El periodista valenciano presenta ‘Hogar, dulce negocio’, en el que desgrana el origen, la actividad y los objetivos de los fondos buitre que especulan con la vivienda.
Familias con menores en la calle, fondos buitre que rapiñan la renta de los barrios populares y Gobiernos que miran para otro lado como si la de la vivienda no fuera la gran crisis de la década. El periodista valenciano Gonzalo Sánchez (Utiel, 1998) disecciona en Hogar, dulce negocio (Institució Alfons el Magnànim, 2026) el desembarco de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario con la complicidad del poder político. Premiado con la beca de investigación Josep Torrent de la Unió de Periodistes Valencians, este trabajo combina reporterismo, investigación y voces expertas para arrojar luz sobre los responsables directos de la especulación con la vivienda.
En el libro hay varios puntos clave que explican la llegada de los fondos buitre, pero todo empieza en la crisis de 2008.
Después
de la crisis hipotecaria, el precio de la vivienda se había desplomado
en España. La banca, que había sido rescatada por el Estado, tenía en
propiedad miles de pisos procedentes de los desahucios, pero no sabían
gestionarlos demasiado bien porque los bancos saben de prestar dinero,
no son inmobiliarias. En torno a 2013, el gobierno de Rajoy decide subir
el precio de la vivienda, que al final es la principal fuente de ahorro
de la gente. Y lo hace bajando el tiempo de los contratos de alquiler,
creando la ley de SOCIMI y toda una serie de leyes que ponen una
alfombra roja a los inversores extranjeros. El gran desembarco llegaría
en 2019, cuando el Banco de Pagos Internacionales, algo así como el
banco de los bancos centrales, obliga a la banca a vender todos sus
pisos porque creía que era peligroso que concentraran tal cantidad de
vivienda. Y ahí, los únicos que podían asumir la compra de lotes con
cientos de miles de pisos eran los fondos de inversión extranjeros. Y lo
hicieron. Hay especialistas, como Manuel Gabarre, que hablan de que
ocurrió con cerca de un millón de viviendas.
En 2024, Blackstone tenía en alquiler cerca de 20.000 pisos en toda España. Era el casero más grande del país.
Ahora
llevan unos años, tanto Cerberus como Blackstone, deshaciéndose de sus
viviendas. Siguen siendo grandísimos caseros, pero ya no son los
principales. Ellos no son empresas inmobiliarias, son empresas
financieras. Quieren invertir poco y sacar el máximo beneficio en el
menor tiempo posible. En el libro lo comparo con una empresa minera, que
llega a una montaña, la destroza, saca todos sus recursos naturales y
se pira. Los fondos hacen lo mismo con las ciudades. Es lo que se ha
llamado “ciclo Blackstone”.
¿En qué consiste ese ciclo Blackstone?
Dura
entre cinco y siete años. Es lo que tardan en conseguir los inversores,
comprar los pisos y revenderlos generando rentabilidad. Por eso los
grandes fondos están ahora vendiendo la mayoría de sus viviendas. Tras
el gran desembarco de 2019, la jugada era vender en 2024, pero la
pandemia provocó que se prorrogaran muchos contratos de alquiler. Ahora,
siete años después, ya casi no les queda nada de las carteras de pisos
que compraron entonces.
Es
un tipo de economía poco productiva. En los fondos no hay empleados, no
hay estructura, no dejan nada en el lugar en el que invierten…
Los
sindicatos de vivienda lo bautizaron como “economía vampírica”, porque
básicamente se dedican a extraer las rentas de la gente sin aportar nada
más. Es lo contrario a una empresa tradicional. En València, por
ejemplo, nos puede interesar que a la planta de Ford le vaya bien,
porque habrá más trabajo, más inversión… Pero con los fondos buitres
ocurre al revés, para que a Blackstone le vaya bien, a nosotros nos
tiene que ir mal. Son inversores infames. No construyen nada, no
producen nada, simplemente extraen la renta de los trabajadores y se la
llevan a paraísos fiscales.
En el libro dibujas prácticamente
un oligopolio de grandes fondos buitre estadounidenses que se reparten
las inversiones inmobiliarias, y luego una serie de pequeños fondos de
otros países que incluso les recompran casas a los grandes para volver a
venderlas y sacar más ganancia.
Hay como tres o cuatro gigantes
—Blackstone, Cerberus, KKR…— que son los que se pueden permitir comprar
grandes lotes de decenas de miles de viviendas a tocateja. Luego el
resto surgen como setas detrás de ellos. El panorama se ha atomizado,
porque los grandes fondos están reteniendo las viviendas que creen que
les darán más rentabilidad si las venden dentro de un tiempo. El resto
los han vendido multiplicando su inversión, en muchos casos a otros
fondos. Por ejemplo, Cerberus compró una cartera a la CAM —la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, ya desaparecida— de unas 80.000 viviendas.
Cada piso costó unos 28.000 euros. Luego si Cerberus vende cada casa a
50.000 euros, que para cualquiera es una ganga, ya casi ha duplicado su
inversión. Muchas veces quienes las compran son esos otros pequeños
fondos. Pero es que también hay casos de particulares con dinero que
compran lotes de 10 casas, aprovechando que los fondos las venden
baratas, para convertirlas en alquileres para estudiantes en un barrio
como Orriols. Siguen la lógica de un fondo pero siendo un particular.
Hay de todo.
¿Cómo es posible que un fondo buitre maneje cantidades tan grandes de dinero?
Es
la banca en la sombra, son cantidades ingentes de dinero con una
opacidad absoluta. Una de las cosas más locas que cuento en el libro es
cuando un directivo de un fondo de inversión que opera en València me
reconoce que utilizan dinero de un fondo de pensiones de bomberos de
Texas (EE UU). Allí las pensiones no son públicas y tienen que ir a
parar al plan de pensiones privado sí o sí, pero no saben dónde va su
dinero. Y resulta que está sirviendo para desahuciar a personas aquí.
Cuesta imaginarse cómo es un fondo buitre. Son entes sin forma, opacos… Es difícil luchar contra algo casi desconocido.
Ese
era uno de los objetivos del libro, poner cara y ojos a algo que parece
un fantasma, pero no lo es. Antes, los sindicatos de vivienda podían ir
a protestar a la oficina del banco que quería desahuciar a alguien del
barrio, pero ahora no hay oficina, no hay sede, no hay trabajadores, no
hay nada. Y es preocupante, porque no ocurre solo con la vivienda. Los
fondos están llegando a las residencias, a la agricultura, a la
educación… KKR, el fondo que era propietario del Viña Rock, es el nuevo dueño de la FP en España, la está privatizando.
¿Hay puertas giratorias en los fondos?
Una
de las principales características de los fondos es su capacidad para
hacer lobby, para buscar a los responsables políticos de cada zona y
aliarse con ellos. En el libro documento más de 30 casos de políticos,
expolíticos, hijos de banqueros… Los fondos les fichan por su agenda de
contactos. Uno de los casos que más me sorprendió es el de Elena Beunza,
del PSOE. Ella fue directora general de la Entitat Valenciana
d’Habitatge [la empresa pública de vivienda] de la Generalitat
Valenciana con Ximo Puig, y de ahí pasó al Ministerio como secretaria
general de Vivienda entre 2018 y 2020 con Pedro Sánchez. Fue entonces
cuando la fichó como como presidenta Asval, la patronal de los caseros, a
la que pertenecen Blackstone y Cerberus. Una persona que trabajaba en
políticas de vivienda, y que por tanto conoce todos los recovecos de la
legislación, trabajando para los fondos buitre. Como este caso hay
muchos: en el PP, en Vox, y por supuesto en el PSOE. Y la gente
prácticamente no lo sabe.
¿Crees que el nuevo ciclo político y la posible llegada de la extrema derecha al poder puede cambiar en algo la situación?
Va
a seguir exactamente igual. Los fondos son muy listos para saber con
quién hablar. Y si hay alguien que les ha puesto la alfombra roja ha
sido el PSOE. Los gobiernos del PP abrieron la puerta a los inversores
extranjeros, pero el Partido Socialista solo ha puesto parches que no
atacan la raíz del problema y que desprotegen al inquilino. Se lo han
puesto fácil.
¿El Estado tiene herramientas para regular y poner coto a la actividad de estos fondos?
Se
dice que está todo muy desregulado. Yo digo lo contrario, el mercado
está super regulado, pero a favor de los fondos buitre. Antes había todo
un catálogo de leyes que protegían al inquilino y que hacían más
difícil la subida del alquiler, pero se han desmantelado. Antes de 2013,
los contratos de alquiler eran de siete años. Rajoy los bajó a tres y
Sánchez los subió a cinco, pero sigue siendo menos que antes. La burbuja
de los alquileres se creó en el Congreso y el Congreso la puede
pinchar. Pero no lo hace. En el libro cuento un caso que me pareció
especialmente sangrante. Hablo con un directivo de un fondo de inversión
que tenía decenas de pisos en el barrio de la Fuensanta, en València.
No encontraban comprador y se los acabaron ofreciendo a la Generalitat.
Eran cientos de pisos a unos 40.000 euros cada uno, que podían servir
para engrosar el parque público.Y la Generalitat, con Susana Camarero
como consellera de Vivienda, dijo que no.
No es solo que el estado regule a favor de los fondos. En el libro hablas de cómo los servicios públicos que podrían responder a un desahucio —albergues sociales, ayudas…— no funcionan.
Llevo muchos años cubriendo desahucios, no solo para este libro, y lo he visto. Personas de 70 años que llevan 40 cotizando y pagando impuestos, y que cuando necesitan ayuda del estado porque les desahucian, no encuentran absolutamente nada. No les ofrecen ningún tipo de vivienda social, ningún tipo de ayuda, nada de nada. Y no es solo que no te ayuden. Está también la violencia burocrática. Un desahucio es una carrera contra el tiempo, tienes que reunir el mayor número de papeles posible que acrediten tu situación de vulnerabilidad para que no te echen. El Estado obliga a estas personas a peregrinar por todos los servicios públicos para conseguir papeles que igual ni siquiera paran el desalojo. Es hasta humillante. Y en todo esto sí que creo que hay una decisión política del Partido Popular, que ha recortado los servicios públicos siempre que ha estado en el Gobierno.