Expertos del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) han mostrado su preocupación por la exposición realizada por Behatokia sobre la «suspensión de ciertos derechos», la detención incomunicada, casos de tortura y la «criminalización de profesionales que trabajan en su prevención» en el Estado español. Los representantes de Behatokia Julen Arzuaga e Iratxe Urizar […]
Expertos del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) han mostrado su preocupación por la exposición realizada por Behatokia sobre la «suspensión de ciertos derechos», la detención incomunicada, casos de tortura y la «criminalización de profesionales que trabajan en su prevención» en el Estado español.
Los representantes de Behatokia Julen Arzuaga e Iratxe Urizar han intervenido en las sesiones de trabajo del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre la actuación del Estado español a la luz de la Convención contra la Tortura.
Arzuaga ha denunciado la «suspensión de ciertos derechos» al amparo de la «lucha antiterrorista», un ámbito en el que «parece que actualmente diversos gobiernos del mundo se están sometiendo de una manera cada vez más responsable al imperio de los derechos humanos y el Estado español hace alarde de la más absoluta movilidad».
Ha relatado que, ante los debates sobre la revisión del régimen de la detención incomunicada -«principal origen de la tortura»-, los principales partidos políticos españoles «unen fuerzas para impedir que se pongan en práctica las más importantes recomendaciones de los organismos internacionales».
Arzuaga ha denunciado, en este contexto, la «criminalización inaceptable» de los profesionales que trabajan para prevenir la tortura. Ha utilizado como ejemplo una mención del informe de la delegación española defendiendo que los abogados y médicos de confianza, a los que sitúa en «el entorno de la propia banda armada», no deben asistir al detenido porque «afectaría en ese momento clave de las primeras investigaciones».
«Incomunicación, primera investigación»
Ha subrayado que esa interpretación como «primera investigación» vendría a demostrar que «la detención no se produce como efecto lógico de una investigación previa, metódica y científica y en suficiencia de pruebas, si no que, precisamente, la incomunicación es la primera investigación, momento durante el que se recabarán éstas, utilizando los malos tratos y tortura».
Esas declaraciones son utilizadas luego en los procesos contra los detenidos. «Al no producirse una investigación judicial eficaz, las autoridades judiciales interpretan sistemáticamente que no se ha constatado vulneración de un derecho fundamental por el tribunal competente para ello, por lo que esas declaraciones serán de pleno derecho», ha expuesto Iratxe Urizar.
Ha subrayado que la utilización de esas declaraciones constituye «el broche de cierre» que «da coherencia a todo un sistema que hace de la tortura un elemento eficaz, indispensable en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo».
La intervención de los integrantes de Behatokia ha generado preocupación en los expertos Grossman y Gaye, quienes no han ocultado su inquietud por la figura del indulto al torturador.