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Secretismo sobre la venta de armas españolas y posible incumplimiento de la ley de control

Fuentes: Rebelión

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau que acaba de publicar el informe “Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas. Analisis del comercio de armas 2018 y 2019” y que ayer presentó su nuevo libro “Armas, negocio, política y opacidad”, ha remitido preguntas a los portavoces de diferentes grupos en el Congreso para que exijan más rigurosidad en el cumplimiento de la ley de control de comercio de armas y más transparencia, en la comparecencia de la Secretaría de Estado de Comercio en la Comisión de Defensa celebrada el lunes para presentar el Informe de las Estadísticas Españolas de Exportación de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso, correspondientes a los años 2018 y 2019.

Según muestra el análisis de los datos presentados ante la Comisión, España ha consolidado su relevancia en el mercado mundial de países exportadores de armas, oscilando entre la quinta posición de 2018 y la séptima posición mundial de años anteriores. Desde 2013 mantiene las exportaciones por encima de los 3.000 millones de euros y más de 11.000 millones en autorizaciones a la exportación. Tal como se alerta en el informe recientemente publicado, por las características del material que se exporta, es necesaria una mayor transparencia por parte del Gobierno, más información sobre el material específico que se ha exportado, así como someterlo a debate en el Congreso, antes de su autorización.

Aunque el gobierno español facilita más información que otros gobiernos de la UE, la política informativa de gobierno requiere de más transparencia. Especialmente el Gobierno debería informar de los contratos Gobierno a Gobierno y de los memorandos de entendimiento que puedan tener efectos sobre las exportaciones de material de defensa; así como someter a debate en el Parlamento ciertas restricciones de ciertas armas a ciertos países. En definitiva, es necesario que el Congreso sea más relevante en el control de las políticas sobre exportaciones de armas por parte del gobierno español. «Instamos al Gobierno a eliminar de la ley de Secretos Oficiales, las exportaciones de material militar y de doble uso; esto facilitaría el control político de las exportaciones de armas españolas por parte del Congreso y de las organizaciones de la sociedad civil. Hasta el día de hoy ni en Congreso ni la sociedad civil pueden ejercer el derecho constitucional de control y supervisión de las actuaciones de Gobierno en esta materia, lo que conlleva una devaluación o reducción de la calidad del sistema democrático español». En este sentido se ha trasladado a los miembros de la Comisión de Defensa la preocupación por conocer «qué actuaciones concretas se han llevado a cabo para levantar el secretismo, total o parcialmente de las deliberaciones y decisiones de la JIMDDU».

Por otra parte, se ha querido trasladar a los representantes a la Comisión las preocupaciones por la existencia de casos de exportaciones de armas españolas controvertidas, que podrían vulnerar la legislación actual sobre el control del comercio de armas, española y europea. Se ha cuestionado «¿Cómo se interpretan los criterios de denegación de exportaciones de armas, en concreto el criterio 4 de la Posición Común?», que tiene en cuenta el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regional. Por ejemplo, en 2019 se ha denegado una exportación en Pakistán de 1 paracaídas, aduciendo el criterio 4 de la Posición Común, en cambio se afirma que se han exportado a Pakistán municiones por valor de 10,12 millones de € . «No resulta comprensible que 1 paracaídas pueda alterar el mantenimiento de la paz, la seguridad y estabilidad de la región y las municiones no».

También se ha querido poner sobre la mesa la cláusula de control «post» añadida a la Ley, por la que se puede solicitar una investigación y seguimiento del material y armamento exportado para asegurar que su destino no vulnera el cumplimiento de la misma ley. Parece que sólo se conoce el caso de los lanzagranadas C-90 fabricados por Instalaza, utilizados en la guerra en Yemen, que acabaron en manos de fuerzas huzíes después de la exportación española en Arabia Saudí, con al menos tres intermediarios. «¿Cuál ha sido el resultado de la investigación y el informe solicitados por el Grupo Parlamentario Socialista? Ha existido algún caso más conocido de utilidad y recurso a la cláusula post y en qué casos también la existencia de alguna sanción derivada?».

«El hecho de que sigan llegando armas y explosivos a países que o están inmersos en un conflicto armado interno o que intervienen en conflictos armados de otro país, o que siga llegando armamento español a países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, prueba la poca rigurosidad de la aplicación de la legislación en materia de control de exportaciones de material de defensa que es de obligado cumplimiento».

Puedes consultar y descargar el resumen ejecutivo y el informe completo Oriente Medio y Asia, mercados lucrativos para las armas españolas. Analisis del comercio de armas 2018 y 2019” en castellano aquí.