En otras comunidades de Sefarad la medida ha tomado otros registros si no ando errada. Hablo ahora de Cataluña y de la decisión tomada por el gobierno de la Generalitat, el de Mas, Mas-Colell, Homs, Puig y sus colegas y fanáticos neoliberales, con el probable apoyo, explícito o no, de ERC. El gobierno catalán pagará […]
En otras comunidades de Sefarad la medida ha tomado otros registros si no ando errada. Hablo ahora de Cataluña y de la decisión tomada por el gobierno de la Generalitat, el de Mas, Mas-Colell, Homs, Puig y sus colegas y fanáticos neoliberales, con el probable apoyo, explícito o no, de ERC.
El gobierno catalán pagará a las «empresas privadas de colocación» de trabajadores en paro (unos 570 mil en Cataluña en estos momentos) según la orden aprobada el jueves 3 de julio de 2014. El Servicio Catalán de Empleo (SOC, sus siglas en catalán: Servei Català d’Ocupació), un servicio público, se privatiza y pasa a trabajar con empresas privadas de intermediación. Pasará, por tanto, datos e informaciones a entidades privadas de trabajadores que buscaban trabajo inicialmente en el ámbito público. Otra externalización, otra privatización. El programa oculto-explícito de Mas-Colell y su gobierno (así lo anunció en su lección inaugural de hace 2 o 3 años). Lo hará esta vez con las gentes más vulnerables e indefensas. ¡Todo por la pasta, todo la pasta de sus amigos y grupos sociales próximos! Una idea genial-más-que-genial del departamento de Ocupación dirigido por don Felip Puig, el ex de Interior, el de las mentiras, el de la represión salvaje.
Lo acordado: en función de la duración del contrato y el perfil del trabajador desempleado (está destinado inicialmente a trabajadores con dificultades de inserción, es decir, casi todos en realidad: personas de entre 30 y 45 años más de 1 año y medio ininterrumpidos sin trabajo, mayores de 45 años que lleven seis meses en paro, menores de 25 años que lleven más de un año inscritos como parados), en función de todo ello, decía, se pagarán (pagaremos todos) tarifas de 725, 900 o 1.600 euros por trabajador/a en paro al que se consigna trabajo (¿qué tipo de trabajo?) por un plazo mínimo de seis meses. Luego, claro está, Dios y la patronal decidirán. Si la voluntad es el despido y a la calle, no hay reembolso. ¡Dinero en caja!
Votaron a favor de la decisión privatizadora los directivos del SOC (ya se pueden imaginar sus orígenes sociales y sus compromisos políticos), empresas municipalistas (la mayoría en manos de CiU), entidades municipales (desconozco cuáles exactamente) y, por supuesto, las patronales. CCOO y UGT votaron en contra esta vez. ¡Aleluya! Consideran con toda la razón que encargar la intermediación a empresas privadas supone, efectivamente, es casi una vulgar y elemental tautología, privatizar el servicio publico. Es decir, posibilita hacer negocios privados a costa de trabajadores en paro. ¡Iniciativas emprendedoras de gentes creativas le llaman a esto!
La cantidad destinada es de 3,56 millones de euros. Aquí España no explota: es dinero procedente de una subvención del gobierno español, de «Madrit» en su lenguaje nacionalista (a su vez, salvo error por mi parte, de fondos de la UE). Con estos 3,56 millones, cantidad que irá a parar en su totalidad a empresas privadas sin ninguna pulsión social (negocios, negocios, negocios) pretenden «atender» (¡ja, ja, ja!) a 10 mil trabajadores/as en paro (el 1,8% de las personas en paro actualmente en Cataluña).
La cosa, la desviación desde el SOC a las agencias privadas, empezará a finales de septiembre de este año. Por cada entrevista, haya o no haya resultados (tal vez les parezca imposible pero es así), ¡se abonarán 80 o 40 euros (depende del tipo de trabajador en paro)!
El gobierno catalán es tan generoso y tan humanista que del global del presupuesto se ha reservado una partida para la inserción de personas discapacitadas o con enfermedades mentales. Gracias, muchas gracias.¡Qué altruismo, qué atención a los sectores más vulnerables! La caridad de la que ha hablado Mas-Colell en ocasiones tras romper y descuartizar el demediado Estado de bienestar realmente existente.
¡Qué indecencia! ¿Se imaginan los trabajos que podrán generarse? ¿Su duración, sus condiciones? ¿Quiénes salen beneficiados realmente? ¿No es una renuncia más que evidente a las gestiones públicas? ¿Qué cosmovisión mueve estos hilos? ¿Qué intereses, qué grupos sociales, qué contactos? ¿Todo lo público es ineficaz, lo privado siempre es positivo? Lo manifestó con claridad Mas-Colell hace unos tres años, en una lección inaugural delante de empresarios: ¡aprovechemos la situación, sin complejos! ¡A por ellos, a por lo público que tiende a expandirse como el gas en una habitación! ¡Lo privatizaremos todo (menos los Mossos y sistemas afines)! En eso están. Por lo demás, con 1.600 euros de ayuda en seis meses, salen 266 euros mensuales de abono. ¡Igual contratan esos propias empresas, acaso con otro nombre, a esos trabajadores en paro! ¡Les saldrá a precio de ganga! Y, además, tal vez tengan otras ayudas. ¡La hora de trabajo a unos 3,6 euros de coste empresarial!
¿Hay o no hay motivos para la desobediencia civil? ¿Hay o no hay motivos para protestar incansablemente sobre este atraco privatizador sin parangón? ¿Este es un gobierno que combate y dice combatir permanentemente por la emancipación de la ciudadanía de este país? ¡Que risa tía Felisa, qué horror doña Leonor, qué asco con Pancracio!
¿El gobierno de los mejores decían? ¿Mejores en qué? ¿En inhumanidad, en desfalco de lo público? ¿Estará presente este atraco a la ciudadanía trabajadora catalana el próximo 11 de septiembre?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.