El Departamento de Estado norteamericano hizo público el pasado 28 de febrero su informe anual de Derechos Humanos. En un documento de más de mil páginas, el gobierno Bush se adscribe la competencia de la valoración de cada país del mundo, menos Estados Unidos porque, al parecer, no necesita ser auditado. El resumen de tres […]
El Departamento de Estado norteamericano hizo público el pasado 28 de febrero su informe anual de Derechos Humanos. En un documento de más de mil páginas, el gobierno Bush se adscribe la competencia de la valoración de cada país del mundo, menos Estados Unidos porque, al parecer, no necesita ser auditado.
El resumen de tres páginas que edita la web del Departamento de Estado (http://usinfo.state.gov/esp/Archive/2005/Mar/01-599051.html) no tiene desperdicio para entender el modelo de análisis de algo tan serio como los derechos humanos. Para empezar, comienza el resumen con dos países a los que les dedica un tercio del informe, Cuba y Venezuela.
Entre las violaciones del gobierno de Fidel Castro está la restricción de los «derechos de viajar». Original comentario porque son los norteamericanos los que tienen prohibido viajar a Cuba y en dirección contraria, de Cuba a EEUU, las limitaciones, en número y selección de personas, también corresponden a EEUU en virtud de los acuerdos de emigración establecidos con Cuba. Dice el resumen también que «el régimen cubano» durante 2004 sigue «arrestando arbitrariamente, deteniendo, encarcelando y difamando a los defensores de derechos humanos y los miembros de asociaciones profesionales independientes, inclusive periodistas, economistas, médicos y abogados». Sin embargo en el informe solo identifican los casos de los detenidos, enjuiciados y sentenciados en el años 2003 por colaborar y cobrar del gobierno de Estados Unidos atentando contra la seguridad de Cuba, peculiar modo de concretar las identidades de las violaciones del 2004.
También denuncian la «explotación de menores de cara a la prostitución en Cuba», dato al menos extraño al tratarse del único país latinoamericano con toda su población infantil escolarizada según informes de la ONU.
Comenta también el resumen que Fidel Castro deniega a los «ciudadanos cubanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente», insinuando de este modo que de forma violenta sí lo podrían hacer.
Para Venezuela reservan comentarios similares, por lo que parece que el asunto de las elecciones con formato occidental no afecta al diagnóstico de derechos humanos de Estados Unidos.
En el análisis de Haití, el resumen recuerda «el vacío de autoridad posterior a la renuncia del ex presidente Jean-Bertrand Aristide el 29 de febrero de 2004». Curioso modo de denominar el secuestro de un presidente encañonado por marines norteamericanos.
Pero lo mejor viene después. Dice el informe que Colombia ha tenido «mejoras significativas en varios índices de derechos humanos», a pesar de que «algunos miembros de las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo violaciones graves, inclusive muertes ilegales y desapariciones forzosas». Parece que para Washington es una «mejora» que en Colombia sólo hayan asesinado a 19 defensores de derechos humanos en el años 2004. Quizá es por eso por lo que en Cuba y Venezuela no se puede hablar de mejoras, porque allí no hay casos de «muertes ilegales y desapariciones forzosas» para mejorar. Por cierto, nos quedamos con la curiosidad de la diferencia entre las muertes legales e ilegales a manos de fuerzas de seguridad.
También tiene el informe del Departamento de Estado palabras amables para otros gobiernos amigos como Guatemala, Ecuador, Jamaica y Paraguay cuyos «gobiernos respetaron en general los derechos de sus ciudadanos», con el pequeño detalle de que «hubo informes dignos de fe de muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad de esas naciones». Muertes que no hubo en Cuba y Venezuela, a pesar de que encabezan las violaciones de derechos humanos. Extraña forma de valorar las políticas gubernamentales de respeto a esos derechos.
De México y Brasil también dice que se «respetaron en general los derechos de los ciudadanos», a pesar del «estimado extraoficial de 3.000 secuestros durante el año en México, algunos de ellos con supuesta participación de la policía». De Brasil, el otro país que respetó «en general los derechos de los ciudadanos», dice el informe que «las fuerzas policiales estatales, tanto civiles como militares, cometieron muchas muertes, algunas ilegales». Recordemos que el número de secuestros en los países violadores como Cuba fue de cero, el mismo número que muertos a manos de sus fuerzas de seguridad.
Por si alguien tenía dudas de los parámetros y criterios utilizados por EEUU para medir los derechos humanos, un vistazo a este informe le puede ayudar a conocerlos. Recuérdenlos cuando Estados Unidos hable de derechos humanos en la Comisión de Ginebra el próximo mes.