«Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago disfrutará de prioridad absoluta«. Artículo 135 de la Constitución española modificado por el PSOE y el PP en agosto de 2011 que obliga al […]
«Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago disfrutará de prioridad absoluta«. Artículo 135 de la Constitución española modificado por el PSOE y el PP en agosto de 2011 que obliga al pago de la deuda y de sus intereses encima de cualquier gasto social. Es inviable salir de la crisis de forma satisfactoria para la mayoría social si se continúa priorizando que una parte creciente del presupuesto público se dedique al pago de la deuda.
Esta claudicación del gobierno español ante la Troika, conformada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario internacional, es un ejemplo más de como la deuda se utiliza como mecanismo de control político de los pueblos y de acumulación de beneficios por parte de las élites económicas y financieras cómo en el caso más reciente de Grecia. En este sentido, Eric Toussaint del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo -CADTM- explica que la deuda es una ofensiva brutal contra los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población con la complicidad activa de los gobiernos y la Troika. Toussaint continúa argumentando que los bancos que provocaron la crisis especulan con las deudas de los Estados y exigen su reembolso imponiendo una austeridad salvaje que está destruyendo un cierto Estado de bienestar que se había conquistado en Europa.
El gran aumento de la deuda en la UE se ha producido desde la aplicación de los tratados de Maastrich y de Lisboa y está íntimamente ligado a las políticas neoliberales que con su reforma fiscal regresiva suponen una pérdida de ingresos para los Estados debido a la rebaja de impuestos a una minoría rica. Como consecuencia los gobiernos tienen que recorrer a la banca privada para financiarse puesto que el BCE no presta a los gobiernos. Unos gobiernos europeos que no tendrían este déficit si hubieran sido financiados por el BCE con los mismos tipos de interés con los cuales generosamente se financia a los bancos privados. Otra de las causas del incremento de la deuda pública son los rescates bancarios como el del Estado español, en un claro ejemplo de socialización de perdidas convirtiendo deuda privada en pública. Esta situación no es ninguna novedad ya que los mecanismos perversos de la deuda ya se han utilizado antes para imponer medidas austericidas. Es el caso, entre otros, de América Latina en la década de los noventa dónde para conseguir prestamos de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el FMI había que cumplir toda una serie de condiciones conocidas como planes de ajuste estructural (privatizaciones, recortes, rebajas salariales, etc.) en la misma línea que los memorándums europeos actuales. Crear deuda y hacerla aumentar es el gran negocio de la banca y de los fondos de inversión.
La deuda actual es impagable, -en el caso del Estado español roza el 100% en porcentaje del PIB-, y hay que determinar la legitimidad o no de la misma. Una deuda es ilegítima si un gobierno la contrae sin conocimiento ni aprobación de la ciudadanía y en contra de los intereses de la mayoría social. Contraer deuda por haber rebajado o suprimido impuestos a quienes más tienen y por haber rescatado a la banca privada la hace ilegítima. En este sentido hay que poner encima de la mesa las diferentes posibilidades: moratorias, reestructuraciones y quitas. Unas posiciones que no son neutrales y que serán más favorables a las clases populares y trabajadoras si la ciudadanía está concienciada e interviene para auditar, controlar y supervisar estos procesos. La Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y otros movimientos sociales son instrumentos muy útiles para la sensibilización y el empoderamiento popular.
Finalmente, este no es un problema financiero sino político. A lo largo de la historia muchos países han roto con el dogma del pago de la deuda; los ejemplos más recientes son Malasia, Ecuador, Islandia y Argentina. Cualquier alternativa de cambio político-electoral tiene que plantearse qué hacer con la deuda si realmente quiere defender la soberanía de los pueblos y que estos puedan ejercerla. Si no rompemos con la deuda no habrá soberanía real.
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