En su celo por combatir a los inmigrantes ilegales, las fuerzas de ese país han detenido, o incluso deportado, a decenas de sus propios ciudadanos en los últimos ocho años. Así lo reveló una investigación de la agencia noticiosa AP, que descubrió 55 de estos casos, pero algunos abogados señalan que hay cientos más. Un […]
En su celo por combatir a los inmigrantes ilegales, las fuerzas de ese país han detenido, o incluso deportado, a decenas de sus propios ciudadanos en los últimos ocho años.
Así lo reveló una investigación de la agencia noticiosa AP, que descubrió 55 de estos casos, pero algunos abogados señalan que hay cientos más.
Un caso particular es el de Pedro Guzmán, que nació en Los Angeles y ha sido un ciudadano estadounidense toda su vida. El año pasado, este hombre de 31 años con trastornos mentales, que no sabe leer ni escribir, fue arrestado por una infracción menor y terminó firmando documentos en los que aceptó ser deportado a México como indocumentado.
Durante casi tres meses, durmió en la calle, se bañó en ríos inmundos y comió desperdicios encontrados en cestos de basura, mientras su madre lo buscaba desesperadamente en morgues y hospitales de Tijuana. Finalmente fue hallado mientras trataba de ingresar nuevamente a Estados Unidos por Calexico, a 160 kilómetros de distancia.
De vuelta en California, «cambia de un momento a otro. Su cerebro lo transporta a los días en que estuvo desaparecido», dice su hermano Michael. «Le hablamos y le decimos que todo está bien, que nadie la va a hacer daño».
La investigación de meses de la AP documentó 55 casos en base a entrevistas, demandas y documentos obtenidos amparada en la ley de libertad de información. Estos ciudadanos fueron arrestados entre uno y cinco días.
La ley
Es ilegal deportar a ciudadanos estadounidenses o detenerlos por infracciones a las leyes de inmigración. No obstante, algunos ciudadanos terminan presos en centros de detención de un sistema que está desbordado, según admitió Víctor Cerda, quien fue uno de los máximos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés) hasta el 2005.
Se espera que la detención de presuntos indocumentados aumente un 17% este año y llegue a las 400.000 personas.
Como parte de la campaña contra los indocumentados, a veces terminan detenidos por error los más indefensos: personas con trastornos mentales, gente de pocos recursos, niños y personas que tienen pendientes órdenes de arresto. La mayoría de los arrestados, de lejos, son hispanos, según el estudio de AP.
«Cuanta más confusión haya en el sistema, más ciudadanos estadounidenses serán detenidos por error, y deportados por error», declaró Bruce Einhorn, juez de inmigración jubilado que dicta clases en la Pepperdine Law School. «Son el síntoma de un problema más grande. No hay nada más lamentable que la expulsión de nuestros propios ciudadanos».
Jim Hayes, director de detenciones y expulsiones del ICE, dijo estar al tanto de solo 10 casos de ciudadanos detenidos por error en los últimos cinco años. Agregó que la cincuentena de casos detectados por la AP «no constituyen una epidemia». Se negó a hablar de casos específicos para no violar las leyes que protegen la privacidad.
Indicó que los agentes tratan de corroborar la información cuando alguien dice que es ciudadano, pero que generalmente eso resulta ser mentira. Dijo que algunos ciudadanos a veces dicen haber nacido en el exterior y aseguró que ningún funcionario de inmigración detendrá a alguien si puede comprobar con certeza que es ciudadano.
Es imposible saber con exactitud cuántos ciudadanos han sido arrestados por indocumentados ya que nadie lleva la cuenta. Kara Hartzler, abogada del Florence Immigrant and Refugee Rights Project de Arizona, declaró ante la Cámara de Representantes el año pasado que su organización lidia con entre 40 y 50 casos por mes en los que alguien tiene argumentos potencialmente válidos sobre su condición de ciudadanos.
«Son casos sorprendentemente comunes», expresó.
El Vera Institute for Justice, una agrupación sin fines de lucro, detectó 322 casos de personas arrestadas por el servicio de inmigración en 13 centros de detención que dijeron ser ciudadanas en el 2007, comparado con las 129 del año previo. Esa cifra no toma en cuenta los casos de otros 300 centros de detención del servicio de inmigración.
Los arrestos de indocumentados aumentaron marcadamente desde que se reforzaron las medidas de seguridad tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Algunos sectores sostienen que se le ha dado demasiada autoridad a las policías locales para detener personas. Uno de cada diez hispanos nacidos en los Estados Unidos dijo que fue interrogado por las autoridades en torno a su status migratorio en el 2007, de acuerdo con un estudio del Centro Hispano Pew que involucró a más de 2000 personas.
El caso de Guzmán
Guzmán fue expulsado del país por un departamento de alguaciles.
Fue detenido cerca de su casa en la localidad californiana de Lancaster el 31 de marzo del 2007, por agentes del departamento de alguaciles del condado de Los Angeles, a raíz de una infracción menor, luego de intentar abordar tres veces un avión privado mostrando boletas de la lotería, según dice el informe policial.
También había robado un auto, supuestamente porque el vehículo de su madre se había roto.
Un juez lo condenó a tres meses de prisión por vandalismo y a tres años de libertad condicional.
En la cárcel, Guzmán le dijo a las autoridades que había nacido en California. Pero un empleado del departamento de alguaciles lo hizo firmar un documento en el que se comprometía a ser deportado sin una audiencia judicial.
El día que llegó a México, Guzmán llamó a un familiar y le dijo que no sabía donde estaba. Le preguntó a alguien que pasaba por allí, quien respondió: Tijuana. A esa altura se interrumpió la llamada.
Guzmán regresó a California legalmente en agosto.
Ahora no soporta el sol porque le recuerda a México. Su familia no lo deja hablar del tema porque lo altera demasiado. Va con frecuencia a sesiones de terapia, pero se lo nota frágil, tartamudea y dice que escucha voces, según su hermano.
«Esa persona que deportaron es nuestro hermano, el hijo de alguien», afirmó Michael Guzmán. «California es como una capital latinoamericana. No importa si uno es ciudadano o no. Si uno tiene aspecto de hispano, lo interrogan. Y cualquiera puede ser deportado».
Ni la oficina de alguaciles ni los funcionarios del servicio de inmigración hablan del caso, porque hay un proceso pendiente, ya que la familia de Guzmán demandó al condado de Los Angeles y al gobierno nacional.
«Cuando se conozca toda la historia, la gente entenderá lo que sucedió», expresó Steve Whitmore, de la oficina de alguaciles del condado de Los Angeles.
La madre de Guzmán, María Carbajal, mientras tanto, trabaja e turno nocturno en un Jack in the Box porque teme dejar a su hijo solo durante el día.
Víctimas en redadas
Ciudadanos estadounidenses también fueron víctimas de lasredadas en sitios de trabajo y se están procesando varias demandas.
En el 2007, 114 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes radicaron demandas tras una redada en Micro Solutions Enterprises, firma que recicla impresoras de computadoras en Van Nuys, California. Dicen que fueron arrestados ilegalmente y piden 5.000 dólares cada uno en concepto de daños.
En el 2008, sindicatos que representan a los empleados de seis plantas empacadoras de carne de Swift radicaron demandas en nombre de ocho ciudadanos o residentes legales que fueron detenidos en redadas.
En un caso, tres ciudadanos y otras nueve personas, todos hispanos, plantearon una demanda después de que agentes del ICE hicieron redadas en sus casas de Nueva Jersey. La demanda dice que un agente le apuntó con un arma a un niño de nueve años que es ciudadano.
Hay un programa por el cual se trata de deportar rápidamente a indocumentados que cometieron delitos y algunos sectores temen que los agentes de inmigración cometan excesos y expulsen a cualquiera por cualquier motivo, pues consideran a los detenidos malas semillas, incluso si son ciudadanos estadounidenses.
Ciudadanos o residentes de E.U. que fueron detenidos o deportados
Rennison Castillo llegó temprano en la mañana a una oficina del servicio de inmigración de Seattle el 28 de octubre de 1998 para jurar como ciudadano. Lucía un uniforme del ejército almidonado y quería conseguir un buen asiento. Se sentó en la segunda fila.
Castillo nació en Belice y vive en Estados Unidos desde que tenía siete años. Sirvió dos años en el ejército. Pero sus superiores le dijeron que no podía permanecer en esa fuerza si no se hacía ciudadano. Tomó entonces el examen de la ciudadanía y lo pasó con facilidad. No pudo responder una sola pregunta, el nombre de un funcionario electo local.
«Me sentí orgulloso» de sacar la ciudadanía, comentó.
Siete años después, Castillo fue encerrado en una celda del servicio de inmigración de Tacoma, Washington, después de pasar ocho meses preso en el condado de Pierce por violar una orden de que no se acerque a alguien y por el robo de una residencia.
Una empleada de la prisión le preguntó si quería regresar casa.
Pensó que aludía a su residencia de Lakewood, Washington, y respondió: «Sí, me encantaría».
La empleada lo encadenó y le dijo que sería deportado.
Una y otra vez Castillo dijo que era ciudadano y pidió que corroboraran sus datos en las computadoras.
Pero las autoridades afirmaron que no había nada que confirmase que era ciudadano o que hubiera hecho el servicio militar. Un agente incluso reconoció a Castillo, con quien había servido en el ejército en Fort Lewis, Washington, y mencionó el batallón, pero señaló que no podía ayudarlo.
Castillo finalmente consiguió que un amigo buscase en el baúl de su automóvil sus documentos militares y logró ser liberado… casi ocho meses después de haber sido detenido por el ICE.
Descubrió seguidamente que el servicio de inmigración tenía dos archivos sobre él, con diferentes números, y radicó una demanda.
«Sé que nada es perfecto ni lo será, pero no entiendo cómo pueden haber cometido semejante error», declaró. «Me pasó a mí y estoy seguro de que le puede suceder a cualquiera».
Ricardo Martínez
El problema de este hombre nacido en McAllen, Texas, no fue que lo expulsaron del país, sino que no lo dejaron regresar.
Martínez vivió en México entre los cinco y los 17 años de edad.
Como tantos otros residentes de la frontera con familia en México, Martínez visitó con frecuencia ese país. Pero cuando intentó regresar luego de una visita en julio de 1999, no lo dejaron entrar en el puesto de Nogales, Arizona, porque los agentes del servicio de inmigración descubrieron dos copias de su certificado de nacimiento, emitidas en distintos años y con diferentes fechas. Martínez, quien no habla muy bien inglés, dijo que nunca había notado el error.
Finalmente mostró su pasaporte y pudo ingresar el país. Pero sus problemas no acabaron allí.
En enero del 2006 volvió a México para ver a su abuela, quien estaba al borde de la muerte. Cuando intentó regresar por Laredo, en marzo, llevaba consigo sus certificados de nacimiento, otra tarjeta que se da al nacer, su pasaporte y tarjetas de identificación de Nebraska, California y Texas, ya que había trabajado en esos tres estados.
A esa altura las medidas de seguridad en la frontera eran más estrictas y cuando los agentes vieron en la computadora el problema que había tenido previamente en Nogales, dijeron que el pasaporte era falso, indicó Martínez.
Fue llevado entonces a un salón donde le hicieron sacar los zapatos, lo revisaron, lo encadenaron a una silla y lo retuvieron dos horas, mientras los agentes inspeccionaban sus documentos. Le dijeron que si no confesaba el fraude, estaría preso entre seis y ocho meses, según una demanda que radicó Martínez contra el gobierno.
«Me dijeron que si no confesaba que era de allí (México), me mandarían a la cárcel. Estaba asustado», relató.
Agregó que pidió llamar a su madre para corroborar su
nacionalidad, y se lo negaron.
El padrastro de Martínez, Florentino Mireles, dijo que llamó a los inspectores y les preguntó por qué se habían quedado con los documentos del muchacho. Le respondieron que los agentes no creían que era estadounidense porque no hablaba inglés.
Martínez no quería ir a la cárcel y firmó los documentos.
Posteriormente dijo que no sabía que al firmar, estaba admitiendo que no había nacido en Estados Unidos.
A sus padres les tomó dos años encontrar un abogado barato que pudiese defender a su hijo. Finalmente, en una oficina de Hidalgo, la abogada Lisa Brodyaga le mostró a los agentes fronterizos un certificado de nacimiento de Martínez en poder de sus padres, con sus huellas dactilares, y documentos que corroboran que había trabajado legalmente en Estados Unidos y pagado impuestos. Los agentes admitieron que era ciudadano y le permitieron regresar.
Como en los otros casos, el ICE no comenta el tema porque hay un caso judicial pendiente. Pero un portavoz del organismo dijo que Martínez nunca había denunciado irregularidades.
Brodyaga sostiene que la detención y/o deportación de ciudadanos es algo más que una torpeza burocrática.
«Trabajo en esto desde hace 30 años y sé lo que es un error burocrático», afirmó. «Esto va más allá. En la frontera hay una atmósfera de desconfianza y hostilidad, especialmente hacia los mexicano-estadounidenses».
Hugo Alvarado
Un soleado sábado hace dos años, Hugo Alvarado Jr., de 22 años, bebía cerveza con unos 15 amigos frente al edificio de departamentos de Tulsa donde vivía. En el complejo residían muchos inmigrantes, pero él nació en Bakersville, California.
Hacia las nueve de la noche aparecieron agentes del servicio de inmigración. Los amigos se esfumaron y Alvarado fue apresado. Cuando le tomaron los datos, Alvarado se negó a dar su número de Seguridad Social porque pensó que no le correspondía hacerlo.
«Si fuese una persona blanca, no lo pedían», sostuvo.
Los agentes inventaron un número y lo apuntaron. Posteriormente, Alvarado aceptó dar el número, pero como no coincidía con el que aparecía en los papeles, dijeron que mentía.
Lo tuvieron detenido dos días, hasta que su padre trajo pruebas irrefutables de que era ciudadano.
Jim Hayes, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés), dice que esa agencia no detiene intencionalmente a ciudadanos estadounidenses.
Juan Manuel Carrillo
El 16 de agosto del año pasado, Juan Manuel Carrillo Jr., de 19 años, comenzaba su turno en la planta de Pilgrim’s Pride en Mount Pleasant, Texas, cuando los capataces llamaron a varias personas.
Él fue uno de los convocados.
«Fui con un grupo de trabajadores. Pensamos que era un control de drogas. No sabíamos que estaba el servicio de inmigración», declaró Carrillo en español.
Los agentes dijeron que su nombre figuraba en una orden de arresto. La redada en busca de indocumentados fue una de cinco que se llevaron a cabo en plantas de Pilgrim’s Pride en todo el país, en las que fueron detenidas unas 400 personas, según la empresa. El ICE dice que fueron 300.
Carrillo, quien nació en San Diego, fue uno de ellos. Dice que le informó a los agentes que era ciudadano estadounidense, pero que le esposaron las manos y las piernas y fue trasladado a un centro de detención en Tyler, a unos 65 kilómetros (40 millas). El único documento que llevaba encima era una licencia de conducir.
Carrillo insistió en que era ciudadano, pero el conductor le dijo que se callase.
«Estaba trabajando bien, todo estaba en orden, pero nadie quería escuchar a alguien que estaba aquí legalmente», afirmó Carrillo. «Tienen que escucharlos».
Le dijo a los agentes que tenía el pasaporte en su casa, donde estaba su hermano. Los agentes fueron a la vivienda y entraron por la fuerza, según Carrillo. Interrogaron a su hermano acerca de quién vivía allí y su status legal.
Carrillo fue liberado luego de estar detenido 12 horas. «Te sientes como un delincuente, como si hubieses hecho algo, como si hubieses matado a alguien», se quejó.
Jim Hayes, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés), dice que esa agencia no detiene intencionalmente a ciudadanos estadounidenses.
RMG Castro (6 años, no se da el nombre completo porque es un menor)
Mónica Castro se separó de su compañero Omar Gallardo y no vio a su hija durante tres años porque le pequeña, quien era ciudadana estadounidense, fue enviada a México.
Gallardo, quien era indocumentado, no quería desprenderse de la pequeña, por lo que Castro, quien es ciudadana estadounidense, lo delató al servicio de inmigración. Pensó que así podría reencontrarse con su hija.
Pero ocho horas después de que la patrulla de fronteras capturó a su marido, la hija de Castro, de un año, fue subida a un vehículo del gobierno, que no tenía sillas para menores, y despachada hacia la frontera con México, a 480 kilómetros.
«Era mi último recurso, llamar a inmigración», declaró la mujer. «Sé que estuve mal, lo lamento. Pero ella era mi hija. Estaba asustada. Me dijeron que me ayudarían y, llegado el momento, cambiaron su historia».
La niña había estado con su padre y «cuando me reuní con ella, no sabía quien era yo», relata Castro. «Pataleaba, me empujaba, me golpeaba, no quería tener nada que ver conmigo».
La Patrulla de Fronteras le entregó entonces la niña al padre, que se la llevó a México al ser deportado. Dice que no fue «deportada» porque puede regresar al país cuando quiera y se fue con un padre que tenía la custodia legal.
Durante tres años, lo único que supo Castro es que la niña estaba en Ciudad Juárez, una urbe de 1,3 millones de personas. No le enviaron cartas ni fotos, y no sabía cómo ponerse en contacto con ella.
«No pude disfrutar de todos esos años de la infancia», se lamenta Castro. «Nunca tendré los recuerdos de esa época, hasta los cuatro años».
Castro demandó a la patrulla fronteriza y un juez desestimó la acción tras dictaminar que no hay leyes ni políticas que contemplen una situación como la que enfrentaron los agentes. Pero el juzgado del 5to Circuito revocó ese fallo y considerará la demanda.
La patrulla fronteriza se abstuvo de hablar del caso porque todavía está siendo juzgado.
«Si la patrulla fronteriza tiene un niño estadounidense en su custodia y se presenta un padre que es ciudadano estadounidense, no hay razón alguna para que atienda los deseos de un padre extranjero y lo envíe de vuelta con el padre extranjero», expresó al abogado de San Antonio Javier Maldonado.
Heidy Hazel Baires Larios
Hace tres años, Heidy Hazel Baires Larios, de 32 años, se dirigía a una fiesta con amigos cuando fue interceptada por la policía.
Sus amigos tenían cerveza en el auto. Fue encarcelada y considerada una residente legal deportable porque había estado presa seis meses en el 2002 por llevar consigo menos de un gramo de cocaína.
Baires pasó dos años presa mientras se procesaba su solicitud de ciudadanía.
«Rezaba y nunca perdí la fe. Estas son las pruebas a que te somete la vida para ver qué tan creyente eres», manifestó Baires, quien nació en El Salvador.
Sus padres se divorciaron en 1978. Dos años después, su padre sacó la ciudadanía estadounidense y obtuvo su custodia. Vino a vivir con él en noviembre de 1990.
Un juez de inmigración dictaminó que no es ciudadana porque no estaba con su padre cuando éste se hizo ciudadano. Pero un tribunal de apelación anuló ese fallo y el juez de inmigración admitió documentos escolares que comprueban que estaba bajo la custodia de su padre antes de cumplir 18 años.
Jim Hayes, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus siglas en inglés), dice que esa agencia no detiene intencionalmente a ciudadanos estadounidenses y que los procesos de expulsión ayudan a resolver casos complejos.
Omar Pérez Moreno
Omar Jorge Pérez Moreno fue detenido cuando tenía 20 años por vivir con una novia menor de edad, de 14 años.
Dijo que no sabía que su relación con ella constituía estupro. Pero se declaró culpable, como le habían aconsejado, y pasó dos meses y medio en la cárcel. Luego quedó en libertad condicional por tres años.
Al ser excarcelado, volvió a su trabajo en una planta procesadora de ostras. No acudió a dos citas con el agente que vigila su libertad condicional y se libró una orden de arresto en su contra. El 26 de mayo del año pasado la policía lo detuvo por manejar a excesiva velocidad y vio la orden de arresto.
Pérez Moreno, de 23 años, fue sentenciado a 40 días de cárcel. Luego de 25 días, se le informó que quedaría bajo la jurisdicción del servicio de inmigración.
Súbitamente, Pérez Moreno enfrentaba la perspectiva de ser deportado a México. Vio cómo otros permanecían detenidos por años tratando de conseguir la ciudadanía y decidió que no quería eso.
Comenzó a prepararse para una vida en México.
«No quería quedarme allí (preso). Tenía que salir. No lo soportaba. A nadie le gusta perder su libertad», expresó.
Una mañana lo despiertan y la dicen que alguien del Northwest Immigration Rights Project quería hablar con él. Melissa Williams Avelar le hizo algunas preguntas. ¿Sus familiares eran residentes legales? ¿Cuándo se hizo ciudadano su padre? Enseguida determinó que Pérez Moreno era ciudadano estadounidense.
«¡Qué!», exclamó Pérez Moreno. «Me sentí muy feliz. Fue una sensación inexplicable. Estaba estupefacto. No tenía palabras».
Al día siguiente de su liberación, Pérez Moreno se presentó ante la oficina del alguacil, como se le exige a quienes han sido hallados culpables de tener relaciones sexuales con menores. Volvió a trabajar en la planta de ostras.
Habla bien español e inglés y quisiera trabajar de traductor. «Sé que Dios me dio una oportunidad. No mucha gente recibe estas oportunidades», manifestó.
Añadió que, por más que él no supiese que era ciudadano, el servicio de inmigración sí debió saberlo.
«Ese es su trabajo», sostuvo. «Deben asegurarse de que no detienen a ciudadanos como yo».
Alicia Rodríguez
Alicia Rodríguez, de 30 años, todavía sufre al pensar que no pudo acompañar a su hijo en su primer día en el jardín de infantes.
Rodríguez es una estadounidense de tercera generación que habla solo inglés. Un domingo por la noche regresaba a su casa cuando la detuvo la policía, tras notar que no había pagado dos multas, una por manejar sin seguro y la otra por hacerlo con un registro vencido.
En la comisaría, un banco de datos nacional indicó que era una indocumentada y fue arrestada. La confundieron con otra Alicia Rodríguez que no tenía papeles, con el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento y la misma altura.
Pasó la noche en una celda. La llamaron cuando estaba desayunando. Pensó que regresaba a su casa. Pero fue entonces que se enteró por qué la habían apresado.
«Me dijeron que era una inmigrante ilegal. No me creyeron que era ciudadana», dijo, con incredulidad en su voz.
Preguntó si sus huellas dactilares coincidían con las de la otra mujer, pero no le respondieron. Fue encadenada junto con otras personas y trasladada a otra cárcel.
En la nueva prisión cayó presa del pánico. No podía respirar y tuvieron que llamar a los médicos para que le pusiesen oxígeno.
Después del almuerzo fue liberada. Su hermana había ido a un juzgado y conseguido una copia de su certificado de nacimiento. A esa altura, su hijo Jude ya estaba en la escuela.
«Me preguntó, ‘mami, fue mi primer día, ¿dónde estabas?'», relató Rodríguez. «Me destrozó el corazón».
Rodríguez admite que debió haber pagado las multas, pero sostiene que las autoridades debieron esforzarse más por corroborar quien era.
«Si no tuviese el nombre que tengo, si no tuviese el color de piel que tengo, hubiera ido, hubiera pagado las multas y todo se habría acabado en dos horas», afirmó.
Jim Hayes, director del ICE, subrayó que Rodríguez nunca estuvo bajo custodia de ese organismo, sino de la policía local, por infracciones de tránsito.
«¿La interrogamos nosotros? Sí. Y determinamos que no correspondía expulsarla porque había evidencia de que era ciudadana estadounidense», acotó.
El teniente Blake Miller, de la policía de Arlington, en tanto, dice que ese cuerpo solo detiene a personas por cuestiones de inmigración a pedido del ICE.
José Manuel González Villavicencio
El 5 de mayo del 2007, José Manuel González Villavicencio, de 28 años, fue a una oficina del servicio de inmigración para recibir su residencia permanente.
Una vez allí, fue rodeado por tres agentes que lo esposaron.
Resulta que cuando tenía 16 años, tuvo un hijo con una niña uno o dos años más joven. Al cumplir 18 años, fue acusado de tener relaciones sexuales con una menor y fue condenado a 45 días de cárcel.
Los agentes del ICE dijeron que esa condena, junto con episodios de posesión de marihuana y portación de armas, justificaban su deportación.
González Villavicencio dijo que mientras estaba detenido solo pensaba en su hijo. Consideró aceptar ser deportado para poder ver al niño de nuevo.
Los agentes prepararon una orden de deportación y le dijeron que era su forma de desearle un feliz 5 de Mayo.
Su madre contrató a un abogado con los 500 dólares que González Villavicencio la había dejado para pagar la cuenta eléctrica, pero el estudio pidió más dinero y casi no se movió.
Villavicencio dio entonces con una organización sin fines de lucro, el Northwest Immigration Rights Project, que tras una corta charla con él determinó que probablemente era ciudadano. Al día siguiente ya habían comprobado que la madre se había nacionalizado cuando él era menor de 18 años, lo que quería decir que él también era ciudadano estadounidense.
Fue liberado luego de dos semanas de detención. A esa altura ya había perdido su trabajo en Wendy’s.
Le cortaron la luz en su casa por no pagar la cuenta mensual.
Ahora quiere que los abogados le devuelvan el dinero.