Reconsideración del asunto de Cuba

La reciente desestimación politizada de la acusación contra Luis Posada Carriles por parte de la jueza federal Kathleen Cardone ha sacado otra vez a la palestra las siempre espinosas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Mientras ambos gobiernos continúen sosteniendo versiones totalmente contradictorias, como parte de un enfrentamiento que dificulta la solución de este caso contra uno de los terroristas de peor reputación en la actualidad, no será fácil formarse un criterio bien fundado e imparcial sobre este asunto. Lo mismo puede decirse del hecho de que se trate de inculcar ciertos criterios sobre casi todos los demás aspectos de las relaciones de los Estados Unidos con Cuba. A instancias de los ideólogos de la Casa Blanca y de sus colegas de Miami, durante mucho tiempo se ha pasado por un filtro la información sobre Cuba dirigida a la opinión pública, lo que ha dado lugar a que se tenga una idea de Cuba muy distorsionada y divorciada de la realidad.

El debate que nunca tuvo lugar

Según la imagen habitual que el Gobierno de Washington tiene de Cuba, el gobernante Fidel Castro, quien lleva muchos años al frente del país, siempre ha sido un dictador opresivo, y la Isla, una verdadera prisión. Hace apenas unas semanas, el 29 de abril, el presidente Bush difundió una vez más esta historia de ciencia ficción en un discurso que pronunció en una ceremonia de graduación en Miami, en el que calificó al sistema político cubano como una «cruel dictadura que niega toda libertad en nombre de una oscura y desacreditada ideología». Sin embargo, un número creciente de estudiosos y analistas se refieren a la era de Castro en términos mucho más comedidos e insisten en que una investigación cuidadosa arrojaría innumerables resultados que discreparían de las conclusiones de la Casa Blanca. Al parecer, dicho estudio, en el que se analizaría los casi 50 años de enconada hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos, sería una ocasión muy apropiada para volver a examinar lo que debe considerase como la fallida estrategia del Gobierno de Washington hacia Cuba, que no ha proporcionado gratificaciones significativas a ninguna de las partes.

Recientes medidas de la Casa Blanca contra Cuba

En el año 2006, el Gobierno de Bush destinó 80 millones de dólares de los EE.UU. de los fondos públicos para la Comisión de Ayuda para una Cuba Libre (CAFC, por sus siglas en inglés), controvertido organismo integrado por fieles burócratas y militantes políticos anticastristas de Miami, que fue creado por la Casa Blanca en el 2003 con el objetivo de «determinar de qué forma los Estados Unidos pueden facilitar y ayudar a acelerar una transición democrática en Cuba». Los que conocen la labor de la CAFC saben que esta se vería en apuros si tuviera que aprobar una inspección de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que le exija ser equilibrada en sus puntos de vista, pluralista en su composición o profesional en su política. O sea, está condenada a ser solo otro proyecto inútil e innecesario destinado a invertir una buena parte de los fondos aportados por los contribuyentes en instituciones de exiliados, para satisfacer los deseos de los defensores de la política contra Castro. El primer informe de la comisión, que constó de casi 500 páginas, daba pocas posibilidades a los cubanos para opinar sobre la composición de su Gobierno en una era posterior a Castro, y fue calificado de ofensivamente arrogante incluso para los cubanos deseosos de que se produzcan cambios en el sistema político de su país. La comisión, convocada otra vez en 2005 por Condoleezza Rice, posteriormente recibió más fondos para que presentara un segundo informe.

Según sitios web oficiales del Gobierno, uno de los pilares de la misión de la CAFC es ayudar a los cubanos a «satisfacer sus necesidades básicas de salud y educación». Esta nueva inyección de fondos federales y las proclamaciones sobre el mejoramiento de la sociedad cubana reafirman las ideas negativas y totalmente erróneas de la vida cotidiana en Cuba que las autoridades estadounidenses han difundido durante años. Si uno se detiene a observar las condiciones de vida reales de los cubanos corrientes, la CACF, aunque aparentemente entusiasmada con su posible cruzada, pone de manifiesto una iniciativa y una política completamente ajenas a las realidades cubanas de hoy.

Los fondos de la CAFC podrían emplearse mejor en los Estados Unidos que en Cuba

Un buen punto de partida para confirmar la tesis anterior es observar el sistema educativo cubano, uno de los sectores incluidos en las «necesidades básicas» a los que va dirigido el trabajo de la CAFC. El hecho es que el 100 por ciento de los niños cubanos asisten a escuelas primarias bien financiadas y suficientemente equipadas, donde el número de alumnos por maestro es uno de los más favorables del mundo (incluso muy por debajo del promedio de algunas de las naciones más desarrolladas). Por otra parte, todos tienen acceso a la educación universitaria y a la superación profesional. Aunque este país insular es más pequeño que el estado de Virginia, en él hay 57 centros de educación superior, en los que el Gobierno garantiza el derecho a la educación gratuita en todos los niveles, siempre que los aspirantes cumplan con los requisitos de ingreso. Estas garantías han dado lugar a un nivel cultural sumamente elevado en la población. La tasa de alfabetización de la población adulta en Cuba, que es del 98 por ciento, se equipara a las de las naciones más desarrolladas del mundo y es un promedio de 15 puntos porcentuales más alta que las de otros países de América Latina. Esto no significa que el sistema sea perfecto; los cubanos enfrentan una profunda escasez de recursos, entre los que a veces figuran los alimentos para las comidas que se da a los estudiantes en las escuelas. Sin embargo, lo que esto sí demuestra es que la CAFC está divorciada de la realidad cuando afirma que el sector educativo cubano necesita con urgencia ayuda de los Estados Unidos.

En realidad, si tenemos en cuenta que el costo de la matrícula en universidades estadounidenses se ha disparado hasta decenas de miles de dólares -lo que quiere decir que, por lo general, el acceso a la educación superior en los Estados Unidos está cada vez más limitado a los que pueden pagarlo-, indudablemente podrían tomarse algunas ideas beneficiosas de la metodología educativa de Cuba y de la prioridad que concede esta nación al aprendizaje académico dentro de un contexto social. La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), ubicada en La Habana, constituye un ejemplo de la política educativa igualitaria de Cuba y demuestra que se puede satisfacer mejor a una población cuando la educación es considerada un derecho básico y no un producto que puede comprarse. La ELAM es la mayor de su tipo en el mundo, con una matrícula de cerca de 12 000 estudiantes.

La escuela ha alcanzado renombre internacional por su alto nivel de enseñanza y por poner a disposición de los estudiantes de Cuba, y de otras 29 naciones, servicios como matrícula, alojamiento y alimentación gratis, así como modestos estipendios. Ya en 2007 había 91 jóvenes procedentes de comunidades desfavorecidas de todos los Estados Unidos estudiando de manera gratuita en ese centro. Es muy probable que estos, al igual que muchos otros estudiantes extranjeros de la ELAM, no hubieran podido pagar su educación en sus propios países. Resulta bastante irónico que el Gobierno de Bush cree ahora una comisión, la CACF, supuestamente para ayudar a una Cuba posterior a Castro a satisfacer necesidades básicas de educación, cuando se puede apreciar fácilmente que, en general, los cubanos cuentan con mucho más acceso a una educación de calidad que un gran número de estadounidenses no pueden recibir o costear.

El sector en el que la izquierda lo hace todo al derecho: el sistema de salud en Cuba

El sistema de salud cubano es otro de los sectores en que se ha centrado el trabajo de la CAFC. Al contrario de lo que uno esperaría de una «cruel dictadura», desde que el Gobierno cubano llegó al poder se ha dedicado a brindar servicios generales de salud. Antes del Gobierno de Castro, en Cuba había 6 286 médicos en ejercicio, lo que significaba que solo un pequeño sector elitista de la sociedad tenía acceso a la atención médica, mientras que los servicios de salud en el campo eran prácticamente inexistentes. Para el año 2002, el número de médicos se había disparado hasta alcanzar la cifra de 67 079, por lo que la cantidad de pacientes por médico disminuyó de un médico por cada 1 076 personas en 1958 (antes de Castro), a uno por cada 168 en el 2002, en la Cuba revolucionaria. Hoy, la esperanza de vida promedio de los cubanos es mayor en ocho años que la de los ciudadanos de otros países latinoamericanos, mientras que la tasa de mortalidad infantil en los niños menores de cinco años es sorprendentemente baja si se compara con la de otras naciones de la región (en el año 2005, la tasa de mortalidad infantil de Cuba fue menor incluso que la de los Estados Unidos). Aunque estos no son los tipos de estadísticas que normalmente llegan a los medios estadounidenses, Cuba es considerada en toda América Latina y en otras partes del mundo como un modelo, pues brinda servicios generales de salud a su pueblo. Sin embargo, en Washington, los imperativos contra Castro siguen empañando esa imagen por medio de información extremadamente politizada, lo que da lugar a iniciativas insensatas y estériles, como las que representa la CACF.

Veamos las cosas de manera objetiva. La reciente muerte de Deamonte Driver, un estadounidense de 12 años que falleció en Maryland a causa de una infección dental, ha llamado la atención sobre los innumerables problemas financieros que agobian a los pobres en los Estados Unidos cuando tratan de recibir asistencia médica. El Instituto de Medicina, que brinda asesoría al Gobierno para los servicios de salud, calcula que 18 000 estadounidenses mueren cada año por no tener seguro médico básico. Uno no puede evitar preguntarse si los 80 millones de dólares de los EE.UU. despilfarrados en el financiamiento de la CACF para «ayudar [a los cubanos] a satisfacer sus necesidades básicas de salud» podrían emplearse de manera más constructiva para mejorar el acceso a los servicios de salud dentro de las fronteras de los Estados Unidos. El 24 de mayo, el Washington Post informó que el Greater Southeast Hospital de Washington estaba en «estado crítico» y que necesitaba urgentemente 16 millones de dólares de los EE.UU.

¿Qué sucedió cuando Cuba estuvo al borde del derrumbe?

Lo particularmente significativo de los sistemas de salud y educación de Cuba es que se han mantenido los servicios y las instituciones públicas hasta ahora mencionados, en medio de una fuerte crisis económica que ha conducido a situaciones draconianas en todos los aspectos de la vida en la nación cubana. El derrumbe de la Unión Soviética en 1991 trajo como consecuencia que, de la noche a la mañana, Cuba perdiera el 85 por ciento de su comercio y que su PIB se redujera en más de una tercera parte. Las piezas de repuesto desaparecieron y la producción agrícola, cuyas maquinarias dependían en gran medida del combustible soviético, prácticamente se detuvo debido a la paralización del transporte. Parecía que el país se estaba destruyendo y que se encontraba al borde del derrumbe. Se podría haber esperado que durante este periodo las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba se hubieran normalizado, aunque fuera un poco, dado que Cuba ya no estaba aliada a una amenazante superpotencia y no constituía ningún peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Esto hubiera sido perfectamente posible, debido a que el Gobierno cubano estaba introduciendo varias reformas políticas y económicas, a menudo dirigidas a la liberalización y a una mejora. Sin embargo, el Gobierno estadounidense adoptó una postura muy diferente, pues vio el fin de la Guerra Fría como el momento oportuno para recrudecer las sanciones económicas contra la Isla y caer sobre su presa.

Las medidas intimidatorias de los Estados Unidos aprietan un poco más el lazo

La Ley Torricelli fue aprobada en 1992, en un intento por impedir las relaciones comerciales de Cuba con terceros países. Según sus disposiciones, a las filiales de empresas estadounidenses no se les permitía comerciar con Cuba, y a los barcos extranjeros que atracaran en puertos cubanos se les prohibía durante seis meses entrar a puertos en los Estados Unidos. Cuando el régimen de Castro no se derrumbó como ellos esperaban, el Gobierno de Clinton, bajo una creciente presión de la comunidad de exiliados cubanos, recrudeció una vez más las sanciones, esta vez al aprobar la tristemente célebre Ley Helms-Burton en 1996. El proyecto de ley, implacable en su intento de romper las relaciones de terceros países con Cuba, tuvo la enérgica oposición de la Unión Europea, pues violaba el derecho internacional y perjudicaba los intereses comerciales que los miembros de la Unión tenían en la Isla. Antes de que la Revolución dirigida por Castro triunfara en 1959, gran parte de las riquezas de Cuba estaban en manos de estadounidenses ricos, quienes poseían, entre otras cosas, la mayoría de las tierras del país destinadas a la producción de azúcar y ron. Castro confiscó estas propiedades y las redistribuyó entre los campesinos, con el objetivo de que las usaran como parcelas de cultivo. Según la Ley Helms-Burton, ahora es posible presentar una demanda en tribunales estadounidenses contra cualquier inversionista extranjero que actualmente forme parte de empresas mixtas en las que estén incluidas propiedades que pertenecieron a algún ciudadano de los Estados Unidos (hace 50 años o más).

Las autoridades cubanas, aunque totalmente aisladas por una ininterrumpida política estadounidense destinada a impedir de manera absoluta los vínculos diplomáticos y económicos del Gobierno de Cuba con otros países, lograron por medio de un enorme esfuerzo mantener los niveles financieros existentes para sus servicios de salud, pues consideran la salud pública como un derecho fundamental de todos sus ciudadanos. Durante el decenio de 1990, se pudo contener el descontento social y las penurias, gracias a que el Gobierno dedicó hasta el último de los pocos recursos de que disponía para mantener el suministro de alimentos básicos y de servicios sociales y de salud a la población. En el año 2002, cuando Cuba empezaba a salir de este «periodo especial» que conllevaba enormes retos, el 99,2 por ciento de los cubanos aún recibían la atención de un médico de la familia y la tasa de mortalidad infantil continuaba entre las más bajas, incluso en comparación con las del mundo desarrollado. Si tenemos en cuenta la intensidad de la crisis económica sufrida por Cuba recientemente tras el derrumbe de la Unión Soviética, estos datos son muy admirables. Sin embargo, no se corresponden con lo que el Gobierno de los Estados Unidos describe como un despiadado sistema bajo el rígido control de una cruel burocracia.

Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos no son un asunto de política exterior, sino de política nacional

Si el Gobierno de Bush ha experimentado un cambio tardío en lo que respecta a la pobreza y a la injusticia social, quizás deba tomar en consideración las consecuencias que el embargo comercial impuesto por ese país ha tenido para la salud y el bienestar de la población cubana. Con la aplicación de la Ley Helms-Burton, a Cuba realmente se le ha prohibido comprar una gran variedad de equipos, medicinas y materiales de laboratorio producidos en los Estados Unidos o cuyas patentes sean estadounidenses. Con el creciente dominio que tiene ese país de la industria farmacéutica internacional, Cuba se ve obligada a acudir a proveedores en naciones más distantes, donde los altos precios limitan en gran medida el poder adquisitivo del Gobierno de la Isla.

Cuando la posesión de las patentes conduce a la monopolización de las existencias de un medicamento específico por parte de una compañía estadounidense, hasta las fuentes de suministro más lejanas pueden dejar de ser una alternativa, y a los cubanos se les niega el acceso a las medicinas esenciales para su salud, lo que los pone en una situación de vida o muerte. Un ejemplo reciente y tristemente célebre fue el que se le negara a Cuba adquirir un isótopo necesario para el tratamiento del cáncer ocular en niños. En otras palabras, los niños cubanos sufren hoy las consecuencias de un enfrentamiento neocolonial real que tiene sus inicios en el derrocamiento del ex dictador Fulgencio Batista en 1958, cuyas políticas en aquel entonces eran mucho mejor recibidas por los Estados Unidos porque se ajustaban a sus intereses comerciales. Las funestas consecuencias de las implacables restricciones que los partidarios de la línea dura de Washington han impuesto a la población civil de Cuba son absolutamente inmensurables. Una cosa es imponer sanciones económicas a un país; otra bien distinta es impedir que una población civil tenga acceso a medicamentos esenciales, en especial si las políticas que se ponen en práctica no tienen éxito. Cuba nunca ha estado menos aislada, ya sea desde el punto de vista diplomático o político, de lo que está hoy.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado de manera reiterada el embargo impuesto desde hace tanto tiempo por los Estados Unidos, debido a su repercusión indudablemente negativa, que afecta a los ciudadanos comunes de la Isla. En el año 2005, esa Asamblea dio a conocer un abarcador informe en el cual se ponía de relieve los numerosos casos en que cubanos inocentes se veían afectados por las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. En noviembre de 2006, por décimo quinta vez consecutiva, la Asamblea General de la ONU exigió el fin del embargo. En esta ocasión, 183 países votaron contra esa política y solo tres, además de los Estados Unidos, apoyaron la postura de esta nación.

Aunque se supone que el embargo constituya un medio para poner fin a una evidente opresión, en realidad no ha cambiado mucho el sistema político de Cuba; pero sin lugar a dudas y de manera eficaz ha negado a los cubanos el derecho a disponer de medicamentos y tecnologías que pueden salvar vidas. Pocos embargos en la historia de la humanidad han limitado el comercio de productos médicos de forma tan severa, si es que algún otro lo ha hecho, en violación de la carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional que abogan por el transporte libre de medicinas, incluso en tiempo de guerra, para poblaciones civiles. Al mantener este embargo comercial represivo, el Gobierno de Bush ha demostrado estar más preocupado por los objetivos radicales de los exiliados extremistas de Miami contarios a Castro que tienen vínculos inmejorables con la Casa Blanca, que por la salud y el bienestar de la población cubana en general.

Es necesario admitir que la Guerra Fría llegó a su fin

El Gobierno de los Estados Unidos actualmente destina grandes fondos a identificar medidas que ayudarían a los cubanos a satisfacer sus necesidades básicas de educación y salud, pero lo cierto es que hoy los cubanos cuentan con mucho mayor acceso a los servicios considerados esenciales que un gran número de estadounidenses. Mientras algunos opositores de Castro continuarán negando categóricamente la calidad de los sistemas de salud y educación cubanos, la tasa de mortalidad infantil y los niveles de instrucción de Cuba que se han validado deben tener mucha más credibilidad que las afirmaciones sin fundamentado de furibundos defensores de la política contra Castro. La asignación de 80 millones de dólares de los EE.UU. a un organismo responsable de identificar medidas para el mejoramiento de la salud y la educación en Cuba indica que el Gobierno estadounidense está mal informado por completo o que se aferra a su anticuada propaganda de la era de la Guerra Fría. Sea cual sea el caso, evidentemente las buenas personas de la CACF no son las más indicadas para tomar decisiones racionales con respecto al bienestar de los habitantes de la Isla.

Las favorables estadísticas alcanzadas por Cuba sorprenderían mucho a la mayoría de los estadounidenses, dados los duros términos que se emplean constantemente para calificar a Castro y las cada vez más intensas sanciones económicas que sucesivos gobiernos estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han impuesto a la Isla por decenios. Durante mucho tiempo, a instancias de los ideólogos del Gobierno que apoyan la Guerra Fría, las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos se han hecho ver como inadmisibles y se han presentado de manera simplificada ante la opinión pública. Como resultado, un gran número de estadounidenses han quedado mal informados y ajenos a datos esenciales sobre las condiciones de vida reales en Cuba y el nivel de aceptación pública con que cuenta el Gobierno cubano. En una era en la que esta información puede conseguirse fácilmente, uno ya no tiene que aceptar estereotipos divulgados por los medios ni acusaciones no comprobadas que no pasan de ser propaganda, sin mirar más allá de la superficie ni cuestionar los orígenes de lo que podrían ser datos completamente erróneos y afirmaciones amañadas.

La información que aparece en este artículo tomada de informes de las Naciones Unidas muestra una nación cubana muy diferente de la que describe siempre la virulenta retórica contra Castro en los medios estadounidenses. Presentar al régimen de Castro como una personificación del mal y exigir su derrocamiento es contraproducente para la solución del eterno conflicto entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. De hecho, se podría aprender lecciones valiosas de una nación que ha sido capaz de mantener a su pueblo alimentado, instruido y saludable en la más terrible situación diplomática. No hay duda de que es necesario cambiar algunos aspectos fundamentales del sistema político de Cuba, pero si el Gobierno estadounidense desea mantener su credibilidad en el análisis de estos asuntos, tiene que reconocer las partes del sistema cubano que son exitosas. En vísperas de cumplirse 50 años de enconado enfrentamiento entre dos naciones, es hora de admitir que la estrategia de los Estados Unidos hacia Cuba es no solo anticuada, sino también fallida. Es posible que el sistema socialista de Cuba tenga defectos, pero se puede demostrar que si observamos la Tierra desde un lugar tan lejano como la Luna, también podremos distinguir algunas imperfecciones en el sistema capitalista. Mientras ambas partes no reconozcan lo anterior, se continuará derrochando recursos en iniciativas infructuosas y nada económicas, como la CACF, que en lugar de emular la formulación creativa de la política, la satirizan.

Este análisis fue realizado por Laura Wayne, investigadora del Consejo para Asuntos Hemisféricos (COHA, por sus siglas en inglés).