo llamado «Relámpago» fueron muchos los migrantes que fallecieron. De esta manera queda al desnudo la incoherencia del gobierno mexicano, que exige a los Estados Unidos un trato humanitario para su gente y al mismo tiempo violenta sistemáticamente los derechos humanos de los migrantes centroamericanos», explicó Núñez.
El informe advierte también como en la frontera de Estados Unidos «los agentes utilizan el hostigamiento, la degradación, la humillación y la intimidación verbal junto a la fuerza letal contra quienes atraviesan ilegalmente la frontera», haciendo énfasis en las difíciles condiciones que los migrantes viven en los centros de detenciones en los dos países.
Existe también una verdadera violación al derecho a la vida. «Cuando alguien muere -prosigue Vilma Núnez– la ley obliga a las autoridades a comunicar al consulado para la entrega del cuerpo, pero en Ciudad Hidalgo existe sólo el consulado de Guatemala. Muchas veces las autoridades se deshacen de los documentos para evitarse los trámites burocráticos y los fallecidos son clasificados como NN (no identificados). Todos estos cuerpos son enterrados en fosas comunes. Fuimos al cementerio de Tapachula para mirar esta fosa y constatamos que estaba debajo de un basurero. Nos explicaron también que ahora por falta de espacio los entierran entre las diferentes tumbas». La presidenta del CENIDH, subrayó que no informar a los familiares sobre donde está enterrada una persona, constituye una violación del artículo 7 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y puede ser clasificado como tortura.
Entre las recomendaciones que la FIDH hace a los gobiernos de México y Estados Unidos se destaca: cambiar el paradigma en las políticas migratorias; reformar urgentemente las leyes migratorias; poner fin a las violaciones masivas de los derechos fundamentales de los migrantes; brindar garantías a los migrantes indocumentados arrestados y estudiar los impactos de cómo el TLCAN y el CAFTA presionan o no el flujo migratorio.