La estela imperialista de Estados Unidos es larga, pero para quien quiera entenderla un poco no tiene sino seguirla desde los años 90 hasta hoy. Fue en el año 91 cuando se produjo la brutal caída de la Unión Soviética y el mundo dejó de ser bipolar. Al mundo le rebrotó una gran esperanza. Parecía […]
La estela imperialista de Estados Unidos es larga, pero para quien quiera entenderla un poco no tiene sino seguirla desde los años 90 hasta hoy. Fue en el año 91 cuando se produjo la brutal caída de la Unión Soviética y el mundo dejó de ser bipolar. Al mundo le rebrotó una gran esperanza. Parecía iba a cumplirse lo establecido por la ONU en 1945: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». Con razón, hay autores que llegan a decir que «Los derechos humanos definen el horizonte de nuestra historia». Y sobre la igualdad entre estados y pueblos cabría decir lo mismo, pues un país pequeño, Nicaragua por ejemplo, tiene la misma soberanía que Estados Unidos.
Pero, a la orilla de la caída, estaba al acecho la oligarquía del capital financiero, que enseguida apostó por no contar con las organizaciones multilaterales existentes, incluida la ONU y apostar por la fuerza militar del poderío estadounidense. En el mercado mundial optaron por la «mano invisible» que controlaban a perfección, despreciando toda norma que intentara dar sentido humano a la economía.
Apenas pasaron unos meses y las esperanzas de un acuerdo universal entre los Estados y de un Derecho universal en lugar de la violencia del más fuerte, se vinieron abajo: imperio norteamericano contra democracia planetaria. Dicha oligarquía, ya antes del 90, había transformado el Estado en factor para la realización de los intereses privados. Lo que se pensó que era un estado nacional se convirtió en imperio: fuerzas armadas, sistemas de escucha internacional, aparatos de espionaje e información, puro instrumento de expansión y protección del capital financiero.
En el 96, Jesé Helms -presidente de la comisión de asuntos exteriores del Senado- dijo: «Estados Unidos deben dirigir el mundo portando la antorcha moral, política y militar del derecho y de la fuerza». Y Thomas Friedman -consejero en la administración de Clinton- era más explícito: «Para que la mundialización funcione, Estados Unidos no debe tener miedo a actuar como la invencible potencia que es en realidad». Quedaba así reafirmado el dogma ultraliberal: voluntad absoluta de imponer y dominar sin idea alguna de solidaridad internacional.
Estados Unidos se consideraba por encima de toda ley, sujeto únicamente a sus propias instancias y podía permitirse no ratificar la Convención que prohibía las minas antipersona, rechazar el principio de una Justicia Internacional y desechar el Tribunal Penal Internacional, que establecía por primera vez que cualquier político o militar responsable debía rendir cuentas por la violación del Derecho. Gobiernos aliados o amigos gozarían, ante la trasgresión de leyes internacionales, del consentimiento -tácito o explícito- de Washington. Hubo oposición también a que los países pobres pudieran acceder a los medicamentos del sida y al reconocimiento, entre los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales: «Para un analfabeto, escribe Jean Ziegler, la libertad de expresión no tiene sentido». Todos los derechos son interdependientes y deben ser reconocidos, pero para el imperio los derechos económicos, sociales y culturales no pueden existir como bienes públicos. Son millones los pobres que viven en extrema pobreza. Pero, eso no es competencia del mercado.
George Bush -enero de 2001- entra en escena política como guardián de los intereses planetarios de los oligarcas. Personajes bien conocidos en la política estadounidense han afirmado categóricamente: «La administración Bush sólo se entiende desde el poder del petróleo y de las industrias del armamento». Los principales dirigentes de su gabinete proceden de los medios petroleros tejanos: Jeff Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condolezza Rice, etc.
Su prepotencia les ha llevado a suprimir el control de los paraísos fiscales, a los que les es esencial la evasión fiscal y el blanqueo de dinero, así como a rechazar en el año 2001 -frente a 143 estados signatarios- cualquier normativa o protocolo que pretendiera controlar instalaciones para producir armas biológicas, lo que no les ha impedido erigirse en acusadores de otros estados que intentaban hacer lo mismo. Si no se cumple con este deber, ¿cómo puede impedir que Irán haga lo mismo?
Unilateralmente, en el 2001, el presidente Bush anuló el protocolo de Kyoto que, en diciembre del 2001, habían ratificado ya 84 Estados. También anuló el tratado para el control de los misiles balísticos internacionales. Cuando en noviembre del 2001, se libró la batalla del Kunduz, Donald Rumsfeld, contra la Convención de Ginebra, se negó en dos ocasiones a aceptar la rendición que los combatientes talibanes ofrecieron. Rumsfeld exigió que fueran pasados por las armas.
Sin que a nadie se le ocurra excusar el fanatismo y la responsabilidad de la yihad en el atentado de las torres del Wold Trade Center, hay que reconocer que el integrismo de la índole que sea se nutre de la exclusión y de la miseria. «La lucha contra el terrorismo es también y de forma necesaria una lucha contra la pobreza extrema, contra la denegación de la justicia y contra el hambre» (Jean Ziegler).
La política de Bush avanzó en la dirección señalada por sus asesores: «El libre intercambio promueve los valores de la libertad». La campaña mundial antiterrorista «o a favor de la privatización del mundo o contra nosotros», aseguró el ascenso imparable de los gastos militares. Los tres principales «lobbistas» de la sociedad armamentística Carlyle Group son: el padre de George Bush, James Baker (ex secretario de Estado), y Frank Karlucci (antiguo secretario de Defensa). No hace falta ni reseñar lo ocurrido con la guerra del Irak, Guantánamo, y, últimamente, con el apoyo a Israel en la invasión de Gaza, etc.
La pestilencia de esta política se pretende, a veces, legal, pero llega hasta lo más alto. Y si alguna novedad tiene el imperio norteamericano es que sus guerras de agresión las pagan sus aliados y víctimas. Paúl Kennedy, ante las gigantescas inversiones financieras militares, ha dicho con toda razón que «Estados Unidos tienen firmemente atrapado al planeta entre sus garras».
Para impedir la extensión de un pensamiento crítico ha sido férreamente operativa la censura impuesta por el mando militar que intentaba ocultar los millares de víctimas destrozadas por las bombas en Afganistán y en otras partes.
Encubridoramente, la prensa de gran tiraje no ha publicado apenas nada sobre estas masacres o bombardeos. Y, lo más extraño, el mundo ha aceptado como terroristas a los que Bush ha designado como tales. Y esos tales son todos aquellos que se oponen a organizar el mundo como a ellos les conviene.
Al concluir esta lectura, es posible que el lector se haga estas o parecidas preguntas:
-Obama, estadounidense, que vive en ese imperio, será proclamado presidente el 20 de enero. ¿No servirá la faraónica ceremonia para distraerle de la faz siniestra de ese imperio y hacerle gustar sus «grandezas patrióticas» y así entrar en la trampa de la oligarquía financiera y militar?
-Sin poner en cuestión sus sueños y propósitos de cambio, ¿podrá Obama, tal como ha prometido, dar un giro a su política internacional desde la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas? ¿Con qué poderes, recursos y apoyo social cuenta?
-¿El peso preponderantemente pernicioso del imperio norteamericano es de ahora y, por lo mismo, de fácil neutralización o lo es de una larga praxis histórica, que imprime carácter no solo en los políticos sino en grandes sectores de la población?
No obstante, los sueños hay que mantenerlos pese a lo adverso de la realidad, porque «es luchando por lo imposible como se llega a lo posible».
– Benjamín Forcano es sacerdote y teólogo.