Un día antes del partido de fútbol entre las selecciones de España e Italia, clasificatorio para la Copa Mundial de Rusia, Save The Children alertó sobre la situación de cerca de 60 menores inmigrantes no acompañados que, desde mediados de agosto, empezaron a arribar al litoral de Cádiz. Con los grandes focos mediáticos ubicados en […]
Un día antes del partido de fútbol entre las selecciones de España e Italia, clasificatorio para la Copa Mundial de Rusia, Save The Children alertó sobre la situación de cerca de 60 menores inmigrantes no acompañados que, desde mediados de agosto, empezaron a arribar al litoral de Cádiz. Con los grandes focos mediáticos ubicados en el choque deportivo y el retorno del futbolista David Villa, la ONG remitió una carta a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, para denunciar la situación de los adolescentes, alojados por la administración andaluza en un camping de la costa de Tarifa (Cádiz). «Se están vulnerando sus derechos», denunciaba la misiva.
Save The Children advirtió en un comunicado que las infraestructuras mencionadas no son las adecuadas ni cuentan con profesionales especializados, por lo que el gobierno andaluz estaría incumpliendo las obligaciones de acogida, protección e integración que establece la legislación de menores. Se trata, apunta la ONG, de un «parche» ante el incremento del número de pateras que, en los últimos meses, llegan desde el norte de Marruecos; «en lo que llevamos de año más de 2.000 menores entre 14 y 17 años que viajan solos han cruzado el Mediterráneo y llegado al litoral andaluz; los centros de menores del entorno de Cádiz están colapsados», añadía la nota informativa fechada el uno de septiembre.
No es la única denuncia. A finales de junio la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz señaló las responsabilidades del Gobierno central y la Junta de Andalucía por el trato a los menores que llegan en pateras; «sus derechos se han convertido -en buena medida- en ‘papel mojado'». La asociación enumera algunas de las múltiples carencias: las instalaciones para la primera atención resultan «inadecuadas»; los medios, «ineficientes»; y la falta de personal, «asfixiante». Además, pese a la prohibición legal de que así ocurra, en numerosas comisarías los menores de edad son encerrados junto a los mayores. Esto sucede -según la organización de derechos humanos- por la falta de funcionarios que puedan hacerse cargo de los menores, hasta el punto de que «apenas se pueden atender las peticiones de ir al baño o darles agua».
En ocasiones, como ha ocurrido en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera, «son esposados en la vía pública». Además, las críticas se extienden al momento del traslado a los Centros de Menores, en los que pueden llegar a recorrerse centenares de kilómetros: «en muchos casos se trata de vehículos adaptados para el transporte de personas detenidas, pero no son los reglamentarios para los menores de edad». La APDHA critica asimismo la falta de coordinación entre la Junta de Andalucía y la policía, a la hora de efectuarse los traslados.
La asociación de derechos humanos advertía en una nota informativa del 27 de junio que los centros de menores están con frecuencia «saturados», ya que las plazas habilitadas por la Junta de Andalucía resultan «totalmente insuficientes»; de hecho, «muchas veces los chicos han tenido que dormir en el suelo, en colchonetas, por falta de plazas». Señalaba como ejemplo la situación producida en el Centro de Protección de Menores del municipio de La Línea de la Concepción, donde se llegó a albergar a 68 niños (cifra muy superior al de plazas); y al que se sumaron otros 25 menores llegados de Barbate (localidad en la que se registra un importante aumento en la llegada de migrantes); en consecuencia, agrega la organización de derechos humanos, una parte de los menores se tuvo que derivar a una ONG -para su acogida en pisos- en Jimena de la Frontera.
Pocas fechas después de esta denuncia, el Diario de Cádiz informó de que la Cruz Roja había atendido en el puerto de Barbate (Cádiz) a 50 menores magrebís, que habían llegado en dos pateras con un total de 163 personas migrantes. En la jornada del 30 de agosto, 126 migrantes arribaron al litoral de la provincia de Cádiz en patera, kayak u otras embarcaciones, e incluso en una tabla de surf, informó Europa Press. Es el día a día de la odisea rumbo al «dorado» europeo, en el que -según la Delegación del Gobierno en Andalucía- se constata un incremento de las motos acuáticas como medio de transporte para los menores migrantes. Los datos de Salvamento Marítimo recogidos el 27 de agosto por la citada agencia de noticias indican la magnitud del drama: 418 pateras y más de 8.000 personas fueron rescatadas hasta mediados de agosto en el estado español; las cifras evidencian un notable incremento: 464 pateras y 6.726 personas rescatadas durante todo el año 2016. Los centros de Salvamento Marítimo que han coordinado un mayor número de rescates son los de Almería y Tarifa.
En relación con este balance, la coordinadora del Informe Frontera Sur de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Ana Rosado, subrayó el 31 de julio a Europa Press el incremento de menores que llegan a las costas españolas. Los adolescentes (entre 12 y 14 años), que viajan desde el Magreb, llegan a las playas en embarcaciones con al menos 60 personas. «Los menores subsaharianos casi siempre saltan la valla, los procedentes del Magreb cruzan directamente el estrecho en pateras», afirmó en una rueda de prensa junto a portavoces de Andalucía Acoge, de la que se hizo eco la agencia informativa.
«Como Samuel, el niño de cuatro años cuyo cadáver apareció recientemente en Barbate». La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentó el pasado 23 de febrero su Balance Migratorio-2016, en el que informaba que 295 personas -la mayoría subsaharianas- murieron el pasado año en el intento de llegar al estado español. El documento calculaba que en torno al 8% de los migrantes eran menores de edad, principalmente de procedencia norteafricana y subsahariana. «Mientras que años atrás el número de menores subsaharianos era de muy corta edad y venían acompañados, en los últimos años se ha observado un aumento en el número de subsaharianos adolescentes que viajan solos», apuntaba la APDHA.
Lo que no ha variado es la presencia de embarcaciones a la deriva en las puertas de la Europa-fortaleza. Así, en las primeras fechas de julio, el naufragio de una patera en el Mar de Alborán se saldó con 49 desaparecidos y tan sólo tres supervivientes. Esos días fueron rescatadas tres pateras con 96 personas a bordo, cerca de la Isla de Alborán; y otras 87 en dos pateras, en la zona próxima al Cabo de Trafalgar (Cádiz). El saldo de las políticas migratorias basadas en el cierre de fronteras, que la APDHA califica de «asesinas», es el siguiente: al menos 6.000 muertes en el Estrecho en dos décadas (1997-2017), según esta organización de derechos humanos.
Pero la de las pateras y el Estrecho es sólo una parte de la batalla que, en relación con los menores, afrontan las organizaciones sociales. El 29 de junio Amnistía Internacional, Save The Children, Plataforma de Infancia, el Consejo General de la Abogacía Española, Fundación Raíces, Noves Vies y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) remitieron una carta al gobierno de España para que adoptara medidas de protección provisional a siete menores inmigrantes no acompañados, tal como solicitó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Las organizaciones denunciaron que la Fiscalía General del Estado «les está tratando como si fueran mayores de edad, y por tanto negándoles la tutela». Se trataba, en todos los casos, de menores en situación «muy vulnerable», y en la que tendría que prevalecer la presunción de minoría de edad, señalaron.
¿A quién se estaba privando de derechos? Los denunciantes citaron el ejemplo de niños a los que, pese a la prohibición legal por ser menores, se les internó en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); otros que están pendientes de que se materialice su deportación o que viven en la calle, en algunos casos con enfermedades graves; y también la circunstancia de un menor al que se le negó el acceso al procedimiento de asilo. Late, en el fondo de la denuncia, la cuestión de los procedimientos utilizados por el estado español para la determinación de la edad en el caso de los menores migrantes; estos se basan en pruebas médicas, que han sido cuestionadas por diferentes sentencias del Tribunal Supremo, pero también por el Defensor del Pueblo o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Imagen: Organización Internacional para las Migraciones
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