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Otra injusticia contra los palestinos

Fuentes: Al Ahram Weekly

Traducido para Rebelión por Loles Oliván

El informe Goldstone sobre la violencia en Gaza es un terrible documento sobre la inhumanidad de la humanidad en tiempos de guerra. Se suponía que Israel, el principal objetivo de sus críticas, y su aliado principal, EE.UU., se opondrían al informe. Lo que no se esperaba era que el informe fuese suprimido en el Consejo de Derechos Humanos la semana pasada no por Israel y EE.UU. directamente, sino por estos dos actuando en sincronizado concierto con los diplomáticos palestinos en Ginebra y los dirigentes palestinos en Ramala.

El 15 de septiembre de 2009 se publicó el informe de un equipo de cuatro expertos. El equipo nombrado por la ONU estuvo dirigido por el internacionalmente reconocido y muy respetado juez sudafricano Richard Goldstone. Su equipo incluía un respetado profesor de Derecho, un abogado de derechos humanos y un experto militar. Cuando el informe surgió asombró al mundo por ser una de las descripciones mejor documentadas sobre violaciones de los derechos humanos en guerra jamás producida.

El Informe Goldstone documenta denuncias de crímenes internacionales con pruebas meticulosamente recogidas y un análisis cuidadoso. Se trata de un informe con el más alto nivel de profesionalidad. Es un informe en consonancia con lo que cabría esperar del grupo de expertos legales que lo realizaron. Describe violaciones de los palestinos contra los israelíes y de palestinos entre si, pero sobre todo describe las numerosas violaciones de israelíes y de Israel contra los palestinos que viven en Gaza.

Debido a que fue presentado con pruebas tan bien documentadas, se asumió que todas las partes en el conflicto se implicarían. Este fue el caso de Israel, que después de estudiarlo durante aproximadamente 48 horas lo rechazó rotundamente. Las autoridades de Gaza reaccionaron con cautela pero a finales de septiembre habían decidido aceptar las conclusiones del informe en su totalidad y que se iniciara una investigación de las personas bajo su jurisdicción.

Quizá para mayor desilusión de los defensores del derecho internacional y la justicia, la embajadora de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Susan Rice, rechazó casi de inmediato las conclusiones del informe sin dar razones detalladas y, aparentemente, basándose exclusivamente en su desacuerdo político con cualquier crítica a Israel. Además, el ex abogado de derechos humanos que abandonó su profesión para convertirse en secretario de Estado adjunto de EE.UU., Michael Posner, declaró estar «en fuerte desacuerdo con muchas de las apreciaciones del informe y sus recomendaciones y creemos que es profundamente defectuoso». Que un informe tan bien documentado se despachara de manera tan arrogante por parte de la administración del presidente Obama de EE.UU. causó comentarios en voz baja por parte de diplomáticos en los pasillos de la ONU al respecto de que, en lo tocante a Palestina, tal vez la nueva administración fuera tan mala o peor que la administración Bush.

Al menos, las confusas y malintencionadas formas de la vieja administración fueron siempre evidentes. Un lobo con piel de oveja puede ser aún más perjudicial para la comunidad internacional cuando lo que quiere es establecer una sistemática cooperación con un Estado que ha actuado la mayor parte de la última década como un paria internacional. Pero incluso antes de que el Informe Goldstone fuera presentado al Consejo de Derechos Humanos, órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, EE.UU. estaba trabajando no sólo en la ONU en Ginebra y Nueva York, sino también en una serie de capitales de todo el mundo, para presionar y obligar a los Estados a no adoptar medidas al respecto de un informe que exige una acción no menos grave que el enjuiciamiento de los delincuentes internacionales. Como la administración Bush, la administración de Obama, según un funcionario del gobierno que habló a condición de anonimato, «ha hecho uso de amenazas y sobornos» para convencer a los estados de que rechacen la defensa del derecho internacional en favor de políticas que aseguren la impunidad de los violadores del derecho internacional.

Que los aliados estadounidenses, como Gran Bretaña y Francia, se alineasen con la administración de Obama como bien entrenados caniches, no fue ninguna sorpresa. Que un Estado africano débil como Camerún traicionase la memoria de la lucha de liberación del pueblo africano y se mostrase más conforme con los deseos de sus ex amos coloniales franceses de lo que se mostró durante la era colonial, también podría ser tristemente esperado. Pero lo que debe sacudir la conciencia de cualquier persona que crea en el imperio de la ley es que los autoproclamados dirigentes y diplomáticos palestinos de Ginebra hayan sido tan complacientes con los deseos de los israelíes que les han estado oprimiendo durante más de 60 años y con los estadounidenses que suministraron o pagaron las mismas armas que han matado a decenas de miles de palestinos y han obligado a millones de palestinos a vivir en condiciones inhumanas durante generaciones.

¿Ha sido consecuencia de amenazas y sobornos? ¿Han sido los dirigentes palestinos y sus diplomáticos tan débiles como para no poder hacer frente a las amenazas políticas, cuando su pueblo se ha opuesto con firmeza a una ocupación inhumana durante seis décadas? ¿Podría ser que el liderazgo palestino y sus diplomáticos se fíen más de sus enemigos que de sus amigos? Sin duda, una de las dos cosas pareció verdad la semana pasada en Ginebra.

Desde el comienzo algo parecía estar mal. La delegación de Palestina no comenzó las discusiones sobre el proyecto de resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre el Informe Goldstone con el Grupo árabe, el Grupo africano, el Grupo asiático, o con el de los Estados de la Organización de la Conferencia Islámica, todos los cuales han apoyado fuertemente a Palestina durante décadas. En cambio, según un funcionario del gobierno de EE.UU., la delegación palestina se acercó a la de EE.UU. y comenzó los debates sobre la resolución con los estadounidenses y los europeos. Este desaire sin precedentes a los aliados de Palestina hizo que diplomáticos de dilatada trayectoria de apoyo hablaran de oponerse a Palestina o a cualquier resolución que pudiera presentar.

La fuerza principal detrás de lo que ocurrió después parece haber sido la administración Obama, y tal vez el propio presidente de EE.UU. ¿Qué mejor prueba puede ofrecer Obama de la duplicidad de EE.UU. en su autoproclamado papel de negociador de la paz mientras sigue siendo el mayor distribuidor de armas a Israel? Por supuesto, los estadounidenses y los israelíes debían estar bailando en sus escaños permanentes a sabiendas de que al menos habían sido capaces de forzar una cuña entre Palestina y sus aliados.

Pero eso fue sólo el comienzo. Rápidamente se difundieron los rumores en Ginebra de que la delegación palestina favorecía una resolución débil sobre el Informe Goldstone. Al mismo tiempo, esos rumores circulaban en Nueva York, entre altos funcionarios, incluido el presidente Mahmoud Abbas, quien estaba en la ciudad. Esos rumores indican que bajo presión de los estadounidenses, Abbas, su propio primer Ministro, señor Salam Fayyad, y el señor Muhammad Dahlan, también estaban favoreciendo una resolución débil. Ello no sólo extendió la decepción de muchos de los aliados tradicionales de Palestina, sino que [supuso que] los funcionarios israelíes y estadounidenses expresaran su agradecimiento a Palestina.

¿Por qué los representantes del pueblo palestino se echaban piedras contra su propio tejado tan obviamente para regocijo de sus enemigos? ¿Podría ser que se sintieran en la obligación de respetar los deseos de EE.UU. y Europa porque son los proveedores de fondos del gobierno palestino que está representado en Ginebra? ¿O es que realmente creen que EE.UU. y Europa son los aliados reales de Palestina, no los árabes, africanos y asiáticos que estaban dispuestos a votar por un fuerte seguimiento del Informe Goldstone?

En cualquier caso, los esfuerzos diplomáticos palestinos por debilitar una resolución destinada a proteger a su propio pueblo suscitaron expresiones de disgusto tanto de los aliados en Ginebra como de otras capitales. Un jefe de Estado, otorgando al presidente palestino el beneficio de la duda, habría pedido al líder palestino que cambiara a sus diplomáticos en Ginebra. Esta comprensión del problema, sin embargo, resultó ser demasiado optimista. Las órdenes reales para debilitar la resolución procedían supuestamente de la más alta instancia [palestina].

Al mismo tiempo que el embajador Ibrahim Khreisha estaba trabajando en Ginebra para debilitar la resolución del Consejo de Derechos Humanos, en el marco de las reuniones de la Asamblea General que se celebraba en la sede de las Naciones Unidas en EE.UU., el presidente palestino aceptaba someterse a la presión de EE.UU. e Israel en una reunión entre los representantes de, al menos, estas tres entidades. El acuerdo fue al parecer una concesión palestina que expresaba su confianza en los esfuerzos de la administración Obama para llevar la paz a la región. La idea central de este acuerdo era que los palestinos no permitirían que el Informe Goldstone se convirtiera en una cuestión del pasado y como un quid pro quo EE.UU. establecía un compromiso implícito para la realización oportuna de un Estado palestino.

Una fuente con conocimiento de la reunión lo llamó un «pacto de fe». Efectivamente, se negociaron las medidas oportunas en nombre de los palestinos que han sido y siguen siendo víctimas de atrocidades por la promesa de un Estado palestino. Estas promesas se han hecho en numerosas ocasiones anteriormente y han sido rotas repetidamente. La administración Obama, que ya había mostrado su desprecio por los derechos humanos y el derecho internacional sumariamente al rechazar el Informe Goldstone, ¿iba a defender de repente los principios que había tratado con tanto desprecio?

No sería razonable pensar que los palestinos no entendieron que lo mejor que podían esperar de una solución negociada por la administración Obama en este momento es un Estado rodeado por Israel, inferior al 50% del territorio que las mismas resoluciones de la ONU que crearon Israel habían encomendado para un Estado palestino. En los 60 años transcurridos desde esta promesa incumplida, Palestina ha sido sistemáticamente erosionada por Israel. Ello se ha llevado a cabo por el dominio que Israel ha impuesto a Gaza y a todo el pueblo palestino en un intento de destruirlo, al menos en parte. Como resultado, un número cada vez mayor de palestinos están rechazando una solución de dos estados. De hecho, el derecho internacional exige sin ambigüedades – aunque muchos diplomáticos palestinos afirmen que es poco realista- que el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la libre determinación en todo [el territorio] del mandato de Palestina. Incluso las fronteras de 1948, mucho menos que las fronteras de 1967, establecen compromisos que son contrarios a lo que el derecho internacional exige.

Tal vez como reflejo en parte de su propia confusión sobre el derecho internacional, cuando el Consejo de Derechos Humanos llegó a una conclusión la semana pasada, la delegación de Palestina indignó más a sus aliados por presentarles una propuesta que obviamente era «made in EE.UU.» para aplazar el examen del Informe Goldstone. A través de engaños, amenazas o acuerdos, los representantes palestinos en las Naciones Unidas y sus superiores habían acordado obstruir la justicia para su propio pueblo que ha sido víctima de atrocidades en favor de… bueno, nadie lo supo: a nadie se le dijo. El viernes 2 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos, pues, votó a favor de aplazar el examen del Informe Goldstone, hasta la reunión de marzo de 2010 del Consejo.

Diplomáticos palestinos han sido rápidos en señalar que el informe aún se puede discutir, al parecer, imitando las palabras del ex primer ministro británico, Tony Blair, que hablando en una conferencia de prensa en Nueva York con el primer ministro palestino Salam Fayyad sentado a su lado, dijo que todo lo que se puede hacer sobre Gaza es hablar de ello.

Es cierto que el Informe será presentado a la Asamblea General de la ONU, independientemente de lo que ocurrió en Ginebra. Debido a que el Consejo de Derechos Humanos es un órgano subsidiario de la Asamblea General no puede haber ninguna duda de que ésta puede examinar el informe e incluso adoptar medidas al respecto. Como los israelíes han rechazado la acción, junto con tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de hecho, es la acción de la Asamblea General lo que el propio informe recomienda explícitamente. Por otra parte, la Asamblea General tiene claramente autoridad para crear un tribunal judicial internacional para hacer frente a violaciones graves del derecho internacional humanitario, los derechos humanos o del derecho penal. El Consejo de Seguridad ha ejercido su autoridad para crear tribunales judiciales ad hoc en varias ocasiones; la autoridad de la Asamblea General para hacerlo se fundamenta en el derecho internacional aún más claramente.

Porque se trata de violaciones graves del derecho internacional humanitario, los derechos humanos y el derecho penal no hay necesidad de aplazarlo a cualquier acción que el Consejo de Seguridad pudiese adoptar en las cuestiones de paz y seguridad. De hecho, la recién concluida Asamblea General número 63 estableció un precedente al abordar la cuestión de Gaza y la adopción de una resolución sobre Gaza justo después de que el Consejo de Seguridad se refiriera a la cuestión. También hay un precedente inequívoco para que el actual presidente de la Asamblea General presente el asunto ante el organismo internacional. Al igual que su predecesor, puede volver a abrir la sesión especial que no ha sido convocada desde finales de 1990. Se puede hacer esto mediante una simple invitación a los Estados miembros. En tal sesión, una decisión de la mayoría de [los miembros de] la Asamblea General sería suficiente para crear un órgano judicial que tratara sobre los crímenes internacionales cometidos en Gaza.

Si el nuevo presidente libio de la Asamblea General de las Naciones Unidas está dispuesto o tiene la valentía para actuar al respecto de las denuncias de atrocidades en Gaza será una prueba importante de sus cualidades como funcionario de más alto rango en la ONU. Hasta la fecha él ha rechazado los llamamientos de las organizaciones no gubernamentales para actuar, y su personal ha mostrado la desalentadora tendencia de evitar la acción si puede haber argumentos técnicos que sugieren la inacción. En este caso, los argumentos jurídicos sugieren claramente la acción. Como árabe en representación de África, como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ali Abdelsalam Treki tendrá la responsabilidad del imperativo moral de actuar para promover la justicia para el pueblo palestino. Su fracaso en llevarlo a cabo es probable que irremediablemente deje cicatrices en su presidencia.

Contra tal posible triste resultado, el fracaso del Consejo de Derechos Humanos puede convertirse en una victoria para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para que esto ocurra no sólo deben mostrarse valientes en sus convicciones los Estados miembros del «G-192», sino también el presidente de la Asamblea General y los diplomáticos que representan al pueblo palestino en Nueva York. Los argumentos de que las circunstancias políticas de acción-restricción, como las realizadas en Ginebra, no pueden sino entenderse como una voluntad de someterse a la voluntad de los opresores, y garantizar la impunidad de todo tipo de crímenes en el pasado y en el futuro. Ésta no es una opción que el pueblo palestino pueda aceptar.

Curtis Doebbler es abogado de derechos humanos internacionales y profesor de Derecho en la Universidad Nacional An-Nayah de Nablus, Palestina. 

Fuente: http://weekly.ahram.org.eg/2009/967/op5.htm