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Juicio farsa contra 38 activistas

Represión a los movimientos sociales de Túnez

Fuentes: Periódico Diagonal

El régimen de Ben Alí sigue reprimiendo con dureza las revueltas de la región minera de Gafsa a través de procesos denunciados por organizaciones de DD HH. 27 activistas condenados a entre dos y seis años de prisión, seis condenados a diez años y cinco absueltos. Éste es el resultado del juicio, calificado de «parodia» […]

El régimen de Ben Alí sigue reprimiendo con dureza las revueltas de la región minera de Gafsa a través de procesos denunciados por organizaciones de DD HH.

27 activistas condenados a entre dos y seis años de prisión, seis condenados a diez años y cinco absueltos. Éste es el resultado del juicio, calificado de «parodia» por los abogados, que ha tenido lugar en Túnez contra 38 líderes de las luchas sociales que se han desarrollado en la región minera de Gafsa en el último año, las mayores movilizaciones populares del país en los 21 años de dictadura de Ben Alí. Los procesados estaban acusados de «participación en una asociación criminal con el objetivo de cometer atentados contra las personas y los bienes, desorden público y rebelión armada».

En la mañana del 11 de diciembre, cuando se inició la segunda sesión del juicio, los abogados pidieron al juez que aceptara varias peticiones preliminares antes de iniciar los interrogatorios, entre otras la realización de exámenes médicos a los detenidos, que denuncian haber sufrido torturas, y que se permitiera declarar a los testigos. Sin querer responder a estas peticiones, el juez levantó la sesión y no regresó hasta las 23h., cuando, según explica el abogado Mohamed Jmour a DIAGONAL, se presentó sin un representante del Ministerio Público, rodeado de fortísimas medidas de seguridad y, ante la sorpresa de todos, con la sentencia, que no leyó y que dejó en la secretaría del juzgado. «No se ha respetado el derecho constitucional a que los detenidos fueran sometidos a un examen médico, los acusados no han tenido derecho a defenderse, no se ha leído el acta de acusación, los testigos no han sido citados, los abogados no han podido defender a sus clientes, la audiencia no ha sido pública…», explica Jmour para denunciar este juicio, condenado por la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y por la Organización Mundial Contra la Tortura, tras el cual se produjeron nuevas movilizaciones en Redeyef, que se han saldado con más de 20 detenidos. En los últimos meses, unas 300 personas han pasado ante los tribunales por las luchas en esa cuenca minera.

Las movilizaciones estallaron en la localidad de Redeyef (región de Gafsa) el 5 de enero de 2008, cuando la Compañía de Fosfatos de Gafsa CFG), el mayor empleador de la zona, presentó el resultado de un concurso de empleo, que fue considerado fraudulento por los habitantes.

Las sentadas, manifestaciones y ocupaciones iniciadas por los jóvenes parados fueron rápidamente respaldadas por toda la población, que amplió sus reivindicaciones, hastiada por una tasa de paro del 30% (en los últimos años, la CFG ha recortado un 75% su número de empleados debido a un programa de ajuste estructural impuesto por el FMI), por el aumento del precio de los alimentos básicos y por la corrupción generalizada.

Las movilizaciones, que se extendieron a cuatro ciudades y se alargaron durante más de un semestre, fueron duramente reprimidas por la policía, que bloqueó Redeyef durante meses, provocó la muerte de dos jóvenes y 27 heridos y detuvo y maltrató a cientos de personas, a lo que la población respondió con una huelga general y más manifestaciones, nuevamente reprimidas.

Mohamed Jmour, también miembro del Comité de Apoyo a los Habitantes de la Cuenca Minera de Gafsa, destaca que éste es el movimiento social más importante en la historia reciente de Túnez por su duración, por la participación de toda la población y por las reivindicaciones de sus habitantes, que reclaman que una parte de los ingresos por la extracción y exportación de fosfatos repercuta en la población mediante políticas de empleo, la creación de un hospital, la despolución de la zona y la mejora de las condiciones de vida.

Un movimiento y una población, reprimidos por el régimen policial tunecino, con los que se han solidarizado organizaciones de varios países.

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