Traducción para Rebelión de Loles Oliván
A raíz de «la primavera árabe», en Jordania se celebraron durante los viernes de nueve semanas consecutivas numerosas protestas y sentadas en las que se reclamaban reformas políticas y económicas. Pero mientras que la intervención de la OTAN en Libia se ha intensificado, la sociedad civil de Bahréin ha sido tratada brutalmente, las protestas en Siria se han ido extendiendo, y el combate por los límites del cambio de régimen en Egipto y Túnez se ha mantenido, en Jordania ha prevalecido una tensa calma. Ya no hay protestas los viernes. De hecho, ya casi no hay manifestaciones de acción política ni de cualquier tipo.
Las protestas en Jordania han sido diferentes de las que se han producido en Bahréin, Egipto y Túnez o las que están teniendo lugar actualmente en Siria y Yemen. Todos estos Estados, incluyendo a Jordania, están regidos por sistemas de gobierno autoritarios que ofrecen poco en el ámbito de la rendición de cuentas y de las libertades civiles; asimismo aplican políticas económicas cada vez más neoliberales que erosionan la capacidad del ciudadano medio de satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, el número de ciudadanos que han salido a las calles en Jordania ha sido relativamente pequeño en comparación con las masas observadas en otros países. Lo que ha marcado aún más la diferencia en Jordania ha sido la naturaleza de las reclamaciones de los manifestantes, que se han centrado en los cambios en el gobierno designado por el régimen y en un conjunto diverso de reformas políticas y económicas. En otras palabras, estas movilizaciones nunca han sido por un cambio de régimen.
El régimen jordano ha respondido a las protestas de varias formas. Primero permitió que se llevaran a cabo las manifestaciones, llegando incluso en algunos casos a destacar agentes de policía para ofrecer agua y zumos a los manifestantes. En segundo lugar, el régimen aplicó varias medidas diseñadas para ofrecer un alivio económico a corto plazo ante el creciente costo de la vida. Incluyen la eliminación de impuestos a los combustibles, facilitar los requisitos de contratación en el sector público, subsidiar el precio de los alimentos básicos en las cooperativas de militares y de civiles, y aumentar en 20 dinares jordanos (unos 30 dólares) el salario mensual y la paga de pensiones tanto para los funcionarios civiles y militares del sector público como para los jubilados. Por último, el régimen accedió a lo que era quizás la demanda central de los manifestantes destituyendo el gabinete del entonces primer ministro, Samir al-Rifai y designando a Ma’ruf al-Bajit para ocupar su lugar. El gobierno saliente había sido nombrado en un intento por reforzar la legitimidad del sistema político existente a raíz de las elecciones parlamentarias de noviembre 2010, que estuvieron marcadas por el boicot del principal partido de oposición -el Frente de Acción Islámica (FAI)-, varias denuncias de fraude en las votaciones y manipulación electoral. Ninguna de esas medidas, no obstante, han proporcionado algo estructuralmente diferente de lo que había previamente a la irrupción de las protestas, ni política ni económicamente.
La [práctica de la] destitución del gobierno es algo propio de la forma de gobernar en Jordania. Sin embargo, la formación del gabinete de al-Bajit resultó ser un punto de inflexión de las protestas en Jordania. Cuando el régimen cumplió con la demanda central alrededor de la cual los manifestantes se movilizaron inicialmente, la tarea de definir más específicamente la reforma política y económica dividió a las diversas fuerzas que anteriormente habían estado unidas. Más allá de reclamar la caída del gobierno de al-Rifa’i hubo poco consenso sobre qué reformas había que reivindicar y mucho menos sobre qué reformas eran necesarias. Algunos se mostraron satisfechos con el cambio de gobierno y con las medidas que se adoptaron hasta el momento. Otros, aunque escépticos, declararon que había que dar una oportunidad al gobierno de al-Bajit. El Frente de Acción Islámica, el grupo dominante de la oposición, pidió que el partido político con más escaños en el parlamento tuviera derecho a elegir al siguiente primer ministro, en lugar de la práctica actual de designar a alguien para el puesto a través de un Real Decreto. Sin embargo, otros reclamaron cambios constitucionales, en particular el retorno a la Constitución de 1952, cuyas enmiendas son consideradas por algunos como la base del actual sistema de gobierno autoritario. A pesar del consenso sobre la necesidad de reformas políticas y económicas, hubo poco acuerdo acerca del mecanismo institucional para emprenderlas. El único tema unificador de esas voces dispares por la reforma ha sido el sentimiento anti-corrupción, que a su vez ha quedado sujeto a una competición por sus definiciones. A finales de marzo, las movilizaciones que se habían iniciado en enero se apagaron.
Sería problemático considerar la trayectoria de esta breve avalancha de acción política simplemente como la función de los dilemas de la construcción de consensos y de la acción colectiva. Por el contrario, también se debe considerar lo que parece haber sido una estrategia en varios frentes por parte del régimen en el contexto de las limitaciones estructurales jordanas respecto a las movilizaciones de base intersectoriales contra el régimen (las últimas de las cuales se han analizado aquí). Más allá de las mejoras a corto plazo que han proporcionado alivio inmediato a ciertas presiones económicas, así como la práctica probada y real de sacrificar al primer ministro en el altar del régimen, se han adoptado una serie de medidas para reforzar al nuevo gobierno de Ma’ruf al-Bajit. Una de esas medidas fue la «Carta de designación» dirigida por el rey Abdulá II a al-Bajit. La carta decía que las fuerzas cuyos intereses se verían amenazados por el cambio habían estancado el proceso de reforma y que ello no se toleraría en esta ocasión. También se produjo el anuncio hecho por al-Bajit de una nueva ley de reunión pública que ahora sólo requerirá el previo aviso de manifestación cuarenta y ocho horas antes en lugar de la autorización del gobernador. Por último, el régimen también ha accedido a la reivindicación de un sindicato nacional de profesores a pesar de que la naturaleza de dicho sindicato aún está por definirse.
Si las medidas anteriores representaron un intento menor e inmediato de fortalecer al nuevo gobierno, se han producido seguidamente otras nuevas más publicitadas. La más discutida fue la creación en marzo del Comité de Diálogo Nacional (CDN), de 52 miembros, para garantizar un «consenso» en todo el proceso de reformas en el marco de la unidad nacional. El CDN se ha convertido desde entonces en el eje central de las campañas nacionales e internacionales del régimen para demostrar su enfoque, ahora supuestamente en serio, a favor de la reforma. El hecho de que el presidente del Senado (la cámara alta del parlamento), designado por el rey, sea también, sin embargo, el presidente del CDN ha supuesto que varios grupos de la oposición pongan en duda su independencia. El Frente de Acción Islámica, por ejemplo, se ha negado a participar si no hay garantías de que la reforma constitucional se incluya en el orden del día y que las conclusiones de la comisión sean vinculantes de una manera u otra. Otros grupos de oposición también han estado en desacuerdo con los miembros del CDN, acusándole de ser insuficientemente representativo, sobre todo cuando se trata de mujeres, que representan sólo cuatro de los cincuenta y dos miembros.
A pesar de esta dinámica, el CDN ha ido ocupando una posición central en los debates públicos sobre la reforma en Jordania según sus deliberaciones se han establecido en torno a tres sub-comités, cada uno con un tema específico: la definición de una «Nueva Jordania», las leyes que regulan la formación y el funcionamiento de los partidos políticos, y una ley electoral. Estas cuestiones, aún formando parte de las quejas de la oposición formal, están basadas en debates y reivindicaciones anteriores al surgimiento de los levantamientos regionales y, por lo tanto, son cuestiones que se repiten en el juego de la reforma. Siguen estando ausentes cualquier redistribución seria de poder, métodos independientes que obliguen a las figuras públicas a rendir cuentas, así como la eliminación de las preexistentes líneas rojas del discurso político. Lo que muchos observadores tanto locales como internacionales parecen olvidar, o más bien prefieren ignorar, es que esta no es la primera vez que se establece un comité nacional para llevar a cabo deliberaciones consultivas sobre la reforma (por ejemplo, el Comité Nacional de la Carta). Es poco probable que los resultados del CDN vayan a ser muy diferentes de sus predecesores en sus recomendaciones o en su aplicación, lo que plantea dudas sobre su utilidad para lograr un cambio fundamental. Aún así, sin embargo, la gran mayoría de grupos de la oposición (formal y alternativa) así como las organizaciones de la sociedad civil han legitimado al CDN ya sea a través de su participación o mediante declaraciones de apoyo.
Si el régimen jordano había perdido temporalmente el control del discurso sobre la reforma frente a los manifestantes en la calle, desde entonces ha reconsolidado su imagen como la vanguardia del cambio y el progreso en el Reino, afirmando que es él tanto quien traza el curso de la reforma como quien gestiona sus peligros. En todo caso, el CDN y otras medidas patrocinadas por el régimen representan la continuación de la reforma política de arriba hacia abajo que ofrece puntos de control para la frustración pública, manteniendo la concentración del poder, tanto en la política como en la economía. A diferencia de Siria y Yemen, en Jordania aún se sigue jugando el «juego de la reforma», con pocos indicios de que se rechace la política ortodoxa.
Esta recuperación del impulso por parte del régimen no debería ser una sorpresa dado que el punto de partida de las manifestaciones fue algo muy diferente de las de Egipto, Siria, Túnez y Yemen. El nivel de polarización entre el régimen y la población jordana en general nunca ha estado próximo al juego de suma cero que alcanzó en otros lugares; nunca se le permitió llegar a ese nivel. Esto es en parte el resultado de una estrategia a varios frentes por parte del régimen a raíz del brote de manifestaciones regionales, así como de varios factores históricos complejos que son específicos de Jordania.
Aunque el tipo de enfrentamientos entre manifestantes y régimen caracterizado en Bahréin, Egipto, Libia, Siria, Túnez y Yemen no se ha visto por ningún lado, la estrategia del régimen jordano no ha estado desprovista de medidas coercitivas. La naturaleza de las reivindicaciones de los manifestantes y el número de los movilizados han sido manejables independientemente de la dispersión violenta, especialmente a la luz de las estrategias extra-coercitivas. Sin embargo, tres casos concretos -más allá del hecho general de continuar con la gestión autoritaria- han recordado a la población la posibilidad o la realidad de la violencia y otras formas de medidas coercitivas aun sin que se hayan radicalizado las protestas existentes ni las posibles. El primero tuvo lugar durante una de las protestas semanales de cada viernes (el 18 de febrero), cuando asaltantes vestidos de civil atacaron a los manifestantes con palos, piedras y látigos improvisados. A pesar de la presencia habitual de la policía y la gendarmería, ni uno solo de los asaltantes fue detenido durante el ataque. Aunque el gobierno denunció públicamente a los agresores, al final, tanto la discusión sobre una investigación oficial como el enjuiciamiento de los responsables, se desvanecieron. El segundo caso tuvo lugar cuando la sentada del 24 y 25 de marzo en la Rotonda de Dajiliyyah fue atacada primero por «leales contrarios a los manifestantes» y, posteriormente, dispersada violentamente por la gendarmería. También en este caso, se denunciaron actos de vigilancia pero se hizo muy poco para que los agresores vestidos de civiles o la policía pagaran por su responsabilidad a pesar de que se según las informaciones causaron más de cien heridos y una muerte confirmada. Este incidente, tal vez más que el del 18 de febrero, ha tenido una fuerte repercusión en todos los medios de comunicación y de la blogosfera jordana. Una cosa es celebrar manifestaciones semanales con genéricos lemas por la reforma, y otra muy distinta llevar a cabo una sentada indefinida, articular reivindicaciones específicas, y hacerlo en un espacio que ofrece una sensación similar a la de la Plaza Tahrir, por su visibilidad pública y por el potencial incremento de participantes. Por último, el restablecimiento de la obligación de que todos los ciudadanos varones de edades comprendidas entre dieciocho y treinta y cuatro años actualicen su situación de prórroga del servicio militar. Aunque los detalles de esta política en particular los trataremos en un próximo artículo, baste con decir que el régimen ha demostrado su determinación de apretar las tácticas de control de la población que la mayoría de los ciudadanos afectados, posiblemente, encuentran demasiado costosas como precio a pagar por participar o apoyar la agitación pública orientada al reformismo.
La combinación de estrategias del régimen aplicadas como respuesta a las protestas han transformado una interrupción ya de por si pequeña y limitada del discurso sobre la reforma dominado por el régimen desde hace poco más de veinte años en otro ejemplo de la benevolencia y la excepcionalidad del sistema autoritario de gobierno de Jordania. Si bien el empuje de las movilizaciones multisectoriales explícitamente políticas se han disipado, la dinámica manifestantes- régimen parece estar tomando un carácter más difuso en una combinación de diferentes huelgas de funcionarios del sector público, violencia en el campus universitario, y enfrentamientos entre el personal de seguridad y miembros tribales o islamistas. Sin embargo, en lugar de sembrar las semillas de una inevitable «Primavera jordana», estas tensiones, al menos por ahora, se consideran más como las huellas del sistema autoritario de gobierno en Jordania, de sus políticas neoliberales, y de las tensiones siempre presentes que de ello se derivan, como una radicalización y extensión inevitables de la dinámica régimen-manifestantes.
* Ziad Abu Rish, coeditor de Jadaliyya, realiza su doctorado en el Departamento de Historia de la Universidad de California (UCLA).
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