El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valencia decidió ayer paralizar temporalmente el desahucio de tres hermanos -dos de ellos menores de edad, bajo la tutela de la Conselleria de Bienestar Social- que en un principio se había anunciado para el día 17 de febrero a las 13,00 horas. Con independencia de la paralización, […]
El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Valencia decidió ayer paralizar temporalmente el desahucio de tres hermanos -dos de ellos menores de edad, bajo la tutela de la Conselleria de Bienestar Social- que en un principio se había anunciado para el día 17 de febrero a las 13,00 horas. Con independencia de la paralización, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia mantiene la concentración convocada el día 11 de febrero en la puerta de la Generalitat Valenciana, institución encargada de proteger a los menores, para que evite el desalojo de manera definitiva y garantice el derecho a la vivienda de la familia.
La hermana mayor, Andrea Gamaza López, de 21 años, se hizo cargo de sus dos hermanos menores (de 17 y 12 años) como familia «extensa», al encontrarse su madre en paradero desconocido y su padre privado de libertad en un centro penitenciario. La Conselleria de Bienestar Social aprobó la resolución de acogimiento el 17 de enero, y es precisamente Bienestar Social la institución que como responsable de la tutela, ha de garantizar la manutención y las necesidades básicas de los menores.
En una carta dirigida al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la PAH recuerda que la Conselleria de Bienestar Social es, en tanto responsable legal de los menores de edad, la administración encargada de «velar por estos y sus intereses, protegerlos debidamente, prevenir que sean víctimas de la más grosera especulación inmobiliaria y garantizar el hogar familiar». La PAH pide además que se haga efectivo el acuerdo de la conselleria para el acogimiento de los menores en familia «extensa», con su hermana mayor, en la vivienda donde actualmente residen.
El procedimiento de desahucio tiene su origen en el dinero facilitado a la familia por dos prestamistas valencianos, que ahora reclaman un total de 65.000 euros y, en su defecto, la vivienda en la que viven los tres hermanos y otra con garaje correspondiente al patrimonio familiar. El préstamo contenía «cláusulas abusivas» e «intereses especulativos», ha denunciado uno de los portavoces de la PAH, José Luis Messeguer, en rueda de prensa.
Además de parar el desahucio y responsabilizarse de los menores, la Generalitat Valenciana debería, según expone la PAH en sus demandas, acompañar a la plataforma en las negociaciones con los prestamistas; proporcionar apoyo en el juzgado para conseguir una moratoria del desahucio hasta que se logre una «solución habitacional»; y estudiar la situación de la familia para ayudar económicamente a Andrea Gamaza, la hermana mayor. María Piquer, de la Plataforma para la Defensa del Acogimiento Familiar, organización que apoya a los hermanos afectados, advierte que a las familias «extensas» en el País Valenciano no se les ayuda. «Con aproximadamente 240 euros mensuales -120 euros por cada hermano- Andrea ha de pagar agua, luz y alquiler de la vivienda», ha informado en la conferencia de prensa. María Piquer también ha valorado la actitud de Andrea Gamaza al ocuparse de sus dos hermanos: «La alternativa habría sido seguramente un centro de protección de menores».
El desafío es ahora implicar a la Generalitat Valenciana en la paralización definitiva del desahucio, «rescatar el piso» y mantener la unidad familiar. «Acudí a la PAH porque me encontraba muy sola, pues en la conselleria no me garantizaron al 100% el apoyo», explica Andrea Gamaza, quien dedica su tiempo al estudio, igual que sus dos hermanos. «El desahucio se ha parado de momento, pero ¿qué ocurrirá dentro de unos meses?», se pregunta. Los apoyos principales los ha encontrado en el movimiento antidesahucios, su abogado de oficio y la Plataforma para la Defensa del Acogimiento Familiar.
Por último, los portavoces de PAH Valencia han informado de que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y el tercer trimestre de 2014 han tenido lugar 585.911 ejecuciones hipotecarias en el conjunto del estado (103.787 en el País Valenciano). En cuanto a los desahucios, la cifra en España entre 2008 y el tercer trimestre de 2014 se eleva a 477.861 (92.804 en el País Valenciano). «Los desalojos continúan día a día, y las necesidades de las familias no corren al mismo ritmo que las elecciones políticas», concluye José Luis Messeguer.
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