Brasil, México, Colombia y otros países megadiversos promoverán la adopción de un régimen global obligatorio que regule quién tiene acceso a la biodiversidad, durante una cita internacional que se inicia el 20 de este mes en la meridional ciudad brasileña de Curitiba. Pero la meta es aún lejana. «La negociación ha sido difícil y este […]
Brasil, México, Colombia y otros países megadiversos promoverán la adopción de un régimen global obligatorio que regule quién tiene acceso a la biodiversidad, durante una cita internacional que se inicia el 20 de este mes en la meridional ciudad brasileña de Curitiba. Pero la meta es aún lejana.
«La negociación ha sido difícil y este proceso podría llevar un par de años más», señaló a Tierramérica Hesiquio Benítez, miembro de la delegación mexicana a la octava Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (COP8), que discutirá, entre sus temas prioritarios, un borrador del propuesto régimen.
Se esperan avances limitados durante la cita, no un acuerdo, ya que el tema no ha hecho más que exacerbar las disputas Norte-Sur. En febrero, durante la última reunión preparatoria para la CP8 en Granada, España, las partes sólo lograron producir un documento lleno de paréntesis, un reflejo de la falta de consenso.
El régimen establecería reglas para el uso de los recursos genéticos derivados de conocimiento tradicional y para la distribución justa de los beneficios de éstos, tal como lo establece la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), acordada en Río de Janeiro en 1992.
La mayor parte de países en desarrollo ricos en biodiversidad aboga por que el régimen sea obligatorio, idea que muchas naciones industrializadas rechazan.
La negociación es lenta porque involucra «intereses económicos», reconoció Eduardo Vélez, director de Patrimonio Genético del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, país anfitrión y presidente de la COP8. Aunque aseguró optimista que «en Curitiba se darán pasos importantes».
Según Vélez, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea no dicen oponerse al régimen, pero adoptan «estrategias dilatorias», reclamando más estudios sobre sus posibles efectos en las cadenas productivas.
Esos países también han sugerido un régimen voluntario, «que resulta inaceptable porque es nada, lo que queremos es un acuerdo vinculante con sanciones», dijo.
En el debate están en juego negocios millonarios, que tienden a expandirse aceleradamente ante el desarrollo de las ciencias y tecnologías biológicas.
En los últimos años, bacterias insertadas en plantas para fijar el nitrógeno del aire permitieron a la agricultura brasileña ahorrar decenas de miles de millones de dólares en fertilizantes y controlar biológicamente a numerosas plagas.
Pero pese a ser fundamental para mantener la vida en el planeta, la explotación de la biodiversidad carece de regulaciones.
La CDB abrió caminos, pero necesita concretarse en reglas prácticas. El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, aprobado en 2000 y vigente desde 2003, es un primer resultado.
Menos de 20 países ya aprobaron leyes nacionales de acceso a la biodiversidad, según Vélez. El gobierno brasileño se apresta a enviar un proyecto al Congreso Nacional.
Buena parte del acceso a la biodiversidad de un país por parte de extranjeros aún se hace ilegalmente. Patentes y productos resultan de materiales genéticos usados sin el permiso ni provecho del país de origen, observó Vélez. Sin un régimen internacional, la Convención es letra muerta, sentenció.
«Queremos evitar la biopiratería», añadió el mexicano Hesiquio Benítez, quien dirige los asuntos internacionales en la gubernamental Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Los recursos genéticos, explicó el funcionario, pueden estar asociados a conocimientos tradicionales que no son reconocidos cuando se patentan productos en los países desarrollados.
«México quiere regular el acceso legal y que se pida, si es el caso, el consentimiento de las comunidades indígenas», lo que implica regalías u otros beneficios al país de origen de los recursos, según Benítez.
En la COP8 México propondrá «un mandato claro para que un grupo intergubernamental de negociación empuje el régimen internacional con la mayor velocidad posible», señaló. El gobierno del presidente Vicente Fox también propone un «certificado de procedencia legal» como requisito para patentes a partir de la biodiversidad.
Que Estados Unidos patentara el ayahuasca, una planta sagrada de comunidades indígenas de la Amazonia con propiedades alucinógenas, comprueba que «hoy la biopiratería es una realidad», ejemplificó Juan Mayr, ex ministro de Medio Ambiente de Colombia.
Las naciones industrializadas quieren un acceso fácil a través de «un sistema laxo que no protege nuestro patrimonio natural y mucho menos el conocimiento tradicional», advirtió Mayr.
Brasil, Colombia y México serían muy beneficiados por un régimen obligatorio, ya que encabezan a los 17 países megadiversos que concentran 70 por ciento de las especies vegetales y animales conocidas en el mundo.
El grupo también está compuesto por Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos, China, India y otras naciones de África y Asia.
Brasil, con 200.000 especies catalogadas, 10 por ciento de las que se estima existen en el país, concentra de 15 a 20 por ciento del total mundial. Colombia y México, con cerca de 10 por ciento, también están entre los cuatro más diversos, junto con Indonesia.
En Colombia, la flora, su mayor riqueza biológica, tiene entre 45.000 y 55.000 especies, un tercio de ellas endémicas. Se destacan las orquídeas, con cerca de 3.500 especies o 15 por ciento de las existentes en el mundo.
Brasil se enorgullece del mayor endemismo y de ser campeón en biodiversidad. Sus 3.000 especies de peces de agua dulce triplican las de cualquier otro país. Sus principales productos agrícolas –café, azúcar, soja, arroz y naranja– provienen del exterior, pero son nacionales algunas plantas económicamente importantes, como el maní, el ananá, la mandioca, el anacardo (cajú) y la castaña.
Numerosos productos, subproductos y substancias de su gigantesca biodiversidad fueron patentados en el exterior. Cinco plantas amazónicas generaron cerca de 20 de esas patentes cada una, de legitimidad cuestionable, según Vélez.
Por esos problemas e intereses comunes, América Latina tiende a unirse en favor del régimen internacional. Incluso Argentina, dubitativa como Chile, sorprendió al apoyar la propuesta en la última reunión preparatoria de la COP8.
Argentina busca «acordar estrategias comunes dentro del Grulac» (Grupo Latinoamericano y del Caribe), dijo a Tierramérica Homero Bibiloni, subsecretario de Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
«Si bien no somos megadiversos como Brasil o México, queremos estar en armonía con las posturas de la región y llegar a una propuesta de consenso. No queremos que nos patenten la naturaleza», dijo.
* El autor es corresponsal de IPS. Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Yadira Ferrer (Colombia) y Diego Cevallos (México). Este artículo fue publicado originalmente el 18 de marzo por la red latinoamericana de Tierramérica.
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=36927