Hace algo más de un año, ocho «columnas» de activistas procedentes de los diferentes territorios del estado se dieron cita en Madrid, con el fin de reivindicar «pan, derecho, trabajo y dignidad». Las Marchas de la Dignidad congregaron a centenares de miles de personas en la capital. El 21 de marzo de 2015 se repite […]
Hace algo más de un año, ocho «columnas» de activistas procedentes de los diferentes territorios del estado se dieron cita en Madrid, con el fin de reivindicar «pan, derecho, trabajo y dignidad». Las Marchas de la Dignidad congregaron a centenares de miles de personas en la capital. El 21 de marzo de 2015 se repite la convocatoria, a la que se han sumado unas 300 organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos alternativos. La gran movilización, presentada el 4 de marzo en Castellón y Valencia, supone el paso previo a una huelga general (laboral y de consumo) prevista para el próximo octubre.
La manifestación del 21 de marzo adopta como punto de partida un programa «de mínimos», en torno al que las Marchas de la Dignidad pretenden reunir un «gran consenso político y social». Destacan, entre otros puntos, la oposición al pago de la deuda «ilegal, ilegítima y odiosa»; la defensa de los servicios públicos; el trabajo digno con derechos, el reparto del trabajo y la renta básica; el derecho a decidir de las personas y los pueblos; la defensa de los derechos de la mujer y del futuro de la juventud; contra la represión y la ley «mordaza»; la oposición al TTIP entre Estados Unidos y la Unión Europea; el derecho a la vivienda digna y el rechazo tanto a la OTAN como a la guerra.
El portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha afirmado en el acto de presentación de la marcha del 21 de marzo, en la Facultad de Filosofía de Valencia, que mucha gente pone hoy la esperanza en el cambio político, «pero gobierne quien gobierne, si el pueblo no está unido y vertebrado, no podrá solucionar sus males». Cañamero pone el énfasis en la «unidad» frente a un «sistema» que tiene todas las herramientas, como jueces, policía, dinero y tertulianos. Que el sindicalista priorice la unidad popular en la calle no le lleva a obviar una evidencia: «el BOE lo tienen ellos, y lo utilizan para aprobar una reforma laboral o la ley mordaza». La organización, la lucha y la unidad, por tanto, «no pueden llevarnos a menospreciar la importancia de un cambio político».
Las Marchas de la Dignidad han tenido, a juicio de Diego Cañamero, la virtud de unir en torno a unos puntos básicos a plataformas, movimientos sociales y sindicatos alternativos. «No era fácil poner de acuerdo a tantas siglas y banderas», resalta el activista. Pero si a las Marchas les corresponde el mérito de favorecer esta unidad, la «brecha» real se ha abierto con el 15-M, las protestas en el barrio de Gamonal, las «marchas mineras», la PAH o las «mareas». Según Cañamero, ciertamente en Grecia y España ha habido movilización social, «pero no la suficiente». Porque mientras exista «el egoísmo, los manipuladores y los capitalistas, la lucha de clases existirá». Por otro lado, el activista andaluz ha defendido la idea de caminar en dos direcciones: la democratización de la economía (ello implica la constitución de una banca pública y acotar el poder de los caciques y los terratenientes) y devolver la política al pueblo. «Una democracia sin derechos y sin trabajo es hablar por hablar, una farsa».
Junto al portavoz del SAT, han intervenido en el acto algunas de las organizaciones sociales que apoyan la marcha del 21 de marzo: la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH); la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio; Unión por la III República de Valencia; Yayoflautas; Sillas contra el Hambre; el movimiento estudiantil de la universidad de Valencia; la Plataforma Tots Som Cremona y la Red de Solidaridad Popular.
Las movilizaciones de la Marcha de la Dignidad se apoyan en un argumentario que no requiere demasiada elaboración. Las cifras circulan, están a la vista y reflejan una realidad dramática. En febrero de 2015 hay 4,5 millones de parados registrados en las oficinas públicas de empleo. Sólo el 9,8% de las contrataciones que se realizan son indefinidas, a lo que se añade que únicamente el 56% de las personas desempleadas tengan alguna cobertura (con una caída de 14 puntos desde el inicio de la legislatura). Además, sólo el 44% de la población española en edad de trabajar está ocupada, casi un tercio de la población se halla en riesgo de caer en la pobreza (tres puntos más que en 2009) y el estado español se ha convertido, al calor de la crisis, en el segundo país más desigual de la Unión Europea, tras Letonia. Por otro lado, siete millones de personas tienen problemas en España para pagar la factura de la luz.
Además de las reivindicaciones de carácter socioeconómico, las Marchas ponen el acento en la denuncia de la represión, particularmente la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Las Marchas de la Dignidad se sumaron a la campaña organizada contra estas reformas legislativas por la plataforma «No somos delito», que se materializó en concentraciones/
La activista Mireia Biosca ha puesto nombre y apellidos, en el acto celebrado en Valencia, a las víctimas de esta política represiva. En enero de 2015 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Alfonso Fernández («Alfon»), activista social y miembro de la peña Bukaneros, a cuatro años de prisión. El 16 de diciembre fueron detenidas en la llamada «Operación Pandora» once personas de ideología anarquista, de las que siete ingresaron después en prisión. Ismael Benito y Daniel Ayyash afrontan peticiones de nueve años de cárcel por su participación en los piquetes informativos durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, en Barcelona; La fiscalía pide cuatro años de prisión para Raquel Tenías, detenida al terminar la marcha del 22-M en Madrid, cuando se dirigía al autobús para regresar a Zaragoza; otro caso es el de Francesca Mercé, activista del movimiento estudiantil en Elche, de 18 años y con una sola pierna debido a un cáncer, para quien la fiscalía pide 18 meses de prisión por causar supuestas lesiones a un policía durante una huelga de estudiantes.
Portavoces de las Marchas de la Dignidad presentaron el 18 de diciembre, en rueda de prensa, el calendario de acciones para 2015. Entre las próximas convocatorias de la «agenda social», destaca el apoyo a los actos unitarios organizados por el movimiento feminista en el Día de la Mujer Trabajadora (el 8 de marzo), la participación en las convocatorias unitarias del 1 de mayo «en los territorios donde se den las condiciones»; y contactar con diferentes movimientos sociales europeos, con el fin de realizar una jornada internacional de protesta contra la deuda y los paraísos fiscales. El programa de acciones anunciado se completa con el apoyo a la campaña «documenta la estafa» de la PAH, la adhesión a la iniciativa «Boicot a Israel» del movimiento BDS, el apoyo a los trabajadores afectados por el ERE de Coca-Cola y la participación en las acciones de rechazo a la guerra y contra la OTAN.
En las navidades de 2014 las Marchas de la Dignidad hicieron visibles las demandas de pan, trabajo, techo y dignidad con iniciativas a pie de calle. El 4 de enero organizaron concentraciones de parados ante centros comerciales -por ejemplo en Murcia y Asturias- para denunciar la apertura de las grandes superficies los días festivos, los horarios «abusivos» y la precariedad laboral evidenciada esas fechas. Estas acciones se reforzaron con la campaña «Esta navidad los parados montamos el belén», que se concretó, por ejemplo, en un encierro en la Iglesia del Pi de Barcelona. Además, activistas de los Campamentos Dignidad de Extremadura mantuvieron un encierro el 26 de diciembre en la parroquia San Juan Bautista de Badajoz (tras permanecer en la catedral de esta misma ciudad). Pedían que ningún parado quede sin cobertura, la eliminación de las trabas burocráticas para la obtención de ayudas, que no se lleve a término ningún desahucio de la primera vivienda, el apoyo a la ILP de la renta básica y el derecho universal al suministro de luz, agua y gas.
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