Abrir un nuevo proceso constituyente, popular y democrático
Ir a contracorriente de una idea generalizada nunca es fácil. Pero en ocasiones puede ser un ejercicio necesario y hasta saludable. Se trataría, en este caso, de manifestar nuestra prevención y hasta nuestro desacuerdo con esa demanda de un referéndum que el domingo 28 de agosto movilizó a miles de manifestantes en todo el país. Su finalidad: oponerse a la «constitucionalización» del gasto público acordado, de forma antidemocrática, por el PSOE y el PP. Gracias a una consulta que expresase libremente la opinión del pueblo sobre una medida dictada por los mercados, a través de los dos mentores de la Unión Europea, Merkel y Sarkozy. Una reforma-exprés, la de los dos partidos mayoritarios, que algunos no han dudado en calificar de «golpe de Estado encubierto».
Si se llevase a cabo, sería una prueba más del sometimiento de Zapatero a los centros de poder mundiales. En vísperas de la llegada de la otra derecha – la congénita, la heredera de las esencias más puras del franquismo – el PSOE habrá colocado así, antes de su abandono del Poder, la última piedra de una larga deriva hacia un neoliberalismo de choque anti-obrero, antipopular y antidemocrático. Dando la razón a los que gritan en las manifestaciones el lema de «Dicen que es una democracia y no lo es».
Ese acuerdo con su falso enemigo, el PP, será por lo tanto su último intento de acabar con los restos de lo que, hipócritamente, siguen llamando «la sociedad del bienestar»: en realidad la sociedad del consumo y de la vida a plazos, del paro y de la precariedad. De la negación absoluta de ese «Estado democrático, social y de derecho», hoy inexistente, inscrito al parecer en la Constitución.
A los que como Vicenç Navarro y las organizaciones del 15M, entre otras, han impulsado la propuesta de un referéndum para oponerse al golpe de mano del PPSOE, les proponemos que tomen nota de otros puntos de vista. Por ejemplo leyendo estas líneas publicadas en la Red: «Los que tenemos unos añitos hemos visto como se hacen y manipulan los referéndum, como el de la Constitución y el de la OTAN, que han sido los últimos en democracia con la gente más concienciada y activa y que se perdieron. Era imposible ganarlos (…) Con el referéndum de la OTAN vimos que el poder nunca dejaría, si a él no le interesaba, que el pueblo decidiera y ganara ni referéndum ni elecciones. La democracia es su juego mientras les sirva».
Ojo también con Rubalcaba, molesto al parecer (¿quién se lo va a creer?) porque Zapatero no le ha avisado a tiempo de que estaba negociando esa reforma con el PP (la prensa). Rubalcaba, un verdadero maestro en el juego de los naipes y de las transubstanciaciones. Capaz de convertir el agua en vino y viceversa. Hasta el punto de declarar «que quiere romper ese «tabú» de que la Constitución es intocable tras 30 años de vigencia». Un aliado, para el que lo quiera, ambiguo y cuando menos incómodo.
En este ambiente deletéreo, por no decir irrespirable, es en el que los movimientos partidarios de un referéndum deberán manifestarse contra un proyecto, el del PPSOE, destinado, dicen, «a asegurar la estabilidad fiscal del país». Se trata, en realidad, de dar otra vuelta de tuerca a nuestras ya de por sí exiguas políticas sociales y de una nueva prueba del sometimiento de nuestros políticos al «diktat» de la pareja franco-alemana.
Anotemos también, que a ese toque de trompeta generalizado para modificar y rejuvenecer la Constitución, ha acudido hasta Esperanza Aguirre. La figura de proa de la derecha de la derecha, ha llegado a afirmar «que es posible que la Constitución española de 1978 necesite algunos cambios». Y ha indicado que el propio texto constitucional «contiene mecanismos para hacer estos cambios».
¿Quién nos asegura en consecuencia que en los laboratorios, las cocinas y los sumideros del Poder, además de la aprobación urgente del proyecto de modificación de la Constitución, no se ha llegado en algún momento a estudiar y a sopesar otra alternativa: la posibilidad de convocar, desde arriba, un referéndum amañado para dar la impresión de que el gobierno se inclina ante la voluntad popular. Poco probable pero no imposible, ya que el PSOE -además de ser un experto en mayorías aritméticas- posee una larga experiencia en el arte de manipular y de dirigir a la opinión pública.
Curiosamente, en el mismo instante en que CC.OO y U.G.T acaban de tragar la última pócima de la reforma laboral de Zapatero (los dos sindicatos se declaran dispuestos a seguir apoyando la reforma laboral y la moderación salarial hasta 2014 («a condición, precisan, de que la patronal invierta sus excedentes en el tejido productivo»), convocan, también ellos, tres días de protesta contra la reforma de la Constitución del Gobierno. Porque, afirman, «sería el final del estado social». (Jocoso cuando menos, e inesperado, ese apoyo del sindicalismo oficial al rechazo de la reforma PPSOE). Señalemos por último que entre las organizaciones partidarias de un referéndum, figura el Partido Comunista, cuya reclamación, afirma, «tiene toda la contundencia de defender la democracia avanzada, participativa».
Existe por lo tanto una coincidencia objetiva entre los sindicatos «obligados» del poder, los jóvenes de 15M que últimamente han dinamizado la lucha social en nuestro país, y ciertos partidos de oposición que como el Partido Comunista, además de ser depositarios de una parte de nuestra memoria histórica, fueron partícipes en la elaboración de la Constitución de 1978 y en el proceso «democratizador» que se abrió tras su aprobación: todos se declaran partidarios de un referéndum que bloquee y anule esa reforma.
Conviene señalar, una vez más, que no existe una unanimidad al respecto. Nos parece interesante, en consecuencia, dar a conocer algunas opiniones contrarias, expresadas en artículos y en comentarios contenidos en las publicaciones «libres» de la Red. Como esta: «Votar o no en referéndum la reforma de la Constitución, es aceptar la Constitución fascista que impera actualmente. Un rollo más de la farsa, en la que no hay que picar». Y esta otra: «Obsesionarse con que la Constitución no sea reformada, es una forma de reconocerla». Y hay quien advierte; «En los últimos años en la Unión Europea, todos los referéndum que el capital ha perdido se han repetido hasta ganarlos. Y en algún caso hasta cuatro veces».
Hoy en día no es necesario enfrascarse en la lectura de legajos polvorientos si quiere uno refrescarse la memoria. Basta con echar mano de la información contenida en la Red para comprobar, por ejemplo, que la Constitución de 1978 fue fruto de un «consenso» impuesto por las derechas herederas del franquismo a unos comparsas resignados y complacientes que aceptaron negociar una Carta Magna, «una vez disipados los ruidos de los sables». En una de las pocas críticas que hemos encontrado a este respecto, titulada «Crítica profana», se recuerda que aquella Constitución, aún vigente, «fue una imposición por la fuerza de las coacciones militares al pueblo español: régimen monárquico, régimen criptoconfesional, la oligarquía de siempre, un pueblo conformista y alienado y, en fin de cuentas, una democracia de baja intensidad». Señalemos que la Constitución fue aprobada por referéndum el 6.12 del 78, con resultados calificados por algunos de «preocupantes»: en efecto, el 33 % del censo se abstuvo; hubo 58 % de votos a favor y 8 % en contra.
Conviene también evocar, ya que vamos de referéndum, la aprobación en marzo de 1986 de la integración de nuestro país en la OTAN. Un ejemplo único de manipulación, oportunismo y cinismo político. El PSOE, que se había manifestado en contra de la permanencia de España en la Alianza Atlántica antes de subir al poder y de formar gobierno, con el eslogan de » ¡OTAN, de entrada no!» ( en 1981 Alfonso Guerra denunció «una dependencia que convertiría a España en una colonia de EE.UU» ), dio un giro copernicano en 1984 a su política. En el 30 congreso de su partido, Felipe González propuso el «¡Si a la OTAN!» y obtuvo una amplia mayoría.
La campaña en favor del «SI» fue aplastante, con una utilización de los medios – prensa, radio y televisión en particular – realmente espectacular. Hasta el punto de que Alfonso Guerra llegó a afirmar: «Prefiero un minuto en televisión que 100.000 militantes». Un 53 % de votantes dijo SI a la pregunta del gobierno, con lo cual España quedó plenamente incorporada a la OTAN. Un cuarto de siglo después de aquel referéndum, este país se ha convertido en un activo participante en las misiones internacionales de la Alianza. Desde 1991 el gasto de su participación se ha elevado a 3.900 millones de euros.
Circulan en este momento por la Red, como ya hemos señalado, testimonios, artículos y comentarios que expresan una opinión contraria a la petición de un referéndum, por considerar que esa consulta, rechazada o aceptada, tendría como consecuencia una legitimación de la Constitución diseñada e impuesta por los herederos del franquismo. Esta postura, precisan varios de ellos, no supone renunciar a luchar por todos los medios contra una medida dictada por los mercados, que quieren imponer una «constitucionalización» del techo del gasto público y del expolio al que pretenden someter a los países de la Unión Europea.
Transcribimos alguno de los comentarios que denuncian los peligros que entraña un referéndum de este tipo, aunque haya sido concebido como un medio de movilización de la opinión pública: «Hoy por hoy, dice uno de ellos, el debate no está en decir SI o NO a las reformas. Lo único que tenemos que hacer hoy es la lucha y no es otra. Es obtener la derogación de la Constitución franquista de 1978 y conseguir una situación nueva en el Estado español, abriendo un período constitucional asumido por el conjunto de la población. (…) Que contemple de verdad un estado aconfesional, que permita de verdad el derecho al trabajo, a la vivienda, y a tantos derechos que hoy están conculcados.»
Y este otro: «Es indispensable una revisión profunda del actual marco constitucional. Acaso la movilización, lenta pero firme, de una opinión democratizadora, republicana y, por tanto, constituyente».
Luchar en consecuencia por bloquear esta reforma, evitando de acudir a procedimientos que, si fuesen aceptados bajo una u otra forma por el Poder, tendrían como consecuencia validar y legitimar la Constitución de 1978 que vertebra y perenniza un régimen heredero directo del franquismo. Debemos al contrario, es la otra opción, «de forma lenta, pero firme», abrir un nuevo proceso constituyente, popular y democrático.
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