El pasado 16 de enero Albert Gore subió al estrado con aires cáusticos para dar respuesta a la invitación cursada por la American Constitution Society y la Liberty Coalition. El ex segundo de la Casa Blanca durante la era Clinton, defenestrado en sus aspiraciones presidenciales por el dolo floridano que llevó a George Bush por […]
El pasado 16 de enero Albert Gore subió al estrado con aires cáusticos para dar respuesta a la invitación cursada por la American Constitution Society y la Liberty Coalition.
El ex segundo de la Casa Blanca durante la era Clinton, defenestrado en sus aspiraciones presidenciales por el dolo floridano que llevó a George Bush por primera vez a la Oficina Oval, fue directo en sus explicaciones al auditorio: el país está viendo sacrificados sus valores esenciales y pisoteada su Constitución a cuenta de la actual cruzada antiterrorista.
La reunión, celebrada en el Constitution Hall, en Washington, se convirtió en una dolida exhortación a todos los norteamericanos, independientemente de su partido, para enfrentar los poderes absolutos de los que pretende hacer gala el actual equipo de gobierno, y que afectan la privacidad de los ciudadanos y anulan las leyes vigentes en la nación.
Gore se remitió a pronunciamientos de los fundadores del país en relación con el poder de la legislación por encima de las ambiciones de los hombres como proyecto fiel del sistema político de los Estados Unidos, y subrayó que en esta etapa de la historia un totalitarismo sin freno ha anidado en la Casa Blanca.
«Un presidente que viola la ley constituye una amenaza directa a la propia estructura de nuestro gobierno», indicó el orador.
Las bases
La alarma del ex vicepresidente no es infundada. En diciembre los estadounidenses despertaron con la noticia de que sus llamadas telefónicas, conexiones de Internet y correos electrónicos estaban siendo sistemáticamente rastreados e invadidos por los órganos locales de seguridad.
Para nada Bush se molestó en solicitar órdenes judiciales, tal como establece la ley, y aunque se vio precisado a admitir públicamente ese espionaje masivo, no tuvo reparos ni escrúpulos para asegurar que seguiría adelante con la práctica, «porque es vital para la seguridad nacional».
La fiscalía general de los Estados Unidos salió en socorro del presidente. Ante el Senado dio a entender, apunta el rotativo norteamericano La Prensa, que el jefe de la Casa Blanca tiene la dispensa de violentar cualquier disposición en nombre de la estabilidad del país, y que «puede hacer todo lo que él considere apropiado para los Estados Unidos, incluso ignorar la Constitución o interpretarla libremente».
Para fuentes congresionales, mientras tanto, «queda mucho por saber sobre la vigilancia interna llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional. Lo que sabemos de esas intercepciones entrometidas nos lleva virtualmente a la conclusión de que el presidente de los Estados Unidos ha violado la ley de forma repetida e insistente.»
De acuerdo con revelaciones del diario The Washington Post, las autoridades han elaborado una lista con no menos de 350 mil ciudadanos «sospechosos de terrorismo o apologéticos del terror», al tiempo que la renombrada empresa Halliburton, encabezada por Dick Cheney antes de ser designado compañero de fórmula de George Bush, se acreditó contratos por 385 millones de dólares para construir centros de reclusión y deportación enfilados a «castigar a quienes atentan contra la seguridad nacional».
Y es que, adicionalmente, la Casa Blanca afirma poseer atribuciones para poner tras las rejas y cercenar el derecho a la defensa de cuanto nacional o extranjero se considere enemigo del país. La decisión y evaluación de los casos, por supuesto, queda en el equipo de gobierno, y nada tienen que ver las reglamentaciones ni el poder judicial.
De hecho, en la base naval de Guantánamo están confinadas unas 500 personas sin derecho a respaldo legal, y en la tristemente célebre prisión de Abu Ghraib, en Bagdad, una comisión investigadora de las torturas a prisioneros determinó que más de noventa por ciento de los reclusos son inocentes.
Y es que, junto a la retención indefinida, el presidente privilegia la violencia y los malos tratos como «método de recopilación de información». Más de un centenar de reos ya han fallecido en las cárceles especiales creadas por la administración a cuenta de esas aborrecibles prácticas.
Al decir de Harold Koh, decano de la facultad de derecho de la Universidad de Yale, «si el presidente tiene el poder de torturar, tiene entonces el poder de cometer genocidios, de avalar la esclavitud, de promover el apartheid y de ordenar ejecuciones sumarias».
Preferenciar la mentira
La tergiversación para justificar políticas y actos violentos es una práctica puesta de manifiesto más de una vez en el devenir oficial norteamericano.
La titulada Guerra Hispano Cubana Americana, en las postrimerías del siglo XIX, catalogada por Vladimir Ilich Lenin como el primer conflicto imperialista de la historia, tuvo como pretexto la voladura intencional de buque Maine en la rada de La Habana.
Hoy se sabe también que el llamado incidente del Golfo de Tonkín, que casi cuatro décadas atrás intentó justificar la intervención norteamericana en Viet Nam, resultó una total mentira. Y se conoce además que los datos sobre arsenales de armas químicas en Iraq y los pretendidos vínculos de Bagdad con Osama Bin Laden eran pura invención. Organismos y agentes de inteligencia estadounidenses fueron forzados por el gobierno a dar versiones tergiversadas a favor de los objetivos de conquista trazados de antemano por la administración para Asia Central.
En Indochina, recibió Washington una paliza de dimensiones históricas en todos los sentidos. En Iraq más de dos mil 200 militares han perdido la vida, los gastos por operaciones bélicas sobrepasan los dos billones de dólares, los sabotajes a oleoductos trascienden ampliamente los seis mil millones de dólares en pérdidas, y 40 por ciento de los efectivos que retornan del conflicto presentan severos daños mentales. Y mientras la economía nacional genera más pobreza que prosperidad, el presupuesto bélico anual estadounidense es de 600 mil millones de dólares, al tiempo que los otros 184 países pertenecientes a la ONU gastan todos juntos unos 200 mil millones de dólares en ese rubro.
Caso histórico
Nacido en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929, e hijo mayor de un ministro de la iglesia baptista, Martin Luther King devino desde muy joven un relevante dirigente en la lucha por los derechos de la población negra estadounidense.
En 1954 fue nombrado pastor en una iglesia de Montgomery, en Alabama. Seguidor de la filosofía de resistencia pacífica puesta en marcha en la India por Mahatma Gandhi contra el colonialismo británico, lideró el movimiento de boicot al transporte público y a los negocios de esa localidad por sus actos discriminatorios.
La victoria en que culminó aquel episodio lo proyectó nacional e internacionalmente en el rescate de los derechos de su raza.
En 1963 condujo una multitudinaria marcha a favor de las prerrogativas civiles de sus conciudadanos en Alabama, y ese propio año encabezaría la demostración sobre Washington, donde pronunció su célebre discurso conocido como «I have a dream». Un año después era galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Opuesto a la guerra en Viet Nam, fue asesinado a balazos en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de l968 por James Earl Ray, según las autoridades un preso blanco escapado de la cárcel.
Y fue precisamente esa trayectoria la que hizo de Martin Luther King uno de los hombres más espiados de los Estados Unidos por los cuerpos de seguridad.
Se conoce que el FBI lo calificaba en secreto como «el dirigente negro más peligroso y eficiente del país» y que la tarea esencial era «hacerlo descender de su pedestal».
Las comunicaciones privadas del luchador por los derechos civiles fueron intervenidas y grabadas por el gobierno, que se ocupó incluso de intentar sabotear su matrimonio y hasta pretendió chantajearle para que se suicidara, según afirmaciones del ex vicepresidente Albert Gore. Las oficinas del Southern Christian Leadership Conference que él encabezaba eran filmadas, fotografiadas e infiltradas, y todo ese hostigamiento estuvo vigente hasta su asesinato. Semejante historia fue decisiva para que el Congreso adoptase una ley aún vigente que restringe las escuchas telefónicas, y que por unas tres décadas, al menos teóricamente, ha protegido la intimidad de los norteamericanos.
Ese precedente, sin embargo, ha sido reducido a polvo por la actual administración, que no solo vuelve a la carga con el espionaje interno, sino que insulta la memoria de Martin Luther King al hacer centellear sobre la noche habanera, desde lo alto de su oficina de intereses, manipuladas y descontextualizadas, frases del prestigioso dirigente negro mezcladas con los más burda jerigonza contrarrevolucionaria.
«¡Despierta Norteamérica porque te roban la democracia!», clamaba recientemente una articulista estadounidense. Despierta, podemos agregar nosotros, porque no solo se trata del rapto de las prerrogativas internas, sino también porque toda la saña, la violencia, el odio y el menosprecio que se exhalan hacia lo ajeno manchan definitivamente el rostro de toda la nación.